Cuba tras dos huracanes: apagones y protestas

La noticia es que decenas de cubanos han salido a protestar tras varios días sin electricidad en múltiples provincias de Cuba. El paso reciente del huracán Rafael ocurrió tras los estragos ocasionados tan solo un par de semanas antes por el huracán Oscar, otro ciclón de gran intensidad que impactó directamente en el oriente del país. Este antecedente, junto con la crisis estructural de infraestructura y economía, ha amplificado el descontento de la ciudadanía. Después de Oscar, el sistema eléctrico cubano sufrió graves daños, que aún no habían sido totalmente reparados cuando Rafael azotó el país, profundizando el deterioro de una red obsoleta y limitada en recursos.

Las protestas más visibles fueron en La Habana, en la intersección de las calles 100 y Boyeros, y en el municipio de Encrucijada, Villa Clara, aunque también se escucharon cacerolazos en otros municipios. 

La Fiscalía General de la República a través de un comunicado informó que «en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila se tramitan procesos penales por delitos de atentado, desórdenes públicos y daños […] por hechos de agresión hacia autoridades e inspectores de los territorios que han provocado lesiones y alteraciones del orden». Sin embargo, no brindó detalles de cuántas personas han sido procesadas, ni en qué consistieron en detalle los delitos que se le imputan.

Esto significa que la doble emergencia causada por Oscar y Rafael ha ocurrido en un contexto de crisis económica sin precedentes y la inestabilidad crónica del sistema eléctrico nacional. Esta situación ha catapultado el descontento popular, que se somatiza en múltiples formas de protesta en varios territorios del país.

A ello se suma el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos durante el anterior mandato de Donald Trump, medidas que la administración Biden mantuvo en su mayoría, limitando las posibilidades de acceso a recursos internacionales y restringiendo las transacciones bancarias. La reactivación del turismo, uno de los motores económicos de Cuba, aún no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, y la falta de inversión en infraestructura como la energía eléctrica complica aún más la recuperación.

Para muchos, esta combinación de crisis natural, económica y política ha puesto en evidencia las debilidades del modelo cubano, que parece incapaz de responder a las necesidades básicas de su población.

En los últimos meses, las protestas en Cuba han reflejado un creciente descontento de la ciudadanía ante la situación socioeconómica y la falta de reformas gubernamentales efectivas. Este descontento, que inicialmente surgió como una reacción a los problemas de servicios imprescindibles para la vida, como el suministro eléctrico y el acceso a alimentos y medicinas, ha evolucionado para abarcar demandas más amplias.

Las manifestaciones recientes en varias ciudades de Cuba han sido protagonizadas principalmente por jóvenes y sectores de la sociedad civil que buscan un cambio en las políticas de gobierno. Estas protestas, aunque de menor escala en comparación con las movilizaciones de julio de 2021, muestran la continuidad del malestar social y el agotamiento de la población ante una economía en crisis, la inflación descontrolada y la falta de oportunidades.

El gobierno cubano, en respuesta, ha reforzado la vigilancia y ha incrementado las medidas de control sobre las manifestaciones. Asimismo, se ha reiterado la advertencia sobre las consecuencias judiciales a quienes afecten «el orden y la tranquilidad ciudadana».

Sin embargo, las protestas reflejan un problema estructural que no puede ser resuelto solo con medidas represivas. La ciudadanía cubana enfrenta diariamente dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos, y el aumento de la pobreza ha empeorado la calidad de vida de amplios sectores. Para muchos, estas protestas representan una demanda urgente de reformas políticas y económicas que permitan mejorar sus condiciones.

Con la llegada de una nueva administración republicana a la Casa Blanca, las políticas hacia Cuba están en riesgo de volverse aún más restrictivas. Tradicionalmente, los republicanos han sostenido una política de presión hacia el gobierno cubano, y es probable que la nueva administración mantenga la línea dura que caracterizó los años de Donald Trump y que solo tuvo cambios cosméticos en la época de Biden. Esta política incluyó un endurecimiento de las sanciones, restricciones a las remesas y limitaciones en los vuelos y viajes, medidas que afectaron directamente a la economía cubana y especialmente a los sectores que dependen del flujo de capitales desde Estados Unidos.

El posible endurecimiento de las sanciones afectará directamente al sector privado cubano, que en los últimos años ha dependido en gran medida de las remesas para su financiamiento y desarrollo. Además, las restricciones en las relaciones comerciales y la imposibilidad de importar ciertos productos o de recibir apoyo financiero internacional seguirán limitando las oportunidades de desarrollo económico en la Isla.

Asimismo, la administración Trump también amenaza con ser más restrictiva en cuanto a permitir la emigración legal hacia Estados Unidos, y ha anunciado que eliminará completamente programas como el Parole Humanitario, que ha posibilitado la entrada de miles de cubanos a Estados Unidos de forma segura. Esto posiblemente ralentice los flujos migratorios, pero también retendrá en la Isla una mayor población inconforme que ahora tiene menos posibilidades de «escapar» de los problemas por la vía migratoria.

Nuestra opinión es que la combinación de una mayor presión externa y la persistencia de los problemas internos coloca al gobierno cubano en un callejón en el cual ahora mismo no se visualiza una salida.

Sin reformas profundas, es probable que las protestas continúen y que el descontento ciudadano crezca. La administración cubana se enfrenta al desafío de buscar soluciones viables que, en medio de las sanciones, puedan aliviar las tensiones sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Esto podría incluir medidas para reactivar el sector privado y flexibilizar ciertas áreas de la economía, buscando paliar los efectos del endurecimiento de la política estadounidense.

El sistema político cubano también tendrá que aprender a convivir con la protesta social como una forma de manifestación ciudadana, y buscar mecanismos para protegerla, formalizarla y hacer cumplir lo establecido en la Constitución. Ante una crisis que claramente afecta a múltiples sectores de la sociedad, es imposible silenciar el descontento, al contrario, este debería ser escuchado, y además, buscar con los afectados las posibles soluciones a sus problemas.

En otro orden, varias organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil, tanto en Cuba como en el extranjero, han hecho un llamado para que la nueva administración estadounidense adopte un enfoque que no sacrifique a la población en el proceso de presión política hacia el gobierno cubano. Sin embargo, sectores de la extrema derecha en la Florida seguirán utilizando la crisis en la Isla como un argumento para demostrar que la política restrictiva funciona, si bien hasta ahora no para derrotar el gobierno cubano, al menos para mostrarlo ante el mundo como deficiente, junto a cualquier modelo que apueste por alguna alternativa al neoliberalismo.

Mientras tanto, Cuba enfrenta un período crítico, donde las decisiones de política exterior de Estados Unidos y las respuestas del gobierno cubano podrían determinar el rumbo de la Isla en los próximos años. Con una ciudadanía cada vez más crítica y demandante de cambios, y un panorama de sanciones que probablemente se mantendrá, el gobierno cubano tendrá que enfrentar sus desafíos internos y explorar posibles soluciones que minimicen el impacto negativo de las políticas estadounidenses en la vida cotidiana de sus habitantes. Sin una estrategia de apertura y reformas, es probable que el malestar social continúe en aumento, afectando la estabilidad interna y las perspectivas de desarrollo para el país.