¿Defender o cuestionar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba?

Entre el entretenimiento y la justicia, vuelve a girar el debate sobre la imposición de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba. Algunos se apresuran a acuñar, incluso, que no existen en absoluto.

La reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, más allá de las victorias simbólicas que se adjudicaron ambos bandos del espectro político —y del carácter no vinculante del resultado—, es la acción más importante anualmente de la diplomacia cubana en su intento de mantener una opinión internacional desfavorable hacia esa política estadounidense.

El debate, sin embargo, suele centrarse en si las sanciones sirven de justificación para las fallas del gobierno cubano, o en denunciar que no se contemplan hechos pasados como las nacionalizaciones y pérdidas de negocios. Pero en la conversación pública cubana rara vez se reflexiona a profundidad acerca de los fundamentos legales y democráticos sobre los que deberían juzgarse las sanciones contra un Estado. 

Con independencia de cuáles sean las aspiraciones políticas de los distintos sectores cubanos, es frecuente el uso selectivo de normativas internacionales. De un lado, por ejemplo, se suele apelar con frecuencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para denunciar violaciones en Cuba; del otro, al principio de soberanía de los Estados recogida en la Carta de las Naciones Unidas. En principio, todas las posturas del espectro político parecen coincidir en que el marco jurídico internacional es válido, hasta que ya no, como en el caso de las medidas unilaterales de Estados Unidos.

El artículo 2.1 de la Carta de la ONU establece el principio de igualdad soberana, lo cual implica que cada Estado tiene plena autoridad sobre sus asuntos internos, y el derecho a decidir su sistema político, económico y social sin injerencias externas. Cualquier intento de subordinar a un Estado en el ejercicio de esos derechos constituye, por tanto, una violación de ese principio.

Pero si entre las razones por las que un sector importante de los cubanos apoya las sanciones norteamericanas está la falta de democracia, cabe preguntarse ¿por qué se asume que para lograr avances deban usarse mecanismos antidemocráticos que, además, violan las leyes internacionales? ¿Qué sentido tiene usar normativas de la ONU para algunos casos, y desconocerlas en otro? ¿Es esta una postura democrática?

La cuestión que se evade a menudo en el debate publico es que si fuera a aceptarse la violación de la soberanía y en general de las leyes internacionales, se estaría abriendo la puerta para que cualquier Estado sancione a otro con un pretexto similar o tome medidas unilaterales de cualquier tipo con total impunidad y, además, que sea percibido como algo normal. 

Dicho de otro modo, si un Estado puede violar impunemente varios artículos de la Carta de la ONU y recibir respaldo por ello, ¿no estaría habilitado cualquier otro a hacer lo mismo con otras normas del consenso internacional, como los tratados de derechos humanos? ¿Dónde estaría, entonces, el estándar democrático?

Es cierto que el Derecho Internacional se incumple a menudo. Pero esa realidad no anula su validez ni su utilidad. Los principios sobre los que se erige —como la soberanía, la autodeterminación, la no coacción y la solución pacífica de controversias— son producto de consensos multilaterales. Por eso, las sanciones impuestas fuera de ese marco colectivo, sin resolución del Consejo de Seguridad, son consideradas ilegales.

Esto es diferente a las sanciones con aval multilateral, que responden a una conducta ilícita específica del Estado objetivo, una conducta, por tanto contraria al derecho internacional. En el caso de Cuba son medidas punitivas, unilaterales (porque no hay consenso sobre su implementación) y de amplio espectro, y según la fundamentación de Estados Unidos, no resultado de una acción concreta ilegal, sino con el propósito declarado de un cambio de régimen. 

Por tanto, sin importar el resultado anual de la votación, el esquema de sanciones no tiene fundamento que lo habilite como legal. Según el marco normativo de la ONU:

• “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de otro” (Resolución 2625 (XXV), 1970).
  
• “Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado y obtener de él la subordinación en el ejercicio de sus derechos soberanos” (Resolución 3281 (XXIX), 1974, Art. 32).
  

En esto consisten los principios de no intervención y no coacción. Acciones contrarias a eso, implicaría aceptar que cada país tiene un cheque en blanco para violarlos cuando lo entienda. Es por esto, y no por simpatías políticas, que puede interpretarse la votación mayoritaria de rechazo a la resolución presentada por el Minrex.

Y estas son las razones por las cuales, a pesar de que la presión de la Casa Blanca logró 7 votos en contra y 12 abstenciones, la mayoría de los países votó en contra de las medidas unilaterales. Lo hicieron gobiernos de todos los colores políticos —también de derechas—, algunos con una relación distante de Cuba, pero con claridad sobre el peligro que implica naturalizar el uso de acciones de este tipo para lograr cambios en la política interna de un país. 

Como resumió Lee Schlenker para Responsible Statecraft, «otros aliados de Estados Unidos en Europa y América Latina, críticos del sistema político y económico cubano, han mantenido una postura firme contra la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que —argumentan— violan el derecho internacional, empobrecen al pueblo cubano y poco hacen por incentivar los derechos humanos o la reforma económica en la Isla».

Desde La Joven Cuba insistimos en que más allá de las posturas ideológicas sobre Cuba, el problema es mayor: aceptar y aplaudir que un Estado imponga medidas coercitivas contrarias al derecho internacional, con fines políticos, equivale a renunciar al principio de legalidad en las relaciones internacionales. ¿Qué democracia se defiende cuando se justifica la violación de normas fundamentales?

Cualquier salida a la crisis cubana, respetuosa del derecho internacional, debería estar encaminada a fomentar una normalización de relaciones, lo que pasa necesariamente por el fin de las sanciones y la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No es imposible; en 2016, ningún país votó en contra de la resolución en la ONU, y Estados Unidos se abstuvo. Bastaron algunos gestos diplomáticos para mejorar la vida de millones de cubanos.

Nada de esto exonera al gobierno cubano de su responsabilidad, la de garantizar participación ciudadana, bienestar económico y reformas estructurales. 

En la situación actual del país hay responsabilidades compartidas entre la gestión del gobierno y el efecto de las sanciones. Intentar equiparar el impacto de ambos factores,o determinar cuál pesa más, no beneficia en modo alguno a los cubanos, ni mejora su situación. Lo que sí puede marcar una diferencia real es que ocurran transformaciones sustanciales tanto en la política interna como en el entorno externo, y eso implica que cambie la política de Estados Unidos hacia Cuba.