​La semana de las condenas                 

Fue noticia esta semana que el sistema judicial cubano dictó varias condenas por delitos que afectan a la sociedad, como la corrupción y el tráfico de drogas.

​El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a Maricela Alonso Ojeda, exintendenta del municipio de Puerto Padre, a siete años de privación de libertad por el delito de malversación. Junto a ella, Mario Quirino Infante, recibió una pena de seis años de prisión por su participación en los hechos. Ambos fueron hallados culpables de aprovechar «la distribución de varios productos que se expendían a la población en las distintas cadenas de tiendas» para apropiarse «de una parte de ellos para su beneficio personal».

Según la nota publicada por medios oficiales, Alonso utilizaba su posición para tomar decisiones excepcionales en el Consejo de la Administración Municipal, facultad que empleó para desviar productos de distintas cadenas de tiendas en beneficio propio, con la colaboración de Quirino, quien se encargaba de la búsqueda, traslado y venta de los bienes sustraídos. Además de las penas de prisión, ambos han sido inhabilitados para ejercer cargos directivos y privados de derechos políticos hasta el cumplimiento de sus sanciones.

El tráfico de drogas fue otro hecho delictivo con relevancia esta semana.

Cinco personas fueron condenadas en Sancti Spíritus por delitos relacionados con el tráfico de drogas sintéticas. Según reportó el periódico Escambray, el Tribunal Provincial impuso penas que van desde los siete hasta los 10 años de privación de libertad a Moisés Enrique Ferrán Peña, Efrén Arvelio González Cruz, Leroi Martínez Rignak, Henry Javier Camejo Valera y Elianis Daniela Olivares López.  

La nota afirma que «la droga obtenida por dichos ciudadanos es, específicamente, picadura de Cannavinoide sintético MDMB, conocido comúnmente como Químico o Bomba, sustancia que está funcionalmente relacionada con el Delta-9 Tetrahidrocannabinol THC, componente psicoactivo fundamental del Cannabis (Marihuana), con efectos similares para la salud humana por problemas serios de intoxicación aguda e, incluso, la muerte».

Los procesados compraban estas drogas en La Habana para luego revenderlas «al precio de 14 000 y 15 000 pesos el gramo» en el territorio espirituano. Durante el juicio, se enfatizó que los sancionados actuaban de forma organizada y mantenían contactos frecuentes con proveedores de sustancias prohibidas, lo que agravó sus condenas. La fiscalía subrayó el impacto nocivo de este tipo de drogas, tanto en quienes las consumen como en la seguridad ciudadana, al tiempo que las sentencias fueron presentadas como una advertencia para los que incurran en hechos similares.

Pero estas no fueron las únicas sentencias por delitos relacionados con drogas o sustancias de efectos similares. Otras cinco personas fueron condenadas en Cienfuegos por traficar dentro de la prisión de Ariza, en el municipio de Rodas. Los acusados fueron sorprendidos en posesión de cantidades de tabletas de difenhidramina (benadrilina), «medicamento controlado por la Resolución 25/2022 del Ministerio de Salud Pública que aprueba la lista de sustancias consideradas de efecto similar a las drogas, estupefacientes y psicotrópicos, sometidos al control nacional que solo se expenden en la red de farmacias del territorio nacional», según relata el periódico 5 de Septiembre.

Los juicios, descritos como «orales y públicos», se llevaron a cabo de forma ejemplarizante dentro del propio penal de Ariza, con la presencia de otros internos, familiares de los acusados y oficiales del Órgano de Prisiones. Las penas impuestas oscilan entre seis y 15 años de prisión, junto con sanciones accesorias como la pérdida del derecho al voto, la inhabilitación para ocupar cargos de dirección y la prohibición de salida del país.

Igualmente, esta semana la Aduana General de la República alertó «sobre la detección de una nueva forma de consumo de drogas, que consiste en tirillas sublinguales con THC», un ingrediente que se encuentra en las hojas y los brotes de la planta de marihuana. El organismo estatal también informó que lograron frustrar un intento de ingreso de 30,000 USD falsos al país, y la «extracción ilegal de 2 kg de oro en lingotes ocultos en doble fondo de un equipaje en el aeropuerto de La Habana».

En todos los casos, las autoridades enfatizaron la política de «tolerancia cero» de Cuba hacia el tráfico de drogas, advirtiendo que las sanciones pueden llegar hasta la pena de muerte en casos más graves.

Por último, también fue noticia el juicio penal celebrado en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre contra dos trabajadores de la refinería Ñico López, acusados de incumplir los procedimientos establecidos durante la descarga de gasolina desde un buque hacia los tanques de almacenamiento. Esta «negligencia» ocurrida el 22 de noviembre de 2023 resultó en el derrame de 280,000 litros de gasolina regular (B-90), con pérdidas económicas estimadas en más de cinco millones de pesos.

Según el reportaje realizado por el Canal Habana, la denunciante y testigo, administradora de la refinería, afirmó que «los acusados no cumplieron con las medidas de seguridad y tampoco realizaron el recorrido rutinario para chequear el llenado de los tanques contenedores de combustible». Por su parte, la defensa alegó que «ambos operarios trabajaban sin supervisión de un jefe de brigada o de operaciones y que tampoco habían sido adiestrados debidamente antes de ejercer esta función». 

El Código Penal cubano, en su artículo 302, contempla para este tipo de delitos penas de entre seis meses y dos años de privación de libertad, y/o multas de 200 a 500 cuotas. En este caso la condena fue «de un año y seis meses de privación de libertad, así como el pago de una cuantía monetaria por los daños económicos ocasionados». 

Los comentarios en redes sociales sobre el hecho fueron variados. Algunos exigen incluso sanciones más severas, otros señalan que «la soga se rompe por el lado más débil», argumentando además que muchos trabajadores hoy laboran sin la supervisión adecuada y en condiciones que entorpecen su trabajo.

Igualmente señalaron que el mayor caso de corrupción y negligencia que se ha conocido en Cuba, cometido por el ex viceprimer ministro y exministro de economía Alejandro Gil sigue estando sin una conclusión pública.

Esto significa que ​el sistema penal cubano ha intensificado su accionar contra problemáticas que perjudican a la sociedad, como la corrupción y el tráfico de drogas.

La percepción pública cada vez da más señales de preocupación por el aumento de delitos. Asimismo, en La Habana se registraron nuevos incidentes de apedreamiento a ómnibus del transporte público, lo que demuestra la persistencia de actos vandálicos que atentan contra la seguridad ciudadana.

​Durante esta semana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de «gran importancia» el Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, iniciado recientemente en el país. Este se extenderá hasta el 29 de marzo y tiene como objetivo principal «incrementar las acciones de los órganos del Estado, del Gobierno, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas, sociales y de masas, de control popular y comunicacionales en la prevención y enfrentamiento a estos fenómenos que afectan la seguridad y el orden interior». ​

Díaz-Canel enfatizó que «los hechos de violencia, agresividad y daño económico deben ser enfrentados con total severidad» y subrayó la necesidad de realizar juicios ejemplarizantes en casos de delitos ocurridos en instituciones, como el robo de cables eléctricos en máquinas de riego, apedreamiento a tiendas y ómnibus, así como en situaciones de corrupción. ​

Este ejercicio da continuidad al desarrollado en diciembre del año anterior y busca avanzar en el combate directo a las indisciplinas sociales, las ilegalidades y el delito, así como ordenar las relaciones entre el sector estatal y el no estatal. ​

Sin embargo, las acciones emprendidas siguen estando centradas en castigar a los comisores, sin ahondar en las causas estructurales que favorecen la naturalización de estos delitos, reforzando así un enfoque punitivista ya arraigado en el sistema de justicia cubano.

El Estado cubano no proporciona cifras oficiales sobre la cantidad de personas encarceladas, pero estimaciones de organismos internacionales indican que Cuba ocupa una posición destacada en términos de población penitenciaria. Según datos del World Prison Brief, la Isla presenta una tasa de encarcelamiento de 510 personas por cada 100,000 habitantes, situándola entre los países con mayor proporción de reclusos a nivel mundial, luego de Estados Unidos, Rwanda, Turkmenistán y El Salvador.

Nuestra opinión es que, si bien es un avance que la prensa estatal informe con mayor frecuencia sobre delitos graves y sus condenas, el enfoque sigue siendo predominantemente punitivo. Falta una perspectiva que aborde las causas subyacentes que originan estas problemáticas.​

En el caso de la corrupción, la falta de transparencia en la gestión y la ausencia de control popular en la toma de decisiones facilitan que funcionarios se aprovechen de su poder para enriquecerse ilícitamente. Esto se ve agravado por carencias materiales, que fomentan prácticas como el desvío de recursos y el tráfico de influencias. ​  

Respecto al tráfico de drogas, especialmente de sustancias como el «químico»: se ha convertido en un conflicto cada vez más frecuente en las calles cubanas. Aunque encarcelar a los traficantes puede ser una medida de contención, la problemática es más compleja y requiere enfoques integrales desde la salud y la educación. Además, resulta crucial abordar las causas estructurales, como la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad, que llevan a las personas tanto al tráfico como al consumo de drogas.​

En cuanto a las negligencias laborales que causan grandes daños a la economía nacional, es imprescindible considerar las condiciones en las que se encuentran muchos trabajadores estatales. Con salarios insuficientes, se ven obligados a buscar empleos adicionales, reduciendo sus horas de descanso. A ello se suma la escasez de recursos y la limitada capacitación, factores que incrementan el riesgo de errores. ​

Un enfoque exclusivamente punitivo para abordar las negligencias podría empeorar la situación, aumentando el éxodo de trabajadores del sector estatal hacia el sector privado, la economía informal o la emigración.

Es fundamental que las autoridades cubanas adopten una perspectiva más integral que no solo se centre en el castigo, sino que también aborde las causas estructurales que están estimulando la comisión de actos tipificados como delitos. La transparencia en la gestión pública, la mejora de las condiciones laborales y salariales, y la implementación de políticas sociales que propicien la movilidad social son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. Las soluciones no son penales, sino políticas.