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La noticia es que el gobierno de Estados Unidos restableció parte de los fondos que habían sido congelados para programas de «promoción de la democracia» en Cuba, mientras impuso nuevas restricciones a embarcaciones comerciales procedentes de la Isla.
Según reportes recientes, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) reactivó financiamientos dirigidos a fortalecer la «sociedad civil» cubana, lo que implica que actores opositores recibirán nuevamente apoyo económico para sus iniciativas.
De acuerdo con El Nuevo Herald, algunas plataformas fueron notificadas de que su subvención ya no estaba cancelada, aunque el contrato aún está bajo revisión debido a la orden ejecutiva que suspendió durante 90 días los programas de ayuda exterior.
El congresista Mario Díaz-Balart, al referirse a la decisión de cerrar las estaciones de Radio y TV Martí, aseguró que algunos fondos previamente suspendidos están siendo restituidos a las organizaciones. «Que todo el mundo se calme, esto no es el fin del mundo, las cosas esenciales se van a seguir financiando y pagando», afirmó. Según Díaz-Balart, entre esas prioridades se encuentran «la comunicación hacia y con el pueblo cubano» y el respaldo a «los grupos que están ayudando a la causa de la libertad».
Esta decisión revierte parcialmente el recorte anunciado meses atrás, cuando la administración Trump paralizó estos programas bajo el argumento de optimizar el gasto público. En aquel momento, el secretario de Estado Marco Rubio justificó la medida asegurando que se trataba de una estrategia de «racionalización del gasto federal» y que se estaba revisando el impacto real de estos fondos.
Sin embargo, la presión de congresistas y medios asociados a la disidencia cubana influyó en la reconsideración del financiamiento.
Esto significa que el restablecimiento de algunos fondos por parte del Departamento de Estado de EE.UU. permitirá reanudar el trabajo de medios de comunicación independientes cubanos, proyectos de ayuda humanitaria y programas de apoyo a presos políticos en la Isla.
Históricamente, USAID y la NED (Fundación Nacional para la Democracia)han canalizado millones de dólares para proyectos dirigidos a la «promoción de la democracia» en Cuba, bajo un marco legal establecido por leyes como la Helms-Burton y la Torricelli, que buscan la transición política en la Isla. Sin embargo, estos fondos han sido utilizados en iniciativas que incluyen desde el financiamiento de medios de comunicación con una línea editorial abiertamente opositora, hasta programas de capacitación y apoyo logístico a activistas y organizaciones disidentes.
Desde La Joven Cuba en su momento advertimos sobre el inminente restablecimiento del financiamiento: «los fondos para financiar a los cubanos favoritos de la Casa Blanca estarán disponibles muy pronto. Marco Rubio se asegurará de eso». Esta restitución parcial no solo confirma esa predicción, sino que deja claro que, a pesar de los discursos sobre austeridad, la estructura de financiamiento a la oposición cubana sigue siendo una prioridad dentro de ciertos sectores del establishment estadounidense.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones para las embarcaciones comerciales que hayan atracado en puertos cubanos, limitando la entrada de dichos barcos a territorio estadounidense durante un período determinado.
La medida, que entrará en vigor el 2 de abril de 2025, ha sido presentada como una estrategia para proteger el territorio estadounidense de posibles amenazas terroristas, dada la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
Según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Inc., esta nueva política podría aumentar los costos de transporte, desincentivar a los exportadores estadounidenses y reducir la disponibilidad de productos básicos en la Isla. Por su parte, el gobierno cubano expresó su rechazo a estas restricciones, calificándolas como una intensificación de las medidas unilaterales coercitivas que afectan directamente al comercio y al abastecimiento de bienes esenciales para la población.
Además, la reciente presencia de un destructor de la Marina estadounidense en el Golfo de México ha sido considerada por La Habana como una provocación, aumentando la tensión entre ambos países.
Al respecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla comentó: «Rechazamos despliegue de destructor de #EEUU en Golfo de #México para supuestamente combatir tráfico ilegal de drogas. Esta presencia militar en la zona representa una amenaza a la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe».
Dicha medida podría impactar en las exportaciones estadounidenses de alimentos y productos médicos a Cuba, las cuales habían experimentado un aumento en enero de 2025. Aunque la venta de estos bienes está autorizada, las nuevas sanciones podrían encarecer los costos logísticos y afectar la disponibilidad de productos en la Isla, precio que al final terminará pagando la población civil.
También ha sido noticia esta semana que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar intercedió por los cubanos con el parole I-220A que están detenidos y enfrentan procesos de deportación.
Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, Salazar solicitó a las autoridades de inmigración que se tomen en cuenta las condiciones políticas y económicas de Cuba antes de devolver a estos migrantes a la Isla.
Asimismo, comentó en su cuenta en X: «¡No me olvido de los cubanos con I-220A!… Pueden estar seguros de que no desistiré de esta pelea y que estoy pidiendo a gritos que les den el Parole in Place». La congresista, representante del discurso de línea dura contra Cuba, aboga por una reforma que garantice protección a quienes han llegado a Estados Unidos en busca de asilo, pero sin permitir un uso descontrolado del sistema de parole.
Esto significa que el parole I-220A ha sido un tema de controversia en la política migratoria estadounidense, especialmente en el contexto actual. A diferencia del parole humanitario especial que se otorgó a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, el I-220A no otorga estatus legal definitivo, sino una liberación condicional mientras se procesan los casos de asilo o deportación.
Desde que la administración Trump endureció las políticas migratorias, muchos cubanos han sido detenidos nuevamente, lo que ha generado incertidumbre entre quienes ya estaban dentro de EE.UU. y esperaban regularizar su estatus.
El pasado 27 de febrero aterrizó en el aeropuerto de La Habana un vuelo con 104 ciudadanos cubanos deportados desde EE.UU. Fue el segundo vuelo de este tipo desde el ascenso de Trump, y se suma a otras 11 devoluciones de cubanos desde distintos países de la región en lo que va de 2025, sumando un total de 296 personas deportadas.
Las recientes deportaciones de migrantes cubanos bajo acuerdos bilaterales entre Washington y La Habana han incrementado el temor dentro de la comunidad exiliada, especialmente para quienes aún tienen casos abiertos en las cortes de inmigración. Ya el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había recalcado que «Cuba está abierta a asimilar devoluciones de migrantes, pero siempre dentro de los términos acordados», estos incluyen «compromisos como la emisión de un mínimo de veinte mil visas anuales para cubanos, la devolución a Cuba de personas interceptadas en alta mar y vuelos de deportación para aquellos que Estados Unidos considera que tienen una estancia irregular en su territorio».
La intervención de la congresista María Elvira Salazar demuestra su necesidad de responder a las demandas de la comunidad exiliada en Florida. Su discurso refleja la tensión dentro del propio Partido Republicano en torno a la política migratoria, donde las medidas de Trump chocan con las preocupaciones de legisladores que dependen del voto de comunidades inmigrantes.
Nuestra opinión es que mientras EE.UU. suaviza algunas restricciones para el financiamiento de la disidencia cubana, impone otras medidas que afectan a la Isla y añade más presión a la ya debilitada economía y a la gente. Mientras tanto, los migrantes cubanos afectados por el limbo legal de la política migratoria siguen enfrentando el riesgo de deportación a la Isla, sin claridad sobre su futuro.
Con respecto al restablecimiento de fondos, se confirma que más allá de los discursos sobre eficiencia y reducción del gasto, las prioridades políticas en relación con Cuba siguen pesando en la toma de decisiones del gobierno estadounidense.
Lo cierto es que a lo largo de los años los recursos destinados a estos fines han sido cuantiosos, sin que se logren cambios estructurales significativos en la Isla, lo que pone en cuestión la verdadera eficacia de estos programas y su impacto real en la vida de los cubanos.
Mientras EE.UU. reabre los grifos para proveer a la oposición en Cuba, se mantienen y establecen sanciones económicas que empeoran la calidad de vida de los ciudadanos de a pie. Las restricciones para las embarcaciones comerciales refuerzan una política que históricamente ha buscado asfixiar la economía cubana como herramienta de presión política.
La restitución de fondos a USAID y NED responde a la presión de sectores políticos en el Congreso, pero al mismo tiempo, el endurecimiento de las restricciones comerciales y migratorias muestra que la administración norteamericana sigue utilizando a Cuba como una herramienta de presión en su política interna. Y en ese tira y jala, la soga se sigue rompiendo por el lado más débil.
