Diplomarket y la deuda con la transparencia

La noticia es que el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera, dueño de la tienda Diplomarket, conocida popularmente como el Costco cubano, se encuentra en prisión y supuestamente escribió una carta de denuncia difundida por el youtuber Alexander Otaola, y replicada por otras plataformas políticas y medios de prensa de la oposición. El suceso ha causado múltiples reacciones en redes sociales.

Presuntamente Cuspinera escribió una carta firmada el 21 de mayo y solicita que la comunidad internacional intervenga ante las instituciones cubanas por lo que llama «violaciones constantes de mis derechos y la negación de garantías legales a mi defensa por parte de las instituciones estatales cubanas y sus representantes».

Según Cuspinera su abogado actúa contra él, y «han limitado mi acceso a la justicia». El cubanoamericano anunció que iniciará una huelga de hambre a partir del 1ero de junio, en lo que pudiera interpretarse como un intento de politizar el caso como vía para llamar la atención sobre su situación.

La información disponible sobre el asunto parte de fuentes no confirmadas y de plataformas políticas opositoras al gobierno cubano. «Estaré dispuesto a llegar a consecuencias extremas» hasta que se le garanticen sus derechos a una pronta defensa y a una fianza, escribió Cuspinera.

El empresario está detenido desde el 20 de junio del año pasado sin mucha explicación pública. Cuspinera era el propietario de una tienda ubicada en el kilómetro 8 y medio de la Carretera Monumental, a 10 kilómetros al este de la Capital. Mantenía una relación cordial con el gobierno cubano, y firmó cartas que reclamaban el fin de las sanciones norteamericanas.

Según los reportes, auditores y autoridades del Ministerio del Interior arribaron al lugar en dos guaguas, incluyendo funcionarios del Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA).

Horas antes de esa redada, Diplomarket había anunciado en su grupo de WhatsApp que estaban cerrados debido a problemas para operar porque la licencia comercial debía ser renovada.

Antes de que esto ocurriera, varias plataformas políticas y activistas opositores al gobierno tildaban al empresario de «testaferro» del gobierno cubano por ser uno de los tantos que buscó una vía estable para importar productos de Estados Unidos a Cuba. Sin dar muchas pruebas asociaban su negocio a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y Déborah Castro Espín —hija de Raúl Castro—. También le señalaban que su registro estaba en los Estados Unidos, sin embargo, su tienda física no constaba en el listado de mipymes cubanas publicado de forma periódica por el Ministerio de Economía y Planificación.

Según un correo electrónico anónimo hecho público por la plataforma opositora La Tijera, la intervención del negocio suscitó que el dueño y su esposa quedaran incomunicados y que fueran acusados de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activo, pero ellos afirman que esa acusación fue solo un pretexto para confiscar sus bienes.

Luego de hacerse pública la carta, el periódico opositor 14ymedio publicó una entrevista a un familiar anónimo que amplía la información. La fuente afirma que «tenían una denuncia por evasión fiscal, sin haberles hecho en ningún momento una auditoría previa» y que «pensaron que se trataría de una confusión, que les dejarían abrir las empresas después de resolverla», sin embargo, esto no ocurrió.

Más adelante llama la atención sobre que en el momento del arresto los funcionarios alegaron «que no se depositaba el dinero de las ventas en el banco y causó daño al mismo y descontento a la población», y justifica esta actitud con la falta de liquidez de los bancos cubanos y los mecanismos inefectivos para importar mediante estos: «ni las importadoras estatales ni los bancos garantizaban la disponibilidad de dólares ni las transferencias al exterior para pagos a proveedores aun cuando se depositaba la divisa».

«Aquí todo el mundo sabe que todas las mipymes hacen tráfico de moneda, porque cuando hicieron la ley de empresa privada la hicieron a sabiendas de que nunca iba a haber disponibilidad en el banco de obtener la divisa legalmente. Se sabe que el mayor porciento de todo lo que se comercializa en Cuba son productos importados obtenidos con transacciones en divisa» agrega la fuente.

El familiar entrevistado achaca el arresto a que Diplomarket le hacía competencia a las tiendas estatales y a las empresas de paquetería porque mantenía mayor surtido con «productos originales», y que esa fue la razón principal para que lo procesaran. No obstante, el mismo periódico afirmaba en 2023 que el local vendía a «precios estratosféricos», que se encontraba «fuertemente vigilado», no se permitía «hacer fotos ni grabar videos, y los trabajadores caminan detrás de los clientes cuidando cada movimiento, disfrazando el celo de amabilidad», además de que solo aceptaban pagos en dólares en efectivo, lo que contraviene lo establecido por la ley cubana.

Esta noticia significa que emprender una tienda de esas proporciones, y ser un proveedor de esa magnitud en el contexto cubano no está exento de riesgos. La especulación mayor versa sobre si Cuspinera intentó usar un vínculo con figuras de poder dentro del gobierno cubano y la transacción no resultó como esperaba.

Lo que sí parece confirmarse —por las propias fuentes cercanas a Cuspinera— es que el local contravenía varias de las leyes cubanas, como la obligación de depositar el dinero en el banco y de cobrar en moneda nacional, aunque también es cierto que muchas otras mipymes lo hacen, ya que las normativas dejan muy poco espacio para hacer importaciones masivas en un país donde circulan varias monedas, los bancos tienen nula liquidez y las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos les impiden pagar de forma normal a los proveedores extranjeros.

En los últimos años también ha proliferado un grupo de empresas cubanoamericanas dedicadas al envío de paqueterías a Cuba y con tiendas online que tienen almacenes en la Isla, e incluso circulan por las calles vehículos con sus logos. ¿Bajo qué regulaciones operan estas empresas? ¿Qué las diferencia de Diplomarket? No queda claro.

Diplomarket no ha sido el único negocio de ventas desactivado por presuntas ilegalidades. A comienzos de mayo de 2025, la tienda online Tuambia —plataforma de comercio electrónico y envíos a Cuba vinculada a empresarios radicados en EE. UU.— anunció el cierre definitivo de sus operaciones, aduciendo que «el contexto actual ha hecho imposible seguir operando de manera sostenible», luego de varias semanas con las compras suspendidas y entre rumores de investigacio­nes por presunta evasión fiscal y uso irregular de divisas. Medios opositores destacaron que la firma estaba operada por Yoel Perdomo Di-Lella, hermano del ex viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella destituido en octubre de 2024, y que su salida del mercado dejó pendientes miles de pedidos de emigrados.

Un año antes también fue muy llamativo el cierre de un local conocido como «Costco chino», se trataba de un supermercado privado dedicado a importar artículos de ferretería, electrodomésticos y alimentos en divisas, que llamó la atención por sus bajos precios y abundancia de productos, y fue clausurado de forma repentina en La Habana tras una auditoría realizada a pocos días de abierta.

Esa vez la prensa estatal sí publicó una nota que justificaba las acciones aludiendo a que «en la inspección […] se constataron violaciones de las normas vigentes para ejercer el trabajo por cuenta propia», entre ellas «ventas de mercancías en dólares, productos a la venta sin precios visibles, no habilitación de las pasarelas de pago electrónico establecidas, contratación ilegal de fuerza de trabajo y participación como trabajadores de ciudadanos extranjeros, incumpliendo las condiciones de estancia en el territorio nacional». 

Sin embargo, en los otros casos la prensa estatal no ha aclarado a profundidad lo sucedido, por lo tanto, solo se tienen las versiones de medios de la oposición y de familiares de los empresarios.

Opinamos que esta es una de las noticias que demuestra cuánto daño hace la falta de información y transparencia en eventos que tienen una relevancia pública, y cómo ese vacío genera conjeturas, empresarios que pasan de ser «victimarios» a «víctimas» y rumores que se convierten en una verdad no confirmada que, ante el silencio de las autoridades, termina siendo la única versión disponible.

También opinamos que las normas para el sector privado en Cuba no se ajustan a la realidad de un país que tiene un mercado de demanda con escasez de productos, unos bancos sin liquidez —ya ni en moneda nacional—, empresas importadoras estatales ineficientes y tiendas del Estado desabastecidas incapaces de satisfacer la demanda a la población.

En este contexto, las tiendas privadas son las que satisfacen la demanda de la mayoría de la población, al menos en los centros urbanos. Estos negocios han encontrado múltiples vías para importar, pero casi todas requieren de efectivo en «moneda fuerte», y para ello buscan múltiples alternativas, que van desde cambiar en el mercado informal o aceptar pagos en divisas. Lo cierto es que todas ellas de una manera u otra contravienen lo establecido, pero ¿qué otra alternativa queda? Tampoco se puede dejar de decir que algunos dueños aprovechan este marco de incertidumbre para evadir impuestos.

En este contexto el Estado se encuentra en la disyuntiva de aplicar con rigor la ley, y provocar una crisis de desabastecimiento, o sentarse a dialogar con los empresarios privados para modificar lo que haga falta y crear un marco legal viable que permita hacer crecer la empresa privada sin necesidad de quebrantar la ley.

Sin embargo, la realidad de ahora dice que ni una ni otra. Se aplican medidas que a pocos días se echan para atrás ante su imposibilidad real de implementarse, y el rígido marco regulatorio se aplica discrecionalmente, siempre viendo a quién permitirle y hasta dónde, y muchas veces sin explicaciones claras. Nada mejor que esto para erosionar la confianza de la ciudadanía.