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¡Cuba?… que la pongan en la lista
La noticia es que el Departamento de Estado mantiene a Cuba en la lista de países que no se esfuerzan lo suficiente por enfrentar el tráfico de personas. Pone a la Isla en el nivel más alto, el número 3, junto a China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, entre otros.
El informe, que se hace anual, fue presentado esta semana por el secretario de Estado, Anthony Blinken, junto a la embajadora al frente de la Misión Especial de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas.
La inclusión de Cuba en el nivel más alto de este reporte se debe a supuestas medidas coercitivas a todos los trabajadores gubernamentales que laboran en el exterior, especialmente los de las misiones médicas.
«Cuba tiene una política o patrón gubernamental para hacer dinero del trabajo forzado en programas de exportación de trabajo que incluye a misiones médicas en el exterior», afirma el informe que hace un análisis de la situación de varios países.
El otro argumento utilizado es que quienes abandonan estas misiones médicas se convierten en «desertores» y se les impide regresar a Cuba durante ocho años, lo cual separa a muchos de sus familias, esta ha sido una denuncia habitual de la comunidad cubana en el exterior que ha exigido más de una vez que esto cambie.
La porción del documento que habla de Cuba incluye informaciones hoy desactualizadas, como que los migrantes desde Cuba pierden todos sus derechos como ciudadanos y sus propiedades en la Isla si permanecen más de 24 meses en el exterior, un límite que ha sido flexibilizado desde la pandemia, y que en el reciente proyecto de ley sobre Inmigración y Extranjería se elimina del todo. Actualmente no se pierden las propiedades por emigrar, según afirmaron las autoridades en una conferencia de prensa reportada en la televisión cubana.
El documento se centra en denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional y la ONU que afirman que los trabajadores de misiones médicas en el exterior no se ofrecieron como voluntarios, y que no sabían cuál era su destino. «Según las denuncias y los supervivientes, los jefes de misión cubanos en el país sometían a los trabajadores a vigilancia, les impedían relacionarse libremente con la población local y les imponían un estricto toque de queda. Cuba también confiscaba entre el 75 y el 90 por ciento del salario de cada trabajador».
El informe va más lejos e indica que el relator especial de la ONU para las Formas Contemporáneas de la Esclavitud presentó una nueva comunicación en la que exponía las preocupaciones persistentes con respecto al programa.
Esta noticia significa que las misiones médicas en el exterior siguen siendo objetivo en el esquema de enjuiciamiento de Estados Unidos con el Estado cubano, ya que esta forma de exportación de servicios profesionales ha sido una vía fundamental de ingresos para el gobierno de la Isla.
Las misiones médicas, si bien comenzaron como acciones de solidaridad y diplomacia pública, han terminado siendo un lucrativo programa para el gobierno de Cuba. Es una realidad que el gobierno retiene una parte del ingreso que se paga por el trabajo del profesional de la salud o de otros sectores, un dinero que afirman se dedica al sostenimiento de servicios públicos como la salud y la educación.
También es conocido el régimen al que son sometidos estos profesionales, que incluye la prohibición de entrar al país por ocho años en caso de abandonar la misión médica.
No obstante, hasta el momento no se ha podido probar que los médicos no asistan a estas misiones voluntariamente, y si bien no obtienen todo el ingreso que pagan esos gobiernos por ellos, muchos ven esta posibilidad como una salida de la pobreza, o la solución de problemas urgentes en el orden doméstico y personal.
Recordemos que los médicos en Cuba de mayor calificación o nivel de especialización no ganan más de 7000 pesos cubanos. Para este boletín, La Joven Cuba consultó con varios doctores y afirmaron que hay amplias diferencias en lo que se puede cobrar en las misiones. La cifra varía considerablemente en dependencia del país, por ejemplo, en varios países africanos y del Medio Oriente los montos pueden ser superiores a los 1000 dólares mensuales, sin embargo, en Venezuela pude ser incluso menos de 100.
Las formas de pago también son diversas, algunos cobran en USD y otros en MLC. También las condiciones de pago varían en dependencia de la misión, aunque por lo general una parte importante del salario se retiene en Cuba hasta que no culmine el período acordado. En todos los casos sí se les mantiene el salario cubano, entregado mensualmente a la familia.
Asimismo, según los médicos que hablaron con LJC, en el lugar pueden existir algunas prácticas de control de movimiento, sobre todo si están en zonas de conflicto o violentas, pero estas también varían en dependencia de las misiones y, sobre todo, de los funcionarios que estén al frente.
De acuerdo con un concepto de la ONU, la trata de personas es «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño, con la intención de explotarlas con fines lucrativos».
La realidad es que todos los médicos que están en estas condiciones conocen el destino, y aceptan voluntariamente participar en el programa. Algunos se han negado a ir cuando lo ofrecido no ha sido considerado favorable por ellos. Hasta ahora, nadie ha podido demostrar que los galenos sean obligados en la Isla a ofrecer sus servicios en el exterior.
Nuestra opinión es que tildar estas prácticas como trata de personas o esclavitud constituye una lectura politizada e inexacta. El objetivo principal es torpedear programas que son una vía de ingresos para el gobierno y se erigen como acciones de diplomacia pública que pone a los profesionales cubanos como salvadores en contextos remotos, hostiles, y hasta peligrosos, sitios a los que muchos veces los médicos locales no van.
Las misiones no están exentas de cuestionamientos válidos. El gobierno cubano debería asumir un rol más cercano a un facilitador y cambiar el enfoque paternalista, que pone a colectivos de médicos bajo supervisión en ciertos lugares, a los que se les paga las condiciones de vida (comida, alojamiento, etc.), pero también luego se les ofrece una porción muy baja del salario devengado por el trabajo que realizan.
Sería un derecho ganado por los médicos que pudieran hacer estos contactos de manera directa, lo cual sucede en algunos casos, pero en la gran mayoría no es permitido. Otra ganancia sería que fueran ellos los que decidieran cómo distribuir sus ingresos. El gobierno cubano podría recibir fondos por concepto de impuestos y así recaudar para los mismos fines para los que dice hoy usar parte del pago que dan los países por los servicios médicos.
El castigo de no poder visitar su país de origen por ocho años es justificado por el gobierno cubano como una medida para evitar que muchos emigren —y sea así una vía de fuga de cerebros—, pero no lo evita del todo, y termina siendo una violación de los derechos humanos a los trabajadores del sector de la salud, como lo es también la regulación que tienen no pocos especialistas, quienes no pueden viajar libremente debido a que el gobierno impone límites de varios años para quitarles la regulación.
Asimismo, el gobierno cubano debería ser mucho más transparente y publicar los montos pagados a los galenos y los porcientos retenidos. Daría mucho menos lugar a la especulación y permitiría un debate público e informado sobre el tema.
Sin embargo, más allá de las múltiples críticas que se les puedan hacer a las misiones médicas, calificarlas como trata de personas es instrumentalizar políticamente un programa que ha permitido que millones de personas de comunidades empobrecidas y rurales tengan acceso estable a servicios de salud.
En ese sentido, las misiones médicas cubanas también han contribuido a garantizar un derecho humano, para el cual Estados Unidos tiene pocas alternativas de apoyo en zonas del planeta que sufren los efectos de un sistema mundo desigual.
Carros fúnebres rusos y otras promesas
La noticia es que los camiones rusos UAZ serán rehabilitados y que gracias a un acuerdo entre empresas de Moscú y La Habana se ensamblarán nuevos de estos vehículos, conocidos por su fuerza y durabilidad.
De acuerdo con Sputnik, la cubana Empresa Integral de Servicios Automotores (EISA) y la compañía rusa ECHO-Export SRL firmaron un convenio que asegura recuperar los que ya están funcionando y otros parados por falta de piezas, además de ensamblar nuevos.
El acuerdo fue suscrito durante Cubaindustria 2024, una feria de internacional que reúne a empresarios e industrias de Cuba y otros países del mundo.
Se ensamblarán camiones UAZ de los tipos Patriot, Pickup, y también Profi, diferentes modalidades de estos vehículos que servirán, afirman, para sustituir importaciones, y contribuir a la débil infraestructura de transporte que tiene la Isla.
El acuerdo incluye el ensamblaje de autos tipo Pickup para que funcionen como vehículos fúnebres, un servicio que también sufre la falta de recursos y piezas de repuesto.
El director técnico de ECHO-Export SRL, la empresa rusa, informó que la compañía conoce bien a EISA, pues está presente desde hace 20 años. Este fabricante tiene además la experiencia en Cuba de ser uno de los principales tipos de vehículos que utiliza el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
No obstante, en el reporte se reconoce la necesidad de este convenio, ya que los UAZ 452, conocidos como Guasabita, requieren restauración. Según la noticia, este es el resultado de uno de los viajes del ministro de Transporte a Rusia.
En los últimos días ha sido noticia, además, la formalización de la oficina de un banco ruso en Cuba, no una sucursal con la posibilidad de dar servicios directos, pero sí una representación que sirva a los intereses de compañías rusas presentes en la Isla.
El banco Novikombank va a la cabeza de otros tres que en teoría ya han aplicado también a licencias para operar en la Isla. Este específicamente pertenece a la corporación estatal rusa Rostec, una empresa que se dedica a la promoción y auspicio de productos de alta tecnología.
Novikombank ha obtenido una licencia de representación, lo cual le permite «gestionar, promover o coordinar los negocios que realice su casa matriz, en moneda libremente convertible con entidades establecidas en el territorio nacional», pero no puede ofrecer servicios a personas naturales.
A la apertura de la oficina asistió quien funciona como un encargado de facto de las relaciones con Rusia, el vice-primer ministro Ricardo Cabrisas. El veterano negociador cubano afirmó que la inauguración de la oficina «constituye una acción fundamental y decisiva» para Cuba. Cabrisas también dijo que es un «hito», ya que este sector es fundamental para el desarrollo de una relación económica y financiera.
Estas noticias significan las primeras concreciones que han ido abriendo los caminos de cooperación entre Moscú y La Habana. Esta vez parece que traerán como solución la posibilidad de contar con un parque de equipos pesados y ligeros nuevo, y otro renovado.
El número de viajes, reuniones e intercambios entre Moscú y La Habana han dejado mucho que desear por la no reciprocidad, al menos conocida, en términos de presencia rusa en la economía cubana, más allá del turismo.
Estas dos acciones, tanto el convenio entre las empresas del sector automotriz, como la apertura de la oficina de un banco, ponen de relieve la voluntad política de acercar a ambos países en un contexto en el que Cuba ofrece la bienvenida a cualquier alivio u oportunidad de paliar la crisis, y en la que Rusia valoriza estar presente en el país vecino de Estados Unidos.
Nuestra opinión es que los vehículos rusos han sido una solución duradera y conveniente para Cuba, aunque con alternativas tecnológicas altamente consumidoras. No obstante, Moscú vuelve a ofrecer apoyo en un sector clave que determina desde el movimiento de medicamentos hasta de alimentos, propósitos ambos a los que también se pretenden dedicar los vehículos UAZ en sus diferentes tipos.
La apertura de una oficina, y potencialmente de una sucursal más adelante, era solo cuestión de tiempo, porque una de las razones por las que varios bancos quieren abrir en Cuba es para facilitar los flujos financieros entre dos países sancionados.
En un contexto en que la Isla está en una crisis tan severa, Moscú vuelve a ser una solución, no obstante, está por verse el efecto concreto en la economía cubana, después de tantos acuerdos y convenios firmados, que poco han resultado en soluciones concretas.
Cuba en la demanda de Sudáfrica contra el genocidio en Gaza
La noticia es que Cuba decidió participar como tercer Estado en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La demanda se centra en las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que Israel ha cometido, principalmente durante las acciones militares que hoy tienen lugar en Gaza. La iniciativa fue anunciada el pasado 22 de junio de 2024, y ha recibido el apoyo de diversas organizaciones internacionales y países aliados a la causa palestina.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, «Cuba hará uso de su derecho a presentar, como tercer Estado, su interpretación de las normas de la Convención que Israel ha violado flagrantemente con sus acciones en el territorio palestino ilegalmente ocupado de la Franja de Gaza».
El mecanismo de la demanda en la CIJ implica que los Estados pueden llevar casos de violaciones de derechos humanos y disputas internacionales a la Corte, para su resolución. Un tercer Estado, que no forme parte del litigio, puede presentar sus argumentos que respalden una interpretación de la convención sobre genocidio.
A finales del pasado año, Sudáfrica inició acciones legales contra Israel por violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. El 24 de mayo, el tribunal ordenó a Israel que detuviera su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se aglutinaron cientos de miles de civiles desde el inicio del conflicto, a lo cual Israel se negó.
La agencia de prensa France24 informó que «varios países latinoamericanos, como Colombia o México, se unieron a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ, o avanzaron su intención de hacerlo, como es el caso de Chile».
Esto significa que la presentación de esta demanda refuerza el compromiso histórico de Cuba con la causa palestina y su postura crítica hacia las políticas de Israel, quien ha sido un adversario sostenido del gobierno cubano —principalmente en foros y espacios multilaterales como las votaciones para poner fin a las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos.
Desde la Revolución Cubana de 1959, el gobierno cubano ha mantenido una posición firme en apoyo a los movimientos de liberación nacional y en contra de la ocupación. Esta postura se ha manifestado en múltiples votaciones en la Asamblea General de la ONU, donde Cuba ha apoyado consistentemente las resoluciones a favor de Palestina y ha condenado las acciones de Israel.
La demanda conjunta con Sudáfrica no solo subraya la solidaridad de Cuba con Palestina, sino que también resalta la colaboración entre países del llamado Sur Global en cuestiones de derechos humanos y justicia internacional. Históricamente, Sudáfrica y Cuba también han compartido lazos estrechos debido a su colaboración en la lucha contra el Apartheid y el apoyo mutuo en foros internacionales.
Un artículo de la BBC valoraba que «La CIJ es el máximo tribunal de Naciones Unidas y puede emitir fallos jurídicamente vinculantes en disputas entre países, pero dispone de pocos mecanismos para hacer cumplir sus sentencias».
Por tanto, esta demanda en la CIJ, si bien no podrá detener las acciones del ejército israelí, pudiera aumentar la presión sobre el resto de los organismos y mecanismos globales para poner fin a una guerra que ya ha ocasionado la muerte de aproximadamente 37 765 personas en Gaza, según reportes internacionales.
Las acciones mediáticas y diplomáticas no han sido en vano. Actualmente el gobierno de Benjamín Netanyahu enfrenta múltiples cuestionamientos de políticos judíos y parte de su pueblo por la forma en que ha llevado el conflicto con Hamas.
Nuestra opinión es que, más allá de los compromisos diplomáticos del Estado cubano que pudieran estimular su pronunciamiento por algunas invasiones y su silencio ante otras —como la de Ucrania—, el apoyo de esta demanda en la Corte Internacional de Justicia es un paso elogiable en cuanto a su papel de destacar el genocidio que enfrenta el pueblo palestino.
Es crucial que más países de la comunidad internacional apoyen esta iniciativa y presionen para que la CIJ y el resto de los mecanismos de la ONU tomen acciones directas que conduzcan a detener la matanza de miles de palestinos, incluyendo niños, y para que responsabilicen al Estado israelita y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por las graves infracciones cometidas.
Las violaciones de derechos humanos no deben ser ignoradas ni permitidas bajo ninguna circunstancia, independientemente de la influencia política o económica de los perpetradores.
Un debate a metros de distancia
Este jueves 27 de junio tuvo lugar el debate presidencial en Estados Unidos, organizado por CNN y moderado por Jake Tapper y Dana Bash. Los candidatos, Joe Biden y Donald Trump, debatieron de pie en dos podios separados por 2,4 metros. Para evitar interrupciones, solo estuvo encendido el micrófono del candidato que tenía el turno de palabra, mientras que el micrófono del otro permanecía apagado.
Ambos candidatos abordaron varios temas clave sin llegar a consensos claros. En materia económica, Biden criticó la gestión de Trump durante la pandemia, señalando altos índices de desempleo. Trump, por su parte, defendió su manejo económico previo a la pandemia como exitoso y acusó a Biden de favorecer solo a los inmigrantes con su política económica.
También hubo disputas sobre la reputación internacional de EE.UU., la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Trump reiteró su promesa de acabar rápidamente con la las acciones militares en Ucrania, causa de múltiples gastos del Estado norteamericano. Asimismo acusó a Biden de actuar «como palestino» ante el conflicto en Gaza. Biden por su parte advirtió que si Trump llegara a la Casa Blanca, Rusia extenderá la guerra «a toda Europa y más allá».
La seguridad de las fronteras fue otro punto de confrontación: Trump acusó a Biden de permitir la entrada de criminales y de poner en riesgo la seguridad nacional, mientras que Biden rechazó estas acusaciones como exageraciones sin fundamento. El candidato republicano avisó que de llegar a la silla presidencial continuaría con su política restrictiva ante la entrada masiva de inmigrantes.
Otros temas debatidos fueron el aborto, los asaltos al capitolio el 6 de enero de 2021 y las causas pendientes con la justicia que tiene el candidato republicano.
Varios medios de prensa destacaron que el debate mostró a Trump como agresivo y confiado, atacando fuertemente a Biden en varios frentes, mientras que Biden parecía más titubeante y enfrentó críticas por su lucidez y capacidad para liderar.
Ambos candidatos usaron el debate para reafirmar sus posturas políticas y desacreditar al otro, sin llegar a un acuerdo claro sobre los problemas planteados, siendo muestra de la creciente polarización en la sociedad norteamericana.
Cuba no se mencionó en el espacio, pero es de suponer que si el candidato republicano llega a la Casa Blanca revierta los tímidos avances en cuanto a relaciones bilaterales que ha impulsado el actual presidente, y continúe con una política de máxima presión.
Por el impacto que tiene la política norteamericana sobre la vida de los cubanos, La Joven Cuba pronto publicará un análisis de lo ocurrido durante el debate.
