Universidades y políticas de género en Cuba, los necesarios planes de equidad

Si bien tras la Revolución de 1959 en Cuba, la equidad de género se convirtió en un objetivo primordial de la nueva estructuración política, siendo representativas de este proceso la Campaña de Alfabetización, un duro golpe a la opresión patriarcal, y la masiva incorporación laboral e inserción pública de las ciudadanas promovida por la Federación de Mujeres Cubanas desde 1960, el camino iniciado ya imponía considerables desafíos frente a la necesidad de transformar condicionantes económicas, generadoras e interdependientes de factores socioculturales que favorecen la discriminación de las mujeres y disidentes sexuales.

A partir de 2020, con la pandemia causada por el virus SARSCOV-2, la estancia y el aislamiento en el hogar no implicaron una distribución equitativa de las tareas. Ante el cierre de las escuelas y el funcionamiento irregular de los círculos infantiles, madres y abuelas asumieron no solo la atención de familiares dependientes sino la enseñanza de los niños y niñas; unido al teletrabajo, a la par del cuidado en medio de una «hiperconexión y difuminación de los horarios». La pandemia evidenció debilidades fuertes de nuestras políticas sociales en materia de género, incluso, de las recién aprobadas.

Sin dejar de valorarse otras posibilidades para afianzar los principios de igualdad efectiva, no discriminación por ningún concepto e iguales oportunidades y responsabilidades, recogidos en la Constitución de 2019 (artículos 13, 42 y 43[1] respectivamente), el 8 de marzo de 2021 se aprobó el decreto presidencial 198/21 o Programa de Adelanto a la Mujer (PAM). Tal como se identifica en sus objetivos, «constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres», al tiempo que institucionaliza la igualdad de género en el país. El área 5 es explícita en cuanto a estos objetivos, pues plantea la necesidad de «potenciar un enfoque transversal de género (…), en las dinámicas internas de funcionamiento de las instituciones, organizaciones y facultades universitarias». Esto implica incorporar la esfera jurídica-reglamentaria al proceso, para convertirla en herramienta de atención, sanción y seguimiento social.

Se aprobó también el Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos (PEIS) en el Sistema Nacional de Educación, por la Resolución No. 16 de 27 de febrero de 2021 del Ministerio de Educación. Sin embargo, no sobrevivió, pues se anunció el aplazamiento de la implementación de esta última versión.

Dicho programa se implementaría desde la enseñanza primaria hasta el nivel medio superior, de manera que pudiera estimular cambios generacionales favorables en la subjetividad. Como estrategia pedagógica que expresaba el carácter obligatorio de la transversalización de la perspectiva de género, comprometía a la enseñanza universitaria, la cual habría de ofrecer continuidad a este antecedente en sus diferentes especialidades.

Por su parte, las limitaciones del PAM son comprobables en la reproducción de la imagen de la mujer como sujeto pasivo (que debe ser «adelantada») y el dominio de la categoría «mujeres» sobre otras representaciones políticas del sujeto de derecho, que quizás pudieran incluir mejor los múltiples malestares cotidianos en tres áreas especiales que autores como Mies[2] señalan: la esfera doméstica-privada (condición de subsistencia y apropiación de la fuerza de trabajo), la esfera de los cuerpos (discriminación por criterios raciales, identidad y orientación sexual) y la esfera pública.

No obstante, el decreto expresa la voluntad de corregir las brechas sociales mediante la incorporación de «las cuestiones de género», para erigirse como una política estimuladora de políticas sociales que habrán de otorgarle en la práctica un carácter multiterritorial y multiinstitucional, y a la vez un fortalecimiento metodológico mayor.

¿Qué aspectos pudiera contemplar un Plan de equidad para las universidades cubanas?

Las cátedras de la mujer, los observatorios de género, los proyectos que abrazan la mirada de género al mundo, son iniciativas materializadas en las distintas universidades del país. Estas devienen antecedentes imposibles de ignorar a la hora de demostrar que la perspectiva de género no es un campo inerte en las instituciones de educación superior, y se encuentra alimentada además por la investigación desde diferentes perspectivas científicas.

Sin embargo, llevarla a la práctica resulta más complejo, y la vida de alumnos y profesores también está mediada por las numerosas exigencias que mujeres y hombres por igual, sin importar sus funciones en otros ciclos productivos, reciben durante su superación. En ese sentido aquí propongo siete objetivos y diversas estrategias que puedan integrar un Plan de Igualdad para las instituciones.

El primer objetivo general sería erradicar la discriminación y la violencia en/ desde la Universidad.

Según el Proyecto Equal «En Clave de Culturas»[3], la discriminación es «toda distinción, exclusión o preferencia de trato» por motivos que no tienen nada que ver con el mérito individual, sino por motivos de sexo, raza, edad, religión, ideología, etnia, orientación sexual o identidad de género. Puede tener lugar en la familia, la comunidad y el entorno laboral. En esta última esfera se manifiesta y afecta a las personas cuando son relegadas en el mercado laboral por los denominados «techos de cristal», en el acceso a puestos de trabajo y en las posibilidades de ascenso. Por lo que la discriminación se manifiesta a través de la violencia, ya sea física, sexual, psicológica, simbólica y económica o patrimonial.

Constituyen potenciales receptores de esa violencia las mujeres, niñas/os, así como las lesbianas, hombres homosexuales, transgéneros y transexuales. Sus efectos se infravaloran, como en el caso de la violencia psicológica, que contiene el maltrato verbal y amenazas a la seguridad laboral, o la simbólica, que limita la actuación de determinados grupos en espacios de socialización o les excluye en la esfera mediática-narrativa.

En el tratamiento de estos problemas, la Educación superior debe proyectarse al universo institucional y comunitario, ya que el primero no representa más que una extensión de las problemáticas domésticas y públicas generales.  Las estrategias podrían ser: la prevención desde la instrucción (organización de cursos y talleres para profesionales y no profesionales, desarrollo de la cultura jurídica); el reconocimiento de los problemas; la denuncia, la atención y la sanción, mediante la incorporación de la perspectiva de género al reglamento docente disciplinario, a protocolos de actuación y el resto de la esfera jurídica-reglamentaria); trabajo e intervención social (movilización de los proyectos relacionados).

Tomando en cuenta la especificidad cubana, como segundo objetivo es preciso fortalecer la corresponsabilidad y conciliación laboral, de acuerdo con la socióloga argentina Nora Goren[4]: hacia una «desfamiliarización de las relaciones del cuidado y a una estructura del mercado laboral que desande la tradicional división sexual del trabajo».

A propósito, el área uno del decreto presidencial 198/21 plantea la necesidad de impulsar el empoderamiento económico de las mujeres sobre el «principio de la responsabilidad compartida entre el Estado, el sector no estatal, las comunidades, las familias y entre el hombre y la mujer», y más adelante agrega el interés en «crear las condiciones para, cuando sea posible, medir y valorar económicamente la contribución a la economía familiar y social del trabajo no remunerado de las mujeres».

Los planes de igualdad podrían contribuir a una red de políticas sociales llamadas a apoyar este proceso en un futuro. La institución debe mediar entre las obligaciones de trabajo y las obligaciones familiares con fórmulas comprensivas que contribuyan a la salud emocional y física de sus plantillas.

Por ello se proponen como estrategias: organización comprensiva del tiempo laboral, ya que el teletrabajo ha resultado «invasivo» en algunos aspectos (ocasionando sobrecarga y repercusiones en la salud, como agotamiento, trastornos del sueño, estrés); trabajo a distancia o teletrabajo (como modalidad permanente de trabajo no sujeta a condiciones sanitarias específicas); flexibilidad hacia profesionales en períodos de superación determinados; otorgamiento de licencias en condiciones específicas de emergencia; y espacios para la realización de cuidados dentro de la universidad (salas de lactancia, de cambio de pañales para estudiantes y profesores/as).  

El tercer objetivo general sería promover el uso del lenguaje inclusivo en la Universidad.

El lenguaje se sostiene en relaciones políticas de «igualdad» y «desigualdad» que determinan la identidad; si bien la primera implica igual capacidad de derechos en contraposición con la segunda que se trata de una diferencia, entonces la identidad está construida sobre la base de un modelo de subjetividad hegemónica y dominante que no es la de las mujeres[5].

La barrera que oponen algunos/as, desestima el reclamo de otra forma de representación simbólica defendida por el movimiento y activismo feminista cuyo paradigma cultural es la teoría de género. Este hecho evidencia un fenómeno de reificación, que defiende el carácter histórico y no transitorio del trasfondo ideológico de las normas lingüísticas. Por lo que el plural incluyente y la ocultación de la mujer tras el genérico masculino ya no puede seguir siendo un paradigma cultural.

En contra del uso sexista de la lengua, se han propuesto alternativas que demuestran que el español es una lengua rica, con capacidad para demostrar el status igualitario de hombres y mujeres. Entre las estrategias a adoptar: la utilización de las formas femeninas para enunciar títulos académicos, cargos, ocupaciones, categorías científicas y académicas; el empleo de colectivos, dobles formas o neutros (con especial énfasis en las alternativas al sustantivo genérico, el empleo de perífrasis como «personas» y sustantivos abstractos como profesores-profesorado); evitar los pronombres y artículos con distinción de género; alternativas gráficas (arroba y barras)[6]; alternar el orden en el tratamiento de mujeres y hombres (se recomienda que se aleatorio, hombres y mujeres, y viceversa).

Como cuarto objetivo general se propone promover la perspectiva de género desde la Comunicación institucional.

Esta se encarga de fortalecer la identidad institucional de cara a la opinión pública interna y externa por medio de recursos psicológicos, informativos y persuasivos.

Constituye una responsabilidad de la comunicación institucional abrir el camino a la inclusión de todos los universos humanos en los relatos y el tratamiento equitativo de estos.

Algunas estrategias que se podrían tomar en cuenta: presencia equitativa de mujeres y hombres como sujetos de noticias; distribución equitativa de acuerdo a actividades, especialidades, responsabilidades y funciones en los contenidos de las noticias; presencia equitativa como fuentes de información o citas; igual tratamiento respecto a rasgos personales (edad, sentimientos, actividades extralaborales de interés,  gustos, etc); eliminación de descripciones denigrantes (de rasgos físicos que puedan reproducir normatividades, de situaciones que coloquen a la mujer como víctima o ser vulnerable, o identificación de acuerdo con su pareja); en los casos que lo ameriten, información desagregada por sexo (de forma que permita valorar y describir lo que atañe a unos y otras); reproducción de una imagen institucional diversa, entre otras.

Producir un conocimiento y un sentido crítico es una necesidad de primer orden, por lo que un quinto objetivo general está dado por la necesidad detransversalizar la perspectiva de género en la formación curricular y en la investigación.

Este constituye instrumento imprescindible para comprender las principales formas y modelos de dominio histórico, así como los diferentes mecanismos de validación colectiva del poder político sustentado por el patriarcado. Una meta esencial es romper con la ceguera del género en los estudios tradicionales, desarrollando los conocimientos y los referentes teóricos necesarios que reviertan formas determinadas de subordinación[7].

Algunas estrategias para considerar: promover los estudios de género desde el currículum académico de todas las especialidades; promover paradigmas emancipatorios desde la investigación (epistemología y metodología de la investigación social); elaboración de estadísticas con desagregación por sexo que permitan caracterizar las relaciones de género en los entornos universitario y comunitario[8]; desarrollar una cultura jurídica para la universidad y para la comunidad (basada en el marco normativo nacional, regional e internacional).

El sexto objetivo general sería fomentar una alfabetización mediática e informacional con perspectiva de género.

Manuel Castells[9] considera apropiado hablar de «sociedad informacional» para definir esta era marcada por el uso de Internet e impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la cual define como «forma específica de organización social», donde «la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder».

Pero este tipo de sociedad no posee iguales representaciones para todos/as, si tomamos en cuenta la brecha tecnológica, y sus múltiples dimensiones sociológicas (género, clase y raza) así como geográficas. De ahí la necesidad de extender la alfabetización mediática e informacional con perspectiva de género y de romper con la tendencia dominante de ver a las mujeres y comunidades LGTBIQ+ como sujetos pacientes ante los medios de comunicación.

Esta propuesta incluye la producción y uso de los medios de comunicación, el interés por aportar a las personas las herramientas para realizar juicios informados sobre las fuentes mediáticas y de información, es decir, ampliar su «participación cívica»[10]. Por lo que se proponen como estrategias a trabajar: uso ético de los medios y habilidades para generar contenidos, comprensión de las funciones de los medios y desarrollo de habilidades para analizar los textos; y ciudadanía activa (con sentido crítico).

El séptimo objetivo general sería erradicar los estereotipos y prejuicios que dividen el trabajo y la producción de saber creando nichos para determinados grupos de hombres y de mujeres.

Suele analizarse la división sexual del trabajo en la estrechez de los límites público-privado, obviando que dentro de sus perímetros se originan múltiples formas de fragmentación y apropiación de las actividades, en consonancia con la construcción de las identidades hegemónicas de la feminidad y la masculinidad (el género como componente canalizador de las capacidades productivas).

La cultura occidental está mediada por una visión dicotómica de la ética, la estética y los roles sociales, la cual conduce a una jerarquización de las partes y a la producción de estereotipos (o estrechas relaciones entre aspectos). En todas las sociedades a las mujeres y a los hombres se les considera apropiados para unas cosas y otras no, así como a unas mujeres y a unos hombres se les ha considerado apropiados para determinadas actividades.

La solución del problema podría soportarse en una «ruta crítica» de las identidades[11] como propuesta y constante de todos los tiempos, y de estas como un recurso del género para regular las relaciones entre las personas desde la lógica de la diferenciación. De esta forma podremos comprender la división de la actividad productiva no solo entre hombre y mujer, sino entre las mujeres y entre los hombres.

Este acto invita a plantear como estrategias: promover la presencia y actuación de los hombres y las mujeres en las esferas y actividades donde es limitada; eliminar los estereotipos de género en la evaluación de méritos y valores académicos; promover la participación equitativa en la toma de decisiones; eliminar los estereotipos de género que identifican a las carreras y perfiles técnicos; eliminar el prejuicio social que define los problemas de género como exclusivos de mujeres, entre otros.

Es preciso fortalecer los distintos espacios de debate, de forma cuantitativa y cualitativa, así como en carácter de espacios multidisciplinarios, de modo que los estudios de género y estudios de la mujer no se entiendan como preocupaciones académicas de las Ciencias Sociales y Pedagógicas exclusivamente. Por otra parte, un Plan de igualdad exige acciones políticamente comprometidas en pos de otras representaciones simbólicas, en medio de relaciones sociales favorables que aseguren la participación y una concepción solidaria de los compromisos colectivos. Desde el marco institucional, debe impulsar mayores niveles de justicia hacia la comunidad. Con el conocimiento a la vanguardia, debe fomentar una ciudadanía activa a partir de la centralidad del sentido crítico como agente de emancipación.

Decía Foucault que la política es la misma sociedad en que vivimos, el conjunto de las relaciones sociales y económicas que determinan «las maneras, lo permitido y lo prohibido». En este contexto, la perspectiva de género deviene una postura política, que aporta la visibilidad de los problemas y conlleva al replanteamiento de nociones como la de equidad social, ya que la idea es sentar las bases para la construcción de una cultura política que reclame y reconozca el papel de todas las personas en la construcción y el desarrollo de la sociedad.

[1] Constitución de la República publicada en Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019.

[2] Mies, María, Patriarcado y acumulación a escala mundial, 3a. ed, trad. Paula Martín y Carlos Fernández, España, Traficantes de sueños, 2018, p. 434.

[3] Glosario de términos relacionados con la transversalidad de Género, Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, 2007.

[4] Goren, Nora, “Aportes para la reflexión: una mirada al trabajo desde la división sexual”, en Echevarría, Dayma y Martín José L. (comp.) Cuba: trabajo en el siglo XXI, Cuba, Instituto Cubano de Investigación Cultural, 2017, pp. 17-32.

[5]Maffia, Diana, “Sujetos, política y ciudadanía”, en Chaher, Sandra y Santoro, Sonia (comp.), Las palabras tienen sexo, Artemisa Comunicación Ediciones, Argentina, 2007, pp. 15-33.

[6] La @ es un símbolo no es un signo lingüístico, es apropiada para comunicaciones alternativas propias del espacio digital.

[7] De Barbieri, Teresita, Acerca de las propuestas metodológicas feministas, en: https://es.scribd.com/document/363563484/De-Barbieri-acerca-de-las-propuestas-metodologicas-feministas-pdf

[8] La universidad no posee observatorio de igualdad, y aunque se prevé que el actual Observatorio social adjunte el control de la implementación del PAM, es cuestionable si presenta todas las condiciones para ello, ya que ha tenido un marco de acción limitado al trabajo político-ideológico. Lo ideal para cumplir esta estrategia es crear un Observatorio de igualdad especializado en el tema.

[9] Castells, Manuel, Sociedad Red, La era de la información: economía, sociedad y cultura, 2da ed., España, Alianza Editorial, 2000, t. I., p. 628.

[10] Wilson, Carolyn, “Alfabetización mediática e informacional: proyecciones didácticas”, Comunicar, España, XX, núm. 39, 2012, pp. 15-24.

[11] Butler, Judith, El género en disputa, 3a. ed, trad. Antonia Muñoz, España, Paidós, 1999, p. 316.