Una propuesta a la polarización: Lula y Petro frente a la crisis venezolana

Las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio produjeron una importante fractura en el sistema internacional debido a la falta de claridad de sus resultados. El presidente Nicolás Maduro, que termina su mandato en diciembre, asegura que fue él quien ganó las elecciones con algo más del 50% de los votos, mientras que la principal oposición, liderada por María Corina Machado a través del candidato Edmundo González, habría obtenido el importante saldo de casi un 42%.

Esos datos, que han recibido el respaldo del Consejo Nacional Electoral, son rechazados, no solo por el principal sector opositor, que atribuye a González una victoria por encima del 60% de los sufragios, sino también por prestigiosas instituciones de observación electoral como el Centro Carter.

La disputa sobre los resultados se complica, más si esto fuera posible, debido a la fuerte polarización que ha caracterizado al país en lo que llevamos de siglo. En un frente se sitúan aquellos que cierran filas con el gobierno chavista y en el otro sus opositores acérrimos. Estas posturas instigan tras de sí contingentes fuertemente enfrentados, tanto en el ámbito internacional como en el interior de Venezuela, una realidad que explica el escepticismo que se cierne sobre la búsqueda de posibles soluciones. No solo se promueven victorias totales, de un lado y del otro, sino que ambos miran a su antagonista, como ajeno a cualquier tipo de legitimidad.

Ninguna de las partes es capaz siquiera de asumir sus propias responsabilidades en lo concerniente al alto grado de polarización alcanzado en Venezuela: un enfrentamiento enconado que ha lanzado al gobierno por la senda de la acción autoritaria, y a la oposición hacia la demanda de sanciones e incluso hacia la vergonzante petición de la intervención militar.

Ninguna de las partes es capaz siquiera de asumir sus propias responsabilidades en lo concerniente al alto grado de polarización alcanzado en Venezuela.

En ausencia de actitudes mediadoras, buenos oficios y diálogo entre las partes es difícil anticipar no solo una salida democrática, sino un mínimo escenario de paz. Una circunstancia que dibuja un escenario ciertamente inquietante, dadas las consecuencias de la crisis para la seguridad regional.

Apoyos internacionales divididos

En torno a la crisis postelectoral, se han estructurado tres posiciones centrales. Apoyando a la oposición, junto a Estados Unidos, se han ubicado la mayoría de los países europeos y un grupo grande de Estados latinoamericanos, que incluyen no solo las posturas de solidaridad ideológica de derecha y centro, sino también al gobierno de Chile, marcado por una identidad de izquierda democrático-liberal, es decir, comprometido completamente con el respeto a los procedimientos democrático-liberales y con una idea simple pero razonable: si hay elecciones, cualesquiera que sean las circunstancias, con desestabilización externa o no, es lógico dar y aceptar sus resultados. El gobierno es, y debe ser, el primer responsable de garantizar un ejercicio libre y transparente. Quien obtiene más votos va al gobierno. Quien pierde se cura las heridas en la oposición y, después de unos años, concurre a un nuevo ejercicio electoral. Es evidente que las cosas no son tan simples, pero este principio es central en el ejercicio democrático.

Quien obtiene más votos va al gobierno. Quien pierde se cura las heridas en la oposición.

Del otro lado, apoyando a Maduro, y denunciando actos intervencionistas y sanciones unilaterales que nunca debieron ocurrir contra Venezuela, están las potencias alternativas a Estados Unidos: China y Rusia. En la región latinoamericana, esta postura se instrumenta a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Forman parte de este grupo gobiernos con paradigmas no democrático-liberales como Cuba, la Nicaragua de Daniel Ortega, democracias liberales como Bolivia, y sistemas parlamentarios estilo Westminster como varias democracias caribeñas.

Frente a esas dos posturas se ha levantado una tercera posición. Un sector caracterizado por una suerte de equidistancia posibilista, que promueve la negociación sobre intereses comunes y no sobre ideas y planteamientos encontrados, que promueve una solución negociada a partir de dinámicas aceptadas por su legitimidad democrática y que está comprometido tanto con el principio mayoritario y la transparencia electoral como con la postura anti-intervencionista.

Más allá de las declaraciones de cada uno de esos grupos, si lo que se busca es encontrar soluciones negociadas a través del diálogo, y estabilidad regional, hay que centrarse en consideraciones de tipo geopolítico y en intereses. Venezuela es un país enclavado en el centro de la región, con las mayores reservas mundiales de petróleo. A esto habría que agregarle el éxodo masivo:  7,7 millones de venezolanos han abandonado su país por medios regulares e irregulares, generando el consecuente impacto en numerosos países.

Lula y Petro: una vía de diálogo

Haciendo frente a la situación y a las posturas polarizadas, los presidentes brasileño y colombiano, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro Urrego insistieron en la necesidad, y la conveniencia, de buscar una solución latinoamericana a un problema latinoamericano, matizada, sin posturas unilateralistas, y que afianzara el compromiso democrático, y redujera los espacios y justificaciones que animaban y animan a las intervenciones extrarregionales.

Desafortunadamente, la posición colombo-brasileña, acompañada por el gobierno mexicano por algún tiempo, ha sido poco considerada en sus extraordinarios méritos. Si hay una salida duradera a la crisis venezolana, habría que buscarla por allí; la negociación, el diálogo y los buenos oficios. Partiendo de esta base, no es apropiado aproximarse al presidente Maduro, ni sus seguidores, que incluso con los datos que maneja la oposición, rebasan el 30% de los votos, como si fuesen el Cartel de Jalisco. Tampoco es realista mirar a una oposición por encima del 40%, según datos oficialistas, como meros títeres, subordinados a Estados Unidos, como hizo recientemente en la cumbre del ALBA-TCP el mandatario nicaragüense Daniel Ortega.

Dado que la polarización en torno a Venezuela es también regional, la evaluación de las propuestas constructivas de Lula y Petro ha ocurrido en un contexto mediático muy desnivelado. A las posiciones y formaciones de izquierdas de varios países de la región, como le sucede al Partido Comunista de Chile, se les pide coherencia en su compromiso con la democracia representativa, juzgándolas al interior de sus países por sus pronunciamientos respecto al gobierno en Caracas, y exigiéndoles como cuestión de legitimidad democrática no un apoyo a Lula y Petro, sino una condena sin ambages al gobierno de Nicolás Maduro.

En contraste evidente con estas demandas, a las derechas latinoamericanas no se le exige condena equivalente ante actos de intervención y sanciones comprensivas que no van dirigidas a violadores específicos de derechos humanos, sino que castigan al pueblo en general. A estas derechas latinoamericanas tampoco se les demanda que se pronuncien o que condenen las acciones y discursos antidemocráticos de la derecha radical venezolana.

A las derechas latinoamericanas no se le exige condena equivalente ante actos de intervención y sanciones comprensivas que no van dirigidas a violadores específicos de derechos humanos.

Nadie tiene que llegar al sinsentido de retratar a Nicolás Maduro como el equivalente al presidente Salvador Allende para reconocer que María Corina Machado tiene una historia que tampoco es equivalente a la de Violeta Barrios de Chamorro o Michelle Bachelet. Machado estuvo en Miraflores cuando se dio el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, electo y reconocido democráticamente por el mismo Centro Carter al que hoy apela. Con posterioridad, María Corina Machado ha solicitado, en varias ocasiones, intervenciones armadas, sanciones ilegales, inmorales y contraproducentes, y ha apoyado conductas violentas en las que es difícil identificar una cultura de oposición leal y democrática. Por oponerse, estuvo entre las que descalificaron la postura del exgobernador Henry Falcon de participar en el ciclo electoral previo. Unas elecciones a las que ahora ella emplaza al pueblo a participar sin rubor alguno, cuando es ella la voz cantante. Por no condenar, no ha condenado las guarimbas, donde quemaron a personas vivas por ser o parecer chavistas.

La propuesta de Lula y Petro propone un espacio de ganancia no cero a partir de un pacto de reforma institucional, que hasta ahora rechazan drásticamente el gobierno y la mayoría de la oposición, particularmente la liderada por María Corina Machado. Es urgente la reforma de un sistema político en el que es difícil, para cualquiera, gobernar si se cumplen las normas, tal y como fueron concebidas en los orígenes de la República Bolivariana. Aquí sería conveniente empezar por restaurar los límites de mandato presidenciales. Habría también que ajustar el calendario electoral de tal modo que provea un mínimo de tregua o secuencia separada de elecciones regionales en diferentes años para evitar la polarización de celebrar elecciones de alcance nacional casi anualmente. Quizás sería conveniente transformar la Asamblea Nacional en un parlamento bicameral, en el que la Cámara Alta refleje los cambios de correlación de fuerzas a nivel de los Estados.

Para gestionar en Venezuela esos cambios con diálogo, a través de soluciones negociadas entre posiciones muy distanciadas, tanto internas como externas, es muy útil la propuesta de Brasil y Colombia, planteada, ha de recordarse de nuevo, con el apoyo mexicano en sus primeros momentos. Se trataría de influir a las partes con el objetivo de impulsar la negociación de cambios relevantes, con un calendario limitado por la necesidad de convocar nuevos comicios bajo condiciones diferentes, de no intervención indebida externa en los asuntos internos venezolanos, pero con garantías de observación electoral serias durante todo el proceso.  

Por otro lado, la llamada a un diálogo nacional entre gobierno y oposición, establecido bajo las premisas que aporta la propuesta colombo-brasileña, restauraría la búsqueda de los paradigmas democráticos sin quedarse en la falacia electoralista. Las elecciones lejos de ser un factor que agudiza la polarización, serían el final de un proceso de mutuo reconocimiento entre las partes.

El chavismo no se va

Un elemento clave a tener en cuenta para esta apertura es la falsa percepción de que las fuerzas y los sectores que apoyan al gobierno venezolano son menores en número e intensidad. Estos sectores tienen la capacidad de obstaculizar cualquier estabilización y podrían apostar por un escenario similar al nicaragüense, donde, el PSUV, en lugar de transformarse en actor democrático, siguiera los pasos del FSLN de obediencia orteguista, encaminándose hacia una alternancia de una vez, que, lejos de ir hacia un escenario post-polarización, se enquistó en él hasta regresar al poder.

Algo parecido ocurrió con el partido liberal y otros integrantes de la coalición que llevo al poder a Violeta Barrios de Chamorro. En su seno, con el respaldo y la intervención política de la estadounidense NED, se incubó el gobierno corrupto de Arnoldo Alemán y la descabezada oposición al FSLN después del fallido gobierno de Enrique Bolaños. Es lógico suponer que el chavismo, como ocurrió con el sandinismo, ni va a desaparecer electoralmente, ni va a ser despojado de una presencia importante en el Estado y las fuerzas armadas.

En ese contexto no ayuda tratar la negociación con Nicolás Maduro y el sector que lo apoya como si se tratase del Chapo Guzmán al frente del llamado Cártel de los Soles. Ha sido un grave error diagnosticar a un sistema de autoritarismo competitivo con raíces populares, que ha cubierto un cuarto de siglo y que ha representado al llamado chavismo, como si fuera obra de un capo mafioso o un sultán. Maduro es un líder autoritario, de un movimiento político que salió de una ola de indiscutible apoyo popular bajo el liderazgo de Hugo Chávez.

No ayuda tratar la negociación con Nicolás Maduro y el sector que lo apoya como si se tratase del Chapo Guzmán.

Geopolíticamente, el régimen de partido dominante del PSUV y la llamada unión cívica-militar están sentados sobre las mayores reservas mundiales de petróleo y ostentan un récord de redistribución económica que abrió la puerta a sectores que habían sido excluidos y vilipendiados durante la IV República. Por otro lado, aunque este gobierno venezolano no tiene las mismas opciones que tuvo Cuba durante la guerra fría, cuenta con el apoyo de Rusia y China, y con el interés geopolítico de llevar Venezuela a los BRICS.

Maduro tiene la capacidad de resistir transformaciones políticas profundas, usando lo que Kelly Greenhill ha llamado las «armas de migración masiva». En medio de la guerra ruso-ucraniana, hay una dinámica energética mundial en la que es difícil pensar que Estados Unidos y la Unión Europea vayan a lanzarse a una cruzada anti-Maduro que dispare aún más los precios del crudo. Por lo demás, si hablamos de prioridades para el orden liberal bajo égida estadounidense, Maduro es un mero disturbio comparado con el gran problema que es Vladimir Putin.

Una solución latinoamericana a un problema latinoamericano

A tenor de lo expuesto, es un activo para la región, y una oportunidad, que Lula, un presidente con prestigio democrático, poder regional y respetado entre las grandes potencias y los organismos internacionales, ofrezca su capital político para actuar como mediador. Es necesario tener presente que ni China ni Rusia se han pronunciado contra la iniciativa de Lula hacia Venezuela. La diplomacia brasileña, incluso en el escenario favorable a Caracas de la ciudad rusa de Kazán, ha demostrado que para Venezuela ingresar a los BRICS, incluso con el apoyo ruso y chino, no puede circunvalar la deferencia en el grupo ante la preminencia brasileña en América Latina.

Al mismo tiempo, los sectores más responsables dentro de la Administración Biden y en la Unión Europea, como podían ser los gobiernos de Pedro Sánchez y Olaf Scholz (destaca que Alemania ha renovado su embajada en Caracas con un nuevo embajador presentando cartas credenciales a Maduro), miran con interés y empatía la gestión de Colombia y Brasil. Sin embargo, esos mismos sectores han permanecido irresponsablemente callados ante los ataques mediáticos contra los presidentes brasileño y colombiano, y el expresidente mexicano AMLO, acometidos por los sectores de la derecha regional y global, que los presentan como «cómplices del fraude». Mientras tanto, en la cumbre del ALBA, Daniel Ortega se despachó contra Lula y Petro como «arrastrados del imperio».

Lula y Petro han insistido en repetir el ejercicio electoral a partir de nuevas condiciones que sean incuestionables desde la lógica democrática.  De hecho, un ejercicio de ese tipo podría tener un efecto positivo y clarificador para entender las limitantes externas e internas al desarrollo democrático en Cuba, donde hay un bloqueo económico, comercial y financiero, equivalente a una guerra económica, o en Nicaragua, donde no lo hay.

Lula y Petro han insistido en repetir el ejercicio electoral a partir de nuevas condiciones que sean incuestionables desde la lógica democrática.

Petro ha dicho que las elecciones libres y democráticas son la solución. Libres, democráticas e independientes, han explicado los presidentes colombiano y brasileño, quiere decir que las elecciones deberían desarrollarse sin las sanciones que deprimen el nivel de vida de los pueblos, como sucede en Cuba y Venezuela. El pueblo venezolano debe poder optar por su favorito, sin condicionamientos externos de sanciones que promueven a los preferidos de gobiernos externos, como el estadounidense. Las sanciones, en línea con el derecho internacional solo deben ser dirigidas a violadores, probados y conocidos, de las normas de derechos humanos.  

Dicho esto, es pertinente señalar otras vertientes de la petición de Lula y Petro, pues también exigen importantes condiciones al gobierno de Nicolás Maduro. Las elecciones deben ser monitoreadas según las mejores prácticas de observación electoral internacional, con acciones de revisión típicas de los estándares de las Naciones Unidas. Junto con esto, ningún candidato debe ser excluido por una razón que no sea estrictamente legal, por la comisión de un delito que no haya prescrito. En el intermedio, y para la preparación de un nuevo ejercicio electoral con monitoreo internacional, los presidentes colombiano y brasileño proponen una solución latinoamericana para un problema latinoamericano, con precedentes latinoamericanos, un gobierno de frente nacional, como el establecido en el contexto colombiano a mediados del siglo XX: compartiendo de modo pactado, entre las fuerzas políticas, el manejo político del país.

Un precedente interesante para una propuesta como la de los presidentes Lula y Petro es la negociación que tuvo lugar en la República Dominicana a raíz de las disputadas elecciones de 1994, cuando el presidente Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, fue acusado de fraude en su disputa con la candidatura del socialdemócrata del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez. Sucedió que con el apoyo de la comunidad internacional e importantes fuerzas de la sociedad civil dominicana se desactivó el escenario polarizador y se adoptaron cambios institucionales que facilitaron el desmantelamiento de un sistema electoral que facilitaba y abonaba todo lo contencioso, y que dejaba poco espacio al compromiso.

Este proceso se arregló a través del conocido Pacto por la Democracia. Se firmó un acuerdo, tras varios desencuentros y negociaciones, en el que finalmente estuvieron implicadas las principales fuerzas políticas: las formaciones rivales objeto del contencioso, el Social Reformismo de Balaguer, el PRD del candidato supuestamente despojado de la victoria por el fraude, Peña Gómez. A estas se unieron otras fuerzas políticas, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Juan Bosch. Fruto del acuerdo, se recortó el periodo de Joaquín Balaguer y se convocaron nuevas elecciones después de un periodo de enfriamiento de pasiones.

Los nuevos comicios no fueron una mera repetición de los comicios anteriores. Por el contrario, vinieron con importantes cambios institucionales, que obraron como factores estabilizadores del sistema político, promoviendo renovaciones partidistas y nuevos compromisos. Se incorporaron niveles de escrutinio internacional estrictos, que no se redujeron a la jornada electoral. Además, se creó la segunda vuelta electoral, que proveyó de una mayor legitimidad al sistema político y se prohibió la reelección más allá de dos periodos consecutivos.

Los efectos del pacto se hicieron sentir de inmediato en espacios de despolarización, mayor legitimidad internacional, salidas honrosas para todos los partidos políticos, incluyendo una apertura mayor a diferentes pactos, y un reciclaje de las élites políticas a nivel de todo el país. Como resultado de la participación de terceros actores de la sociedad civil y política, y de una mayor implicación de la comunidad internacional, se crearon reglas más claras, donde las concesiones no ocurrieron en un juego de suma cero, sino acorde a nuevas estructuras presididas por un espíritu de reconciliación focalizado en el futuro y no en la reedición de los pleitos del pasado.

¿Funcionará algo similar en la Venezuela de hoy? Nadie lo puede asegurar. Lo que sí resulta claro es que las bases chavistas que representan un sector imprescindible para la paz social han respaldado a su presidente Nicolás Maduro y han señalado, con razón, que los descalabros económicos y las críticas a la mala gestión del gobierno no pueden ignorar las sanciones que luminarias de la economía mundial como Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs han reconocido como muy relevantes obstáculos en el desempeño venezolano. Cabría agregar también el ejemplo de Cuba, donde la permanencia de las sanciones es incomprensible desde el derecho internacional y la promoción de los derechos humanos.

Igualmente notable y reseñable es la narrativa opositora, que, basada en los procedimientos electorales establecidos, ha movilizado a millones de personas desde la conciencia de que el ejercicio electoral acaecido vino cargado de marcadas faltas de transparencia, incumplimientos de las entregas de datos, y desviaciones registradas por sectores de reconocida reputación como el Centro Carter y la propia ONU. La propuesta de Lula y Petro atiende la legitimidad de esas demandas.

Resulta lamentable, por tanto, que una iniciativa como la de Petro y Lula, balanceada, regional, latinoamericana, fundamentada en el derecho internacional y la identidad democrática, con demandas sustantivas, reconciliadoras y atentas a la concertación de voluntades, haya recibido un apoyo tan limitado por parte de los grandes poderes y organismos internacionales. No basta la no oposición; una salida de buenos oficios como la propuesta de Lula y Petro, basada en las mejores experiencias de diálogo, reconciliación y espacios de poder compartido merece y necesita apoyo sustantivo.