El costo de la escalada militar en Irán

La ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ha dejado un saldo provisional de centenares de víctimas y ha reactivado alertas sobre la legalidad del uso de la fuerza y la estabilidad internacional.

Alternativas estratégicas a este escenario, como las negociaciones diplomáticas indirectas entre Washington y Teherán que se llevaban a cabo, la protección de aliados regionales sin intervención directa, y el apoyo a movimientos democráticos iraníes sin injerencia abierta, fueron desestimadas unilateralmente por la administración republicana de Donald Trump.

Esta escalada militar, con implicaciones globales, tiene riesgos inminentes, no solo para el país persa, sino para todo el mundo. Además del agravamiento de la crisis humanitaria, y la radicalización de sectores extremistas a lo interno del territorio, se avecina una desestabilización de los mercados energéticos con el probable cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y una proporción significativa de gas natural licuado.

Diversos diplomáticos y expertos señalan que el inicio de la ofensiva vulnera el marco del derecho internacional y podría encuadrarse como acto de agresión, especialmente cuando incluye la eliminación de altos dirigentes políticos. No hubo autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se ha presentado evidencia pública de un ataque inminente que justificara la legítima defensa preventiva, y las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán estaban en curso al momento del ataque.

En medios y plataformas occidentales se tiende a excusar las agresiones militares porque Irán mantiene un sistema teocrático con severas restricciones a libertades civiles, sobre todo a las mujeres. Organizaciones como Amnistía Internacional documentan represión violenta de protestas, detenciones arbitrarias masivas, incremento significativo de ejecuciones, censura y restricciones informativas. Sin embargo, una situación similar coexiste en varios países de Oriente Medio y Norte de África, algunos de ellos, como Arabia Saudita, aliados de Estados Unidos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha recurrido a la intervención militar como eje de su política exterior, con efectos cuestionables en derechos y estabilidad. En Afganistán, primero armó a facciones extremistas para debilitar a la URSS y, tras la invasión de 2001, prometió una democracia que colapsó con su retirada en 2021, devolviendo el poder a los talibanes y consolidando un régimen de apartheid de género. En Irak, la invasión de 2003 —justificada por armas de destrucción masiva inexistentes— dejó miles de soldados estadounidenses en el terreno y más de 200.000 civiles iraquíes muertos, asimismo, desató un vacío institucional y favoreció el auge del extremismo. En ninguno de los dos casos los derechos civiles y políticos salieron fortalecidos.

A las justificaciones para los ataques a Irán —como el desarrollo de su programa nuclear— se suman a intereses estratégicos históricos en la región: el componente energético, el control de rutas comerciales, la estabilidad de aliados y una arquitectura ventajosa para ellos de seguridad regional.

Un recurso discursivo frecuente para la riposta de las muertes de civiles en este tipo de agresiones es que «el objetivo era militar, por tanto las víctimas civiles eran inevitables». Sin embargo, el derecho internacional humanitario no reconoce el «daño colateral» como categoría eximente. Esta narrativa deshumaniza y diluye responsabilidad, reduce muertes civiles a «externalidades técnicas», evita nombrar víctimas como civiles protegidos por el derecho internacional, y desplaza el debate desde la legalidad hacia la inevitabilidad.

Cuba no está exenta de este peligro, que ahora mismo vive un cerco de combustible por parte de Estados Unidos como mecanismo de presión para que transforme su modelo económico y político. Desde organizaciones opositoras —la mayoría enclavadas en la Florida— se pide una estrategia similar a la adoptada en Irán y Venezuela.

No obstante, las políticas de intervención militar, cuando no están basadas en principios de legalidad internacional, casi siempre han derivado en graves amenazas a la libertad y la democracia. Al socavar las normas internacionales se legitiman prácticas imperialistas bajo el disfraz de la seguridad o la democratización, que terminan desestabilizando los territorios invadidos donde luego proliferan nuevos extremismos y autoritarismos por la falta de institucionalidad y las heridas provocadas por la violencia. Tanto en la guerra como con las sanciones económicas el costo suele pagarlo la sociedad civil.