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La noticia es que el Consejo de Ministros anunció una disminución del déficit fiscal al cierre de agosto. En este sentido, el ministro de Economía afirmó que «el informe denota un resultado en general positivo, pues se reduce el déficit, suben los ingresos, se controlan los gastos, y ya se realizó en lo sustantivo el ajuste al Presupuesto del presente año, del Plan de inversiones».
Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que el presupuesto mostró un déficit inferior al planificado, debido al sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de gastos. Sin embargo, ese aumento de los ingresos no está vinculado a salud económica o productiva, sino a medidas claramente recaudatorias y a la paralización de gastos e inversiones que han tenido un impacto directo en la vida de la población.
La viceministra de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, ofreció detalles sobre una de las prioridades del gobierno en este último paquete de medidas aprobado para ajustar distorsiones: el control de los precios y de los negocios privados.
Según la funcionaria, han aumentado las inspecciones y se han impuesto 137 mil multas, por un valor de más de 348 millones de pesos, casi todas vinculadas al proceso de vigilancia sobre los negocios privados para garantizar la regulación de los precios. Sin embargo, no se ha reportado que en las tiendas estatales se haga el mismo proceso o se impongan multas por vender productos por encima de los precios topados. Los productos «protegidos» incluyen pollo troceado, aceite vegetal, salchichas, leche en polvo, pasta alimenticia y detergente en polvo, aunque los Consejos de Administración Municipal también tienen la prerrogativa de topar otros productos en las tiendas privadas.
Mientras tanto, el primer ministro, Manuel Marrero, subrayó la necesidad de controlar precios abusivos, la observancia sobre la evasión de impuestos y prácticas ilegales como esconder mercancía para venderla «por la izquierda».
Según Marrero, «la vida nos ha demostrado la cantidad de reservas que existen», y mencionó como resultado la reducción del déficit presupuestario: «Se han implementado una cantidad de acciones importantísimas; la población todavía no lo percibe, porque aún no tiene un impacto directo en ella», afirmó el jefe de gobierno, aunque no explicó cómo esas medidas, que en una primera instancia implican disminuir inversiones, gastos y dinero público en la calle, van a tener algún impacto positivo en la población, al menos en una primera etapa.
Este panorama se debe a que el Estado ha optado por la inejecución de casi todas las inversiones. Incluso el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, subrayó, de acuerdo al reporte de la televisión cubana, que «tenemos que seguir buscando más ingresos, controlando más el gasto», lo cual indica que la contracción en los gastos e inversiones continuará. El titular de Economía fue incluso más lejos al afirmar que mantendrán una observación sobre la ejecución de los presupuestos de inversiones, de modo que si no se van a ejecutar en determinadas obras, tampoco se gaste el dinero.
Alonso Vázquez reconoció que «este plan de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía es un proceso que avanza, pero no a la velocidad que queremos».
Entre las posibles consecuencias de este llamado a la inejecución podría estar el incumplimiento del plan de construcción de casas, que a estas alturas del año, en el décimo mes, va solo por el 39 por ciento de lo planificado.
Según un reporte de Cubadebate, se repite el incumplimiento de la Política de la Vivienda y el programa de producción local de materiales de la construcción. Al cierre de agosto se habían construido solo 5,262 viviendas.
El problema del acceso a la vivienda es una de las urgencias más complejas que aquejan a miles de familias cubanas. Las provincias con mayores problemas son La Habana, Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los funcionarios explicaron dos razones principales: la falta de recursos, específicamente acero y cemento, pero también lo que llamaron «fisuras organizativas».
La jefa de la Oficina de Atención a las Administraciones Locales del Consejo de Ministros, Nancy Acosta Hernández, explicó en una reunión en el Palacio de la Revolución dedicada al tema que entre las «distorsiones detectadas» están la fragmentación de la dirección del Programa de Vivienda a nivel de territorio y «las debilidades en el completamiento de plantillas, pues hay varias provincias y municipios sin directores de esta área». Esto último entra en contradicción con la filosofía de «descentralizar» los programas a los territorios, cuando algunos no tienen, siquiera, un directivo que asuma la tarea.
El presidente cubano, por su parte, quien lideró el encuentro del máximo órgano de gobierno, afirmó que las acciones contribuyen a ordenar el déficit presupuestario y «nos da salidas discretas para comenzar a controlar mejor la inflación y también la tasa de cambio del peso cubano», pero reconoció que esos indicadores no llegan a la economía familiar.
Una de las conclusiones del primer ministro es que persisten problemas subjetivos, aunque los reportes de prensa disponibles del encuentro no ofrecen detalles de cómo enfrentar esos problemas. Sin embargo, sí relatan que el jefe del ejecutivo agregó que hay mucha chapucería y temas que sí dependen de nosotros «y que no los estamos enfrentando por falta de exigencia».
Esta noticia significa que el plan —aún no publicado— para corregir las distorsiones de la economía, valorizar el peso cubano y ajustar el rol y tamaño del sector privado avanza, pero en un sentido poco palpable para las áreas que más necesitan ver resultados y para la golpeada familia cubana que vive con una deprimida canasta básica, inflación y salarios fijos que no responden ni de cerca a las necesidades básicas, por no hablar del empeoramiento de la vida de los pensionados.
Si bien la reducción del déficit fiscal es una noticia positiva, la forma en que se ha logrado no está exenta de consecuencias. La inejecución de inversiones tiene un impacto directo en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otra parte, aunque cifras oficiales reconocen una inflación de alrededor del 30%, estos datos no tienen en cuenta el mercado informal de divisas ni de otros productos básicos como los medicamentos o alimentos que, luego del tope de precios, desaparecieron de las mipymes para trasladarse a grupos de compra-venta informales.
En este sentido, el economista Pedro Monreal afirmó que «se piensa que el problema es que “no se logra” un encadenamiento adecuado (efecto), cuando en realidad no se entiende que sin precios de mercado no hay cálculo económico efectivo y sin este no funcionan los encadenamientos (causa)».
Nuestra opinión es que el reporte del Consejo de Ministros confirma que hay un enfoque en el control y en las medidas recaudatorias, pero nada o muy poco en el fomento o en una redistribución de los recursos que preserve o proteja determinados sectores públicos, cuyos profesionales abandonan sus plazas, dejando esos servicios precarios frente a la población.
Lo primero es que el control de precios y el asedio al sector privado para el cumplimiento de precios topados tiene muchas consecuencias negativas: la primera es la disminución del producto disponible, ya que la formación de precios responde a proveedores, precios de fletes y no necesariamente a la voluntad del propio dueño de la tienda. En segundo lugar, sucede que el suministrador prefiere recoger el producto, no venderlo o no importarlo para esperar a que la ofensiva de control pase.
Si bien los precios de buena parte de los productos son inaccesibles para el salario de la mayoría de los trabajadores estatales, los montos topados también lo son, y hay una ausencia de estos insumos en los mercados estatales en pesos cubanos, que han quedado para vender unos módulos cada vez más exiguos y más espaciados, estando muy lejos de satisfacer las necesidades alimentarias de la población.
El Consejo de Ministros, si bien ha estado en los últimos meses más cercano al reconocimiento de los problemas de la economía y la sociedad cubana, sigue sin presentar una estrategia integral y viable para corregirlos. La narrativa no pasa de sembrar miedo mediante el control excesivo y las altas multas al sector privado, sin mostrar una alternativa desde el Estado para esas distorsiones y vacíos, ni una política de fomento que estimule a quienes, en vez de importar, prefieren producir. Como ya han repetido varios economistas hasta el cansancio: «No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes».
