El arroz con frijoles de la economía cubana

La noticia es que el gobierno cubano ha aprobado una serie de medidas para tratar de contener los precios de alimentos básicos para la canasta de consumo, y para estimular la productividad del campo cubano.

El Consejo de Ministros estipuló topar los precios en los establecimientos estatales del arroz y los frijoles obtenidos mediante producción nacional, «para contribuir a contener la inflación», dijo la Directora Jurídica del Ministerio de Agricultura, Mayra Cruz Legón.

Los precios máximos que se podrán cobrar por el arroz de producción nacional, que en el 2024 cubrió apenas el 11 por ciento del consumo del país, serán de 155 pesos por libra —44 centavos de dólar según la tasa informal de 345 pesos por USD—. Esto es para ventas controladas y liberadas, eufemismos que implican que no es venta a través de la tarjeta de racionamiento, la muy llevada y traída, y a punto de desaparecer «libreta».

Los frijoles de producción nacional tendrán dos precios. Aquel grano producido en Cuba con paquete tecnológico o insumos proporcionados por el Estado tendrá un precio final de 196 pesos —0.57 USD según la tasa de cambio informal— para el consumidor que adquiera el producto en la red del MINCIN, y el que se produce sin paquete tecnológico se cobrará a 285 pesos, casi un dólar la libra.

Según puede interpretarse de la información publicada, el tope de precios es únicamente para lo que se vende en la red estatal; no involucra al sector privado. Esos precios, afirman, fueron consensuados con los productores.

«Nos han dado fertilizantes, productos químicos, herbicidas, nos han dado todos los recursos que lleva el frijol, debemos coger el plan que nos están dando», afirmó en televisión nacional Leonel Herrera, campesino usufructuario de Mayabeque.

Explicando por qué los precios pueden ser más asequibles, el campesino y productor de la misma provincia Osmel Aguilar, afirma que es «porque viene con un paquete tecnológico que te ayuda a abaratar costos y así tenga un precio asequible a la población». Los propios campesinos sondeados reconocieron que los precios actuales son impagables para la población.

Los montos cambian para toda la cadena: para lo que se le paga al productor que es ahora más, que se tramita a través de contratos con acopio, y lo que se le cobra al consumidor, pero la novedad es que no se puede cobrar más que lo estipulado, al menos en la red estatal.

Según Dagoberto Remigio Echevarría, productor de arroz entrevistado por la televisión nacional, el año pasado el precio tope de lo que cobraban los productores era de 4 000 pesos el quintal, y con la nueva resolución estarían cobrando 5 400 pesos.

Por su parte, el jefe del programa del frijol, Julio Gómez Moldán, informó que prevén cosechar 13 800 toneladas este año y los destinos del preciado producto quedará en manos del Ministerio de Comercio Interior, que decidirá si va para el consumo normado, controlado o el mercado liberado, aunque aclaró que una parte será para el turismo y la producción de semillas.

Los reportes de la prensa oficial dan cuenta de los bajos rendimientos que muestran estas cosechas. El frijol tenía un rendimiento de 1.2 toneladas por hectárea, pero ahora apenas llega a 0.8, con menos tierra dedicada a ese cultivo: 30 mil hectáreas menos. La producción de arroz se contrajo cuatro veces con respecto al 2018.

Mientras tanto, Nelson González, responsable por el Programa de Arroz, explicó que si bien hay potencialidad para llegar a cinco toneladas por hectárea, solo se llega a dos por falta de recursos o condiciones.

Entre las dificultades para producir que señalaron los campesinos entrevistados en la televisión nacional está el pago a la fuerza de trabajo, que no siempre resulta estimulante, la inestabilidad en el suministro eléctrico, que afecta el riego y procesamiento posterior de los granos, y los precios de los insumos y servicios complementarios a la producción.

Ya antes, el Ministerio de Finanzas y Precios había estipulado precios máximos a productos de consumo básico de la población como el pollo, la leche en polvo y las pastas alimenticias. Este tope afectó al sector privado y muchos de esos productos desaparecieron de los anaqueles mientras se reforzó la obligatoriedad de la medida. Actualmente pueden verse en algunos lugares sobrepasando el precio estipulado, siguiendo el viejo dicharacho cubano de «se acata, pero no se cumple».

La disponibilidad de alimentos en Cuba está afectada por varias razones: la falta de productividad del sector agrícola, la falta de divisas de las arcas estatales para importar la cantidad de productos necesarios para asegurar la sostenibilidad de los alimentos subsidiados de la libreta; la inflación y la consiguiente depreciación del peso cubano que pone el precio de las tiendas estatales muy alejadas del salario promedio del más calificado profesional en Cuba.

En ese contexto, se consideraría que el aumento de la oferta tendría un efecto sobre los precios, incluso en el sector privado y su red de tiendas con productos importados, principal proveedor de opciones de alimentos. Sin embargo, las constantes medidas que dificultan el ejercicio de la actividad privada —como la bancarización forzada o la obligatoriedad a importar mediante una empresa estatal— y los límites para el surgimiento de nuevas empresas, añade estrés sobre el sector.

Por primera vez desde la legalización de las pequeñas y medianas empresas, el número de mipymes ha decrecido, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, difundidas por la consultora privada AUGE, voz líder en el tema en el país: «es un indicador preocupante para la comunidad emprendedora y la economía cubana en general», afirmaron.

La nota también agrega que «es normal que muchos pequeños negocios cierren, especialmente durante sus primeros años de vida, pero el surgimiento constante de nuevas empresas que reemplazan a las que desaparecen es lo que mantiene la vitalidad del tejido empresarial. La ralentización en la creación de nuevas empresas, junto con el aumento de la burocracia, está dificultando este proceso de renovación que debería ser fluido».

Mientras tanto ha sido noticia que el gobierno cubano valora sancionar a productores que incumplan planes considerados como «prioritarios» de la producción agropecuaria en la Isla, como el ganadero y el porcino, según informó el primer ministro, Manuel Marrero, durante el balance anual del Ministerio de la Agricultura (MINAG) correspondiente a 2024.

El propósito es restituir la legalidad «con firmeza y determinación» para «el combate cotidiano contra las ilegalidades». El primer ministro también criticó los precios especulativos y abusivos en ciertos productos, y defendió como solución que haya más control estatal de esos precios a través de la empresa de Acopio, una entidad con un largo historial de impagos, ineficiencia y denuncias de productores y consumidores.

El anuncio no especifica cómo serán esas sanciones, pero cabe preguntarse si serán sancionados aquellos que pierden una vaca por robo de matarifes, o se afectan sus cosechas por falta de fertilizantes.

Estas noticias significan que ante la innegable realidad de que hay menos arroz y frijoles, el gobierno intenta establecer medidas que inciden sobre el espacio de control que tiene, pero con una cuestionable efectividad.

Es larga la lista de ejemplos de productos y servicios que ante precios topados se pierden o se vuelven imposibles para las grandes mayorías. Sería bueno conocer si se ha establecido una forma de medir el resultado de esta medida, y si no implicará que menos campesinos apostarán por sembrar frijoles.

En el pasado muchos campesinos, ante el tope de precios que pagaba Acopio por sus productos y que muchas veces no compensaban los costos de producción, declaraban incumplimiento en los planes para entregar una parte de la producción al Estado, y la otra, a privados, que pagan mejores precios.

Esa estrategia, que es considerada ilegal por el gobierno, era una forma que tenía el campesino de compensar costos, en una realidad económica que va a contracorriente de la producción de alimentos: falta de mano de obra, falta de combustible y fertilizantes, impagos del Estado, fluctuaciones climáticas, y el incremento de hechos delictivos en el campo cubano, ponen al campesino al cuidado de ganado sin tener condiciones para ello, por solo poner un ejemplo.

La nueva decisión de gobierno, sin embargo, parece incluir a todos los actores del proceso; no solo intenta topar el precio final e imponer un pago por debajo de los costos sin ayudar al campesino a producir con insumos. Ahora se propone atender el problema de manera integral proporcionando paquetes tecnológicos y aumentando el pago formal a los productores. Cuán efectivo es, solo el tiempo lo dirá, y no 4 campesinos entrevistados en un mismo lugar en un reporte televisivo.

Nuestra opinión es que de todos los desafíos que tiene la economía cubana, y el gobierno, el acceso seguro y constante a los alimentos, a precios asequibles para las grandes mayorías, es la mayor urgencia de todas.

Si bien las medidas unilaterales coercitivas externas que cercan la economía nacional inciden en la carencia de fertilizantes, insumos, semillas o el producto final, muchos de los problemas y desafíos que tiene el campo cubano están relacionados con la mentalidad de las personas que han dirigido estos procesos, que intentan imponer precios desconociendo o negando la realidad económica, y que ponen en evidencian la intención de controlar cada paso del proceso, generando así pocos o ningún incentivo para quedarse en el surco, producir y hacer de ellos un modo de vida que se parezca a un proyecto posible, viable y aspiracional.

Tener en cuenta a todos las partes del proceso que lleva la producción de alimentos, desde la tierra, el surco, las autoridades locales, el campesino, para así contribuir a que el precio final sea menor, es lo correcto, pero también la observancia de los efectos de esa medida, y estar pendientes de que no termine resultando en que haya menos arroz y menos frijoles.

Fue noticia recientemente que se ofrecerán tierras a personas extranjeras con residencia en el país, así como a empresas extranjeras, en un afán de aumentar el uso de las tierras ociosas. La decisión se discutirá próximamente, pero es muy probable que se apruebe.

Sin embargo, la imposibilidad de que el sector privado participe en la agricultura nacional de manera activa, la mediación inamovible de empresas estatales que han sido disuasivas para muchos productores, las pésimas condiciones de vida en el campo cubano donde falta infraestructura de caminos, y riegos, conectividad, así como el hecho de que sean las zonas rurales las primeras en pagar el déficit de generación, impulsan a muchos a huir del campo, ya sea para la ciudad, o fuera del país.

En un contexto como este todas las facilidades deben ofrecerse a quien prometa y cumpla con poner más alimentos sobre la mesa; debe haber cero obstáculos, e incluso, cero impuestos para quien aumente la disponibilidad de comida en un país en el que la gente cada vez se alimenta menos y peor, y sonde cada vez hay más padecimientos de salud relacionados a la disponibilidad de alimentos, no porque no haya, sino porque los precios los hacen inaccesibles.

La garantía de una alimentación estable no puede esperar, porque la esperanza o falta de ella, los planes de vida, la alegría, tristeza, o ansiedad de una familia, siempre estarán vinculadas primer lugar a la pregunta de qué se come hoy o con qué se llena el congelador. Después de ese problema, quizás, todos los demás.