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La noticia es que Bahamas anulará los convenios estatales que mantenía con el Gobierno cubano para las misiones médicas y docentes, y que de ahora en adelante formalizará contratos individuales con los profesionales de la Isla que deseen continuar trabajando allí.
Según Reuters el ministro de Salud, Michael Darville, explicó ante la Cámara de Representantes que los actuales 35 especialistas cubanos —tres oftalmólogos, tres enfermeras, diez ingenieros biomédicos, ocho técnicos de laboratorio y once radiólogos— podrán aceptar el nuevo arreglo o regresar a Cuba tras concluir sus compromisos.
La cartera sanitaria bahamesa también congeló la llegada de nuevos galenos y maestros cubanos mientras se redefine el modelo de cooperación. Para cubrir el déficit estructural de personal, el gobierno bahamés está abriendo convocatorias para profesionales de África, Filipinas e India.
El giro responde a conversaciones sostenidas con Washington y a las presiones directas del secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó las misiones médicas de Cuba como una «práctica atroz» y prometió «dialogar» con los países caribeños que emplean médicos provenientes de la Isla.
EE. UU. sostiene que la mayoría del salario que cobran los cooperantes es retenida por una agencia gubernamental en La Habana y que el esquema equivale a trabajo forzoso, argumentos recogidos en un reciente informe del Departamento de Estado.
Sin embargo, ese «diálogo» no ha sido precisamente respetuoso. En febrero, el Departamento de Estado advirtió que impondría restricciones de visado a los funcionarios extranjeros que facilitaran el programa cubano, escalada que ahora se materializa en el Caribe. Aun así, durante su visita a La Habana a finales de abril, Darville y el ministro cubano José Ángel Portal habían ratificado públicamente la voluntad de «seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos». Al parecer, las gestiones estadounidenses alteraron aquel compromiso.
Aunque la presencia de galenos en Bahamas es relativamente pequeña, esta noticia podría significar un precedente de «éxito» de la política de máxima presión y chantajes implementada por Estados Unidos en cuanto a disuadir a receptores de las misiones médicas, y que incluso pudiera lograrlo con socios tradicionales de La Habana.
Para Rubio supone una victoria tangible ante el «exilio histórico» de Miami, en un momento en que sus logros en política exterior han sido limitados, y ha estado excluido por Trump de varias negociaciones de primer orden para la política norteamericana.
Este caso hace recordar el final del programa Mais Médicos en Brasil, cuando en 2018 Jair Bolsonaro canceló los acuerdos colectivos y exigió contrataciones individuales. El exmandatario prometió dar acogida a aquellos que quisieran quedarse. Más de 8 000 cooperantes partieron, pero unos 2 500 optaron por no regresar; sin embargo quedaron atrapados entre la etiqueta de desertores impuesta por Cuba y la burocracia brasileña que no revalidó sus títulos. Aquella crisis redujo en miles de millones los ingresos sanitarios de la Isla y dejó vacías centenas de plazas en la Amazonía brasileña.
Las misiones médicas son blanco recurrente de EE. UU. Se cuestionan los contratos colectivos, la retención de salarios y la restricción de ocho años sin regresar para quienes abandonan la misión por emigrar. Rubio añadió un nuevo argumento, que el envío masivo de doctores priva al pueblo cubano de servicios básicos, algo que ignora los propios efectos de las medidas unilaterales coercitivas que él mismo defiende sobre la adquisición de insumos médicos y tecnología hospitalaria.
Cuba niega de plano que sus brigadas médicas equivalgan a trabajo forzoso. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío en una reciente entrevista para la agencia EFE aseguró que «no se trata de trabajo forzado, se trata de cooperación médica que la comunidad internacional —incluyendo por lo menos dos secretarios generales de Naciones Unidas— han celebrado durante décadas».
El diplomático subrayó la naturaleza soberana de los convenios: «Son acuerdos bilaterales soberanamente firmados… No es una imposición de Cuba, no es una entrada por la puerta trasera de Cuba en ningún país». A su juicio, Washington «se ha encaprichado en atacarlas con dos propósitos: tratar de desprestigiar un aspecto de la política exterior solidaria de Cuba… y, en segundo lugar, cortar ingresos que recibe el sistema de salud pública cubano, que son absolutamente legítimos».
Fernández de Cossío reprochó además que EE. UU. difunda «falacias» para poner en duda la legitimidad de un programa «que es absolutamente legítimo y que salva vidas». Reconoció que «hay países donde, por decisión de la cooperación médica, se han agrupado los pasaportes», pero precisó que «en la mayoría de los casos eso no sucede», y eludió comentar si aceptarían pagos directos: «Si yo respondo esa pregunta, parece que es ilegítimo lo que hace Cuba en los lugares donde no se paga directamente»
Para Cuba la preocupación no es menor, la exportación de servicios de salud es uno de los principales ingresos al presupuesto nacional, y que según autoridades contribuye a financiar los servicios de salud, ya golpeados en cuanto a falta de insumos por la escasez de divisas.
En abril último, un texto del diario Granma informaba que «se aprobó el esquema cerrado de financiamiento para el reaprovisionamiento del ramo [de la salud], a partir de sus propios ingresos». Aunque no se especifica si los ingresos por misiones médicas formarían parte de este esquema, privar a Cuba de esos ingresos agudizaría un poco más la ya tan marcada crisis que vive la Isla, no solo en el sistema de salud.
Nuestra opinión es que esta decisión confirma la voluntad y el puntual éxito de Washington de interferir en acuerdos soberanos entre terceros países y La Habana. Extender sanciones a funcionarios extranjeros ha abierto una nueva fase en la política de «máxima presión» porque no solo castiga a Cuba, sino también a quienes se atrevan a cooperar con ella.
Resulta paradójico que el mismo Departamento de Estado que coopera con gobiernos cuestionados por violaciones de derechos humanos intente presentarse como garante ético en materia laboral cuando su historial con trabajadores migrantes es, como mínimo, discutible.
Ahora bien, la Isla no puede limitarse a denunciar la injerencia. Urge un debate interno —abierto y transparente— sobre las zonas opacas del programa.
Los médicos siguen sin negociar directamente sus contratos, una parte elevada del salario se queda en manos estatales, el acompañamiento familiar está restringido y la sanción de ocho años sin reingreso resulta desproporcionada. Además, hay denuncias de sobrecarga laboral y malas condiciones de vida en ciertos destinos. Estas críticas no invalidan el valor de las brigadas, pero deben analizarse con la ciudadanía cubana, no así con un gobierno extranjero que ni participa, ni tiene por qué ser garante de estas misiones.
Revisar los porcentajes retenidos, permitir la reunificación familiar y publicar un desglose del uso de los ingresos contribuirían a legitimar el programa ante la ciudadanía cubana y ante la opinión pública internacional. Esa transparencia no neutralizará la ofensiva de Rubio, pero reforzará la posición de La Habana ante espacios multilaterales donde sean discutidas.
Calificar las misiones como «esclavitud moderna» o «trabajo forzoso» desvirtúa el concepto jurídico. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso implica coerción bajo amenaza; sin embargo, incluso en las campañas organizadas por la Embajada de EE. UU. no se ha probado que los cooperantes sean obligados a participar.
Reducir un fenómeno tan complejo a un eslogan puede servir a intereses electorales, pero ignora que en muchas comunidades rurales la única atención médica que ha estado disponible es la de profesionales cubanos.
Si las presiones acabaran eliminando las brigadas, los primeros perjudicados serían esos pacientes. Estados Unidos no ha ofrecido un plan alternativo para reemplazar los servicios que pretende erradicar, y su reciente abandono de la OMS —justificado por motivos presupuestarios— demuestra que la cooperación sanitaria multilateral no es una prioridad. Los gobiernos caribeños lo saben y por eso, pese a las amenazas, la mayoría sigue defendiendo la utilidad de los doctores de la Isla.
Reformar el programa —sin renunciar a él— es la vía más eficaz para quitarle fundamento a la campaña de EE. UU., proteger a los médicos y blindar una fuente imprescindible de divisas. Significa negociar mejores salarios, transparentar el destino social de los ingresos y poner fin a la penalización del «abandono de misión», que impone un exilio forzado a quienes simplemente buscan otras oportunidades.
Al final, la pregunta no es si Cuba debe exportar servicios de salud, sino cómo hacerlo de forma ética, beneficiosa para todas las partes y sin explotación laboral. La Isla necesita recursos y los pacientes del Sur global necesitan médicos; la solución pasa por acuerdos transparentes que respeten los derechos laborales de los cooperantes.
Mientras Washington continúe usando la coerción y no ofrezca alternativas sanitarias creíbles, la denuncia ética suena hueca. Pero mientras La Habana no ajuste su modelo y comunique con claridad, seguirá dejando la puerta abierta a quienes, desde fuera, buscan politizar la solidaridad médica y vaciar las arcas del país.
