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La noticia es que esta semana, los activistas opositores cubanos José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez regresaron a prisión tras la revocación de las licencias extrapenales que les habían sido concedidas el 30 de marzo de 2025, como parte de un proceso de excarcelaciones negociado entre el Vaticano y el gobierno de Cuba. Ambos líderes opositores fueron trasladados nuevamente a centros penitenciarios tras ser notificados del incumplimiento de las condiciones impuestas en su liberación.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha enfrentado numerosos procesos judiciales y periodos de detención en los últimos años. Fue arrestado inicialmente en 2003, durante la ola conocida como la Primavera Negra, y condenado a 25 años de prisión por «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado». En 2011 fue excarcelado bajo una licencia extrapenal como parte de un acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica, que permitió la liberación de decenas de presos políticos.
Posteriormente, en octubre de 2019, Ferrer fue detenido nuevamente en Santiago de Cuba y acusado de «lesiones», «privación de libertad» y «atentado» en relación con un presunto incidente violento con un ciudadano cubano cercano a su organización.
El activista denunció que las acusaciones formaban parte de una campaña política en su contra, y que había sido sometido a malos tratos y tortura durante su detención, mientras que el Estado cubano negó estas afirmaciones publicando un video en el que se le veía autolesionarse con una mesa, y una lista de presuntos delitos que incluía violencia hacia sus exparejas y otros miembros de su organización.
En 2020 Ferrer fue condenado a cuatro años y medio de prisión domiciliaria bajo estrictas condiciones de comportamiento. El 11 de julio de 2021, en el contexto de las protestas, fue arrestado nuevamente cuando intentaba participar en las manifestaciones en Santiago de Cuba. De acuerdo con la información difundida por su familia y por medios no estatales y extranjeros, Ferrer fue interceptado en las inmediaciones de su vivienda y posteriormente recluido en la prisión de Mar Verde. Durante su reclusión, sus familiares denunciaron que se encontraba incomunicado, sometido a condiciones de aislamiento y que su salud física y mental se deterioraba progresivamente.
Félix Navarro Rodríguez, por su parte, también fue arrestado en el marco de las protestas del 11J. Navarro, quien ya había cumplido condena tras su detención en 2003 durante la llamada Primavera Negra, fue detenido junto a su hija Sayli Navarro el 12 de julio de 2021, según reportes de prensa, cuando se presentaron en una estación de policía de Perico, Matanzas, para conocer la situación de manifestantes arrestados.
Ambos opositores habían sido liberados el 30 de marzo de 2025 mediante el otorgamiento de licencias extrapenales, mecanismo que permite la excarcelación temporal de condenados bajo condiciones específicas, como mantener una «conducta adecuada» y no reincidir en delitos.
José Daniel Ferrer había declarado públicamente tras su salida, que no acataría las restricciones impuestas que implicaban «ir a un tribunal a firmar mensualmente» y trabajar donde lo ubicaran. «Yo no tengo tiempo para vender tomates ni sembrar lechuga, mi tiempo es para luchar por la libertad y la democracia», afirmó en aquel momento.
Durante su breve estancia fuera de prisión, la figura principal de la UNPACU continuó su activismo político. Además de las denuncias al gobierno y la petición de más sanciones a la comunidad internacional, publicó en sus redes otras acciones que fueron desde ayudas humanitarias a personas en situación de vulnerabilidad con apoyo de fondos como el de la Logia Masónica de la Florida, hasta la reunión con Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en la Isla.
Luego del encarcelamiento, el Tribunal Supremo Popular de Cuba a través de una nota oficial declaró que la revocación de las licencias extrapenales otorgadas a José Daniel Ferrer y Félix Navarro se produjo tras constatarse «el incumplimiento grave de las obligaciones» establecidas en dicho régimen jurídico.
Según el comunicado, ambos activistas incurrieron en «comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico y en conductas que alteraron el orden público», y enfatizó que «la concesión de la licencia extrapenal no extingue la sanción impuesta ni exime de su cumplimiento», por lo que la revocación obedecería estrictamente al marco jurídico vigente.
El Tribunal Supremo acusó a Navarro que «de en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución del Tribunal Municipal Popular de Perico», y a Ferrer de no presentarse a las citas reglamentarias para mantener su excarcelación.
El reporte oficial concluye que «aunque no forma parte de este proceso, los sancionados mencionados, además de incumplir lo ya explicado, son personas que de forma pública hacen llamados en sus entornos sociales y digitales, al desorden, el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba». No obstante, luego aclara que «las revocaciones dispuestas en este momento, no guardan relación directa con estas conductas»
Las reacciones no se hicieron esperar, además de las denuncias de varios medios y activistas de oposición y periódicos internacionales, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó «el tratamiento brutal y la injusta detención de los cubanos patriotas».
Por su parte, la Unión Europea (UE), a través de un portavoz de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, lamentó el encarcelamiento de los opositores e instó «a las autoridades a revisar estas decisiones y a liberar a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión».
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano declaró rechazar «enérgicamente la declaración injerencista e irrespetuosa de la UE, sobre temas de soberanía nacional en los que no tiene derecho ni autoridad moral; desconociendo la verdad y la información ofrecida por el Tribunal Supremo Popular».
Esta semana también fue noticia la liberación de Yadiel Hernández, colaborador del medio opositor 14ymedio, quien había sido detenido en Cienfuegos el 15 de abril de 2025 mientras investigaba un supuesto caso de tráfico de drogas en un preuniversitario.
No obstante, se mantiene en prisión José Gabriel Barrenechea, también integrante del staff de 14ymedio, privado de libertad desde el 8 de noviembre de 2024. Su detención se produjo tras participar en una protesta pacífica en Encrucijada, Villa Clara, motivada por prolongados apagones eléctricos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado su detención y las condiciones de su encarcelamiento.
Esto significa que la relación entre el Estado cubano y los activistas opositores y medios opositores continúa siendo tensa y sin señales de una solución a corto plazo.
El gobierno cubano justifica sus acciones alegando que ciertos activistas y periodistas están subordinados a los intereses de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos. En un artículo publicado por Cubadebate esta semana se acusa al jefe de la Embajada de EE. UU. en La Habana de mantener una «conducta injerencista» que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al incitar a ciudadanos cubanos a «actuar contra el Estado y las autoridades, a convertirse en críticos de las políticas oficiales y en generadores de inconformidad».
«El Encargado de Negocios, como todo funcionario extranjero, está obligado a respetar las leyes cubanas, pero disfruta de inmunidad diplomática, que lo exime de tener que enfrentar personalmente la actuación de las autoridades en cumplimiento y aplicación de la ley. Sin embargo, los ciudadanos a los que él incita no gozan de ese privilegio, menos aun cuando él mismo acompaña sus incitaciones con promesas de retribución material, financiera o de otra índole, y cuando esta se ejecuta de manera directa o indirecta», agrega el texto.
Por su parte, el activismo opositor y organizaciones de derechos humanos aliadas a este denuncian la falta de espacios legales para expresar el disenso y el uso del sistema judicial como herramienta para criminalizar la oposición.
Según datos de la organización opositora radicada en el exterior Prisoners Defenders, al cierre de marzo de 2025 se contabilizaban 1,152 presos políticos en Cuba. Aunque el gobierno cubano anunció la liberación de 553 personas tras una negociación mediada por el Vaticano, solo 210 de ellas fueron identificadas como presos políticos por la organización Justicia 11J.
Esta excarcelación coincidió con la decisión de la administración de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que fue revertida pocos días después por el presidente entrante, Donald Trump, antes de que la eliminación entrara en vigor. Esta dinámica evidencia la volatilidad de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y cómo las decisiones políticas externas pueden influir en la situación interna de derechos humanos en la Isla.
Nuestra opinión es que tal y como está configurado el sistema político cubano, la oposición no tiene prácticamente ninguna forma de existir sin violar la ley. La imposibilidad de registrar organizaciones opositoras, acceder de forma legal a fondos, tener representación en el Parlamento, o pedir permiso para realizar protestas en el espacio público termina convirtiendo en ilegales formas de lucha política que son reconocidas como derechos en casi todo Occidente.
En el caso de José Daniel Ferrer hay antecedentes de delitos violentos imputados que pudieran justificar su encarcelamiento, más allá de su actuar opositor. Aun así, el habitual proceder del sistema de justicia con estos activistas siempre hará dudar de la limpieza del proceso. En el caso de Navarro y Barrenechea todo parece indicar que sus causas son meramente políticas.
En este contexto, cuando un activista opositor es enjuiciado, resulta muy difícil determinar las fronteras de cuánto hay de real en el delito que se le imputa, y cuánto de un uso arbitrario de la justicia para castigar las voces diferentes. Mientras esta contradicción no esté resulta, la relación del Estado con la oposición y con organizaciones defensoras de la libertades civiles y políticas será tensa y marcada por las denuncias cruzadas. En todos los casos, el pluralismo político, la reconciliación nacional y el desarrollo democrático siempre saldrán perdiendo.
