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La noticia es que más de 208 mil cubanos han entrado por la frontera sur de Estados Unidos en lo que va de 2024. Esto ocurre a pesar de que está vigente, con una breve pausa, un programa de Parole Humanitario que otorga una autorización de viaje, siendo una alternativa más segura y económica para miles de cubanos que buscan emigrar.
Si bien los expertos señalan una desaceleración en las cifras, la crisis migratoria cubana continúa, y Estados Unidos sigue siendo el destino preferido de los cubanos. Los encuentros de cubanos a nivel nacional en Estados Unidos suman 208,308, según las cifras actualizadas hasta agosto del Departamento de Seguridad Nacional. Solo en el mes pasado, 11,744 cubanos arribaron a la nación norteamericana.
El Parole Humanitario, junto al largo proceso de reunificación familiar, son las únicas dos vías legales para emigrar a Estados Unidos, mientras que las visas de turismo o de negocios siguen siendo prácticamente inaccesibles debido a los limitados servicios consulares en la Embajada estadounidense en La Habana.
Este programa experimentó una reducción en agosto: «solo 1,195 cubanos recibieron el permiso para entrar a Estados Unidos, una cifra considerablemente menor en comparación con las 5,000 aprobaciones de julio y las 5,900 de junio», informó la plataforma especializada en trámites Directorio Cubano. Dicho decrecimiento puede deberse a los controles implementados para evitar los fraudes detectados, que provocaron la suspensión temporal del permiso.
Por otra parte, las deportaciones también amenazan la permanencia de cubanos en territorio estadounidense, aquellos que entran de manera irregular o violan los procedimientos para solicitar permisos. Esta semana, medios locales de Florida anunciaron una protesta de cubanos para pedir el fin de las deportaciones y el «limbo migratorio» para los migrantes con I220B procedentes de la Isla. El I220B es una autorización que permite la estancia en el territorio de destino, pero no la regularización del estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Esta semana también causó polémica el post del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre que «de enero a septiembre de 2024 se han legalizado en @CubaMinrex más de un millón doscientos mil documentos». Aunque la intención era resaltar la celeridad con la que se realizan los trámites —que «no exceden el plazo establecido de 10 días en la Cancillería, gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores y organismos implicados»—, esto suscitó múltiples cuestionamientos, considerándolo un indicador del éxodo de cubanos que está provocando la desprofesionalización del país.
Esto significa que, si bien la Administración Biden ha implementado mecanismos para ordenar el flujo migratorio de cubanos, los problemas relacionados con la migración irregular están lejos de resolverse. Aún menos hay indicios de que la cantidad de cubanos que intentan cruzar las 90 millas, de manera legal o ilegal, vaya a disminuir.
La creciente oleada migratoria tiene su raíz en la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país, provocada tanto por malas decisiones internas como por el peso de medidas unilaterales coercitivas externas, varias de las cuales fueron renovadas esta semana con la firma presidencial. La escueta nota afirmaba que estas sanciones se mantenían por razones «de interés nacional para los Estados Unidos», sin una explicación clara.
Además, el hecho de que en Estados Unidos persisten ciertos beneficios exclusivos para los cubanos, como la Ley de Ajuste Cubano, es un incentivo para que los emigrantes intenten llegar al lugar donde tienen mayores posibilidades de establecer redes familiares y regularizar su estatus.
Las elecciones estadounidenses de noviembre también podrían alterar los planes migratorios de algunos, ya que las políticas podrían cambiar según el presidente elegido. Si Kamala Harris continúa el mismo camino de Joe Biden, ya se sabe qué esperar: ha sido durante este mandato demócrata cuando más cubanos han sido acogidos. Sin embargo, la elección de Donald Trump, junto a su propuesta de vicepresidente JD Vance, podría ejercer una presión inesperada sobre los beneficiarios de programas que regulan la situación migratoria de miles de personas.
En un reciente intercambio con la prensa, el candidato a la vicepresidencia de Trump afirmó que la estrategia de Harris consiste en ofrecer TPS o «parole masivo». Vance opinó que esas decisiones son ilegales, y por lo tanto, los inmigrantes que se benefician de ellas también son ilegales.
«Que Kamala Harris mueva su varita mágica en una acción ilegal, no convierte a un indocumentado en alguien legal», dijo Vance, cuyo jefe acusó en el último debate a los haitianos de Springfield de comer perros y gatos de sus vecinos.
Nuestra opinión es que la actual crisis migratoria afecta a ambos países. Para Cuba, el éxodo masivo de fuerza laboral representa un problema en un contexto de envejecimiento poblacional e instituciones clave con escasez de personal. Para Estados Unidos, la acogida de miles de migrantes pone en jaque los servicios de trámites y, en algunos casos, puede representar una carga para el presupuesto estatal, especialmente en los primeros años de adaptación. Por tanto, este debería ser un problema que ambos Estados resolvieran mediante el entendimiento.
El relajamiento de las «sanciones», que tienen un impacto directo sobre la vida de los cubanos, como la despenalización de las navieras que tocan puerto en la Isla, o la aprobación de licencias generales que faciliten la importación de alimentos e insumos básicos, podría ser un buen camino para aliviar la actual crisis en Cuba, principal impulsora de la emigración.
Por su parte, el gobierno cubano debería aprovechar estas ventajas para dinamizar la economía y abandonar el modelo rentista, junto con prácticas autoritarias que también han empujado a muchos de sus ciudadanos a ver la migración como el único camino para alcanzar estándares mínimos de bienestar.
