Nuevos lineamientos, deuda y feminicidios crecientes y más

Nuevos lineamientos y el esperado programa de estabilización macroeconómica

Es noticia que este 15 y 16 de diciembre se reunió en La Habana el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Y esta no fue una reunión de rutina. La crisis del país quedó totalmente expuesta, incluso en su dimensión política.

Según la web del PCC, los principales problemas planteados por los militantes estuvieron relacionados con «la situación de las pensiones de los jubilados y asistenciados, la necesidad de una atención diferenciada a los sectores de la salud y la educación, el funcionamiento de las mipymes, la burocracia en los trámites de la vivienda, los precios elevados, la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria en los municipios, el sistema de comercialización de los productos agroalimentarios y la situación del transporte público».

La crisis económica, como era de esperar, fue el gran asunto debatido en el pleno. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, llegó a admitir tácitamente que la denominada «Tarea Ordenamiento» ha fracasado y que se implementará, en consecuencia, un «programa de estabilización macroeconómica». De esta última opción no se reveló información muy detallada.

El pleno tuvo entre sus tareas la revisión de los Lineamientos de la Política Económica y Social y del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Luego de ser analizadas más de 68 000 propuestas provenientes de núcleos del PCC en todo el país, Gil anunció la modificación de 36 lineamientos, la adición de 15 y la eliminación definitiva de tres.

Precisamente el que se refería al seguimiento de la «Tarea Ordenamiento» fue uno de los eliminados, porque esa política económica «no ha cumplido todos los objetivos trazados».

El ministro de economía explicó que adicionarán nuevos lineamientos asociados al «programa de estabilización macroeconómica». También afirmó que se debe lograr que las «principales variables precios no estén fijadas administrativamente y reflejen las condiciones de la economía». ¿La mano invisible del mercado?

En líneas generales, el programa de estabilización anunciado aspira a establecer «un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación».

El pleno, por último, decidió no realizar la Segunda Conferencia Nacional del PCC, prevista para 2024, «para ser consecuentes con la situación económica del país».

Esto significa que los grupos dirigentes están empezando a aceptar, a regañadientes, que los discursos políticos triunfalistas cada vez pierden más sentido para la ciudadanía ante la evidente gravedad de la crisis, que exige una estrategia clara para su solución.

Esto fue parcialmente reconocido por Roberto Morales Ojeda, miembro del buró político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al afirmar que «la opinión del pueblo refleja que la situación socioeconómica resulta cada vez más difícil y compleja. Este escenario nos convoca cada día a convertir en resultados concretos el concepto de resistencia creativa».

Opinamos que, si bien el mercado —entendido como categoría transversal— no es una receta mágica para los problemas económicos y sociales de Cuba, hay reglas básicas que no se pueden evadir. Cada minuto que se pierde para estabilizar la crisis económica cuesta vidas.

Por otro lado, para la actualización de los nuevos «lineamientos», el debate se circunscribió a los militantes del PCC, no obstante, su diseño e implementación afectan a toda la ciudadanía. Asimismo, aún no se informan —ni mucho menos se ponen a consulta popular— las modificaciones de este documento rector de la política del país. La transparencia y participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente.

La deuda que crece

Poco antes del pleno del PCC, fue noticia que el Consejo de Estado aprobó un incremento del déficit presupuestario.

El déficit declarado en 2023, según el decreto-ley «modificativo del Presupuesto del Estado» que publicó la Gaceta Oficial, asciende a 98 363 millones 800 000 pesos. La cifra es muy superior a los alrededor de 68 000 millones de pesos acordados.

En resumen, la deuda pública de este año que casi termina, alcanzó los 151 104 millones 900 000 pesos. Este monto es el resultado de la suma entre el déficit presupuestario y el pago de las deudas que vencieron en 2023. La propuesta de poner en ley el incremento del déficit procedió del Consejo de Ministros, a instancias del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

Sobre este tema el economista cubano Pedro Monreal en su página El Estado como tal analizó «En un entorno de crecimiento económico que probablemente sería inferior a 2% en 2024, no cabe esperar a corto plazo que un incremento de ingresos del presupuesto pudiese hacer una contribución significativa a la reducción del déficit. La disminución de gastos sería crucial».

Asimismo, añadió que el Parlamento debería tener más participación en la gestión de los presupuestos «la única decisión económica que en Cuba se adopta en forma de ley de manera repetida cada año es la relativa al presupuesto. Debería existir una comisión permanente de presupuesto en el parlamento cubano. El presupuesto es el “esqueleto” que sustenta la acción del Estado».

Esto significa que el sector presupuestado tiene cada vez menos posibilidades de recuperarse. Mientras esta deuda crezca de año en año, numerosos servicios y actividades que dependen del Estado se verán más limitadas.

Opinamos que elevar el límite del déficit es una mera formalidad, algo inevitable. Es legalizar un hecho que no se puede resolver de inmediato. La verdadera noticia sería el tamaño de la deuda pública, una cifra multimillonaria que resulta inversamente proporcional a cualquier pronóstico de recuperación de la economía cubana. Esta es una señal a tener en cuenta para valorar el éxito de los planes de estabilización anunciados.

Con azúcar ¿hay país?

Es noticia que la actual zafra azucarera podrá garantizar, al menos, el consumo nacional. Eso dijo a los medios oficiales Dionnis Pérez, funcionario del Grupo Empresarial Azcuba.

De los 56 centrales que tiene Cuba, sólo 25 estarán fabricando azúcar. Del resto, 23 producirán «meladura» y ocho quedarán inactivos.

Pérez explicó que últimamente la caña no tiene la calidad requerida y eso se traduce en un rendimiento menor. Añadió, como otra de las razones que explican la escasa producción azucarera, que no se cuenta con los herbicidas y fertilizantes necesarios.

En cualquier caso, a pesar de todo lo expuesto, la zafra será superior a la anterior, podrá abastecer al país y destinar algo a la exportación, aseguró recientemente en la Televisión Cubana Julio Andrés García, el presidente de Azcuba.

Esto significa que la industria azucarera cubana se esfuerza por recuperarse, así sea en indicadores mínimamente rentables. Si, como se anunció, logran abastecer al país y realizar alguna exportación, se habrá dado un paso muy significativo. Esto suena inaudito para el país que alguna vez fue el mayor productor de azúcar del mundo, pero en la situación actual sería una excelente noticia.

Nuestra opinión es que las grandes producciones no volverán a ocurrir. Una industria obsoleta y una agricultura descapitalizada no dejan oportunidades. No obstante, sabiendo que Cuba ya ha tenido que importar azúcar, y que en varias ocasiones ha habido atrasos y reducciones de este producto en la canasta familiar normada, la aspiración de abastecer al mercado nacional es una meta básica que la reducida industria azucarera está obligada a resolver. 

El Estado frente a la violencia de género

Fueron noticia esta semana, también como parte de los informes presentados en el VII Pleno del Comité Central del PCC, las estadísticas oficiales sobre feminicidios y otras violencias motivadas por el género, además de la estrategia de las autoridades para enfrentar este grave problema.

Yamila Peña Ojeda, la fiscal general de la República, informó que hasta el cierre de octubre de 2023 se reportaron 117 muertes violentas de mujeres. La nota no precisa el plazo en que ocurrieron estos crímenes, aunque se infiere que el recuento comenzó a hacerse en 2021.

El 7% de los hechos ocurrieron en viviendas que las mujeres compartían con sus parejas. 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre.

Las cifras no se corresponden con las que manejan los observatorios independientes de violencia de género. Esas organizaciones han verificado 81 feminicidios hasta lo que va de 2023.

Suponiendo que para conformación del dato oficial se haya mantenido la misma metodología implementada en el Observatorio estrenado en junio del presente año, la disparidad se debería a que los registros oficiales cuentan el femi(ni)cidio cuando el proceso es resuelto en tribunales, y los independientes, desde el momento en que hay información suficiente para afirmar que el crimen fue cometido por motivos vinculados al género. Por tanto, esos 117 casos podrían incluir hechos pasados que no tuvieron sentencia firma hasta octubre de 2023.

Asimismo, tampoco hay paridad entre lo que entiende el Estado como femi(ni)cidio y lo que asume el activismo independiente.  

Dice el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) que esta cifra duplica la del año anterior y que, por tanto, 2023 ha sido «el año más mortífero para las mujeres cubanas» desde que existen registros. Alas Tensas añade que Cuba es el país latinoamericano que registra un mayor aumento de feminicidios a la vista de la información disponible en la región.

Teresa Amarelle Boué, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), afirmó en el pleno que los protocolos de actuación para enfrentar la violencia de género no han sido correctamente implementados en el país. Comentó también que se han reportado «situaciones incorrectas» en el actuar de las instancias correspondientes.

En la reunión trascendió que la fiscalía está impulsando la creación de un Registro Administrativo Interoperable que permita registrar y procesar los feminicidios «en tiempo real».

Amarelle Boué reveló que ya se realizá una evaluación mensual sobre la violencia de género, a cargo del Comité Central del PCC y con la participación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo.

Esto significa que el Estado cubano, sus instituciones y organizaciones asociadas, tienen la aspiración de articularse para comprender y resolver la violencia de género. El discurso y las preocupaciones feministas han calado en varios espacios de la política institucional.

Opinamos que todavía no se ve el fruto de las estrategias que están en marcha. Ante el desajuste que hay entre las estadísticas oficiales y las que manejan los observatorios independientes, valdría la pena que ambas partes colaboraran y compartieran la información que manejan.

El único impedimento es que las interlocutoras son organizaciones no reconocidas y sin posibilidades de obtener reconocimiento legal en las circunstancias de Cuba.

Todo indica que hay voluntad política para enfrentar la violencia de género y un compromiso de rendir cuentas sobre este problema. Resolver las contradicciones que impiden que el Estado y los diferentes grupos de la sociedad civil trabajen mancomunadamente sería un buen camino que permitirá hallar soluciones certeras y sostenibles.