Corrupción en Cuba: ¿quién se ha llevado mi queso imaginario?

«El invento», «la lucha», «la jugada», «por la izquierda», «resolver». Así se le llama en Cuba a la corrupción cotidiana, los negocios comunes que hace la gente para sobrevivir a la brecha entre el salario y la realidad. «Un explote», «un rayo», «lo tronaron», así se nombra el declive de un funcionario corrupto, que suele ser, además, expuesto públicamente.

El discurso anti corrupción ha tomado auge en la prensa oficial en los últimos meses. La abrupta caída del ministro de economía Alejandro Gil ha puesto en alerta a los organismos fiscalizadores y no paran de salir a flote casos relacionados con la administración estatal.

«Uno lo siente como una traición», así expresó la contralora general de la república, Gladys Bejerano Portela, refiriéndose al caso de Gil, en una entrevista realizada por la agencia extranjera EFE.

Dicha funcionaria reconoce que la crisis económica cubana impulsa a las personas a caer en actos de corrupción. Por demás, indica que «el 76 % de las ilegalidades detectadas se dan “en el nivel de base” y que GAESA, el conglomerado empresarial que aporta la mayor parte del PIB en Cuba, no está bajo su control. Bejerano describe a GAESA como dotada de una “disciplina y organización superior”».

Usemos la lógica matemática: la conjunción de A y B, denotada como A ∧ B, es verdadera solo si ambas: A y B son verdaderas. De lo contrario, es falsa. Bejerano dice que la crisis es un factor para que aumente la corrupción (A es verdadera) y el «76% de las ilegalidades se dan a nivel de base» (B es cuestionable). Si GAESA controla gran parte de la economía en Cuba y la contraloría no puede auditarle, ni existen registros públicos de sus acciones financieras, entonces, ¿cómo se puede afirmar que la mayor parte de las ilegalidades ocurren en la base?

El filtro moral de la corrupción administrativa

Anterior al caso Gil, Granma había publicado un artículo que da cuenta de los hallazgos de la contraloría en materia de corrupción administrativa en varias empresas estatales de la capital. Allí se resume que este fenómeno es resultado de:

• las deficiencias en la selección de «quienes ocupan puestos claves en la gestión y el control de los recursos»;
• la negligencia en la custodia de estos;
• la falta de transparencia en la fiscalización desde «los niveles administrativos superiores […] y unidades empresariales de base»;
• la no delimitación y actualización de las funciones del personal fiscalizador;
• la falta de efectividad del Plan de Prevención de Riesgos;
• las brechas en los «procedimientos de control interno, que no permiten ejecutar adecuadamente los procesos de abastecimiento, los comerciales, las ventas y el depósito de los ingresos»
• y, finalmente, la pérdida de valores éticos y morales de los directivos, especialistas o trabajadores.

La Ley 158 de 2022 De la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema De Control Superior de los Fondos Públicos y de La Gestión Administrativa se basa en los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que la República de Cuba es Estado Parte.

Dicho tratado internacional «encomienda a cada Estado, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico» garantizar la existencia de órgano fiscalizador superior: la Contraloría General de la República. Esta entidad, según el artículo 15c de la Ley mencionada, debe auxiliar al Estado en la «organización y control de las acciones derivadas de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción».

En Cuba, según el artículo 5 de la Ley 58 se entiende por corrupción en la gestión administrativa: «la actuación contraria a la ética y a las disposiciones normativas por los directivos, funcionarios públicos u otro personal designado, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de la función asignada; caracterizada por la pérdida de valores éticos, incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de las facultades, bienes y servicios destinados a la satisfacción del interés público o social, con el propósito de obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase, que tiene como base fundamental el descontrol administrativo, el engaño, el soborno y la deslealtad».

Desde el punto de vista de la Sociología, las académicas cubanas, Idalsis Fabré Machado, Celia M. Riera Vásquez y Yamila Roque Doval tomando en cuenta la diversidad de conceptos de corrupción que manejan las Ciencias Sociales, definen a la corrupción como un tipo de relación social «que se desarrolla en el tejido organizacional de la sociedad a expensas de la institucionalidad y de sus contradicciones estructurales».

Por demás, aportan que esta deviene en «prácticas que subvierten el sistema y se expresan en comportamientos que, no obstante, su ilicitud, encuentran un fundamento de legitimidad en la experiencia social». Lo que implica «que la lucha contra el fenómeno no puede limitarse a sancionar conductas individuales, sino que necesariamente debe desmontar las lógicas del sistema que lo condicionan, tanto en los ámbitos socioeconómico y político como desde la subjetividad social».

La corrupción puede ser económica, política, corporativa, administrativa, privada, pública, etc. Desde estos abordajes, se le dan connotaciones distintas que tienden a adjetivarla, generalizarla o estudiarla en casos específicos. Aunque también ha estado muy presente en sistemas y partidos socialistas, tanto en la extinta URSS como en los llamados «socialismos del siglo XXI».

Asimismo, en regiones que han tenido que sufrir los efectos del colonialismo y el consiguiente subdesarrollo como África Subsahariana y América Latina, con Estados nacionales relativamente jóvenes, dependencia de los poderes imperiales y un proceso de formación de la sociedad civil accidentado, la corrupción tiende a estar a la orden del día.

Por otro lado, podría aventurarme a decir que la inexistencia o los bajos índices de corrupción son una condición o aspiración de todo sistema que se asuma socialista —en el sentido teórico del término—, pero aquí entramos en el debate de si hay socialismo en Cuba, en el cual tomo postura al afirmar que no. En Cuba tenemos un capitalismo de Estado y tuvimos un país que aspiró en su proyecto social de 1959 a construir el socialismo, pero no lo logró, entre otros factores por la propia corrupción y el autoritarismo.

La inexistencia o los bajos índices de corrupción son una condición o aspiración de todo sistema que se asuma socialista.

El estudio de la corrupción se enfoca desde las Ciencias Políticas, la Economía, la Criminología o el Derecho Penal, de ahí que la corrupción se enuncie desde la normativa particular del país en que se estudie. Las autoras antes mencionadas hacen un estado del arte respecto a las formas en que se estudia la corrupción y concluyen que existe en primera instancia una tendencia de «estudios macro sobre bases empiristas, con pretensiones de generalización y enmarcados en modelos estadísticos que intentan cuantificar el fenómeno».

En este caso estarían los índices de percepción de corrupción (IPC) que publica Transparencia Internacional. En 2023, Cuba ocupó el puesto 42, el más bajo de su historia en este ranking, y también ligeramente por debajo del promedio en la región. Al ser un índice macro, opera con información pública y si en Cuba la contraloría no audita a GAESA, el mayor conglomerado empresarial del país, pues hay mucho de los que se pierde ese IPC.

La corrupción es abordada también desde razonamientos «tecnocráticos y gerenciales» desde la teoría de la elección racional y la economía institucional. Los enfoques que mencionan las autoras tienen algo en común entre sí y con el concepto de corrupción que adopta el Estado cubano: no ven a la corrupción como un tipo de relación social. La analizan apegada a un marco normativo y no se centran en el contexto en que se da la corrupción.

El concepto cubano de corrupción habla de ética y moral socialista y en ese caso entramos en un terreno sumamente subjetivo. Silvio Rodríguez cantó: «Si alguien roba comida y después da la vida qué hacer», y yo digo que si el Estado no garantiza un mínimo de vida digna y acceso a comida ¿qué hacer?

Al respecto las autoras añaden: «Los enfoques ético-morales redundan en abstracciones que no toman en cuenta el desfase que puede existir entre la normatividad social basada en la racionalidad legal y lo que atañe a los imaginarios sociales».

Esto lo vemos en el lenguaje cotidiano del cubano: «resolver», «la lucha», «por la izquierda», etc. Está tan asumido que con un salario que no alcanza para cubrir la canasta básica no vas a «resolver», que «el invento» es ley y que se salve quien pueda. Todos sabemos que el trabajo con el Estado no va a garantizar una remuneración que permita la simple reproducción de la vida, pero está en el imaginario del cubano pensar el trabajo más allá del salario, e incluir «la búsqueda» dentro de las expectativas de empleo.

La pizzería imposible

En la entrevista antes mencionada a Gladys Bejerano, la contralora general de la república insiste en el «vínculo entre la corrupción y las crecientes desigualdades en el país», algo que asume está aparejado a la aparición del sector privado. En Cuba no existe un mercado mayorista que abastezca de manera efectiva a los negocios que emergen. Por demás, la falta de insumos, ya sea alimentos, materias primas o medios de producción, hace que «resolver por la izquierda» sea la opción en muchos casos.

En el caso de Cuba, con la apertura a la propiedad privada que supuso la Constitución de 2019, toda persona tiene derecho a abrir su empresa. Desde agosto de 2021, se aprobaron leyes que favorecen la apertura de negocios privados y cooperativos.

Pero quien desee abrirse su chiringuito debe sortear no solo el burocratismo, sino también las trabas del desabastecimiento cotidiano y restricciones absurdas. De hecho, hoy, a falta de una tasa de cambio oficial, la mayoría de los negocios privados necesitan ir al mercado informal para importar los insumos que requieren para su producción o venta. Por tanto, todos de una forma u otra, tienen que quebrantar la ley para poder existir.

A falta de una tasa de cambio oficial, la mayoría de los negocios privados necesitan ir al mercado informal para importar los insumos que requieren para su producción o venta.

La tan mediatizada cruzada contra la corrupción y las ilegalidades tiende a veces a distraer la atención de los grandes centros donde el desvío de recursos genera esa precariedad que desencadena corrupción a menor escala. El bloqueo, los coleros o los que venden por la izquierda suelen cargar el peso de una economía donde los grandes negocios que no benefician necesariamente a los de abajo quedan en la oscuridad de la falta de transparencia gubernamental.

A veces me pregunto ¿qué mecanismos o criterios emplea el Estado cubano con esta nueva apertura a la inversión extranjera y de capital nacional, para permitir a determinadas personas abrir negocios sumamente lucrativos?

Pienso en Hugo Cancio y todo el entramado comercial que ha logrado establecer con el Estado, que va desde las telecomunicaciones, hasta la venta de productos mediante la plataforma katapulk.com o una agencia de viajes. Pienso también en X Alfonso y su Fábrica de Arte y en muchos otros.

Con esto no quiero decir que los empresarios mencionados sean corruptos. Mi interrogante va hacia cómo se logran esas conexiones que se gestan en total sigilo, ¿puede cualquier cubano residente en el exterior invertir en Cuba e importar contenedores de mercancía? ¿puede cualquier cubano residente en la Isla pedir un local estatal, remodelarlo y poner un centro nocturno? ¿cuáles son los procedimientos para ello? ¿quién y cómo los fiscalizan?     

En Cuba no existen concursos públicos para que determinados proyectos accedan a recursos o espacios estatales y no hay transparencia en las finanzas estatales o privadas. Además de las trabas ideológicas, tropiezos burocráticos muy simples podrían obstaculizar el camino de cualquier persona incómoda que pretenda adentrarse en el mundo empresarial.  

Recientemente fue conocido el caso de un dirigente local que utilizó su poder para beneficiar a una mipyme en una compra fraudulenta de refrescos. La expansión del capital privado en la Isla pone otros retos al enfrentamiento de la corrupción e incorpora a la ecuación una nueva variable: el clientelismo.

El clientelismo es definido como « relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos».

El caso antes reseñado se dio en una administración local y a baja escala, pero demuestra la existencia de clientelares en la política cubana. La actual crisis no está afectando a todo el mundo por igual, hay múltiples empresarios nacionales y extranjeros enriqueciéndose de la escasez y las políticas fallidas del Estado cubano. Desde las constructoras extranjeras que están erigiendo los hoteles que luego estarán semivacíos, sin claridad de cómo y bajo qué preceptos se hicieron esos contratos, los locales públicos que pasan a manos de privados sin ningún control, hasta quienes aprovechan la inflación para vender productos de primera necesidad triplicando el precio en el mercado internacional.

La actual crisis no está afectando a todo el mundo por igual, hay múltiples empresarios nacionales y extranjeros enriqueciéndose de la escasez y las políticas fallidas del Estado cubano.

¿Quién garantiza que esos empresarios no tengan influencia en la toma de decisiones del gobierno cubano? ¿Podemos asegurar que en la lógica de dejar destruir un inmueble público para luego traspasarlo a un privado que lo remodela y lo convierte en un negocio lucrativo no hay beneficio para quién tiene el control del lugar? ¿Podemos asegurar que la estrategia de emplear la mayor partida de la inversión estatal en la construcción de hoteles —contrario a todas las recomendaciones expertas— responde a un «capricho» de las autoridades o a «tratos beneficiosos» con las constructoras extranjeras que cobran por edificarlos?

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Si yo tuviese una pizzería no podría comprar el queso directamente al campesino, porque es muy probable que este tenga un contrato con acopio que lo obligue a vender la mayoría de la leche que produce. Mi compra de queso tendría que ser a través de una mipyme o de un campesino que tuviese una empresa similar y pueda emitirme una factura. En resumen, no es tan fácil conseguir el queso para abastecer mi negocio imaginario. Es muy probable que el campesino y yo tengamos que llegar a un arreglo «por la izquierda» donde le pague más que acopio y me venda su producto en sigilo total. Ya después veré cómo justifico mi queso clandestino.

De esos pequeños momentos está lleno el saco de la corrupción. La persona que se lleva unas hojas del trabajo para las tareas de sus hijos. El directivo que utiliza el carro para sus vacaciones o vende combustible. La maestra que cobra por decir la respuesta del examen. El vendedor de maní sin patente, el que le hecha agua al yogurt o hace el pan más pequeño para llevarse la harina. El primo del dirigente al que le resolvieron un mejor trabajo e incluso el que no condenaron porque es hijo de un militar de alto rango.

Ejemplos de ilegalidades que integran una red nacional y cotidiana de corrupción están a la orden del día. Unos son más tolerados que otros; unos son, incluso, acciones de supervivencia enmarcadas en la precariedad cotidiana. Por eso, para hablar de corrupción hay que empezar por enjuiciar las estructuras que la propician.

Mientras no exista una economía en Cuba que brinde oportunidades para construir con vidas dignas, yo y el resto de los cubanos, con las mismas manos con que sacamos del horno esa pizza imaginaria, compraremos el queso «por la izquierda».