Excarcelaciones bajo sospecha por falta de transparencia

La noticia es que ya han ocurrido las primeras excarcelaciones de los 553 presos anunciados por el gobierno cubano. Sin embargo, parecen estar frenadas luego de los últimos acontecimientos.

El gobierno cubano no ha publicado la lista de nombres. No obstante, de acuerdo con varias organizaciones opositoras, medios y plataformas políticas que monitorean las liberaciones, entre 154 y 170 personas han sido beneficiadas con sentencias extrapenales, incluyendo algunos casos conocidos como el santiaguero José Daniel Ferrer, al frente de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Brenda Díaz, manifestante trans que llamó la atención por la transfobia que sufrió durante el proceso judicial y en la prisión; y Luis Robles, el joven condenado por los delitos de desobediencia y propaganda enemiga en 2020 por salir con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Varios de los condenados han denunciado procesos de violencia y malas condiciones en las prisiones.

Estas plataformas han denunciado que, desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero y revirtió la decisión de Biden de retirar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, no se reporta la excarcelación de nuevos presos. Hasta el momento de redactar esta nota, el gobierno cubano no ha desmentido esta afirmación ni emitido un informe sobre quiénes han sido y serán liberados.

Lo anunciado por La Habana como una decisión soberana y unilateral, no vinculada con el anuncio de la retirada de Cuba de la referida lista, debía ser una excarcelación con licencias extrapenales de 553 personas. El gobierno cubano no etiqueta como presos políticos a estas personas, sino comunes, aunque en el primer grupo de liberados estuvieron varios condenados con sentencias vinculadas a las protestas del 11 de julio de 2021.

Al día siguiente del anuncio, Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, afirmó al presentador Humberto López que las personas liberadas estaban condenadas por delitos que incluían hurto, robo con fuerza, lesiones, amenazas, desórdenes y sedición. La funcionaria también aclaró que no se trataba de amnistía ni indulto, sino de excarcelación anticipada. Por lo tanto, estas personas podrían volver a prisión si no cumplieran con las condiciones impuestas para su libertad.

Si bien el gobierno cubano en diferentes oportunidades, ha afirmado que esta es una «práctica habitual», y que esta vez se hacía en espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por el Papa, el anuncio de la liberación coincidió con el anuncio de la retirada de Cuba de la Lista y la eliminación de la Lista de Entidades Restringidas.

Esto pudiera significar que la decisión unilateral de Trump a pocas horas de tomar el poder de salirse del presunto acuerdo realizado por ambos gobiernos, haya detenido, o al menos pausado, el proceso de liberaciones.

Si el gobierno cubano anunció estas excarcelaciones como una decisión aislada del actuar del gobierno estadounidense, ¿por qué se han detenido las liberaciones luego de que Estados Unidos dejara de cumplir su parte del pacto, un pacto que La Habana no reconoció?

Hasta ahora, buena parte de los liberados están vinculados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, aunque los avisos oficiales afirman que las excarcelaciones beneficiarían a todo tipo de convicto. El gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos en Cuba, pero decenas de personas acusadas y condenadas con altas penas por delitos como sedición o desorden público, fueron participantes de las protestas antigubernamentales del 11J.

Si bien varias fuentes afirmaron que el equipo de Donald Trump fue informado sobre el acuerdo entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos con mediación del Vaticano, y algunos se atrevían a conjeturar que Trump podría adjudicarse parte del éxito del acuerdo, la realidad es que el desmonte exprés que hizo la administración demuestra que los acuerdos no son parte de sus prioridades ni de su estrategia con Cuba.

En el caso de Cuba, si las excarcelaciones no tienen nada que ver con la decisión de eliminar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, no hay información de por qué se han detenido las excarcelaciones.

La falta de información sobre a quiénes liberarán no ayuda a comprender este proceso que, de manejarse bien comunicacional y políticamente, podría ser una muestra humanitaria del gobierno cubano. Pero hasta el momento, las múltiples incertidumbres y zonas opacas en torno al proceso dejan más dudas que satisfacciones.

Nuestra opinión es que las altas sanciones a los manifestantes del 11J nunca tuvieron una explicación en la justicia, sino que fueron utilizadas por el poder político en la Isla como ejemplarizantes, para provocar un efecto disuasivo a futuras manifestaciones de esa magnitud.

No obstante, a lo largo del tiempo, dichas condenas han sido una espina cuyo efecto político ha sido más perjudicial que beneficioso para el propio Estado cubano. Lo arbitrario del proceso y la violencia jurídica contra personas, la mayoría de los estratos más empobrecidos de la sociedad, refuerza la imagen de un gobierno represivo y desconectado de las agonías que las llevaron a manifestarse a lo largo de casi todo el país.

Por tanto, hoy el gobierno cubano se beneficiaría de liberar a buena parte de estas personas, esencialmente aquellas que no estuvieron vinculadas en hechos violentos. Sería un ejercicio de coherencia, ganaría en credibilidad hacia actores que se limitan a promover un diálogo con la Isla, y además devolvería un poco de sosiego y felicidad a esas familias, algunas de las cuales perdieron a jóvenes que eran el sustento del hogar en condiciones de suma precariedad.

Si bien no se ha de pecar de ingenuidad, y el grupo de políticos norteamericanos que les interesa mantener el diferendo con Cuba siempre encontrarán justificaciones para mantener la agresiva política de cambio de régimen, sería útil e inteligente no ofrecer una razón de tan fácil uso. En adición, existen en todo el mundo gobiernos, partidos y grupos políticos que se oponen a las medidas unilaterales coercitivas norteamericanas hacia Cuba, pero que igualmente consideran abusivas las condenas a los manifestantes del 11J. Un proceso justo y transparente de liberaciones podría afianzar alianzas con estos sectores.

La falta de transparencia con la cual ha ocurrido el proceso, pretendiendo mostrarlo desconectado de la salida de Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, sin publicar una lista de personas excarceladas y sin fechas claras, termina empañando cualquier logro político. Más aún, cuando se presume que se detuvo cuando Trump revocó el cumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos, en un acto que demuestra claramente lo poco que le importa a la administración republicana el futuro de los presos por razones políticas en la Isla.

Por otro lado, más allá del efecto en las relaciones internacionales, Cuba necesita iniciar un proceso de diálogo y reconciliación entre los cubanos que apuestan por un futuro con soberanía y desarrollo democrático. Será clave para poder soportar la guerra económica y la presión política que parece avecinarse con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Para ello, es necesario reconocer excesos, errores y autoritarismos que han potenciado la polarización y el extremismo político en la sociedad cubana.

En este sentido, un paso importante es la eliminación de penas a quienes no cometieron actos violentos durante las manifestaciones y el perdón a quienes pudieron haber cometido actos punibles impulsados por el calor de los acontecimientos, sumado a la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encontraban. Las excarcelaciones mediante licencia extrapenal, si bien no eran la solución ideal, sí constituyen un movimiento en la dirección correcta que debería concretarse a plenitud.