La reciente nota de la Fiscalía General de la República que informa sobre las acciones penales contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, sacude el escenario político cubano. Lo hace en medio de la dura situación que transcurre en el oriente del país afectado por las destrucciones ocasionadas por el huracán Melisa, lo cual genera muchas preguntas sobre la intencionalidad del momento.
El texto oficial detalla una extensa lista de delitos que van desde malversación, tráfico de influencias, lavado de activos, hasta espionaje, este último de una gravedad excepcional por tratarse de una figura central del aparato político y económico del Estado.
Con anterioridad, La Joven Cuba había advertido sobre la ausencia de mecanismos efectivos de transparencia en torno a los bienes, ingresos y gestión de los funcionarios públicos, un déficit que crea condiciones propicias para la corrupción.
Por la magnitud del caso y el interés público que genera, resulta necesario que el proceso judicial se realice bajo «el principio depublicidad», una garantía procesal fundamental conforme a estándares reconocidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento suscrito por Cuba en 2008, aunque no ratificado) establece el derecho a una audiencia pública ante tribunales competentes, salvo en circunstancias excepcionales claramente justificadas.
Igualmente la Constitución cubana en su artículo 101 afirma que «los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia».
Además del esclarecimiento sobre los otros acusados, cuyos nombres aún no han sido divulgados, persisten interrogantes legítimas sobre cómo fue posible que una persona en un cargo subordinado directamente al presidente y al primer ministro incurriera en conductas de esa magnitud sin que las estructuras de control lo detectaran. El desafío, por tanto, no se limita a sancionar individuos, sino a examinar las fallas institucionales que lo hicieron posible.
En el pasado, procesos como los de Arnaldo Ochoa, Roberto Robaina o Felipe Pérez Roque fueron presentados como desviaciones personales, sin que se revisaran las debilidades sistémicas que facilitaron esos hechos. Repetir ese patrón —castigar a las personas pero mantener intacta la opacidad estructural— solo prolonga las condiciones que permiten nuevos casos.
Como recordó recientemente nuestra directora, Mariana Camejo, en la videocolumna Comentarios al Margen, no existen disposiciones que obliguen a los funcionarios a declarar públicamente su patrimonio o sus cuentas. «En la práctica, sabemos cuánto del presupuesto del Estado se gasta en sectores de la economía, pero no cuánto acumula el ministro del sector. Tampoco sabemos cuánto de presupuesto se destina a cubrir otros gastos de ministros y altos funcionarios, teniendo en cuenta que los salarios estatales no alcanzan para sostener la vida».
Corresponde a las instancias de poder asegurar el derecho ciudadano de contar con instrumentos efectivos de fiscalización pública para que la transparencia se convierta en práctica de gobierno. Desde LJC consideramos que el vacío que la legalidad formal hoy no cubre, es una de las razones por las cuales altos cargos de gobierno cuentan con amplio margen de discrecionalidad propicio para la comisión de delitos.
Luego de varios meses hablando de un supuesto «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», el sitio Cubadebate por fin publica un texto accesible donde se pueda consultar qué tiene pensado hacer el gobierno para sacar a Cuba del atolladero en el cual se encuentra.
El Programa fija diez objetivos encaminados a: estabilizar la macroeconomía; aumentar y diversificar los ingresos externos; elevar la producción nacional con prioridad en alimentos; redimensionar y desarrollar la empresa estatal articulándola con los demás actores económicos; fortalecer la gestión estratégica del desarrollo territorial; perfeccionar la gestión gubernamental, la defensa y la seguridad nacional; consolidar las políticas sociales y proteger a personas y hogares vulnerables; prevenir y reducir el delito, la corrupción y las ilegalidades; recuperar el Sistema Electroenergético Nacional; e impulsar la ciencia, la innovación, la comunicación social y la transformación digital para dinamizar el desarrollo y modernizar la gestión pública.
Según el preámbulo del documento, este programa se está implementando desde enero del 2025 y «se orientó a los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), Entidades Nacionales (EN) y Gobiernos territoriales la elaboración del plan de acción, con cronogramas, indicadores y metas a cada nivel que tributan al Programa».
Igualmente se afirma que para la elaboración «se tomaron en consideración intercambios con la Universidad de la Habana, la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, con las Comisiones Económicas del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), así como con otros expertos y académicos».
Sin embargo, «el programa» deja mucho que desear y está muy lejos de dar respuesta a las múltiples críticas que, tanto expertos como la población, hacen a la conducción económica del país. De entrada, el documento presenta graves fallas en cuanto al trazado de cualquier política pública, pues, aunque al final de cada objetivo hay algunos indicadores medibles, no se desglosan acciones concretas, cronogramas para alcanzarlos, ni organismos responsables. Muchas de las líneas declaradas como acciones son tan generales que resulta difícil entender cómo podrían materializarse en la práctica.
Al mismo tiempo, el trazado carece de un diagnóstico sobre la política económica interna que identifique las fallas en las políticas que se quieren corregir. Se menciona como única causa de la crisis «el recrudecimiento del Bloqueo, a partir de las medidas de guerra económica adoptadas por la administración Trump». Y más allá de que este es un elemento a tener en cuenta, una política que aspira a «corregir distorsiones», lo primero que tiene que hacer es señalar aquellas en las cuales puede incidir.
Entonces, más que un programa de gobierno con capacidad de transformar la estrategia económica, parece una lista de deseos, como «reducir gradualmente los niveles de inflación», «incrementar la producción nacional de alimentos» o «cumplir las exportaciones previstas» sin especificar qué transformaciones se harán en la matriz económica del país para lograr esos objetivos.
El economista Julio Carranza en su perfil de Facebook reconoció algunos aciertos del programa como «que no solo se refiere a asuntos directamente económicos, sino que también incorpora factores de orden interior y seguridad nacional, fundamentales siempre y en la actual situación» y «que se aborda con énfasis para su priorización, el serio problema del sistema energético nacional». No obstante, señala que «vuelve a ser algo muy desintegrado e inconexo, repite algunas fórmulas probadamente inefectivas y deja por fuera muchos factores fundamentales, componentes esenciales de esa reforma integral y sistémica que consideramos imprescindible».
El experto también señala ausencias como «una reforma empresarial en serio» que devuelva coherencia y facultades a la empresa estatal y su «articulación más dinámica y ordenada del emergente sector privado y cooperativo»; la «reestructuración profunda del agotado subsistema de producción agropecuaria»; una propuesta viable y entendible para el mercado y el sistema monetario; y que «se introduce el IVA [Impuesto al Valor Agregado] pero no se define bien cómo será su carácter». Advierte además que el documento no hace explícito cómo lograr y financiar sus metas.
Otra voz relevante en el debate público cubano, el economista Pedro Monreal, coincide con varias de las críticas de Carranza, además añade que «la deficiencia técnica más importante del programa ha sido no diferenciar entre metas e indicadores». Sobre este punto llama la atención en que «las metas relativas a la estabilización macroeconómica son muy incompletas»; «no se establecen metas ni se definen indicadores en relación con dos importantes problemas sociales pobreza (vulnerabilidad) y desigualdad»; y «no parecen creíbles las metas de producción de viandas, arroz, cítricos y frutas, carne de cerdo en pie, y huevos».
En otro orden, la consultora privada Auge, analizó el programa pensando en el impacto que tendría en el sector privado. En cuanto al mercado cambiario, explican que el propio texto reconoce que «no existen condiciones para un esquema cambiario unificado en el corto plazo» y propone un «nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas» con «esquemas cerrados de autofinanciamiento» y «dolarización parcial». Pero «no aclara si este proceso incluirá al sector privado nacional de manera significativa», de modo que «el riesgo latente es que se consolide un sistema fragmentado y de acceso restringido».
En comercio exterior, aunque se anuncian «incentivos diferenciados», AUGE recuerda que «la mayoría de los servicios profesionales de alto valor agregado se encuentran incluidos en el listado de actividades prohibidas para el sector privado», por lo que el aporte real seguiría acotado sin reforma previa. En materia fiscal, alertan que vienen cargas de cumplimiento: «facturación electrónica obligatoria para 2026», «estudios y propuestas para la implementación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)» y «cobro automático de deudas desde las cuentas bancarias».
Por otro lado, el programa tiene un grupo de contradicciones, por ejemplo, reitera la meta de eliminar subsidios generales y subsidiar personas, pero, en un país donde el salario medio estatal no supera los siete mil pesos y la canasta básica alimentaria sobrepasa los doce mil, no se deja claro cómo se calcularían esos «vulnerables» a subsidiar, pues, si se tienen en cuenta los ingresos nominales, sería necesario subsidiar a casi todos los trabajadores estatales.
Dentro de esta línea de «eliminación de subsidios», una de las acciones es «proponer las tarifas actualizadas para los servicios de agua, transportación de pasajeros y cargas, entre otras», lo cual hasta el momento no ha ocurrido, y a juzgar por los efectos del «tarifazo» de Etecsa, no podría hacerse sin pagar un costo político y posibles reacciones de una población que ya bastante trabajo pasa para llegar a fin de mes.
El documento, además, sigue apostando por estrategias cuya práctica ha sido reiteradamente fallida, como los topes de precios, el acopio centralizado de los productos agrícolas, o el intento de bancarización forzada sin establecer un mercado cambiario funcional que permita al sector privado cerrar sus ciclos comerciales. Por lo tanto, aunque el «control» es una palabra que se menciona más de 40 veces en todo el texto, lo más probable es que se mantengan los mecanismos informales que hoy sostienen la economía.
En cuanto a la empresa estatal, el programa adelanta algunas de las transformaciones que propone la Ley de Empresas, como el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, la definición de la autonomía de las empresas según su objeto social, la actualización de la política salarial en el sector empresarial, o la creación de empresas mixtas con las Formas de Gestión No Estatales. El principal obstáculo está en que el marco jurídico para materializar estas metas sigue siendo pospuesto año tras año.
Faltan dos meses para que se acabe el año, sin que haya una mejora visible en la economía del país. Por tanto, si como afirma el texto introductorio, este programa se implementa desde enero, hay evidencia fáctica suficiente para sostener que no ha dado resultados. Y no debe esperarse otra cosa, porque reimpulsar la economía no se consigue con «buenos deseos», requiere corregir las políticas y estrategias que hoy actúan como frenos, y hacerlo con autocrítica y con una voluntad real de transformación estructural.
En este sentido, el Programa adolece de lo que pregona: promete orden y eficiencia, pero carece de diagnóstico operativo, secuencia y prioridades claras, responsables y financiamiento. Sin ese giro de fondo, seguirá siendo un listado de aspiraciones y promesas vacías que se derrumban como un castillo de naipes ante la aplastante realidad diaria.
Murió Ricardo Cabrisas. Tenía 88 años y una «penosa enfermedad», según la nota oficial. Con él se apaga una voz de esa gerontocracia tropical que gobierna la isla: un caribeño Consejo de Ancianos que se resiste a escuchar el reloj, aferrado a los cuentos de la Sierra y los ecos de la Guerra Fría, como si el pueblo comiera de historias.
Figura omnipresente de la economía y la política cubana durante las últimas décadas, Cabrisas fue hombre de confianza de los tres últimos gobernantes y de todo el statu quo partidista; en esa carrera de obstáculos que es la política sobrevivió a varias generaciones de cuadros con perfiles más prometedores.
Como el dios romano Mercurio —patrón del comercio y mensajero de los dioses—, Cabrisas fue hábil negociador y portavoz de aquellos que habitan ese Olimpo habanero que es el Palacio de la Revolución. Quienes conocen la política cubana mencionaban desde hace tiempo sus padecimientos y su supuesta intención de retirarse. No obstante, el geronte continuaba moviéndose entre cancillerías aliadas con la misma fe con que otros declaman consignas: una visita a Moscú, otra a Pekín, otra a Hanoi. Granma registraba religiosamente cada viaje, cada renegociación de la deuda —siempre creciente— o cada nuevo crédito como una promesa de desarrollo. El pueblo se empobrecía, pero el mensajero seguía viajando.
Lo más revelador de la nota necrológica no es su tono piadoso, sino el detalle administrativo: Cabrisas murió en funciones, todavía como viceprimer ministro, como si el cargo se prolongara en antesala del más allá. Su desaparición deja un vacío difícil de llenar en el laberinto de acreedores, créditos y aplazamientos que sostiene la economía cubana; más aún tras el deceso del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, la otra figura relevante de las finanzas cubanas.
Cabrisas murió en funciones, todavía como viceprimer ministro, como si el cargo se prolongara en antesala del más allá.
Por increíble que parezca, Cabrisas no era un caso aislado. A sus 93 años, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez —también viceprimer ministro— es, aparentemente, aún muy joven para disfrutar la jubilación, como si la Revolución fuera una promesa de inmortalidad.
La Generación del Centenario —que pronto cumplirá su propio siglo— vive atrapada en una curiosa paradoja. Por un lado, no duda en mantener su autoridad con las consabidas frases del catecismo revolucionario: «Tú no habías nacido cuando yo ya estaba…» o « lo que pasa es que tú no viviste cuando…», incluso recitadas ante jefes de Estado visitantes. Con ellas marca una distancia con los más jóvenes mortales y reclama privilegios con una historia que ya se deshace entre los dedos. Persiste en ocupar presidencias y tribunas, a veces sin el pulso ni la vista necesarios, insistiendo en utilizar toda una nación para el epílogo de sus biografías. Por otro lado, sirve de boya simbólica a los nuevos líderes nominales que repiten de memoria los dogmas partidistas y carecen de otro recurso imaginativo que no sea aferrarse al recuerdo épico de la lucha contra una dictadura extinta hace casi setenta años, mientras en su propio mandato ha visto caer, uno tras otro, los indicadores de bienestar en la isla.
La Generación del Centenario —que pronto cumplirá su propio siglo— vive atrapada en una curiosa paradoja.
No se trata de juzgar a un político solo por su edad. Lula, con sus 79 años, sigue activo como presidente de Brasil manteniendo una agenda política intensa; y la Reina Isabel II del Reino Unido con 96 años cumplidos continuaba recibiendo embajadores y primeros ministros. No obstante, mientras que al primero se le ve frecuentemente practicando deportes y combatiendo el sedentarismo, la segunda cumplía un rol meramente representativo, simbólico, apartado de toda decisión política.
Aquí en Estados Unidos —en esta misma ciudad capital— también sobreviven reliquias de la Guerra Fría que resisten el llamado del tiempo. Los nombres se escuchan a uno y otro lado del pasillo legislativo: Pelosi, Norton Holmes, Grassley, Sanders, Schumer… Trump. Sin embargo, mientras en Estados Unidos existe un debate público sobre el relevo generacional —a veces brutal, véase la reacción tras el fiasco de Joe Biden en su último debate presidencial—, en Cuba el tema es evitado. Aquí los medios y votantes cuestionan abiertamente la edad de sus líderes, con mayor o menor éxito; en La Habana, los dirigentes prefieren esperar que la naturaleza resuelva lo que la política no se atreve a abordar.
Mientras tanto, la respuesta al envejecimiento fue la más previsible: el gatopardismo cambió la ley para no cambiar nada. El Parlamento cubano recientemente modificó la Constitución y eliminó el límite constitucional de 60 años para ser presidente. Un mero ajuste técnico que, en realidad, consagra la inmovilidad: para cumplir ese mandato se hubiera necesitado una renovación de cuadros que permitiera a figuras jóvenes ascender al punto de convertirse en presidenciables. Pero eso no ha ocurrido.
Así transcurre la vida nacional: entre discursos envejecidos, métodos caducos, almendrones exhaustos, baches eternos y termoeléctricas asmáticas del siglo pasado.
En 2028, cuando el actual presidente haya cumplido su límite de dos mandatos, la mayoría de las figuras de la élite política cubana ya tendrán más de 60. El primer ministro Manuel Marrero Cruz —presidenciable por descarte— también los tendrá. Cuba envejece no sólo en su población, sino en su imaginación política.
En 2028, cuando el actual presidente haya cumplido su límite de dos mandatos, la mayoría de las figuras de la élite política cubana ya tendrán más de 60.
Esperar tres años por el elegido puede parecer una eternidad para un país acostumbrado a la espera. También la experiencia enseña prudencia: basta recordar la Boda Roja de marzo de 2009 —aquella reestructuración del Consejo de Ministros que barrió a medio gabinete. Pero desde ahora todo indica que el próximo presidente tampoco será una persona joven.
En un país fatigado por una crisis que ya dura tres décadas —una crisis que no es solo económica, sino moral, institucional y anímica—, los cubanos necesitan menos símbolos y más gobierno, menos conmemoración y más administración eficaz. El país necesita menos comisiones, informes y lineamientos que se olvidan de una legislatura a otra. Necesita resultados tangibles que mejoren permanentemente la calidad de vida de los ciudadanos. No hacen falta tantos héroes de museo ni custodios del pasado, sino gestores capaces de reparar lo que aún puede ser reparado y de construir algo nuevo sin invocar constantemente las ruinas de ayer.
La permanencia de las mismas figuras —inquilinos perpetuos del poder— se ha convertido en caricatura nacional. Cuba sueña con democracia, con progreso, con modernidad, pero continúa gestionando la escasez con los mismos manuales de otro siglo. El noticiero gira en círculo, hipnotizado por su propia inercia, mientras sus jóvenes —y los no tan jóvenes— emprenden, en silencio, el viaje más político de todos: la emigración.Conviene no olvidar una última advertencia, tan válida en La Habana como en Washington: al final, todos los héroes terminan siendo aburridos; de nada vale inventar caras nuevas si las ideas siguen siendo igual de viejas.
Dentro de unos meses Cuba deberá contar con un nuevo Código de Trabajo. Su anteproyecto ya puede ser leído, y la aprobación estará precedida de una consulta no vinculante en los centros laborales. A diferencia del Código de las Familias en el cual se refrendó el derecho a casarse de las parejas no heterosexuales, esta vez el pueblo podrá opinar, pero no decidir.
En un país donde el salario mínimo no llega a cubrir ni un 20% de lo necesario para la alimentación, un Código de Trabajo que no traiga grandes avances en ese sentido, tal vez pase como indiferente para muchos.
No obstante, el documento trae importantes avances y otros puntos controversiales que deberíamos ver con lupa para un debate informado. Por eso, aquí analizaré qué tiene de nuevo, qué falta y qué tendría que cambiar para que realmente mejore la vida de quienes trabajan.
No es secreto para nadie que el anteproyecto del Código de Trabajo llega en medio de una crisis de poder adquisitivo, desmotivación laboral y expansión del sector no estatal. El propio documento reconoce fallas del Código vigente, entre otras, uso indebido de contratos temporales para cubrir plazas permanentes; vacíos en la protección ante interrupciones y ceses por causas económicas; una participación colectiva poco efectiva; y una débil articulación con las formas no estatales.
Entre los cambios más relevantes está subir la edad mínima para contratar a 18 años; ordenar el pluriempleo; regular el teletrabajo y el derecho a la desconexión; fortalecer la negociación colectiva, entre otros.
Los avances
Antes de hablar de las deficiencias, creo justo reconocer un grupo de avances, algunos de ellos que podrán tener mayor o menor impacto en dependencia de su aplicación; otros de facto mejoran las condiciones de algunos trabajadores.
Para empezar, el servicio social tras graduarse se reduce de tres a dos años; una buena señal para acortar tiempos de inmovilidad en los inicios de carrera, teniendo en cuenta que no pocos adiestrados se han quejado de que los ponen en tareas escasamente motivadoras, habitualmente sin un debido acompañamiento.
También se contempla una licencia no retribuida para viajes al exterior que puede prorrogarse de forma excepcional hasta un año natural, esto resulta un intento de mantener vinculados a trabajadores valiosos que visitan a sus familiares en el exterior o están haciendo emigración circular.
Otro punto está en el teletrabajo, que se regula de modo explícito y se estimula, no solo por la naturaleza de la tarea, sino también por circunstancias personales —como el cuidado de familiares—. Un avance a elogiar es que se introduce el derecho a la desconexión digital, es decir, fuera de tu jornada no estás obligado a atender mensajes de trabajo.
Otra novedad clave en el anteproyecto es la introducción de la figura del Comité de Expertos. Se trata de un mecanismo interno para resolver discrepancias técnicas —por ejemplo, clasificación de puestos, estándares para la contratación de nuevos trabajadores, valoración de condiciones o controversias específicas. Constituye un órgano colegiado de número impar con representantes designados por la dirección, por la organización sindical y electos en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores; sus miembros deben tener prestigio y experiencia, y no tener sanciones disciplinarias.
Los dictámenes de este comité no sustituyen la decisión de la administración ni la vía judicial, pero ordenan criterios técnicos, sirven de antesala especializada a la justicia laboral y pueden destrabar disputas que, de otro modo, terminarían en tribunales.
En cuanto a la protección de los trabajadores en el sector no estatal, hay un salto cualitativo, pues los derechos propuestos en el texto aplican plenamente a MIPYMES, TCP, y cooperativas. Entre estos derechos está la negociación de condiciones de trabajo y el convenio colectivo también en esas formas de gestión no estatal; asimismo abre la vía judicial para impugnar medidas disciplinarias, como un despido injustificado.
En cuanto a la protección de los trabajadores en el sector no estatal, hay un salto cualitativo, pues los derechos propuestos en el texto aplican plenamente a MIPYMES, TCP, y cooperativas.
Igualmente se prohíbe usar contratos temporales para tareas permanentes —una práctica hoy extendida—, y se crea una obligación de contratar un seguro de desempleo en el sector privado para cubrir interrupciones, ceses por causas económicas, tecnológicas o estructurales, e incluso ante la disolución de MIPYMES.
Otro punto elogiable es que el anteproyecto tipifica y prohíbe de manera más detallada la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo. Esto incluye expresiones habituales en nuestra cultura laboral como gritos, insultos, ridiculización, sobrecarga, favoritismo, abuso de poder, contacto físico no solicitado, insinuaciones sexuales, entre otros. Aunque el Código vigente ya se apoyaba en normas complementarias que sancionaban estas conductas, el hecho de integrarlas con claridad en el cuerpo principal es un avance importante.
En un país con tradición de jefaturas autoritarias y prácticas naturalizadas de maltrato, nombrar las cosas es el primer paso para denunciarlas y corregirlas. Que se conviertan en ganancias reales dependerá de que los mecanismos de control —inspección laboral, órganos de justicia, sindicatos— funcionen de verdad. Aunque en 2023 se aprobó un decreto ley que prohíbe estas formas de discriminación y violencia, ¿cuántos casos de acoso o abuso han terminado en sanciones efectivas en los últimos años? Sin estadísticas, es difícil creer que el problema se atiende con rigor.
Deudas, faltas y peligros
Vistos los avances, vamos con las deudas. El Código de Trabajo proclama el «empleo digno» como principio. Como parte de este concepto incluye remuneración suficiente para las necesidades propias del trabajador y de su familia, pero no establece un estándar obligatorio para el salario mínimo.
Aunque prevé la actualización anual del salario mínimo con la autorización del Consejo de Ministros y de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), no se establece un mecanismo obligatorio que lo haga coincidir con el costo de la canasta básica ajustada a la inflación. Por tanto, la cláusula corre el riesgo de quedarse en un mero deseo irrealizable que siga estancando los salarios ante el creciente costo de la vida.
No se establece un mecanismo obligatorio que lo haga coincidir con el costo de la canasta básica ajustada a la inflación.
¿Cómo lo han hecho otros países? Por ejemplo, en España, el Salario Mínimo Interprofesional lo fija el Gobierno cada año tras consultar con sindicatos y patronales, considerando el Índice de Precios al Consumidor, productividad y situación económica.
En México, un país más cercano a nosotros, la Constitución exige que el salario mínimo sea suficiente para cubrir necesidades materiales, sociales y culturales de una familia. Esto se lleva a cabo mediante una comisión tripartita llamada CONASAMI, que actualiza el salario mínimo cada año considerando la inflación, la productividad y, en su caso, las zonas. Para que se tenga una idea, México en 2018 tenía como salario mínimo 88 pesos al día (unos 4.6 dólares aproximadamente) y en 2025 ya alcanza los 278, que serían 14.2 dólares.
Por su parte, Cuba no actualiza su salario mínimo desde la llamada «Tarea Ordenamiento» en 2021, cuando quedó fijado en 2 100 CUP mensuales; estaríamos hablando de 4.8 dólares al cambio informal vigente. Si comparamos ambos países podemos decir que en Cuba un trabajador que gane ese salario hoy cobra en un mes menos de la mitad de lo que un mexicano cobra en un día.
Cuba no actualiza su salario mínimo desde la llamada «Tarea Ordenamiento» en 2021, cuando quedó fijado en 2 100 CUP mensuales.
Aun teniendo en cuenta que en Cuba persisten subsidios estatales sobre algunos servicios básicos, y que buena parte de la población es propietaria de su casa, el costo de la vida es infinitamente superior al salario mínimo establecido.
Por tanto, un Código de Trabajo que quiera transformar el principal problema en el ámbito laboral, que es una remuneración insuficiente para reproducir la vida, debe pasar de la «voluntad» a los criterios medibles. Para esto es imprescindible establecer una canasta oficial transparente, publicar su costo mensual y obligar a que el mínimo nunca quede por debajo de esta, con ajustes ante la inflación.
Actualizar el salario mínimo cada año es un paso de avance, pero si esa actualización no cumple criterios realistas, no se estaría haciendo nada. No obstante, a partir de ahora, como la CTC será directamente corresponsable de la aprobación de dicho monto, tendrá que darle la cara a sus afiliados cuando apruebe una cifra lejana a sus necesidades.
Pero si de tradición sindical hablamos, el anteproyecto también tiene otras faltas. No se reconoce el derecho de huelga, y tampoco se introduce pluralidad sindical. Si bien se refuerza la negociación colectiva con la organización sindical reconocida, la CTC, no se prevé alternativas donde esa representación no funcione.
No se reconoce el derecho de huelga, y tampoco se introduce pluralidad sindical.
Esto choca con las expectativas de muchos trabajadores y con estándares internacionales de libertad sindical, más teniendo en cuenta que la alta dirección de la CTC poco ha acompañado las demandas sindicales de los últimos años, y en los congresos se centra en pedirle a los trabajadores más sacrificios en vez de al gobierno más garantías.
Pero esta no es la única falta, con respecto a las formas de discriminación, el anteproyecto avanza al listar y prohibir motivos como sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, religión, discapacidad, origen nacional o territorial, pero no menciona ideas u opiniones políticas.
Y en un país donde las ideas políticas y su manifestación en el espacio público ha determinado —y sigue determinando— el acceso al empleo, la promoción y el despido, debería estar claro que ningún cubano debe ser privado o degradado de su trabajo por cómo piense o se exprese, siempre que lo haga de manera respetuosa.
En otro orden, el anteproyecto también prohíbe el trabajo forzoso, no obstante, abre excepciones amplias para que el Estado pueda obligar a los ciudadanos a trabajar, entre ellas están —cito los términos usados en el documento—: el servicio militar activo, obligaciones cívicas que incluyen el cumplimiento del servicio social, una sanción penal por sentencia judicial, que se exija en casos de fuerza mayor (como desastres), o que sean trabajos comunales realizados por los miembros de una comunidad en su beneficio directo, y que pueden considerarse como obligaciones cívicas relacionadas con la actividad laboral.
El anteproyecto también prohíbe el trabajo forzoso, no obstante, abre excepciones amplias para que el Estado pueda obligar a los ciudadanos a trabajar.
Varias de estas categorías presentan tal ambigüedad que, si no se acotan bien, pueden derivar en coerción sobre personas vulnerables. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo: asignaciones obligatorias y no remuneradas adecuadamente en limpieza y saneamiento tras un ciclón; «movilizaciones» para cubrir servicios esenciales sin posibilidad real de negarse; o el ya tan extendido trabajo «oblivoluntario»en una escuela o centro laboral.
Incluso el trabajo penitenciario o las «medidas correccionales» pueden desbordarse si se usan fuera de su finalidad y sin control. El riesgo consiste en que una excepción razonable se convierta en presión indebida sobre quien menos poder tiene para oponerse.
Por eso, si el Estado necesita activar obligaciones temporales de trabajo en situaciones excepcionales, el Código de Trabajo debe fijar límites claros y garantías operativas: autoridad competente debidamente identificada; duración máxima y objeto preciso de la tarea; y, sobre todo, derecho de objeción fundamentada con alternativas para quien no pueda o no quiera realizarlas.
Sin estas salvaguardas —y sin canales de denuncia, plazos y estadísticas públicas de aplicación— la excepción puede vaciar de contenido la prohibición del trabajo forzoso y recaer, otra vez, sobre los más vulnerables.
Trabajo adolescente
Por último, me referiré a otro de los puntos polémicos, en los que sé que mi opinión puede que no coincida con la de muchos: el trabajo adolescente.
El anteproyecto prohíbe el empleo a menores de 18 para alinearse con estándares internacionales, aunque se admite la excepción de 15 a 17 años si terminaron enseñanza técnica o de oficios; en estos casos se cuenta con protecciones como exámenes médicos, prohibición de labores peligrosas, límites de jornada y descanso garantizado para la continuidad escolar.
Aquí hay un debate legítimo. Por un lado, la prohibición general evita explotación infantil; por otro, en una Cuba con más pobreza, hay familias que necesitan ingresos complementarios. Entonces ¿por qué permitir el empleo de adolescentes solo a los «obreros calificados» y no, por ejemplo, a un estudiante que —fuera del horario escolar— hace mensajería para una MIPYME con contrato, seguro y controles?
Por un lado, la prohibición general evita explotación infantil; por otro, en una Cuba con más pobreza, hay familias que necesitan ingresos complementarios.
Los de mi generación o mayores recordarán que con 13 o 14 años nos llevaron a trabajar al campo con surcos cuyo final no se veía. De hecho, recientemente se han recuperado las llamadas «escuelas al campo» como un intento de salvar la producción agrícola del país. Entonces ¿si un menor puede trabajar en una labor dura como lo es la agricultura, de forma gratuita, por qué no puede hacerlo de manera remunerada?
Prohibir de facto el trabajo a menores de 18 años sin tener en cuenta las condiciones de todas las familias, lejos de proteger a estos menores puede empujarlos al trabajo informal. Si la apuesta es que los menores no trabajen bajo ningún concepto, entonces el Estado debe reforzar la seguridad social para hogares vulnerables con ayudas realistas; de lo contrario, es preferible un marco legal para el país que tenemos y no para el que quisiéramos tener.
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En conclusión, nos encontramos ante un documento con avances y fallas, a mi juicio hecho con prisas, que debería fortalecerse en la consulta popular. Aunque esta no sea vinculante, es el espacio para que los trabajadores puedan expresar sus problemáticas, por tanto, un espacio que ninguno debería desaprovechar. Quedará por ver qué tan abierto estarán los decisores a escuchar, y sobre todo, a cambiar lo que deba ser cambiado para mejorar la propuesta.
Si me preguntaran cuáles son mis principales sugerencias: en primer lugar, ponerle contenido y forma al concepto abstracto de «empleo digno», en el que no puede faltar un salario mínimo actualizado a lo necesario para una canasta básica de bienes y servicios.
En segundo lugar, fortalecer la negociación entre los trabajadores y la administración con reglas precisas que le den un poder vinculante a los Comités de Expertos y un rol más definido para las Asambleas de Afiliados, y se incluya la posibilidad de revocar los cargos en la dirección de la organización si no cumple con las expectativas de los trabajadores.
En tercer lugar, abrir camino a un reconocimiento gradual de la pluralidad sindical y de la huelga como último recurso para presionar por demandas insatisfechas.
En pocas palabras, se trata de convertir los deseos en indicadores claros y mecanismos para que puedan hacerse realidad.
Si el nuevo Código de Trabajo logra eso, será una herramienta para ordenar, proteger y movilizar talento en el país en un momento clave para superar la crisis multidimensional que lo azota. Si no, será —otra vez— un texto que se aplaude en la presentación y se olvida en la práctica, mientras su objetivo, los trabajadores, buscan mejores condiciones laborales en otras fronteras.
Aunque saliera de Cuba el 15 de julio de 1960, para nunca más volver a los escenarios de La Habana donde fue ganando la fama y el éxito que pocas figuras podían disputarle, Celia Cruz nunca se fue del todo de su tierra, aunque también es cierto que jamás regresó en la dimensión en que ella lo soñaba. Permaneció, como ocurrió también con otras figuras importantes de la cultura de su tiempo que optaron por el exilio, en una especie de limbo, de index mencionado en voz baja, cuyos integrantes eran nombrados en alguna nota al pie, o cuyas grabaciones, libros, etcétera, se apilaban al fondo de archivos y estantes de bibliotecas, emisoras y fonotecas.
Dejar la isla en aquel momento frenético de los primeros años de la Revolución era inmediatamente descrito como traición, y en el caso de Celia Cruz, la voz triunfante de la Sonora Matancera, ese agravio parecía ser mayor aún debido a la inmensa popularidad que ya había conquistado. La suya no era una ausencia más, fácil de ocultar en la vorágine de cambios, discursos, nuevas leyes, nacionalizaciones y cierres abruptos que se sucedían sin descanso.
Ella, que había estrenado ante los micrófonos «Cuba, qué linda es Cuba», el nuevo himno de Eduardo Saborit, no llegaría a registrarlo en discos, como nos recuerda en su útil biografía Rosa Marquetti (Celia en Cuba, 1925-1962, Desmemoriados, 2022). A su salida, con rumbo a México, la acompañaba su repertorio de éxitos, pero cantarle a su Isla, desde ese momento, para ella significaría buscar en el mapa un punto al que nunca su garganta renunció, aunque su adiós sellara el final de un tiempo en el que su voz se había hecho, para los cubanos, casi omnipresente.
Celia Cruz, Benny Moré, Rolando LaSerie y Celeste Mendoza
En abril de 1962, ocurre la ruptura definitiva con el gobierno cubano, que le niega el permiso de entrada para que Celia pudiera acudir al funeral de su madre. La medida puede entenderse como una especie de castigo, como un acto de fuerza ejemplarizante que a ella le dolió en lo más hondo. Por muchas gestiones que emprendió, ofreciendo el dinero que fuese necesario, no pudo acompañar a su familia en ese momento, y en su memoria ese instante y esa prohibición marcan un antes y un después.
El recelo político se acrecentó, y desde los dos lados de su trayectoria: el que continuó de manera triunfal hasta coronarla como reina indiscutible de la música latina, y el que desde Cuba intentaba disminuir sus triunfos, silenciarla o darla por muerta en vida. Aún hoy, ese mismo recelo deviene una clave que contamina casi todo lo que entre un punto y otro se sigue documentando alrededor de Celia Cruz.
Por su parte, Celia, sin negar jamás su cubanía, sin pretender hacer el crossover al idioma inglés que otros intentaron, siguió cantando ritmos de su país y de otras naciones latinas, sin un físico de belleza convencional y fiel al público que la acogió. Se reinventó varias veces, junto a la Fania All Stars, junto a Tito Puente, Johnny Pacheco, con amigos como Lola Flores y Oscar D´León y muchos más, incluyendo artistas más jóvenes que reconocían su legado.
Al morir en el 2003, todo ello pasó a una nueva dimensión, mucho mayor que la anunciada por los premios Grammys y los honores que recibió hasta que la salud la dejó saludar a su público. Y fue menos estricta que quienes vetaron su nombre en Cuba: cantó a compositores nacidos en su Isla, como Pedro Luis Ferrer o Cándido Fabré, aun sabiendo que en su Isla se le ninguneaba. Pero a una reina auténtica, nada ni puede ningunearla.
A su manera, ella fue una embajadora de lo Cubano, más que de Cuba únicamente. Cargó con ese mito al que fue añadiendo sus vestuarios llamativos, sus pelucas, sus zapatos, y su grito de guerra: ese «Azúcarrrr», que la identifica incluso más allá de su muerte. La despidieron en sus funerales no solo cubanos: multitudes de latinos y de admiradores de orígenes diversos dieron adiós a su ataúd en Nueva York y en Miami.
En su tumba del Woodlawn Cemetery, en New York, descansan sus restos junto al puñado de tierra que tras su único regreso a Cuba, para actuar en la Base Naval de Guantánamo, en 1990, ella recogió con tal propósito, alargando la mano a través de la reja que separaba el territorio cubano del ocupado por los militares estadounidenses. El gesto, en buena medida, une también los extremos de lo que en términos políticos ella significó, y la polémica que en ese sentido siempre también la acosara. Un símbolo en el que ella, por encima de cualquier barrera, quiso siempre imaginar la posibilidad de un regreso.
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A la salida de Cuba, Celia Cruz debe procurar una nueva fase de su carrera. Y lo conseguirá, con tenacidad y el profesionalismo que siempre la caracterizaron, llegando a ser a escenarios tan prestigiosos como el Carnegie Hall, en 1963, en la primera de sus presentaciones allí, a la que seguirían otras once, ocurriendo la última de ellas el 11 de noviembre de 2000. La comunidad de latinos emigrantes la verá como un icono, y ella simbolizará para muchos la posibilidad de abrirse paso incluso más allá de la seguridad y el amparo de la tierra madre.
Para los cubanos, afincados en Miami y La Florida, Celia será un emblema esencialmente político. Su estatus de reina creció, reina desterrada de su patria, pero no de esa segunda patria que fue para ella la música, desde la cual persistió en anunciarse ante el mundo no solo como una cubana, sino como un modelo de cubana, artista y patriota, en su propia dimensión.
Celia Cruz y Juana Bacallao
Resurgió en los años 90, en una de sus últimas encarnaciones, y se anotó éxitos como «La vida es un carnaval», ante nuevas generaciones. Obras de corte musical, apariciones en películas como Los reyes del mambo, y nuevas colaboraciones, la consagraron en nuevos estadios de su trayectoria, anunciándose incluso alguna vez un biopic que protagonizaría Whoopi Goldberg y que jamás se concretó. Su carrera, manejada con inteligencia, fue una serie continua de aplausos, lo mismo en Colombia, Perú o España y Japón, entre los cuales siempre hubo algún momento para evocar a Cuba, donde quedó parte de su familia y donde ella, aunque no lo demostrara, sabía que de algún que otro modo se le seguía mencionando así fuera a sotto voce.
Cuando supo, por ejemplo, que la primera edición del Diccionario de la Música Cubana, concebido por Helio Orovio, no incluía referencia alguna a su aporte, se disgustó, con razones de sobra. Aunque en 1992 apareció, editado por Letras Cubanas, una edición ampliada en la cual el investigador sí pudo incorporar la ficha correspondiente, esa molestia perduraría.
Celia contó la anécdota ante las cámaras del programa español El Séptimo de Caballería, con la misma pasión con la cual Helio, por su lado, narraba el desafortunado encuentro que tuvo con la cantante, cuando a pesar de intentar disculparse por la ausencia de su nombre en la edición de 1981, ella no quiso escuchar sus razones.
Su cubanía la justificaba ampliamente para estar incluida en ese libro que quedaba como el primer referente de su tipo en la Isla. La segunda edición, que además insertaba una foto de juventud de Celia, trataba de subsanar ese error y de restañar esa herida. El libro, por cierto, costó varios dolores de cabeza a su autor, en el intento de ampliar sus páginas para no dejar fuera a quienes, como ella, también desde el exilio y por encima del disenso político, debían ser reconocidos en ese segundo volumen, que se vendió en una tirada concebida para las librerías que operaban en divisas.
En la primera edición, el nombre y las referencias a Celia Cruz no fueron las únicas ausencias evidentes. Tal y como sucedió con el Diccionario de la Literatura Cubana preparado por el Instituto Cubano de Literatura y Lingüística (Tomo I, 1980; Tomo II, 1984), la mayoría de aquellos creadores que a pesar de su relevancia habían entrado en el mismo index, fueron eliminados de dichas páginas, en las que no existe Severo Sarduy ni Lorenzo García Vega. La reescritura de la memoria nacional también se asumía por obra del borrado, de la falta de un rigor que prefería silenciar a esas figuras antes de explicar cómo ellas dilataban y enriquecían la historia que esos libros pretendían fijar.
En el caso de la música, sobre todo la relacionada con el ambiente festivo y bohemio de las noches cubanas, cantantes y compositores se vieron desplazados no solo por el cierre o la nacionalización de bares, cabarets y casinos donde actuaban, sino además por un rechazo de corte ideológico que calificó sus apariciones como parte de un mundo que el nuevo orden político debía eliminar, y ello incluyó lo mismo a boleristas de fama que rápidamente se fueron al exilio, como Olga Guillot, que a los integrantes del feeling, a los que se acusó de crear «música para enfermitos».
La música cubana, afianzada en el desarrollo del disco y en sus enlaces a la radio, la televisión y el cine a través de las numerosas coproducciones con México, perdió sus conexiones con el mercado internacional, quedó fuera de un circuito de retroalimentación que era parte esencial de su dinámica, y además se vio limitada en su abordaje a nuevos ritmos y tendencias, como el rock, debido al recelo de los nuevos comisarios culturales que veían en tales expresiones una fuente de diversionismo ideológico.
La canción protesta, el apoyo a las voces de la Nueva Trova y al folclore latinoamericano vinculado a las ideas de izquierda terminaría dominando el panorama, en el que de vez en vez asomaba algún raro asomo de frescura o atrevimiento, gracias a intérpretes que persistían en mantener en sus repertorios a nombres caídos en desgracia, como Ernesto Lecuona o Meme Solís, a quienes Elena Burke, Esther Borja o Rosa Fornés defendían desde sus cotas de bien ganada popularidad.
El Festival Internacional de Varadero de 1970 pudo dar una idea más exacta de lo que, a fines de la primera década revolucionaria, estaba en el ambiente sonoro de la isla: desde la música tradicional asumida por orquestas veteranas hasta la influencia del rock pasado por agua y a la española de algunos invitados. El decenio siguiente sería más estricto, y añadiría a la cuota de lo que podía radiarse o difundirse reglas que priorizaban la música nacional, dejando fuera de ello, claro está, a los exiliados.
La aparición de los diccionarios mencionados, en el arranque de los años 80 forma parte de una directiva que intencionadamente quiso allanar el terreno, tomar una determinada distancia de lo hecho y lo perdido, aunque sin reconocer los errores del proceso, y dependiente aún de las sospechas que tímidamente emprendieron la recuperación de figuras como José Lezama Lima, Virgilio Piñera o Dulce María Loynaz, en una maniobra gradual de restitución que, en lo literario, permitió que autores en su mayoría fallecidos en el exilio volvieran a la letra impresa: Agustín Acosta, Lydia Cabrera, Lino Novás Calvo, entre ellos. A lo largo de los años 90, y a pesar de los rigores del Periodo Especial, ese gesto continuó: se publica a Gastón Baquero, Eugenio Florit, Carlos Montenegro, etcétera, mientras llegan a los estantes nuevas ediciones de la Loynaz, Piñera, Lezama, e incluso Severo Sarduy, a quien un célebre crítico reprochaba su «mariposeo afrancesado». Pero la voz de Celia Cruz no estaba aún de vuelta.
En cierto modo sí. Porque ya a fines de los 80, dentro del ambiente más relajado que vivió el país en la segunda mitad de la década, ese afán de restitución se fue sintiendo como una demanda más nítida por parte, sobre todo, de jóvenes creadores. El rock, en sus múltiples variantes, se fue haciendo más perceptible en las ondas radiales y televisivas. Y de cuando en cuando, saltaba alguna sorpresa: Maggie Carlés, en uno de sus espectaculares conciertos de su despegue como solista, cantó desde el escenario del Karl Marx y ante las cámaras de la televisión un medley de temas bailables que los entendidos reconocieron como un homenaje a Celia Cruz, a partir de canciones tan populares en su voz como «La candela», «Yerberito moderno» o «Químbara».
Parecía el anuncio de una resurrección muy esperada. En 1992, sale la ya mencionada edición del Diccionario de la Música Cubana, con su entrada, breve pero al fin visible, dedicada a la gran cantante. Y en 1994, Alberto Pedro estrena, con el grupo Teatro Mío, la pieza Delirio Habanero, que además es publicada por la revista Tablas. En ella, dos locos pretenden ser nada más y nada menos que La Reina y El Bárbaro, asegurando ser Celia Cruz y Benny Moré. La obra, dirigida por Miriam Lezcano, contó con el apoyo de la Fundación Pablo Milanés y se presentó en Cuba y otras naciones, con las actuaciones de Jorge Cao, Zoa Fernández, Michaelis Cué y Bárbaro Marín, a lo largo de su vida en escena.
Un contacto no menos sorprendente sucedió durante el XVIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de 1996, al estrenarse el documental Yo soy del son a la salsa, concebido por Rigoberto López, autor del guion junto a Leonardo Padura. Trazando el recorrido por nuestra historia musical y sus conexiones con el Caribe y otras naciones, presenta entre sus numerosos testimoniantes a Celia Cruz, en su primera aparición en un material público tras sus muchos años de exilio. La presenta Tito Gómez, quien evoca con cariño a esa negrita de Santos Suárez que acabaría alzándose como una reina por derecho propio.
Los espectadores recibían a Celia Cruz con aplausos en la sala, primero viéndola cantar «Pinar del Río, qué lindo eres» y luego dialogando con Tito Puente acerca de su concepto de la música salsa, a la que describe, con su gracia habitual, como música cubana a la que por decisión del mercado se le incorporaron elementos de otras sonoridades latinas. El documental ganó el premio Coral en esa edición, y el Premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. No poco debió haber pesado el nombre de Alfredo Guevara, presidente y fundador del evento, para que el documental se viera en la competencia de aquel año.
En el año 2000, la cantante Haila Mompié lanza su disco de homenaje a Celia Cruz, añadiendo su nombre a las figuras que han rendido tributo a la Guarachera de Cuba, en una línea que enlaza a intérpretes como Lucrecia, La India, Aimée Nuviola, Jennifer López y otras que de distintas maneras se han inclinado ante la Reina, mediante diversos homenajes. En este caso, todo el fonograma revisita grandes éxitos de Celia, bajo la supervisión de Isaac Delgado, ahijado de la propia Celia Cruz, que versiona «La vida es un carnaval», uno de los mayores hits de la última etapa de la gran cubana —a quien el libro Guinnes había reconocido el récord de mayor cantidad de espectadores en un concierto tras el protagonizado por ella en Santa Cruz de Tenerife, en 1987, ante 250 000 personas.
De pronto, la voz de Celia Cruz aparecía aquí y allá, en la banda sonora de una película como Amores perros, o se le podía ver en los videos que le dirigió Ernesto Fundora en México, como el muy sonado de «La negra tiene tumbao». Y aunque el veto oficial sobre su carrera y su legado se mantuvieran en Cuba, desde la cultura había siempre alguna forma de saltar ese cerco.
En 2006, cuando Teatro de la Luna presenta su propia versión de Delirio Habanero, una nueva generación entendió en ese montaje de Raúl Martín sobre la pieza de Alberto Pedro otra forma de acercarse a los mitos de Celia, el Benny y la Cuba en ruinas que cada noche sueña con volver a su antiguo esplendor. En el primer elenco de ese multipremiado montaje estaban Laura de la Uz, Mario Guerra y Amarilis Núñez. Al recoger su premio de actuación por el personaje de La Reina, en el Festival de Camagüey, Laura de la Uz no dudó en dedicarlo a Celia Cruz, ante todos los presentes.
Laura de la Uz como La Reina de Delirio Habanero, de Teatro de La Luna, en la portada de Escenarios que arden
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La abrupta suspensión de la ceremonia que Fábrica de Arte Cubano había anunciado para el 19 de octubre en saludo al centenario de Celia Cruz demuestra que no han cambiado, sin embargo, muchos de los factores que en otros casos sí han cedido, y que deberían finalmente reorganizarse para que el nombre de esa mujer consiga aquí lo que no se le ha negado a otros, incluso a explícitos enemigos de la visión política del gobierno cubano, que han sido rehabilitados en su país natal.
En julio del 2003, cuando Celia fallece, pude ver durante una estancia en Londres, las imágenes de su funeral y las calles de New York y Miami colmadas durante el adiós que tantos cubanos, junto a muchas personas de otras naciones, le tributaron. Ya había empezado a escucharla, y gracias a Bladimir Zamora y Sigfredo Ariel logré, no solo entenderla como una figura cimera de nuestra música, sino como un símbolo perdurable y polémico de las tensiones que lo Cubano también lleva consigo.
Acaso esa sea la grandeza que algunos funcionarios se niegan a reconocerle: su capacidad para, siendo una mujer de origen humilde, afrodescendiente, distante de los cánones de la belleza tradicional, haber triunfado en tantas latitudes confirmándose en otra manera de encarnar una identidad y sus múltiples maneras de disenso: su poderío como cubana que jamás renegó de su tierra, y encarnó fuera de ella otras metáforas de nuestra identidad. Y desde esa dimensión, aún les sigue siendo incómoda, demostrando de qué modo sigue viva, a 22 años de su fallecimiento, lo cual no deja de ser irónico, como reverso de esas maniobras de silenciamiento y de censura.
La escueta nota que se publicó en Granma como obituario parecía contabilizar sus líneas para, al tiempo que la reconocía como una «importante intérprete cubana, que popularizó la música de nuestro país en Estados Unidos», añadir que «durante las últimas cuatro décadas se mantuvo sistemáticamente activa en las campañas contra la Revolución Cubana generada desde los Estados Unidos», y subrayar que «fue utilizada como icono por el enclave contrarrevolucionario del sur de la Florida». De sus premios, sus discos y su alcance mucho más allá de las tierras norteamericanas, ni una palabra.
Ahora, la no menos escueta nota publicada por el Centro Nacional de la Música Popular ni siquiera la menciona, aunque ella haya sido el eje de lo planeado para esta velada, no solo por Teatro El Público que fue invitado por sus gestores a recrear momentos musicales y anécdotas de la vida de Celia Cruz, dentro de un programa que además incluía la develación de una estrella dedicada a la cantante en la galería de artistas cubanos de la propia Fábrica, cuyo equipo optó por rendir tributo en silencio a la Reina, iluminando por una hora una butaca vacía en la sala donde se había programado el homenaje y el espectáculo concebido por Carlos Díaz y Teatro El Público. Tampoco puedo afirmar si la estrella que se le dedicaría ha sido develada.
Por otro lado, el Ballet Nacional de Cuba, que anunció durante su reciente gira por Asia una coreografía en saludo al centenario de la Guarachera, tampoco ha explicado la causa de la suspensión de tal proyecto, que fue anunciado por su directora incluso en Cubadebate. Lo que se sabe no se pregunta, reza un utilísimo refrán. Aunque la Orquesta Faílde sí consiguió presentarse en homenaje a Celia, en el escenario del Pabellón Cuba, en la tarde del 31 de agosto*, como puede verse en varios reels de sus plataformas digitales. El por qué unos sí y otros no, ese es otro misterio a discernir que por ahora no queda resuelto.
El silencio y las suspensiones de ahora contrastan con otras visiones de Celia Cruz en nuestros escenarios: Teatro de las Estaciones estrenó en el 2012 Burundanga, su homenaje titiritero a Lola Flores y a la Guarachera de Cuba, a partir de un texto de Luis Enrique Valdés Duarte. Teatro La Proa la tiene incluida, mediante una marioneta, en sus shows de cabaret titiritero. Para Teatro SEA, dirigido en New York por el boricua Manuel Morán, escribí La Gloria, A Latin Cabaret, en homenaje a Daniel Santos, Myrta Silva y Celia Cruz, en 2015. Teatro de la Luna, con nuevos elencos, ha repuesto su Delirio Habanero. En el Diccionario de Mujeres Notables de la Música Cubana, de Alicia Valdés (dos ediciones: Unión, 2005 y Ediciones Oriente, 2011), está incluida, tanto como en el monumental empeño de Radamés Giró, aparecido en cuatro tomos (Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, Letras Cubanas, 2007 y 2009).
En el 2015 se estrenó una serie de televisión sobre su vida, que quedó por debajo de lo que se esperaba, pero reavivó parte del interés que también ha impulsado empeños como Celia, el musical, escrito por Jeffry Batista y Gonzalo Rodríguez. La aparición en 2022 de Celia en Cuba, el volumen de Rosa Marquetti, deviene referencia ya ineludible, que está ya por ampliarse con la llegada de su continuación, Celia en el mundo, en este mismo 2025, en el que se le dedicó un panel en el Coloquio Voces de la República como saludo a su centenario y al Trío Matamoros, desde Sancti Spiritus.
Celia en el Mundo Rosa Marquetti
Gracias a una amiga, tengo a mi lado varias de las monedas acuñadas en los Estados Unidos con la efigie de la Reina de la Salsa, que quienes siguen su culto guardan como nuevas reliquias. Omer Pardillo, el guardián de su legado, se ha encargado de cuidar por el uso de su imagen, y ha organizado exposiciones, homenajes, eventos y conciertos donde se le señala como una figura mayor, tal y como ella merece. He seguido esas huellas, desde aquel día en que, al oírla entonar «Tu voz», uno de sus himnos de batalla, quedé fascinado. Basta escucharla para entender lo que su garganta y su presencia reajustan ante nosotros, más allá del quiebre que lo Cubano ha cargado consigo desde los extremos de una discusión (de un lado y otro) a ratos tan sordamente política. La oigo, y la redescubro en homenajes tan hermosos como el álbum que le dedicara, en 2019, Angelique Kidjo.
La leyenda asegura que el silencio que pesa sobre Celia proviene del disgusto que a Fidel Castro le provocó el saber del exilio de una de sus cantantes predilectas. Detrás de esas esquinas del mito, de todas las discusiones que podemos asumir desde su biografía, queda la realeza de esta mujer. Que fue consecuente con sus creencias (tanto las religiosas como las políticas) hasta el último día de su existencia. Y que insistía, frontal, una y otra vez, en reafirmarse como cubana, cantando los versos de la «Guantanamera» en noches tan enfebrecidas como aquella de la célebre gira que emprendió hasta África, con la Fania, en 1974.
Espero que algún día podamos recordar estos gestos que la niegan solo como parte de una anécdota, al igual que los momentos en los cuales (como ocurrió en una emisión de La pupila asombrada, en 2020), se le ha querido manejar sin ir al fondo de su historia, en tironeos poco felices. El «caso» Celia Cruz es un indicador de cómo este país, desde 1959 hasta acá, ha endurecido y flexibilizado, ante ciertos nombres y conveniencias, vetos, tabúes, dinámicas de diálogo y presencias, asimiladas o no en el imaginario que la Revolución ha generado, y en el que se mezclan supresiones y bienvenidas, endulzadas por una oportuna desmemoria, desde la cual han regresado (o no) al canon nacional artistas y personalidades que algunas vez fueron tachados con saña.
En ese vaivén también se discute la identidad, y la espiritualidad, que suelen ser fluidos que no caben en consignas estrechas. Asumir esas contradicciones y choques de conciencia será labor que en el futuro, con mano inteligente y puntual, tendrán que emprender no pocos estudiosos e investigadores, a fin de recomponer una Historia en la cual la cultura también ha contribuido como una lectura vibrante, en su propia autonomía y en su rotundo devenir.
En el año 2000, la revista Salsa Cubana la ubicó entre los mejores intérpretes de la música cubana, tras una encuesta que la ubicó junto a Esther Borja en el sexto escaño de ese repaso. Un cuarto de siglo después, estamos pensándola en su centenario, desde quienes la entendemos como una artista fundamental e imborrable, hasta los que aún la consideran un nombre y una presencia incómoda. Si se registra más a fondo, se le encontrará en muchos otros gestos y evocaciones desde la isla donde nació. Lo que ella nos indica, alzando nuevamente su voz, es que Cuba puede reformularse desde esas contradicciones sin negar otro horizonte. Y que en ese espacio intermedio entre la admiración y la negación, hay otra Cuba que se debate, que espera, y que palpita, desde el latido que en nuestra música y nuestra cultura nos explica ante el mundo, intensamente.
*El texto fue editado para corregir la fecha de presentación de la Orquesta Faílde
Hoy se realiza en distintas ciudades de Estados Unidos la protesta No Kings 2 (No a los reyes), una movilización convocada por organizaciones de migrantes y grupos progresistas para rechazar las políticas autoritarias de Donald Trump y las medidas antiinmigrantes.
El excongresista cubanoamericano Joe García, en declaraciones exclusivas a La Joven Cuba, explicó que esta jornada es «básicamente una manera de formar resistencia o pedir a la administración que tome una postura diferente».
En su mensaje apuntó la crítica hacia la diáspora cubanoamericana, tradicionalmente alineado con posturas conservadoras. «Lo que más choca es ver a la comunidad cubana, que tanto clama por democracia y libertad, mantener un abrumador silencio ante estos atropellos de nuestros derechos constitucionales y civiles», aseveró.
Resulta muy evidente la contradicción de una diáspora que prosperó gracias a políticas migratorias favorables y hoy, en su mayoría, no se pronuncia ante los abusos que sufren otros. «Los cubanos hemos tenido la dicha de contar con una ley migratoria generosa que ha sido parte del éxito de nuestra comunidad». Un privilegio que no se traduce actualmente en solidaridad con quienes enfrentan persecución o deportación.
En Miami, epicentro de buena parte de la comunidad cubana, venezolana y nicaragüense, la marcha tiene un sentido particular. En esa ciudad, que durante décadas se presentó como tierra de libertad, hoy se multiplican las detenciones, deportaciones y redadas contra los mismos grupos que alguna vez encontraron amparo político.
Un símbolo de ese viraje es visible en Hialeah, «la ciudad más hispana del país», que firmó un acuerdo con ICE para colaborar en redadas migratorias. «Un cuerpo policial que es abrumadoramente latino, una comisión que es completamente latina y que se han prestado para esto», comentó García en otra entrevista reciente.
El excongresista ha sido particularmente crítico con el papel de los líderes cubanoamericanos en esta coyuntura. «No se puede ser leal a Donald Trump y al mismo tiempo defender a los inmigrantes», afirmó.
La protesta No Kings 2 busca justamente interpelar ese olvido. En un país donde el presidente enfrenta múltiples procesos judiciales, miles de personas salen a las calles para recordar que «la democracia se mantiene con lucha, no sentado en la casa», insistió el político demócrata.
Se espera una participación masiva, superior a los cinco millones de personas y miles de actos en todo el país, en lo que sus organizadores prevén como la mayor protesta de la historia moderna de Estados Unidos.
Pero el sentido de esta movilización va más allá de Trump y pone el foco en una sociedad que parece haber olvidado sus valores fundacionales, especialmente una parte significativa de los cubanoamericanos, sobre todo republicanos, que critica fuertemente la discriminación política del gobierno cubano a 90 millas, pero la reproduce a la primera oportunidad en que su partido tiene el poder.
Desde Miami, muchos de los que convocan a la resistencia y piden a los cubanos dentro de la Isla que salgan a defender la libertad, asisten impasibles a escenas de madres deportadas y separadas de sus hijos: resulta irónico que no pocos de quienes demandan democracia no la practiquen en el país que los acoge.
Reclaman libertad para Cuba, pero toleran abusos en su propio entorno y se arrogan el derecho de decidir, según su conveniencia política, quién puede quedarse y quién merece formar parte del cada vez más frágil sueño americano.
Por estos días, distintos sucesos en Cuba ponen al descubierto los rasgos más torpes de una política cultural que no logra desprenderse de su vocación de control y censura, ni asumir la libertad artística como una expresión legítima de la vida social.
El episodio que mayor atención provocó fue la cancelación del homenaje a Celia Cruz que Teatro El Público y Fábrica de Arte Cubano realizarían para celebrar el centenario de la artista, previsto para este domingo.
La nota oficial que comunicó la suspensión fue opaca, sin explicar razones artísticas ni logísticas, y sin mencionar siquiera el nombre de Celia Cruz, una de las figuras más universales y queridas de la cultura cubana.
El hecho, en medio de la Jornada por la Cultura Nacional, reaviva las tensiones entre las instituciones culturales y la memoria de una artista cuya trayectoria fue durante años silenciada en la Isla.
La investigadora y ensayista Rosa Marquetti, una de las más importantes conocedoras de la obra de Celia Cruz, escribió en su perfil de Facebook: «La prohibición del tributo… agrega un capítulo más a la historia de la censura y la aplicación de métodos de comisariado político dentro de la cultura cubana». Señaló además que «algunos de los implicados en esta sentida iniciativa tras días de ensayos y trabajo, cuentan incidentes de citaciones personales, órdenes inapelables y amenazas».
Por su parte, el teatrólogo, dramaturgo y crítico Norge Espinosaexpresó: «la nota publicada por el Centro Nacional de la Música Popular anunciando la suspensión de la presentación programada en Fábrica de Arte Cubano como tributo al centenario de Celia Cruz es un ejemplo más de la torpeza, y no solo informativa, que nos agrede y acosa por estos días. El acto, amén de evocar a la Guarachera de Cuba a través de anécdotas de su vida y varios de sus éxitos, no pretendía otra cosa que subrayar lo innegable: la vigencia de su legado musical, y el valor icónico de esa mujer que en Cuba y fuera de ella representó a lo cubano en una dimensión que escapa a cualquier recelo y política estrecha».
No fue el único caso. Recientemente el cineasta Kiki Álvarez hizo pública su desvinculación del ICAIC, tras descubrir que la institución había declarado su «renuncia voluntaria» sin su consentimiento. «Te has ido vaciando de cineastas como se ha ido vaciando el país de muchos de sus mejores hijos»,relató el director de cine y miembro del grupo de representantes de la Asamblea de Cineastas Cubanos.
Estos hechos confirman la continuidad de una política cultural basada en la censura y la fractura, una línea que mantiene las mismas zonas de silencio de hace décadas.
El Ministerio de Cultura encarna hoy una de las gestiones más desacertadas de la institucionalidad cultural cubana. Decisiones políticas torpes, nombramientos improvisados a funcionarios sin trayectoria, preparación, ni reconocimiento en el ámbito artístico e intelectual, se suman a una visible incapacidad para dialogar con los creadores a los que debería representar.
La falta de reconocimiento a la Asamblea de Cineastas Cubanos también es otra expresión de esa crisis: un colectivo que nació para repensar las políticas culturales desde el diálogo y la inclusión, como una práctica legítima de participación y pensamiento crítico dentro del gremio. Sin embargo, la actitud indiferente del ICAIC frente a sus reclamos muestra la resistencia dentro de las instituciones para aceptar la autonomía de los creadores y entender la pluralidad como una condición necesaria del arte.
La deriva actual del ICAIC contrasta con el espíritu fundacional de Alfredo Guevara y Julio García Espinosa, quienes, aunque no estuvieron exentos de críticas por acciones erradas, entendían el cine no solo como instrumento de la Revolución, sino como su conciencia crítica. En aquellos años sesenta los debates eran duros, las diferencias profundas, pero existía la convicción de que el arte debía interpelar, no obedecer.
Hoy, esa relación entre artistas e instituciones se ha degradado hasta el punto de la exclusión sistemática, que se combina con un debilitamiento de las instituciones culturales, y un abandono paulatino de sus funciones de promover, financiar y acoger procesos artísticos. El resultado: cines, teatros y salas de concierto cerradas, más artistas emigrando y una producción artística cada vez más escasa.
El escritor Antón Arrufat, al recibir el Premio Nacional de Literatura en el año 2000, mencionó que «en cualquier momento de la historia, la relación inevitable del artista con el Estado o el poder no ha sido suave ni placentera». Lo grave, en el presente cubano, es que esa tensión necesaria ha sido reemplazada por la asfixia institucional, por una lógica que condena la diferencia en lugar de dialogar con ella.
Esa censura acentúa la distancia entre creadores y Estado, y debilita la legitimidad misma de las instituciones. Como dijera Fernando Pérez en el podcast La Sobremesa, «el arte sin límites, sin muros, es lo que puede contribuir a esa diversidad de miradas, a entender al otro, a saber por qué los demás piensan de una manera que no tiene que ser necesariamente la mía».
Rectificar esa línea es, además de un acto de coherencia con la mejor historia cultural cubana, una condición para el futuro. Una política sin diálogo, sin autocrítica y sin libertad creativa acaba por mutilar el impulso creador y con ello la posibilidad misma de imaginar un país distinto, más libre, más emancipado.
El Premio Nobel de la Paz otorgado hoy a María Corina Machado complejiza el tablero regional en un momento de máxima tensión. Lejos de desactivar la escalada, puede funcionar como incentivo político para quienes, en Washington y la región, abogan por «operaciones de paz» que terminen siendo una intervención militar en Venezuela.
La Casa Blanca reaccionó con molestia: su director de comunicaciones afirmó que el Comité «pone la política por encima de la paz», mientras el propio Trump venía sugiriendo que él debía ganar el premio, llegando a decir que sería «un gran insulto» si no se lo otorgaban. Ese clima —sumado a despliegues y acciones militares recientes en el Caribe— vuelve más verosímil una «paz» impuesta por la fuerza.
El aumento de la hostilidad hacia Venezuela no parece responder a una estrategia de seguridad, sino a intereses domésticos: un presidente bajo presión por las redadas migratorias, por efectos inflacionarios de su política arancelaria y por la reactivación de escándalos en su entorno, encuentra en la escalada externa una vía para desviar la atención y cohesionar apoyos. En el podcast Pod Save the World del 8 de octubre, Ben Rhodes y Tommy Vietor advirtieron que la Casa Blanca está construyendo los pretextos —narcotráfico, «estabilización»— para administrar un conflicto en el Caribe con réditos internos.
Nuestro compromiso en LJC es con la democracia en la región, pero con una democracia que nazca de adentro: plural, negociada, paciente y basada en instituciones propias; no importada por grandes potencias ni diseñada a la medida de derechas o izquierdas «amigas». La edificación democrática suele ser lenta y trabajosa, precisamente aquello que las potencias tienden a eludir cuando prefieren escoger a dedo a sus interlocutores.
Conviene además recordar que el Comité Nobel tiene un historial de decisiones apresuradas que envejecieron mal —Kissinger en 1973 es el ejemplo clásico— y que, con frecuencia, se alinean con narrativas liberales simplistas sobre países en desarrollo, reduciendo conflictos complejos a guiones de «buenos» y «malos». Dos miembros del Comité dimitieron aquel año, y décadas después se reconoció que el acuerdo premiado difícilmente traería paz duradera.
Aquí entra el Nobel. El Comité distinguió a Machado por su resistencia democrática bajo represión; pero el momento y el personaje importan. Machado propuso en 2020 una «Operación de Paz y Estabilización» para Venezuela al amparo del TIAR, es decir, una coalición multinacional con control territorial y desarme. Otorgar el premio justo cuando Estados Unidos intensifica su huella militar en el Caribe puede, más que promover la paz, empujar hacia su contrario.
Para disipar dudas, basta un trazo: la propia Machado ha pedido «más medidas» de Estados Unidos contra Maduro y defiende un programa de privatizaciones —incluida PDVSA—. Ese paquete, leído por muchos como de derecha dura, no promete necesariamente una democracia más amplia, sino un gobierno más amistoso para Washington y para intereses privados que lleguen con la «estabilización».
A su alrededor, Marco Rubio —para quien el cambio de régimen en Caracas y La Habana es identidad política— ven en el clima actual una oportunidad. Mientras, la Administración invoca el narcotráfico para ampliar reglas de enfrentamiento en el Caribe, con golpes letales y pedidos de sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad.
Desde Cuba, esta dinámica no puede verse con indiferencia. Cada vez que Washington intensifica su presión sobre Caracas, las repercusiones alcanzan inevitablemente a La Habana: menos petróleo, menos cooperación y endurecimiento indirecto de sanciones. En entrevista reciente, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que Cuba no entraría en guerra si estalla un conflicto EE. UU.–Venezuela: el apoyo sería político, no militar. Es una postura prudente que reconoce la gravedad del momento.
Lo más preocupante es que esta escalada, aunque alimente expectativas entre críticos de Maduro, sentaría el precedente de usar la fuerza para «garantizar intereses» en la región, a costa de la soberanía y la paz. Venezuela podría ser el primero, pero no el último.
Los cubanos tenemos en nuestra historia la intervención estadounidense de 1906–1909, que lejos de traer garantías democráticas deformó la política doméstica con autoritarismo, clientelismo y dependencia crónica de intereses norteamericanos; y condicionó tanto la débil cultura democrática de la República como —por reacción— los déficits democráticos de la Revolución. La historia demuestra que los atajos tutelados de fuera rara vez construyen ciudadanía ni Estado de derecho.
Hoy, aunque Cuba no es el blanco directo, sus vínculos con Venezuela la colocan en el centro de las posibles consecuencias. Desde La Joven Cuba creemos en crear incentivos —internos y externos— para el desarrollo democrático venezolano, pero rechazamos cualquier iniciativa de «cambio de régimen» que viole el Artículo 2.7 de la Carta de la ONU.
Y sobre el Nobel: Occidente no debería confundir la crítica al autoritarismo de izquierda con la idealización de una derecha redentora; en el caso de Machado, su historial de pedir coaliciones «de paz y estabilización» y de impulsar un giro económico de choque sugiere que, de gobernar, no necesariamente ampliaría la democracia, sino que consolidaría un alineamiento pro-Washington. Eso no merece un Nobel ni traerá paz alguna.
