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La motosierra de Díaz-Balart y los republicanos
La noticia es que el presupuesto de Estados Unidos para la ejecución de su política de exterior, mientras prohíbe el uso de fondos para la ayuda al sector privado cubano, incrementa a 35 millones de dólares los programas para el llamado cambio de régimen, y ofrece 30 millones para Radio Martí, una plataforma política conocida por la propaganda en contra del gobierno de Cuba.
Así se informó tras la aprobación de Ley de Asignaciones Del Estado y las Operaciones al Exterior para el año 2025, que estipula cómo se usará el presupuesto del Estado para las actividades de política exterior, básicamente cómo el Departamento de Estado y sus agencias subordinadas debe utilizar esos fondos.
Si bien es un presupuesto menor que en años anteriores, 51.7 mil millones sigue siendo una cifra considerable en la que sí hubo disponibilidad para asegurar 3.3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Israel.
En el caso de Cuba, los programas de cambio de régimen pasaron de 20 millones de dólares, a 35, y la Oficina para las Transmisiones Cubanas, la cual administra Radio Martí, también creció en presupuesto para ahora contar con 30 millones de dólares.
Los programas de cambio de régimen tienen diferentes fines, aunque la gran mayoría quedan en organizaciones establecidas en el sur de la Florida que promueven desde allá «la democracia en Cuba». Los vinculados con Radio Martí también se utilizan para alimentar un ecosistema de medios que cubren temas cubanos tanto en sitios webs como en redes sociales con un marcado matiz opositor.
La principal figura detrás de esta distribución del dinero es el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz Balart, representante por el distrito 26 de la Florida, miembro de lobby cubano en Washington que promueve una política de máxima presión hacia Cuba, y utiliza el tema como propulsor político para mantenerse en el asiento.
El único cambio no está en el incremento de los fondos para el derrocamiento del gobierno cubano, sino también en el desconocimiento expreso del sector privado cubano y la prohibición del uso de fondos por pequeños que sean para cualquier actividad vinculada a la promoción o ayuda a la empresa privada en la Isla.
«Los únicos empresarios independientes en la economía cerrada comunista de Cuba están en prisión. Cualquier otra persona alegando ser empresario tiene una licencia del régimen, lo cual significa que el régimen es el gran ganador de estas políticas peligrosas e insultantes».
Así afirmó en sus declaraciones Díaz Balart uniéndose al coro cubano-americano en el Congreso que no reconoce a las más de 10 mil empresas privadas surgidas en Cuba por el solo hecho de requerir una licencia del Estado para poder operar legalmente, cuando este es un requisito imprescindible en cualquier lugar del mundo; en el propio Estados Unidos negocios pequeños o grandes requieren algún tipo de permiso o licencia de organizaciones locales gubernamentales
La posibilidad de la iniciativa privada y un modelo más próximo al mercado ha sido una de las demandas que más alto ha sonado dentro de la comunidad cubana en Miami, ya que esta rechaza en su mayoría la excesiva estatización de servicios y propiedades en Cuba. Sin embargo, ahora que ya existe un creciente sector privado, importador, proveedor y generador de empleos, los representantes de los sectores más extremistas niegan ahora su legitimidad, y la existencia de algo que ellos mismos habían exigido para la Isla.
Pero no es Cuba el único tema controvertido de este documento que hace retroceder la imagen de Estados Unidos en el escenario multilateral. Esta ley de asignaciones de presupuesto niega fondos que el presidente Biden pidió pero que no serán otorgados.
Si bien ofrece financiamiento para Israel, esta ley elimina el apoyo de Washington a la Organización Mundial de la Salud, debido, según dicen, a que se «acobardan frente a la China comunista e impiden el estatus de observador a Taiwán».
Además, eliminan todo apoyo financiero Ante la Corte Penal Internacional, y la Corte Internacional de Justicia por emprender «acciones legales espurias contra Israel». Además de prohibir todo apoyo financiero o diplomático a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés), debido a que supuestamente emplean terroristas. También retiran su apoyo al Consejo de Derechos humanos porque «provee una plataforma a los peores abusadores de los derechos humanos».
Resalta también la marcada hostilidad hacia México, de quien dice que su actual presidente no se ha comportado como un amigo, por oponerse a la política de Washington hacia Cuba y Venezuela. Refiere además que no puede ir ni un dólar a México mientras ese país latinoamericano no cumpla con los acuerdos por la repartición del agua del Río Bravo.
Esto significa que la narrativa y acción de extrema derecha se hace evidente en una Cámara Republicana, como es en este momento, liderada por el partido encabezado por Donald Trump, un hombre que ha llevado a esa organización política a extremos nunca antes vistos. Este escenario ha sido especialmente favorable para legisladores como Díaz Balart, que siempre ha usado el miedo de la «Cuba comunista» como catapulta a su carrera política.
El sobrino de la primera esposa del fallecido ex presidente cubano Fidel Castro, nació en Fort Lauderdale, Estados Unidos, de padres cubanos, y ahora, debido al protagonismo del Partido Republicano, ocupa puestos claves en el Congreso. Es miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el comité que básicamente dicta cómo se usa el presupuesto del Estado, y presidente de su Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que acaba de aprobar su propia ley de uso de los fondos.
Los representantes de una parte de la comunidad cubana hacen uso de sus posiciones en el Congreso para promover una política que mantenga todo igual, evitando toda posibilidad de vínculo con los empresarios privados cubanos, el más grande y principal actor no gubernamental que hay en estos momentos en Cuba.
Significa además que el partido de Díaz Balart reacciona cerrándole el paso a recientes medidas aprobadas por la administración Biden, que expande el concepto del trabajador por cuenta propia y reconoce la existencia y validez como interlocutor de las mipymes cubanas, permitiéndole la apertura y uso de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Nuestra opinión es que Díaz Balart abusa de su poder en el Congreso para imponer una agenda que favorezca su imagen política y que llene los bolsillos de organizaciones afines o cercanas a esos mismos congresistas que trabajan por el derrocamiento del gobierno cubano, sin nunca haber ofrecido ningún resultado concreto de su trabajo. Todo esto a costa de perjudicar la sociedad civil en la Isla —como lo son los empresarios privados— sobre la base de argumentos claramente falaces, como vincularlos al gobierno por tener una licencia, requisito en cualquier país para crear una empresa.
Es una estrategia que sido declarada fallida por políticos más audaces como el expresidente Barack Obama, pero que se mantiene a pesar de su probada inefectividad. Los congresistas como Díaz Balart básicamente trabajan para que nunca se cumpla el fin por el que trabajan, porque de cumplirse, quedarían sin ese vital propulsor político que les ha permitido escalar y obtener fondos.
Mantener el peso de las sanciones, cerrarle las puertas al sector privado que emplea a casi un 22% de la fuerza laboral —según los datos disponibles de 2022—, y poner más fondos para una maquinaria mediática, en muchos casos extremista y con un discurso antidemocrático, es una estrategia que se aleja bastante de promover valores democráticos y empoderamiento en el pueblo cubano.
La gran parte de esos fondos públicos para «promover la democracia» son utilizados para auspiciar a personas que no están en Cuba y que rinden pocas cuentas sobre su uso. Si tan solo la mitad se emplearan en acciones de diplomacia pública como ayuda a los sectores más empobrecidos, donación de alimentos y medicamentos, soporte a emprendimientos solidarios y con responsabilidad social… la sociedad civil cubana estaría mucho más empoderada y pudiera concentrarse en algo más que sobrevivir.
Pero no, básicamente, el contribuyente estadounidense paga por un engordado plan para derrocar a un gobierno extranjero, una tarea que se delega en un grupo de personas que quieren mantener la justa presión sobre ese gobierno, pero no tienen ninguna influencia sobre la población. Para el contribuyente cubano-americano el efecto es aún peor, pagan por mantener un grupo de acciones que agravan la situación en su país de origen, y por la cual también deben emplear fondos personales para ayudar a sus familiares en la Isla. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo?
Surco entre Moscú y la Habana, pero ¿qué da?
La noticia es que el vice primer ministro, recientemente relevado del cargo de Ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas, está de visita oficial en Moscú y lidera la delegación cubana al Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2024.
Cabrisas vuelve a Moscú solo tres meses después de su última visita. Esta vez con una delegación de sectores claves, en la que destacan el ministro de transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y el recién nombrado y probablemente el viceministro primero más joven de Cuba, el economista Carlos Luis Jorge Méndez, del Ministerio de Comercio Exterior.
El Foro al que asistirá Cabrisas se enfocará en la desdolarización del comercio internacional, y en la formación de nuevos puntos de crecimiento para un mundo multipolar. Según informaron los organizadores, acogerá a 17.000 personas de 136 países.
El veterano vice primer ministro afirmó que, si bien no era la primera vez que participaba en el foro de San Petersburgo, «en los momentos que viven nuestros países, este foro y nuestra participación en él son de particular importancia». Asimismo la cadena de noticias RT vinculada al gobierno ruso reseñó que el funcionario ha reconocido que Cuba atraviesa «el peor momento económico por culpa del agudizado bloqueo económico de EE.UU».
Cabrisas ya se reunió con varias figuras del gobierno y la política rusa, como el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, Grigori Karasin, así como con otras figuras parlamentarias. Esta visita será propicia para repetir el formato de reunión de la Comisión Intergubernamental para las relaciones económico-comerciales y científico-técnicas, que copreside Cabrisas con el vice primer ministro ruso Dmitry Chernishenko.
Esta semana también fue noticia el arribo a La Habana de una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia. El acontecimiento causó gran revuelo en la Florida, donde varios medios especularon que los barcos podían hacer ejercicios militares o traer armas nucleares y de largo alcance, haciendo clara analogía a los sucesos que provocaron la llamada Crisis de Octubre de 1962.
Luego de esto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emitió un comunicado en el que afirmó que «esta visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado Parte. Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región».
Estas noticias significan que Cuba no escatima esfuerzos por afianzar sus relaciones con Rusia y asistir al amplio número de foros internacionales que organiza ese país, muchas veces como una forma de diplomacia pública para contrarrestar los cuestionamientos internacionales por la guerra en ucraniana.
Es difícil saber con claridad cuáles son los acuerdos o los resultados concretos que ameritan esta frecuencia de viajes a Rusia por parte de funcionarios cubanos de alto nivel.
En el caso de Cabrisas, un experimentado negociador de la deuda externa cubana, ya octogenaria, y recientemente liberado del cargo de ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, es segunda vez este año que entra a ese país; antes lo hizo en marzo, cuando su homólogo ruso Dmitri Chernyshenko confirmó que su país había ofrecido créditos a Cuba para el pago de suministros rusos de petróleo, trigo y fertilizantes. El pasado año Cabrisas estuvo en Moscú en noviembre, y hace exactamente un año, en junio pasado, acompañó al primer ministro cubano a otra visita a ese país.
Los resultados de estos intercambios para los que se recorren largas distancias son en esencia desconocidos, porque no se sabe con claridad con qué acuerdo o solución a los muchos acuciantes problemas que padece el pueblo de Cuba regresa el alto funcionario.
Rusia y Cuba están más cerca que nunca en los últimos 30 años. El turismo ruso crece en la Isla, con la posibilidad de usar pagos electrónicos con tarjetas MIR, y se incrementa la presencia de Moscú en diferentes sectores sin efectos concretos sobre la población cubana, más allá de los «salvadores» envíos de petróleo que llegan esporádicamente, pero en momentos claves.
Nuestra opinión es que la cooperación con Rusia es una opción más para la búsqueda de alianzas internacionales que le permitan a Cuba sortear la dura crisis que ha enfrentado luego de la pandemia y el endurecimiento de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos.
Sin embargo, para Rusia parece ser más una declaración de intención de influencia sobre una Isla a 90 millas de su enemigo principal, que interés real de inyectar capital a la economía cubana.
Moscú hoy no se conduce como la antigua Unión Soviética, en la que el modelo de cooperación estaba orientado a las necesidades de cada miembro del bloque y a la ayuda para enfrentar debilidades mientras Cuba suplía de azúcar a varios países del campo socialista.
La actual y muy capitalista Rusia tendrá tanto que ofrecer como su sector privado esté dispuesto a invertir, y este lo hará solo si ve una oportunidad real de rentabilizar su inversión de forma ventajosa. Hasta ahora, al menos de forma pública, esto no ha ocurrido significativamente.
Relatores de Naciones Unidas preocupados por los presos del 11j
La noticia es que 4 relatores de Naciones Unidas y líderes de Grupos de Trabajo de la ONU en temas de derechos humanos han escrito una carta al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, cuestionando violaciones de derechos humanos que presuntamente sufrieron los participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, por la que aún hay cientos de presos en las cárceles cubanas.
Los funcionarios piden explicaciones al gobierno de La Habana en un largo documento de 16 páginas que ya está disponible para ser leído públicamente y que no ha recibido ninguna respuesta pública por parte del gobierno de Cuba.
La carta refiere una información que afirman haber obtenido en la que señalan que «las fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado, la policía y agentes del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas habrían disuelto violentamente dichas manifestaciones y habrían arrestado entre 5 000 y 8 000 personas en todo el país».
Si bien los relatores usan un lenguaje muy preciso y cuidadoso a la hora de acusar frontalmente al gobierno cubano, citan todo el tiempo una información que «sugiere que miles de cubanos privados de libertad, no han tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial, ni a las garantías del debido proceso y juicio justo, incluidas las relativas a contar con un abogado independiente de su elección».
Los firmantes dicen tener información «fiable», la cual apunta a que Cuba no permite a los detenidos por el 11 de julio ser juzgados por jueces imparciales, y añade que los abogados no pueden defender libre y adecuadamente a un acusado cuando su estrategia de defensa choca con la influencia del Partido. Asimismo, agregan que el abogado «podría eventualmente perder la capacidad para ejercer su profesión».
Si bien no aclaran de dónde proviene esa información «fiable», la organización no gubernamental radicada en Madrid Prisoners Defenders se adjudica el mérito y afirma que esta carta es una respuesta directa a sus demandas.
Por su parte, los firmantes piden una explicación o comentario al respecto, lo cual será difícil de obtener, debido a que habitualmente el gobierno cubano no ofrece respuestas o explicaciones sobre temas que considera de orden interno, y más sobre las protestas del 11 de julio, de las cuales ha culpado varias veces a Estados Unidos como su principal «orquestador».
Esta noticia significa que los presos por el 11j siguen siendo uno de los grandes talones de Aquiles de la política exterior cubana relacionada con los derechos humanos.
La falta de información y transparencia con respecto a los casos de los presos políticos detenidos tras las protestas, sumada a las múltiples demandas de violaciones durante y después de los sucesos, han sido terreno fértil para que las organizaciones opositoras cubanas vinculen lo sucedido con acusaciones ya viejas que se le hace al gobierno cubano sobre su intolerancia hacia cualquier tipo de disidencia. Esta máxima también ha sido empleada por la oposición radical para pedir a la política norteamericana más presión, y por los representantes de esta política en el Congreso para defender más sanciones.
Si los relatores están respondiendo a una demanda de Prisoners Defenders, no lo confirmaron, pero el lenguaje de la carta y la ausencia explícita de las fuentes de información sobre las cuales sustentan la petición, hace entender que están escuchando acusaciones coherentes con el discurso de organizaciones de este tipo.
Prisioners Defenders declara como su misión trabajar «por los derechos humanos y la defensa pro-democrática a través de la acción jurídica», dicen cubrir Cuba, México, Turquía, Pakistán, Irán, Vietnam, Bahréin, Siria y Bielorrusia, sin embargo, la Isla acapara la mayoría de sus informes y titulares.
Asimismo, aunque se asumen como «no partidistas», reproducen un discurso con claras marcas ideológicas desde su propia misión, al llamar «tiranía» al gobierno cubano en su página de presentación.
Nuestra opinión es que no es la primera vez que el Estado enfrenta cuestionamientos de organismos internacionales por esta causa, sin que esto haya servido para modificar su práctica. En adición, ha sido reportada más de una vez la orfandad de varias familias a la hora de enfrentarse a un aparato judicial que asume estas protestas como afrenta a la seguridad nacional, y la tiende a criminalizar.
La respuesta judicial del gobierno cubano a los sucesos del 11j es algo que habitualmente genera mucha polarización. Las protestas no se dieron de igual forma en todos los lugares, ni todos los manifestantes tuvieron la misma actitud. Sin embargo, los defensores acríticos del gobierno cubano tienden a tildarlos a todos de «delincuentes» aunque algunos no hayan cometido ningún delito, e incluso hayan sido golpeados por otros civiles que se oponían a la manifestación, mientras, muchos representantes de la oposición evaden los actos de violencia cometidos y registrados por otros de los presentes para presentarlos a todos como «pacíficos».
Lo cierto es que las protestas se dieron en un momento de agravamiento de la situación económica de muchas familias cubanas, en parte por el efecto de las sanciones económicas de Estados Unidos y en parte por la política fallida del gobierno que desatendió a varios de los sectores más empobrecidos.
El sistema cubano ha sido lento y reticente en asimilar la inevitable pluralidad política de la sociedad cubana, lo cual ha contribuido a fortalecer su imagen de intolerancia. Si bien la protesta pacífica es un derecho fundamental —en teoría, protegido por la Constitución—, la ausencia de una Ley que la regule deja a la ciudadanía con muy pocas herramientas para ejercer este derecho de forma legal y segura, y también ha favorecido la criminalización arbitraria de su ejercicio.
Con respecto a los presos del 11j, es poco probable que estos mecanismos de presión internacional logren algo si no se combinan con una salida al conflicto «mutuamente beneficiosa», tanto para el gobierno como para los manifestantes u opositores, como sí ocurrió durante 2010-2011 con la excarcelación de los presos de la llamada Primavera Negra en la cual Estados Unidos y otros países se comprometieron a alojar a los excarcelados que aceptaran abandonar la Isla.
Una política de relajación de las sanciones y más acciones de deshielo también pudieran ser un incentivo al gobierno cubano. Mientras esto no ocurra, es poco probable que iniciativas como esta carta tengan un efecto significativo en el actuar de las autoridades en la Isla, y lo más importante, en el destino de estos presos.
Cierre de fronteras
La noticia es que el gobierno de Biden ha puesto en vigor una de las políticas más duras de la historia de todas las administraciones demócratas contra migrantes que intentan cruzar la frontera sur.
La política aplicada estipula un límite diario que será razón para el metafórico cierre de la frontera. Cuando en un día se detengan a más de 2500 personas intentando entrar entre puertos de entrada, los oficiales migratorios tendrán la potestad de deportar automáticamente a todo el que detengan, sin poder pedir asilo, un derecho reconocido por la ley estadounidense. La medida ofrece una amplia discrecionalidad a los oficiales migratorios que tendrán la potestad de deportar a grandes cantidades de migrantes.
Por el contrario, si un migrante en la ruta para arribar a Estados Unidos llega a un puerto de entrada habiendo obtenido su cita a través de la aplicación gubernamental CBP One, que ofrece citas para evitar que sean los traficantes de personas quienes conduzcan a grupos que intentan cruzar, será atendido sin mayores cambios en el procedimiento.
Para los nacionales cubanos que intentan emigrar hacia Estados Unidos e intentan la vía del cruce por la frontera sur de ese país, será más difícil si escogen hacerlo entre los puertos terrestres de entrada en la frontera, y no por los puntos en los que deben pasar por el escrutinio de un oficial de migración.
Varios expertos refieren que en el caso de los cubanos que emigran por la frontera sur, y entran al país con citas CBP One, ahora más que nunca ha de ser esa la vía, ya que de ser atrapado intentando entrar por entre los puertos de entrada de manera enteramente ilegal, será deportable al instante, y con pocas posibilidades de reingresar legalmente a Estados Unidos.
También explican que las entrevistas que se le realizan a esos migrantes cubanos serán más estrictas, y tendrán que demostrar que tienen riesgos tangibles si regresan a Cuba, entre los que no se incluyen la inflación, los apagones, o los bajos salarios.
Expertos consideran que esta política es más recia que la de Donald Trump, pero en un año electoral, y con una severa crisis en la frontera sur, el actual presidente ha tomado el camino del cierre para enviar un mensaje de sosiego a los sectores votantes que están en contra de que más migrantes entren de manera ilegal al país.
Biden rompe así una tradición demócrata de enfrentar la migración más desde sus causas, pero respetando las leyes estadounidenses de respeto al asilo, y se acerca a su antecesor republicano en sus duras políticas contra migrantes que intentan arribar a Estados Unidos a toda costa, muchos huyendo de condiciones de extrema pobreza y violencia.
Esto significa que se trata de la actuación de un presidente en proceso de reelección y con una relativa desventaja frente a su oponente.
En el caso cubano, se mantiene la gran contradicción que implica la aspiración de reducir el número de cruces ilegales, sin alterar las causas que ocasionan la estampida de migrantes que buscan salida a la severa crisis económica de Cuba.
Este no es el único esfuerzo reciente por parte del gobierno de Estados Unidos de exhortar a los cubanos al uso de las vías legales para emigrar.
La Embajada de ese país en La Habana ha publicado un video sobre las diferentes formas de procesar sus casos desde la capital cubana. La acción promete volverse muy popular, pues utiliza como figuras a los protagonistas del seguido programa humorístico Vivir del Cuento, también célebre por haber sido utilizado por Barack Obama para promocionar su viaje a Cuba.
Esta es una de varias acciones de diplomacia pública que intentan promover el conocimiento sobre las diferentes vías para emigrar a Estados Unidos: reunificación familiar, parole humanitario, o visas temporales de múltiple o limitada entrada que se está dando en La Habana a nivel discrecional, según reportes de varias personas que han accedido a esa posibilidad, aunque no es pública la vía a la que llegan a ella.
Nuestra opinión es que esta política intenta reprimir la entrada de migrantes que son parte de un proceso internacional que impulsa a miles de personas en el mundo a huir de grandes bolsones de pobreza hacia países que acaparan la distribución mundial de la riqueza. Resulta preocupante que la ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos ya no solo la utilizan latinoamericanos, sino africanos y asiáticos.
Las razones por las que personas de tantas naciones emigran se profundizan por día, como la desigualdad, la violencia, o los efectos del cambio climático. En el caso de Cuba, aunque no se descarta la persecución política, sobresale como razones frecuentes para emigrar la disminución de la calidad de vida, la falta de perspectiva sobre el futuro y las estrechas posibilidades de salir de situaciones de pobreza sin la ayuda de un familiar en el exterior.
Transparentar los procesos de emigrar, quitarle poder a los traficantes de personas, y legalizar las vías de residir en Estados Unidos son medidas correctas, no obstante, la violación de sus propias leyes, en las que ahora limitan severamente la posibilidad de pedir asilo a migrantes cuya vida peligra en sus contextos particulares por la violencia, es también una violación de los derechos humanos que con tanta vehemencia defienden los que promueven el cierre de la frontera, sin reconocer el rol que ha tenido el país de acogida en el empeoramiento de las condiciones de vida de las comunidades que alimentan las caravanas de migrantes.
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