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La noticia es que se dieron a conocer en la Gaceta Oficial de la República las resoluciones 328 y 329 del Ministerio de Finanzas y Precios que reducen o eliminan los impuestos aduaneros para la entrada a Cuba de materias primas, insumos y bienes intermedios, priorizando su uso en actividades productivas, particularmente en la generación de alimentos y el sector agropecuario.
Según Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, la actualización de las normativas «tiene como objetivo reducir los costos de importación a través del tratamiento arancelario y crear un mejor entorno para las importaciones de bienes que son intermedios, insumos, materias primas, que favorezcan la reanimación o potenciación de producciones que podemos tener estancadas y otras que tenemos que potenciar».
La Resolución 328/2024 establece una bonificación del 50% en el pago del Impuesto Aduanero para la importación de materias primas, insumos y bienes intermedios destinados a procesos productivos, con énfasis en la producción de alimentos y la agricultura. Esta bonificación es gestionada previa solicitud al Ministerio, acompañada de documentación específica, como detalles del contrato, características de las mercancías y su destino productivo.
Este beneficio fiscal está disponible para actores económicos estatales y no estatales, quienes deben gestionar su solicitud al Ministerio de Finanzas y Precios, en algunos casos a través de empresas importadoras.
La resolución detalla los requisitos para acceder al beneficio, como la presentación de una carta de solicitud junto con información precisa de la entidad importadora y destinataria, incluyendo datos de identificación tributaria, domicilio fiscal, contactos, y número de contrato de compraventa internacional. Además, se requiere una descripción técnica y clasificada de las mercancías, fundamentación sobre su uso en el proceso productivo y el producto final esperado, así como la ubicación del sitio donde se realizará la producción.
Con esta normativa el gobierno busca reducir los costos de producción en sectores estratégicos, facilitando el acceso a insumos esenciales y fortaleciendo la capacidad productiva del país. Adicionalmente, la resolución deroga la Resolución 7/2024, ajustando y ampliando los procedimientos para garantizar una gestión más eficiente y enfocada en las prioridades económicas actuales. «En esta ocasión, la resolución 328 hace una actualización del término de respuesta con el que cuenta nuestro ministerio para poder procesar las solicitudes que nos presenten individualmente para cada proyecto en cuestión», explicó en televisión nacional Regueiro Ale.
Al aliviar las cargas fiscales, se apunta a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los procesos productivos en un contexto de limitaciones económicas.
Por su parte, la Resolución 329/2024 «exime del pago del Impuesto Aduanero, hasta el 31 de diciembre de 2025, a los actores económicos que importen mercancías con destino a procesos productivos o para su aseguramiento a esas producciones».
Esta medida incluye una lista específica de insumos y productos clave, como maquinaria agrícola, fertilizantes, semillas, insumos industriales, antibióticos y hormonas, materiales de construcción, envases, harinas, aceites, azúcar entre otros productos detallados en un anexo único. Paralelamente exige a los beneficiarios presentar informes cuatrimestrales sobre el impacto de esta exención en la reducción de costos y precios de los productos finales, así como de la eficiencia de los procesos productivos.
Estos informes deben entregarse en fechas específicas: 15 de mayo, 15 de septiembre y 15 de enero del siguiente año.
Además, el Ministerio de Finanzas y Precios, en coordinación con la Aduana General de la República, se encargará de supervisar el uso de los beneficios otorgados para garantizar su correcta aplicación y evaluar los resultados asociados.
Esta resolución forma parte de un conjunto de medidas adoptadas para revitalizar la economía, reducir el costo de los productos en el mercado y optimizar el aprovechamiento de instalaciones y maquinarias disponibles, en un contexto económico caracterizado por limitaciones financieras y desafíos estructurales.
La exención fiscal también busca fomentar la sostenibilidad y la autosuficiencia en sectores prioritarios, apoyando tanto a las empresas estatales como a las privadas en su contribución al desarrollo económico del país.
Estos incentivos están destinados exclusivamente a materias primas, insumos y bienes intermedios, no a productos de consumo final, con el objetivo de impulsar la creación de mayor valor agregado dentro de la economía nacional.
Esto significa que el gobierno cubano intenta responder a la crisis productiva que enfrenta el país mediante incentivos fiscales dirigidos a reducir los costos de importación de insumos esenciales. Estas medidas buscan reactivar sectores estratégicos muy deprimidos como la producción agropecuaria y alimentaria. Las resoluciones 328 y 329/2024 apuntan a facilitar el acceso a materias primas, bienes intermedios y maquinaria necesaria para promover procesos productivos que generan valor agregado en la economía nacional.
También introducen procedimientos específicos para gestionar los beneficios fiscales, como la presentación de solicitudes para bonificaciones y el cumplimiento de reportes sobre los impactos económicos, lo que refuerza la necesidad de transparencia y eficacia en su implementación.
La producción agropecuaria en Cuba ha estado profundamente afectada durante años por la escasez de insumos esenciales, altos costos de producción, limitaciones en el acceso a recursos y trabas burocráticas. Estas carencias han reducido la capacidad productiva del sector, generando una dependencia cada vez mayor de importaciones y dificultando la autosuficiencia alimentaria del país.
Los efectos provocados por esa situación han repercutido directamente en el aumento de los productos alimentarios, agravando la emergencia. Un cálculo del economista cubano Omar Everleny estimó que dos personas necesitan 19 975 CUP al mes solo para adquirir alimentos básicos. Una cifra muy distante a los ingresos promedios de la población, al menos en el sector estatal.
Nuestra opinión es que estas resoluciones son pasos positivos para mitigar la crisis económica que enfrenta el sector agropecuario en Cuba, pero su efectividad dependerá de una implementación ágil y transparente.
La implementación tardía de medidas para atender las demandas de este sector pone de manifiesto una desconexión entre las necesidades reales y las políticas gubernamentales. Si la emergencia alimentaria lleva años agravándose ¿por qué no se tomaron antes?
Este desfase entre las políticas y las demandas del sector no solo ha profundizado la crisis agropecuaria, sino que también ha debilitado la confianza de los productores en las acciones gubernamentales.
Aunque los incentivos fiscales pueden reducir costos de producción y dinamizar actividades medulares, el éxito de estas medidas estará condicionado por la capacidad de los actores económicos para cumplir con los requisitos establecidos y por el nivel de apoyo gubernamental en la gestión de recursos.
Es fundamental garantizar que estos beneficios se traduzcan en un impacto tangible en la producción nacional y en la disponibilidad de alimentos para la población, evitando impedimentos que obstaculicen el alcance de estas normativas. Solo mediante acciones sostenidas y urgentes, dirigidas a resolver las necesidades de los campesinos y demás actores del sector, será posible avanzar hacia una seguridad alimentaria real en Cuba. Las medidas recién aprobadas allanan el camino, pero deben implementarse muchas otras más.
