¿Diálogo o presión? El frágil equilibrio del acuerdo UE-Cuba

La noticia del reciente encuentro entre el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se dio en un momento sensible para la Isla en lo que concierne a derechos humanos. El encuentro subraya la voluntad de la Unión Europea de mantener el diálogo con el gobierno cubano, una política impulsada hasta ahora por Joseph Borrell, pero que pudiera estar a punto de cambiar.

Borrell ha sido una figura clave en la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), promoviendo un enfoque diplomático y cooperativo frente a las demandas de ciertos sectores europeos que exigen sanciones más severas y mayor presión sobre Cuba. Ahora, a punto de concluir su mandato, Rodríguez aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por la contribución de Borrell al fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Cuba.

Sin embargo, el año 2024 ha sido especialmente tenso para las relaciones entre Cuba y la UE, debido a las crecientes críticas sobre la efectividad del acuerdo para generar avances en materia de derechos humanos. En enero, el Parlamento Europeo tomó una medida sin precedentes al prohibir la entrada a sus instalaciones de los miembros de la Asamblea Nacional cubana. Esta decisión fue en respuesta a la negativa del gobierno cubano de recibir una delegación ad hoc del Parlamento que pretendía evaluar la situación de los derechos humanos en la Isla.

El año 2024 ha sido especialmente tenso para las relaciones entre Cuba y la UE, debido a las crecientes críticas sobre la efectividad del acuerdo para generar avances en materia de derechos humanos.

Poco después, Cuba respondió con fuertes acusaciones, alegando que algunos miembros del Parlamento Europeo estaban vinculados a organizaciones terroristas, lo que no hizo más que aumentar las tensiones.

Apenas un mes después, en febrero de 2024, el Parlamento Europeo emitió una resolución que profundizó aún más la ya deteriorada relación entre ambas partes. Esta vez, el Parlamento condenó el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba, señalando el aumento alarmante de presos políticos, que a finales de enero alcanzaba 1.066 personas. Además, se condenaron las prácticas de «trabajo forzoso» en brigadas médicas y otros sectores laborales bajo control del Estado cubano, calificándolas como una forma moderna de esclavitud.

La resolución insistió en que, aunque el ADPC se concibió como una herramienta para promover libertades fundamentales en Cuba, no ha logrado cumplir ese objetivo. Por tanto, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a considerar la suspensión del acuerdo si no se producen mejoras significativas. Adicionalmente, se propuso la aplicación del régimen de sanciones globales de la UE, conocido como la ‘Ley Magnitsky de la Unión’, para sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel como figura central en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas.

Aunque la resolución fue aprobada con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones, las sanciones no se implementaron de inmediato, ya que requieren la aprobación final del Consejo de la Unión Europea para entrar en vigor.

La votación de la resolución y la diversidad de opiniones dentro del Parlamento Europeo evidenciaron la complejidad del debate, con posturas profundamente divergentes sobre cómo abordar la situación en Cuba.

El Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), representado por eurodiputados como Leopoldo López Gil y Paulo Rangel, abogó por sanciones más estrictas contra el gobierno cubano, insistiendo en que la UE debe adoptar una postura más firme en respuesta al deterioro de los derechos humanos en la Isla.

Desde el grupo Renew, eurodiputados españoles como Javier Nart y Dita Charanzová también enfatizaron la necesidad de suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) si no se observan mejoras tangibles en las libertades fundamentales en Cuba, con lo cual Renew apuesta por una combinación de presión y diálogo como la estrategia más efectiva para lograr cambios en el país.

A su vez, eurodiputados del Grupo Conservador y Reformista Europeo (ECR), como Hermann Tertsch, adoptaron una postura aún más severa, apoyando firmemente la aplicación de la ‘Ley Magnitsky de la UE’ y solicitando sanciones directas contra altos funcionarios cubanos responsables de violaciones de derechos humanos.

Estas posturas, más críticas, contrastan con sectores más moderados dentro del Parlamento, incluyendo algunos eurodiputados socialistas como Javi López (PSOE), quienes sostienen que el diálogo debe seguir siendo el principal instrumento para promover mejoras en Cuba, aunque sin descartar una mayor presión diplomática de no percibir avances.

Con el paso de los meses y el complejo escenario internacional, Cuba ha perdido protagonismo en la agenda de derechos humanos de la UE. En el reciente debate general del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la UE expresó preocupaciones sobre países como Venezuela, Rusia, Siria y Myanmar, sin mencionar a Cuba entre los principales focos de atención. El cambio refleja cómo las prioridades geopolíticas y los conflictos de mayor escala, como la guerra en Ucrania, han desplazado a Cuba en la lista de urgencias de derechos humanos.

El cambio refleja cómo las prioridades geopolíticas y los conflictos de mayor escala, como la guerra en Ucrania, han desplazado a Cuba en la lista de urgencias.

Sin embargo, este contexto ha sido aprovechado por la oposición cubana, que en los últimos días ha intensificado su presión sobre la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC). Organizaciones como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Red Femenina de Cuba reiteraron la ineficacia del acuerdo para mejorar los derechos humanos en la Isla, destacando el creciente número de presos políticos como una razón fundamental para solicitar la activación de la cláusula de suspensión del ADPC.

Con la reciente elección de Kaja Kallas como la nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se abren interrogantes sobre el futuro del Acuerdo con Cuba. Kallas, ex primera ministra de Estonia, ha sido una voz firme contra los regímenes autoritarios, especialmente en lo que respecta a Rusia, dada su experiencia y antecedentes históricos con ese país. Su enfoque hacia los derechos humanos, reflejado en su condena constante a la represión en Europa del Este, podría indicar una postura más crítica hacia Cuba que la adoptada por su predecesor, Josep Borrell.

También podría significar un mayor enfoque en la defensa de los derechos fundamentales, en línea con las resoluciones más recientes del Parlamento Europeo que exigen una mayor presión sobre el gobierno cubano. Aunque Borrell optó por continuar el diálogo a pesar de las críticas, Kallas podría inclinarse hacia una postura más dura, apoyando las demandas de sanciones si no se observan mejoras claras en la situación de los derechos humanos en la Isla.

A medida que avance la nueva legislatura, es probable que el equilibrio entre diálogo y presión se reevalúe. En los próximos meses, se hará evidente si la Unión Europea mantiene su enfoque actual o adopta una postura más crítica hacia Cuba. Es previsible que asuma una línea más firme para exigir avances en derechos humanos, sin interrumpir las relaciones económicas y de cooperación. Incluso si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, la UE podría evitar una ruptura total.

Aunque la atención actual de la UE está centrada en la crisis en Venezuela, una respuesta severa a posibles estallidos sociales en Cuba podría llevar a la aprobación de sanciones, algo que el gobierno intentará evitar a toda costa por sus graves consecuencias económicas y diplomáticas.