Dos cubanos deportados a Sudán del Sur

La noticia es que el gobierno de Trump ha deportado a dos cubanos condenados por delitos graves a Sudán del Sur, después de que Cuba se negara a recibirlos, según afirma el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Enrique Arias Hierro había sido condenado por homicidio, robo a mano armada, secuestro, allanamiento de morada y suplantación de identidad. A principios de mayo fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por su parte, José Manuel Rodríguez Quiñones, quien fue arrestado el 30 de abril, tenía en su haber delitos como intento de asesinato en primer grado, agresión, hurto y tráfico de drogas, por solo mencionar algunos.

Según reportes de prensa, ambos estaban a punto de ser liberados tras cumplir largas condenas cuando ICE los detuvo. El Miami Herald informó que la administración Trump solicitó al gobierno cubano que los aceptara de regreso, pero La Habana se negó, argumentando que los hombres habían salido de la Isla siendo muy jóvenes. Por la parte cubana ninguna fuente oficial ha confirmado esta información.

Cuba ha continuado aceptando vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos como parte de los acuerdos migratorios vigentes entre los dos países. El caso más reciente fue el de una madre con una niña lactante que fue deportada de EE.UU. sin tener la opción, afirma, de llevarse a su hija con ella. La mujer, que trabajaba y no tenía antecedentes penales, se presentó en una cita de rutina ante las autoridades, ya que ella había entrado al país utilizando formulario I-220A que le impide beneficiarse con la Ley de Ajuste Cubano.  

El caso, que ha recibido gran atención mediática, puso al descubierto que la administración Trump no solo está deportando a personas con récord criminal, sino prácticamente a cualquiera que tenga la mala suerte de ser fichado por ICE.

Los cubanos Arias y Rodríguez están ahora en Sudán del Sur como parte de una operación del gobierno para deportar a terceros países a migrantes que sus países de origen no acepten. Los cubanos fueron enviados desde Texas al país africano con un historial de violencia e inestabilidad en un vuelo que, según Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad Nacional, transporta «a algunas de las personas más bárbaras y violentas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos».

Estos envíos a terceros países están confrontando una fricción: en este caso, un juez federal de Boston ordenó al gobierno no deportarlos porque eso contradecía una orden que ya antes él había dado, prohibir las deportaciones de migrantes que no han tenido la oportunidad de impugnar su expulsión. No obstante, la administración Trump ya ha violado otras órdenes de jueces de cortes menores e investiga cómo hacerlo más y mejor.

Las deportaciones y las detenciones responden a una estrategia de la actual administración de intimidar a los migrantes para que se autodeporten, o para que los que pretenden ingresar al país no lo hagan. Aunque la realidad es que la administración no tiene los fondos para detener, procesar y expulsar del país a millones de migrantes en situación irregular, y si lo hiciera, los efectos en la economía serían incalculables, sobre todo en los sectores en los cuales estos migrantes realizan el trabajo que no quieren hacer los nativos.

Estos no son los primeros cubanos deportados, pero el temor de la deportación por el solo hecho de ingresar ilegal o no estar en el camino de obtener una residencia o ciudadanía, es nueva para quienes emigran desde la Isla, que siempre estuvieron particularizados entre los latinos en Estados Unidos.

En medio de esta alharaca por la deportación a Sudán del Sur, ha sido noticia que el popular artista de género urbano Yosvani Arismín Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, quien cumplió prisión en Cuba y ahora se encuentra preso en EE.UU. por cometer varios delitos, podría ser deportado a CECOT, la prisión de alta seguridad en El Salvador que Nayib Bukele renta a Estados Unidos.

Esta noticia significa que la comunidad cubana está más expuesta que nunca a ser tratada exactamente igual que el resto de las comunidades latinas, donde los comisores de delitos clasifican para deportaciones exprés sin importar lugar de procedencia.

Es además un pánico que no recae solamente en aquellos con antecedentes penales, sino también en personas que no han cometido ningún delito y están expuestas a ser apresadas en citas reglamentarias como el caso de la joven madre que sí fue aceptada por el gobierno cubano, y dos días después de su detención aterrizó en Cuba.

Significa, además, que habría peores escenarios que regresar al país de origen del que esas personas partieron por varias razones: existe la posibilidad, para los que han cometido delitos, incluso si terminaron su sentencia, de ser deportados a terceros países donde caen en territorio de nadie y el respeto a los derechos no es prioridad. Presos movidos como ganado sin que tengan derecho a reclamar, apelar o impugnar esa decisión.

Buena parte de la comunidad cubana votante eligió al actual presidente, quien anunció, de una manera u otra, que este sería el camino para los migrantes, y no hizo distinción con los cubanos. Esta campaña de miedo a la deportación, los llamados a denunciar a personas que supuestamente tuvieron vínculos con el gobierno cubano, el retiro de apoyo a los que entraron al país con el parole humanitario, y el limbo legal en el que se encuentran, demuestra que los cubanos emigrados no ciudadanos ni residentes aún están sufriendo el peso de una administración que no ahorra esfuerzos por expresar su rechazo el recién llegado latino, mientras recibe a sudafricanos blancos bajo la falsa premisa de que en Sudáfrica se produce un «genocidio blanco».

Nuestra opinión es que el gobierno cubano debe dejar clara su versión oficial sobre qué pasa cuando recibe estas solicitudes, y qué significa realmente lo que ha dicho antes el viceministro del Minrex encargado de los temas de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, que «Cuba aceptará vuelos con deportados siempre y cuando sean dentro del marco de los acuerdos migratorios». ¿Están vigentes esos acuerdos si no se producen los diálogos sobre el tema que estos estipulan? En esta situación distinta, en que las deportaciones son práctica más habitual que nunca, ¿qué hará el gobierno cubano? ¿Aceptará solo a personas que no hayan cometido delitos o incluirá a célebres criminales y opositores como Chocolate MC? ¿Qué acciones tomará para proteger a los migrantes de las posibles consecuencias que tendrían en lugares como el temido CECOT?

También opinamos que es muy llamativo el silencio de organizaciones de derechos humanos, muy centradas en observar y evaluar las violaciones cometidas en la Isla, pero que miran para otro lado cuando las políticas trumpistas ponen en entredicho los derechos de los cubanos.

Por ahora, la incertidumbre sigue apoderándose de una comunidad que supuestamente salió huyendo del autoritarismo en la Isla, pero apoyó a un presidente que cada vez da más señales de no tener ningún respeto por los valores democráticos que Estados Unidos dice defender.