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La noticia es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluyó a Cuba en la «lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas», bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas.
El Departamento de Estado justificó la medida alegando que en 2024 al menos 11 fugitivos de la justicia de EE.UU. residían en Cuba y que el gobierno cubano «dejó claro» que no estaba dispuesto a negociar su regreso. «La negativa del régimen cubano a abordar este importante asunto, así como otras circunstancias recientes de falta de cooperación en asuntos de aplicación de la ley relacionados con el terrorismo, hicieron inútiles los esfuerzos de cooperación en materia antiterrorista», añade el comunicado. El informe anual también incluyó a Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela.
En el caso de Cuba, la decisión se apoyó además en la exigencia de Marco Rubio de extraditar a Joanne Chesimard, más conocida como Assata Shakur —exintegrante del Partido Pantera Negra y del Ejército Negro de Liberación, organización que luchó por la autodeterminación de los afroestadounidenses—. Shakur fue condenada por el asesinato de un policía estatal de New Jersey en 1973 y figura en la lista de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El gobierno cubano, por su parte, rechazó la reincorporación a la lista. En declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) afirmó que Estados Unidos «convierte una vez más la lucha contra el terrorismo internacional en un ejercicio político unilateral contra países que no se pliegan a sus intereses hegemónicos». Subrayó también que «nada ha cambiado en el ejemplar desempeño» de Cuba en materia antiterrorista, y atribuyó la decisión a la intención de la nueva administración de «imponer la narrativa de que Cuba constituye una amenaza», para así «descarrilar las relaciones bilaterales y llevar a ambos países a escenarios de confrontación».
El comunicado del Minrex sostuvo que Washington carece de autoridad moral en este tema, señalando la «tolerancia» de EE.UU. hacia terroristas confesos anticubanos, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, acusados de actos violentos, y aun así «vivieron tranquilamente en Miami». Criticó también que no se ha esclarecido el «atentado terrorista contra la embajada de Cuba en Washington ocurrido en septiembre de 2023, y las solicitudes sobre 61 personas y 19 organizaciones radicadas en ese país, presuntamente vinculadas con actos violentos y terroristas contra Cuba».
Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla comentó en la red social X, refiriéndose a Marco Rubio, que «cabría recordarle que en 2024 agencias de su país presentaron evidencias en contrario» de las acusaciones de falta de cooperación.
Fue noticia también esta semana la salida de Mauricio Claver-Carone de su cargo como enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina. Considerado uno de los arquitectos de la línea más dura contra el gobierno cubano en años recientes, Claver-Carone abandonará su cargo en la administración Trump y regresará al sector privado tras no haber obtenido la confirmación del Senado en el plazo de tiempo reglamentado. Algunos medios de prensa aseguran que su salida se debe realmente a diferencias irreconciliables con Marco Rubio.
Como sea, la caída del halcón fue recibida en La Habana con alivio, sin embargo, la permanencia y fuerza de figuras como Marco Rubio indican que la política hacia Cuba está lejos de suavizarse, como bien lo muestran sus más recientes medidas.
Esto significa que se echa mano de toda medida que pueda ser disuasoria de acercarse a la Isla, como el regreso a la «lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas», lo que implica además la prohibición de la venta y exportación de artículos y servicios militares desde Estados Unidos hacia la Cuba, algo que ya era un hecho.
Esta historia de las listas norteamericanas no es nueva. Entre 1982 y 2015, la Isla estuvo como Estado Patrocinador del Terrorismo acusada de apoyar a grupos insurgentes extranjeros, hasta que en 2015 la administración de Barack Obama la retiró de esa categoría en el marco del deshielo bilateral. La sección 40A («lista de países no cooperantes») es un mecanismo separado: requiere una certificación anual al Congreso sobre qué países no colaboran plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.
La Isla no figuró en esa lista durante varios años tras el deshielo de 2015, pero en mayo de 2020, bajo la presidencia de Donald Trump, Washington notificó al Congreso que Cuba «no cooperó completamente» en la lucha contra el terrorismo en 2019, y se incluyó nuevamente en la lista.
La justificación de ese entonces estuvo relacionada, entre otros factores, a la situación en Colombia: miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) permanecieron en La Habana como delegados de paz, y Cuba rechazó el pedido de extradición de 10 líderes del ELN, alegando compromisos adquiridos en protocolos de negociación.
En mayo de 2024, Biden retiró a Cuba de la «lista de países no cooperantes», reconociendo avances en la cooperación bilateral, incluida la reanudación de intercambios de información sobre terrorismo y seguridad. Esta exclusión fue vista como un gesto para mejorar la confianza y, de hecho, fue seguida por la salida de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en enero de 2025, apenas unos días antes de que dejara la Casa Blanca. Sin embargo, fue un acercamiento efímero. Inmediatamente, Trump en su nuevo mandato volvió a incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, anulando la tardía medida de su predecesor.
Ser incluido en estas listas tiene varias implicaciones. La designación de Estado Patrocinador del Terrorismo conlleva sanciones financieras severas, obstáculos a inversiones y un fuerte estigma internacional; Cuba lo sufrió durante décadas, y su reincorporación dificultó aún más las transacciones económicas, repeliendo a bancos e inversores por temor a sanciones estadounidenses. Por su parte, la etiqueta de «no cooperante», aunque no conlleva sanciones nuevas de gran alcance, sí tiene un impacto simbólico en el aislamiento de Cuba.
Nuestra opinión es que esta certificación como país «no plenamente cooperante» en la lucha contra el terrorismo responde más a un interés político que a una evaluación rigurosa de su comportamiento real. Este tipo de medidas, lejos de fomentar la cooperación o mejorar el escenario regional de seguridad, refuerzan el uso selectivo y estratégico del terrorismo como herramienta retórica, por parte de Washington para atacar a La Habana públicamente.
En la práctica, estas decisiones limitan el margen para el diálogo, desalientan la inversión, desgastan aún más la imagen externa de Cuba y entorpecen cualquier intento de reformas o apertura dentro del país. Aunque a nivel internacional, medidas como esta han sido cuestionadas por gobiernos y organismos internacionales, el hecho de que Cuba figure en ellas genera incertidumbre, afecta el turismo e impacta en la desgastada salud de la economía nacional.
La nueva administración republicana parece enfocada en producir titulares simbólicos que refuercen su narrativa de línea dura; ejemplo de ello son anuncios como la restricción de movimientos a diplomáticos cubanos —quienes deben solicitar autorización previa antes de interactuar con autoridades locales, instituciones académicas y centros de investigación en territorio estadounidense— cuando siempre ha funcionado así, o la propia reincorporación de Cuba a listas «negras» sin efectos diferentes a los que ya existen, pero con alto impacto en medios dirigidos a la comunidad cubanoamericana, promotores activos de esta política.
A fin de cuentas se trata de decisiones que forman parte de una estrategia comunicacional que busca mantener a la Isla como tema de la agenda política estadounidense, especialmente en Florida.
En el caso del relevo de Claver-Carone: no representa un cambio de rumbo, sino el cambio de ficha, en un tablero que sigue dominado por intereses electorales y figuras que entienden la relación con Cuba más como una cruzada, que como un terreno para el entendimiento.
Para nadie es un secreto que la Isla necesita transformaciones profundas, pero esos procesos deben ser impulsados desde dentro y con garantías internas de participación y soberanía. Instrumentos como dichas listas, lejos de allanar el camino, aumentan la polarización y reducen los márgenes de opciones. Por ahora, este episodio solo añade leña al fuego de la confrontación y se diluyen, lamentablemente, las posibilidades de mejoras tangibles en la vida diaria de los cubanos.
