Importación de automóviles más «accesible»: ¿solución al problema del transporte en Cuba?

La noticia es que el gobierno cubano ha aprobado una actualización de la política de comercialización de automóviles que aún espera por decretos concretos, pero que se supone contribuya a que más personas tengan acceso a un vehículo.

Según declaraciones del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila en el programa Mesa Redonda, se bajará el impuesto que se paga por importar carros; el llamado impuesto especial que podía rondar entre el 200 y el 300 por ciento por vehículo, ahora será del 30 por ciento, no importa si quien lo compra es una persona jurídica o una persona natural.

También afirmó que los automóviles que cumplen su ciclo en la renta en divisa, que antes se vendían en MLC, ahora se venderán en moneda nacional en una política que no queda clara aún, pero que según titular priorizará a atletas, médicos, científicos, maestros y trabajadores, que no tienen acceso a divisa.

Además, afirmó que los impuestos se dedicarán a un fondo para el mejoramiento de la infraestructura vial y para fortalecer el muy deprimido transporte público.

«Aspiramos a reorganizar los tributos asociados a esta actividad de modo que estimulen la industria nacional, las energías limpias y el transporte colectivo a la vez que se recauden fondos para el transporte público», afirmó el ministro.

Sin embargo, también dijo que «ahora no se puede invertir en más vehículos, sino en el transporte público que está muy deteriorado», lo cual es evidente si se pasa en casi cualquier horario por paradas de ómnibus en la capital, por ejemplo.

Entre las novedades que pueden resultar en alivios para varias familias es que se restaura la posibilidad de la importación de carro o la compra en Cuba para personas que cumplan misiones en el exterior, un derecho que se eliminó y ahora vuelve a ser posible.

También se autoriza el traspaso de propiedades de personas jurídicas a personas naturales, aunque con el pago de un impuesto en divisa, lo cual significa que carros importados por mipymes podrán ser traspasados a personas naturales, y también será posible de empresas estatales a personas naturales, aunque requerirá una autorización por parte del gobierno.

Las nuevas disposiciones liberan la posibilidad de importar ciclomotores y motocicletas de combustión interna, así como importar directamente un auto de uso o nuevo, pagando siempre los aranceles en divisas convertibles.

No obstante, importar autos será solo posible a través de importadoras estatales. Si una persona natural quiere adquirir un vehículo importado debe hacerlo a través de las únicas empresas autorizadas para hacerlo: Impexport S.A., Cimeq S.A y MCV, que recientemente han sido aprobadas también para ofrecerle servicios a personas naturales.

Esta nueva política significa un intento estatal de flexibilizar el acceso a tener un vehículo. No obstante, habrá que ver qué termina escrito en los documentos aprobados, ya que según el ministro «se encuentran en proceso de conciliación y ajustes las normas jurídicas, que incluyen un decreto y 14 resoluciones de diferentes organismos, esperamos que todo esté en vigor antes de que concluya el mes de octubre».

Significa también que, de varias maneras, la política intenta destrabar varias limitaciones aunque se mantienen otras relacionadas con la forma de implementación, y con la falta de claridad y transparencia en temas claves.

Por ejemplo, los vehículos cedidos por la renta en divisa que serán vendidos a «trabajadores cubanos», no se sabe en manos de quién terminarán y si habrá un mecanismo claro y trasparente para elegir a los beneficiados, lo cual deja un gran espacio de discrecionalidad y potencial corrupción.

En otro orden, el ministro no explicó en ningún momento cómo será el pago a los proveedores internacionales de automóviles, una pregunta que también queda sin responder en el reciente paquete de medidas sobre el sector privado, en el que no se explica tampoco cómo se efectuarán los pagos en las operaciones de importación, si será directo al proveedor en el exterior, o a los bancos cubanos, que, por cierto, no se han pronunciado tampoco.

Las medidas intentan hacer más accesible o menos discrecional el hecho de tener un vehículo, un asunto complejo históricamente en Cuba. Sin embargo, está lejos de resolver los problemas de movilidad de las grandes mayorías en el país, que utilizan el transporte público que se encuentra en una de sus peores crisis en la historia, entre otros aspectos, por la poca inversión estatal en este renglón.

En este sentido esta semana varios medios dieron a conocer que siete años después de su concepción, Rusia ha reactivado su plan de modernización ferroviaria en Cuba, que busca reducir el tiempo de viaje entre La Habana y Santiago de Cuba de 20 a 12 horas.

El referido proyecto, presentado originalmente en 2017 y firmado en 2019, incluye la renovación de más de 1,000 kilómetros de vías, la creación de un centro de control de tráfico y la capacitación de personal. Aunque el plan había sido suspendido en 2020 por dificultades económicas y la pandemia, ahora Rusia espera firmar un nuevo contrato antes de que termine el año.

A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto se mantiene prácticamente inalterado, cuyas inversiones en su momento se estimaron en 1,880 millones. Además del transporte de pasajeros, también se espera mejorar la capacidad de carga. No obstante, persiste la incertidumbre sobre si esta vez el proyecto será completado, dado que varios acuerdos anteriores fracasaron por la falta de cumplimiento de Cuba.

Nuestra opinión es que adquirir automóviles debería ser una posibilidad y un derecho para aquel que pueda pagarlo, y es labor del Estado ayudar con determinados subsidios a personas que lo merezcan y necesiten, si no pueden adquirirlos con los precios del mercado internacional.

No obstante, cabe preguntarse si la visión recaudatoria terminó, lo cual no queda claro. Hasta ahora la autorización de la importación, o la compra y la renta tenía precios y/o impuestos especiales que encarecían los carros exponencialmente, en lo que muchos leían una intención recaudatoria del Estado cubano, y un abuso de su poder como ente regulador de la entrada y la venta de autos, en un mundo en el que comprar un auto es un derecho de todo el que puede pagarlo. Parece que esta posibilidad acerca a Cuba a esta lógica.

La visión recaudatoria y de control dejaba sin opciones a muchas personas que podían comprarse un carro y no se les permitía, como a médicos con misiones en el exterior o diplomáticos. Sin embargo, se sigue poniendo al descubierto la depreciación de los salarios del sector público, en un país en el que es imposible para un cirujano o un bioquímico creador de terapias contra el cáncer comprarse un automóvil para el disfrute propio y de su familia. ¿Dónde caerán esos subsidios que se planifican?

Por otro lado, si bien es elogiable que se eliminen las trabas para la compra de autos privados, esta no es una alternativa sostenible —ni económica ni ecológicamente— para garantizar la movilidad diaria de las mayorías hacia sus empleos o centros de estudios.

Incluso varios países desarrollados —principalmente en Europa— han apostado por un fortalecimiento del transporte público masivo como una opción mucho más eficiente, al menos para el movimiento cotidiano. En cambio, a falta de ómnibus en muchas capitales provinciales de la Isla, la única alternativa posible para moverse en largas distancias es el alquiler individual o colectivo de autos, los cuales pueden transportar muy pocas personas en cada viaje.

Mientras tanto, la posibilidad de estimular las formas de gestión no estatal para que generen negocios de transporte masivo sigue estando bien lejos. No se trata de sustituir el transporte público estatal, sino buscar alternativas para aliviarlo, que pueden ir desde más vehículos personales, hasta mipymes o cooperativas que establezcan rutas de ómnibus a precios liberados que les permitan ser rentables y crecer. A la población siempre le saldrá más barato que alquilar un auto o comprarse uno.

Ojalá y el entusiasmo comunicacional y de intercambio constante que ha demostrado el ministro Rodríguez Dávila continúe, y contribuya a que se perfeccione una política que debe responder a una demanda lógica, natural e imprescindible, si se quiere algún tipo de prosperidad: que llegar al trabajo por la mañana no sea una pesadilla y una sorpresa la puntualidad.