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La noticia es que Heidy Sánchez Tejeda, una madre cubana, fue deportada desde Tampa el 24 de abril de 2025, separándola abruptamente de su hija de un año de edad (ciudadana estadounidense) y de su esposo, también ciudadano de Estados Unidos.
La deportación de Sánchez ocurrió tras presentarse a una cita rutinaria con Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que fue arrestada sin tiempo siquiera de despedirse de su familia. La trasladaron a un centro de detención y fue enviada en un vuelo a La Habana junto a otros 81 cubanos, dejando a su bebé lactante detrás.
El caso, con amplia repercusión pública, expone la cruel realidad de la política migratoria actual de EE.UU., en uno de los episodios más traumáticos de una cadena de deportaciones que parece no tener fin.
Heidy Sánchez Tejeda llegó a EE.UU. en 2019 tras cruzar la frontera sur y pedir asilo. Fue inscrita en el programa «Permanezca en México» (MPP) y tuvo que esperar sus audiencias en territorio mexicano. Debido a la violencia en la zona fronteriza, no pudo asistir a una de sus citas en la corte, y al reingresar a EE.UU. fue detenida durante nueve meses.
Por problemas de salud no apeló la orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, quedando oficialmente con orden de expulsión desde 2019. Sin embargo, en aquel momento Cuba no aceptaba vuelos de deportación, por lo que las autoridades la liberaron bajo supervisión de ICE, mediante el formulario I-220B.
A pesar de tener una orden de deportación vigente, Heidy construyó una vida en suelo americano. Se casó con Carlos Yuniel Valle —cubano naturalizado estadounidense—, consiguió un permiso de trabajo y se empleó como asistente de salud domiciliaria. La pareja tuvo en 2024 a su hija (concebida por fertilización in vitro), quien sufre convulsiones y requiere lactancia materna.
En paralelo, Carlos presentó en 2023 una petición de residencia para su esposa ante las autoridades migratorias, pero no obtuvieron respuesta. Durante años, Heidy cumplió estrictamente con sus chequeos regulares ante ICE, confiando en resolver su estatus legal sin ser separada de su familia.
Esperanza que fue bruscamente tronchada los días anteriores, cuando según relató su abogada, Claudia Cañizares, ICE adelantó sin aviso la cita de supervisión que Heidy tenía originalmente programada para mayo.
«Nos tomó por sorpresa, primero que le adelantaran la cita y segundo, la forma en que la trataron. La usaron como una estadística más, un número con el cual tenían que cumplir», considera Cañizares.
El padre de la niña y esposo de Heidy, Carlos Valle, inició una campaña de recolección de firmas para que se conceda un permiso humanitario y pueda volver a reunirse con su familia.
Valle publicó en su perfil de Facebook: «¿Dónde están los derechos humanos de este país? Ella no se merece estar pasando por esto. Responde, María Elvira Salazar, que no has querido pronunciarte en este caso».
Salazar, quien en un momento anterior ante un caso similar afirmó: «He pedido a ICE que no detenga a cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales y cuyas solicitudes de asilo estén pendientes (…) Si vuelve a ocurrir, lucharé por ellos», luego de varias solicitudes, finamente se pronunció:
«Estamos al tanto del caso de Heidy Tejeda y fuimos contactados por su abogada. Según las reglas de la Cámara de Representantes, los casos fuera de mi distrito congresional en Miami deben ser remitidos al representante correspondiente. Casos como este demuestran por qué el Congreso debe aprobar mi Ley de Dignidad (Dignity Act): para aportar compasión, orden y una reforma largamente esperada a nuestro sistema migratorio roto».
Por su parte, la congresista Kathy Castor, representante del distrito 14 de Florida, ha tenido un rol destacado en el caso de esta familia. Castor calificó la deportación como un acto «cruel e ilegal» y una «mancha profunda» en la administración Trump. En una carta dirigida al presidente, instó a conceder un permiso humanitario para facilitar el regreso de Sánchez a EE.UU.
Asimismo, la congresista demócrata enfatizó que la separación abrupta de Sánchez de su hija lactante y su esposo, ambos ciudadanos estadounidenses, fue traumática, y que la bebé requirió hospitalización tras la deportación.
El gobierno cubano hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la deportación de Sánchez Tejeda.
En paralelo, esta semana el Congresista Carlos Giménez volvió a arremeter contra los cubanos residentes en Estados Unidos, supuestos «testaferros del régimen». «No tendrán la paz que le negaron a sus compatriotas que tanto torturaron en Cuba. No tienen cabida en USA. Van para afuera», afirmó el representante republicano, quien ha apoyado la «iniciativa» en Miami de tener a disposición un número para delatar a los presuntos colaboradores.
Giménez también afirmó que «está recibiendo denuncias de supuestos “artistas” y agentes de opinión de la dictadura de #Cuba que han llegado a Estados Unidos para llevarle dólares al régimen. El tener una visa para entrar a USA es un privilegio y será revocada. Están avisados».
No queda claro si esta respuesta esté relacionada con protestas por la negación de visas a estudiantes cubanos de la Escuela Nacional de Arte, quienes visitarían la Escuela Secundaria Berkeley para un intercambio cultural.
Esto significa que las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump no muestran reparos ni sensibilidad ante las circunstancias de los migrantes, arrasando con miles de personas —incluidas madres— sin distinguir su nivel de integración, historial legal o situación familiar.
El segundo mandato de Trump, iniciado en enero de 2025, trajo un giro drástico en materia migratoria. Desde el primer día, revirtió las directrices más favorables de la administración previa y potenció las detenciones y deportaciones de migrantes en situación irregular.
El presidente firmó órdenes ejecutivas orientadas a acelerar expulsiones, limitar protecciones y facilitar la deportación de inmigrantes, consolidando así su política de mano dura contra la migración.
Dentro de este endurecimiento general, los migrantes cubanos pasaron a ser objetivo de deportación, rompiendo con prácticas más complacientes del pasado. Históricamente los cubanos contaban con políticas especiales como «pies secos/pies mojados» y la Ley de Ajuste Cubano (CAA), que les permite obtener la residencia al año y un día de estar en EE.UU. si fueron legalmente admitidos.
Sin embargo, cientos de miles entraron por la frontera y tras unos días detenidos fueron liberados bajo formas I-220A o I-220B, que parecían ser aleatorias en su entrega. Estas formas —Order of Recognizance (I-220A) y Order of Supervision (I-220B)— permiten salir de custodia bajo ciertas condiciones, pero no otorgan estatus legal ni protegen de la deportación.
Al asumir Trump, los titulares de I-220A/B fueron inmediatamente tratados como deportables. Aunque la ofensiva era supuestamente contra «delincuentes», en la práctica está siendo una redada que no distingue casos de manera individual.
El caso de Heidy no es aislado, lamentablemente. Apenas un mes antes, en marzo, ocurrieron en Florida una serie de detenciones de jóvenes con formulario I-220A. Una de las primeras detenidas fue la cubana Mailén González, cuyo caso desató protestas de la comunidad cubana en Miami exigiendo su liberación. Al día siguiente se conocieron más arrestos de personas que iban por un aparente trámite formal.
Hasta finales de 2024 permanecían en Estados Unidos 42,084 cubanos con orden final de deportación bajo libertad supervisada. En cuanto a vuelos procedentes directamente de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, ya se han realizado cuatro, el último ocurrió el 24 de abril y trajo de vuelta a 82 migrantes.
Trump durante su anterior presidencia ya había impuesto un récord histórico al enviar a 3,385 cubanos de regreso a la Isla, una cifra que supera ampliamente las deportaciones realizadas por George W. Bush (416) y Barack Obama (341). Incluso excede el total registrado durante el mandato de Joe Biden, quien en 42 vuelos retornó a 978 cubanos.
Pero el fenómeno no se limita a cubanos. A finales de abril, abogados de inmigración denunciaron casos de madres centroamericanas deportadas con hijos ciudadanos estadounidenses. En un caso, una embarazada fue detenida en una oficina de ICE con otras madres y sus hijos, y enviadas a Honduras.
Tom Homan, encargado de la política fronteriza bajo Donald Trump, sostuvo que «tener un hijo ciudadano estadounidense no te exime de cumplir nuestras leyes», subrayando que estas mujeres estaban en el país sin estatus migratorio legal.
Estas deportaciones han desatado serias dudas sobre los criterios aplicados y el atropello de derechos fundamentales en un país que se proclama tierra de libertad.
Nuestra opinión es que las políticas migratorias de Trump no deberían sorprender a una comunidad que lo apoyó, a pesar de que, al menos en materia de emigración, nunca le faltó sinceridad.
Los cubanos durante muchísimo tiempo gozaron de un «privilegio migratorio» en Estados Unidos con políticas que les permitían regularizar rápidamente su situación, a diferencia de los migrantes de otros orígenes. Esto hizo que parte de esta comunidad se considerara superior al resto de los migrantes y no lo pensara dos veces para apoyar a políticos abiertamente xenófobos como Trump.
Al parecer, dicho privilegio hoy se tambalea. Quedará por ver qué efectos tendrán las deportaciones y redadas, claramente inhumanas, en el apoyo de esta comunidad al presidente republicano, que además ha manifestado su intención de reelegirse para un tercer mandato, aunque las leyes de su país lo impiden.
Mientras tanto, congresistas como María Elvira Salazar, que han hecho carrera política con el slogan de ser «la voz de los hispanos en Estados Unidos», abordan estos casos violatorios con una pasmosa timidez, que contrasta con las «denuncias enérgicas» cuando se violan los derechos humanos en países tildados de «comunistas» como Cuba y Venezuela.
También opinamos que el gobierno cubano debería implementar una política de apoyo a los deportados. Algunos de ellos vendieron sus casas para pagar los altos precios de las rutas migratorias informales. Cuando retornan ¿dónde están viviendo? ¿Cómo se están reinsertando en la sociedad cubana? ¿Quién está atendiendo las secuelas psicológicas de la deportación? Es un tema del que poco se habla y sobre el que deberíamos tener una conversación pública.
La emigración es un drama humano, casi siempre motivado por la búsqueda de un futuro mejor ante condiciones hostiles y situaciones de pobreza en los países de origen; implica dolorosos procesos de desarraigo, separación familiar, vulnerabilidad. Por lo tanto, en todos los casos, debería primar la humanidad y la empatía.
