La inflación se desacelera a mínimos históricos, pero ¿quién la está pagando?

La noticia es que Cuba ha tenido la menor tasa de inflación interanual formalmente reconocida desde la covid, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El cálculo se realizó recolectando aproximadamente 32,000 precios, en 8,159 establecimientos ubicados en 18 municipios de toda Cuba. El 82% de la muestra fueron mercados privados, lo que confirma el impacto que está teniendo este sector en el comercio.

Según el informe, los precios crecieron solo un 0.83% respecto al mes anterior y un 16.43% con respecto a mayo del pasado año.

De acuerdo con la tabla de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los renglones que más crecieron en mayo fueron la educación (1.53 %), los servicios de la vivienda (1.36 %), los alimentos y bebidas no alcohólicas (1.34 %), los muebles y artículos del hogar (1.33 %) y los restaurantes y hoteles (1.40 %). También aumentaron, aunque en menor medida, el transporte (0.50 %), la recreación y cultura (0.45 %) y las prendas de vestir y calzado (0.60 %), mientras que el único grupo que registró una disminución significativa fue el de bebidas alcohólicas y tabaco, con un descenso del 4.74 %.

Según el informe de precios publicado, en mayo los alimentos básicos mostraron variaciones notables. En la capital el arroz se cotizó entre 250 y 340 CUP por libra, mientras el frijol colorado se movió en una banda de 285 a 350 CUP. El pan redondo suave osciló de 25 a 55 CUP la pieza, y el aceite a granel se mantuvo estable en 600 CUP por libra (aproximadamente 500 ML). Para las proteínas de origen animal, la costilla de cerdo rondó entre 800 y 950 CUP la libra, y un huevo se pagó entre 70 y 100 CUP lo que implicaría que un cartón costaría entre 2,100 y 3,000 pesos.

En el caso de frutas y hortalizas, los precios también fueron dispares: el tomate fluctuó de 40 a 200 CUP por libra, el plátano fruta de 40 a 125 CUP y la guayaba de 40 a 120 CUP; el boniato se situó entre 45 y 150 CUP, mientras la cebolla alcanzó un rango de 200 a 520 CUP. Completa el panorama la leche en polvo entera (500 g), cuyo costo varió entre 750 y 1,200 CUP, y el queso blanco, que se vendió entre 550 y 850 CUP la libra.

Igualmente, esta semana fue noticia que, tras seis años sin celebrarse, la Asociación de Economistas y Contadores (ANEC) llevó a cabo su noveno congreso.

El Dr.C Juan Triana Cordoví subrayó que el encuentro llega en un momento crítico para la economía cubana y, sin embargo, apenas dispone de un día y medio de sesiones, tiempo «casi imposible» para abordar la enorme diversidad de problemas acumulados.

En adición reclama transparencia: que se comparta con los delegados —y con la ciudadanía— el «Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», así como datos claros sobre la marcha de los macroprogramas vinculados a cada eje estratégico (equilibrios macroeconómicos, transformación productiva, infraestructura, desarrollo humano). Sin esa información —insiste— el pueblo no puede valorar cuánto más sacrificio se le pedirá ni qué resultados concretos se persiguen.

Triana considera imprescindible un documento público que permita evaluar año a año el avance de la Estrategia de Desarrollo y pide un debate profundo sobre la situación de todo el sistema empresarial. Aunque no espera que el congreso resuelva los problemas, confía en que enriquezca el arsenal de ideas y herramientas para «virar esta tierra de una vez», y adelanta que, dado el contexto, el evento debería funcionar como un congreso permanente de economistas y contadores.

En los reportes de prensa realizados se supo que el congreso cerró con un llamado a traducir la ciencia económica en bienestar social. La plenaria aprobó cuatro pasos inmediatos: incorporar al informe oficial sobre la corrección de distorsiones las recomendaciones consensuadas en el espacio; remitirlas al Gobierno para apoyar ese programa; enviar al Consejo de Ministros una agenda que refuerce la contabilidad; y diseñar un plan de acción que eleve el aporte científico de la ANEC a la política pública.

El ministro de Economía, Joaquín Alonso, también presente en el espacio, retrató con varias cifras la crisis actual: el PIB cayó 10 % en cinco años —contracción comparable con el Período Especial— con desplomes marcados en agricultura e industria. Aunque el ritmo del Índice de Precios al Consumidor se desacelera, los precios siguen fuera de alcance y los salarios —incluso estando muy lejos de cubrir la canasta básica— crecen más rápido que la productividad. Por otro lado, el número de empresas con pérdidas decreció, pero esto responde más a subidas de precios que a eficiencia real.

Para estabilizar la macroeconomía, insistió el ministro, será crucial aumentar exportaciones, reformar el mercado cambiario y recortar el déficit fiscal. El obstáculo inmediato son las tres tasas de cambio que fragmentan la economía y alimentan una dolarización parcial. Sobre su solución solo dijo que: «ya tenemos definidas las acciones para cada etapa, pero el riesgo es alto. Cualquier medida en este ámbito debe garantizar que la tasa de cambio no se dispare, algo muy difícil en un contexto con escasez de divisas y baja oferta mercantil».

Todo ello ocurre en un contexto de profunda desigualdad monetaria las cifras compartidas por el alto funcionario lo ilustran claramente: el 10 % de la población concentra el 60 % del efectivo fuera de los bancos y apenas el 2 % posee más de la mitad de los saldos bancarios.

Las cifras sobre inflación, en principio, significarían un resultado económico positivo, sin embargo, tiene varios matices.

En el informe de precios no figuran otros productos y artículos esenciales para la reproducción de la vida. En el rubro alimentario faltan datos para el pollo —generalmente la proteína animal más consumida—, el azúcar, y los derivados de cereales como la pasta o la harina de trigo; tampoco se reportan los valores de embutidos populares como el perro caliente.

En cuanto a bienes no alimentarios, el documento tampoco incluye artículos de higiene y limpieza indispensables, como jabón de baño o de lavar, detergente, pasta dental, champú… La ausencia de estos precios limita la posibilidad de calcular una canasta básica teniendo en cuenta los precios oficialmente reconocidos.

Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el componente que más impacto tuvo en la inflación mensual. Aunque su crecimiento fue de solo un 1.34 %, su peso en la canasta de consumo —la más alta entre todas las divisiones— provocó que contribuyeran con más de la mitad del efecto total en el incremento del índice general, con un valor de 55.15 puntos.

El «efecto» no representa un porcentaje, sino una medida del aporte absoluto de cada grupo de bienes o servicios a la variación mensual del IPC. Es decir, no se trata solo de cuánto subieron los precios en cada categoría, sino de cuánto influyeron esas subidas —según el peso de cada grupo en la canasta básica— en el aumento global del índice. Por eso, aunque otros renglones hayan tenido variaciones porcentuales similares o incluso mayores, el impacto de los alimentos fue decisivo: su presencia dominante en el gasto cotidiano de las familias hace que cualquier variación en sus precios tenga una repercusión mucho mayor en la inflación total.

Según el economista Pedro Monreal este efecto es preocupante, pero «habrá que esperar por nuevos datos para confirmar una reversión de tendencia en mayo». El arroz, producto básico de la alimentación cubana fue el que más impacto tuvo dentro de la sección de «alimentos y bebidas no alcohólicas».

Monreal también llamó la atención sobre que «el análisis de inflación en Cuba debe partir de la discutible confiabilidad de su medición oficial. No pocos economistas consideramos que la estadística oficial subvalora la inflación en Cuba», lo cual se sustenta en que estos cálculos no tienen en cuenta el precio del dólar en el mercado informal, y de otros productos «topados» que muchas veces terminan vendiéndose «por la izquierda» a precios mayores que los declarados.

Según el destacado economista, aun teniendo en cuenta las cifras oficiales, no hay que cantar victoria. Además del problema de los alimentos «con una economía en plena recesión a corto plazo, con crisis estructural y problemas de liquidez en divisas, no es plausible asumir que los factores del lado de la oferta son favorables a una moderación significativa de la inflación en 2025».

«En condiciones de crisis de oferta y de modesta reducción del déficit fiscal, ha sido la contracción del poder de compra de los hogares (pobreza) lo que parece haber moderado la inflación. El repunte inflacionario mensual de mayo pudiera indicar turbulencias», concluye Monreal.

Su tesis confirma lo que también ha sido publicado acá por otros expertos: la política económica está reduciendo la inflación y el déficit fiscal, comprimiendo la capacidad de compra de las familias cubanas —algo ya de por sí bien deprimido— mediante anclas que presuponen congelar salarios y pensiones incapaces de adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Si se tienen en cuenta los mismos precios publicados, queda en evidencia que ni un salario, ni una pensión mínima podría costear algo tan elemental como un cartón de huevos.

Todo lo expuesto indica que para lograr un sistema económico que sea capaz de incrementar la producción a la par del bienestar social es necesario una reforma integral de la economía, y propuestas no han faltado.

En el mismo el Congreso de la ANEC se dio a conocer que el Premio Nacional Raúl León Torras, máxima condecoración que otorga la organización a un resultado científico, se dio a la obra Empresas Estatales Cubanas: Situación y Propuestas de Transformación.

La investigación es producto de un colectivo coordinado por los economistas Leandro Zipitría Deambrosio e Ileana Díaz Fernández, y reúne trabajos de expertos de muy diversas posturas: José Antonio Alonso, Julio Carranza Valdés, Jorge Ponce Moreno, Ricardo Torres Pérez, Alejandro Moya, Ricardo González Águila, Carlos Lage Codorniu, Óscar Fernández Estrada y Joel Marill Domenech, además de los compiladores.

El texto también aborda el problema de la inflación. La interpreta como el resultado de déficits fiscales financiados con emisión y de medidas coercitivas externas, además de otros choques que conformaron «una tormenta monetaria perfecta».

También se advierte —como lo hace Monreal— que los registros oficiales pueden subestimar el fenómeno porque «la existencia de controles de precios y segmentación de mercados impide que desajustes en el mercado monetario se manifiesten única o esencialmente a través de la inflación», lo que desplaza parte de la presión hacia «inflación reprimida, ahorro forzoso […] y presiones a una mayor inconvertibilidad de la moneda». Sentencia que mientras persistan el financiamiento del déficit público con emisión de dinero, la depreciación acelerada del peso y la creciente dolarización, las expectativas seguirán alimentando nuevas rondas inflacionarias.

Por otro lado, tras un diagnóstico que subraya la escasa autonomía directiva y los pocos incentivos creados por la planificación centralizada, los autores coinciden en que la empresa pública perdió competitividad y se convirtió en un obstáculo para el crecimiento. El libro muestra cómo la rigidez normativa y la ausencia de mercados funcionales han provocado la disminución de la productividad y alimentado distorsiones que se transmiten a toda la economía.

Sin embargo, la obra no se queda en la crítica, hace propuestas articuladas en tres frentes:

Primero, retipificar las entidades económicas: «parece perfectamente posible, e incluso deseable, la coexistencia de diferentes modelos de gestión». Se sugiere una nueva tipología con cuatro grupos: empresas mercantiles (expuestas a la quiebra y orientadas a la rentabilidad), empresas respaldadas (maximizadoras de bienestar social con subsidio público), empresas monopolio (reguladas en precio) y entidades de administración pública.

Segundo, transformar la empresa estatal implica replicar lecciones de China y Vietnam: descentralizar la agricultura permitiendo a los campesinos vender el excedente a precios liberados; cambiar la meta de «cumplir el plan» a «obtener beneficios»; establecer precios duales para que las firmas «puedan retener las ganancias», y crear un entorno donde «estos incentivos, que surgen de la competencia» sean clave para la correcta asignación de los recursos.

Tercero, reformar la gobernanza: crear un holding estatal único que concentre la propiedad y exija disciplina financiera, dotar a cada empresa de juntas directivas profesionales e independientes con representación técnica y laboral, firmar contratos de gestión que fijen metas medibles, bonos y sanciones, y, con ese entramado, clarificar quién decide y quién rinde cuentas en la empresa pública.

Cabe destacar que algunas de estas propuestas están recogidas en el borrador de la Ley de Empresas, que sigue pospuesta a aprobación.

El mensaje de conjunto que se expone en la nota de contracubierta del título debería ser la base de los análisis económicos que se hagan en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba: «las conquistas sociales están en juego, y sostenerlas requiere adoptar cambios audaces, pero no novedosos. Otras economías socialistas han implementado reformas que les han permitido desarrollarse sin con ello resignar su concepción de la sociedad. Las demoras en introducir reformas ni combaten el bloqueo ni satisfacen las necesidades sociales».

Nuestra opinión es que el gobierno cubano, teniendo propuestas que vienen de sus propias organizaciones e instituciones, ha preferido mantener el orden actual de las cosas poniendo parches que afectan duramente la vida del cubano.

La inflación se está reduciendo, pero sobre la base de que muchas familias se estén mal alimentando por no poder acceder con el fruto de sus trabajos a una canasta básica de bienes y servicios, cuyos precios hoy superan con creces el salario medio de la Isla.

Un Estado que se dice socialista pero que controla la inflación sobre la base del empobrecimiento de su ciudadanía, tiene, como mínimo, una política económica profundamente incoherente con los principios que enarbola.

El PCC nunca podrá decir que le faltaron soluciones. Las propias universidades estatales las han producido a montones; lo único que falta es voluntad para implementarlas, y los costos de esa tozudez los está pagando toda la población.