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Para nada nos sorprenden el salto que las políticas con perspectiva de género han tenido en Cuba, en especial, por su discurso más integral desde el 2021 hasta la fecha. Sin embargo, también es real la falta de fortalecimiento metodológico de algunas como el Programa de Adelanto a la Mujer, aprobado en su última versión por Decreto presidencial, así como la falta de institucionalización de estas en un país muy cambiante. Por lo que digamos que no ha sido suficiente, el modo en que dichas políticas públicas han irradiado esferas como los medios de comunicación, la enseñanza en todos los niveles, y la propia percepción que existe de estas en las prácticas y principios laborales.
Las universidades cubanas, constituyen uno de esos espacios donde se requiere una mayor apropiación de las políticas de género y por tanto, una reformulación del concepto de equidad, frente a la naturalización de patriarcalismos, el colonialismo académico y la creciente capitalización de la vida.
La equidad social, un concepto que debe ser reformulado
La equidad social significa una distribución igualitaria de las responsabilidades, recursos y oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad; el reconocimiento del ciclo económico completo, de las múltiples formas de trabajo que garantizan la reproducción y desarrollo de las fuerzas productivas, con especial atención en aquellas que han permitido procesos históricos de acumulación por no ser remuneradas; la compensación de todas las formas de trabajo; y la representación en múltiples esferas sociales de la realidad de todos/as, de su actividad y necesidades particulares, como una perspectiva política, social-individual y científica.
Estos derechos deben ser expresados simbólica, normativa e institucionalmente[1], por lo que es responsabilidad de las instituciones educativas, específicamente las universidades, en tanto espacios laborales de formación, institucionalizar la perspectiva de género e incorporarla a la esfera jurídica-reglamentaria. De esta forma se concibe el proceso como una «práctica vigilante»[2] sobre las formas de producción e intercambio simbólico, asi como de los procesos de comunicación e interacción dentro de las instituciones.
En ese sentido, el diseño de Planes de equidad en las instituciones de Educación Superior en Cuba, encuentran un abanico de posibilidades en el escenario actual de políticas públicas. Pero este escenario también supone retos, el más complejo, desmitificar la noción de que la formación universitaria impacta a todos/as por igual, y reconocer sus diferencias[3].
Experiencia en la universalización de la perspectiva de género: El caso de Universidad Nacional Autónoma de México.
Las políticas de género en las universidades coinciden con la lucha por las condiciones de igualdad entre todas las personas y en la necesidad de fomentar espacios libres de violencia. Parejo a este hecho ha ido la periodización de diagnósticos de la situación de género en la Educación Superior, donde una de las categorías que se suelen estudiar con mayor fuerza son los índices de feminización en el colectivo del alumnado, del personal docente e investigador, catedráticos, así como la segregación por ámbitos científicos. Para que estos diagnósticos arrojen resultados útiles, se diseñan de forma tal que recojan, analicen y visibilicen los datos desagregados por sexo.
Al concebir los vínculos objetivos, estrategia y acción, estas políticas se proponen cambios culturales en el imaginario social de la comunidad, universitaria frente a la socialización de estereotipos denigrantes y excluyentes de la mujer y las personas LGTBIQ+. Según Pastor, Pontón y Serret[4], en España, pese a no ser homogéneos ni en el formato ni en el diseño conceptual, las estrategias y líneas de acción de estos planes pueden dividirse en siete puntos:
1) garantizar el principio de igualdad de oportunidades y de trato;
2) promover la conciliación entre trabajo y familia y el reparto de responsabilidades;
3) asegurar una participación y representación equilibrada;
4) aumentar la sensibilización e incrementar la visibilidad;
5) incorporar la perspectiva de género en la educación y la investigación;
6) mainstreaming de género y
7) promover la seguridad y la salud laboral.
Dentro de estas iniciativas que pretenden fomentar la equidad en la estructura institucional, en la carrera académica, en el empleo y en las posiciones de liderazgo, encontramos en principio la relación entre condiciones favorables de trabajo/formación y salud, por mencionar uno de los aspectos de mayor novedad. Figuran entre otros, los planes de igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid (2007), la Complutense de Madrid (2015), la Pompeu Fabra de Barcelona (2017).
También en Latinoamérica varias universidades se han encargado de impulsar la realización de diagnósticos permanentes sobre la situación de las mujeres y el desarrollo de indicadores a partir de instancias (unidades de igualdad) como observatorios y proyectos institucionales. Estos procesos constituyen los antecedentes o resultados de políticas de género.
La experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en política de género nos muestra la relación estructura-marco normativo a partir de un proceso que, tras la toma de conciencia e indagación en las problemáticas sociológicas que afectan el desenvolvimiento del ser humano, es transformador del espacio público, cuya integridad reclama contra la apropiación simbólica y material que las relaciones desiguales orientadas por el género usurparon.
Un peldaño institucional desde su creación en 1992 ha sido el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)[5], que desde su «Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la UNAM» en el 2004, impulsó el proyecto de investigación «Equidad de Género en la UNAM: un diagnóstico». Desde su seno se estimuló el análisis cuantitativo, a partir de la información estadística disponible, de las condiciones imperantes relacionadas con la equidad de género en cuatro poblaciones: el personal académico, estudiantil, los trabajadores administrativos y, los funcionarios.
Específicamente dentro del proyecto general, bajo la iniciativa «Diferencias en la situación de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía», se propuso mostrar con detalles las condiciones estructurales, organizativas, laborales, educativas y sociales que pudieran estar asociadas al acercamiento o distanciamiento entre las mujeres y los hombres.
Como resultado destacado, en el 2013 figuraba el bajo índice de mujeres en la academia universitaria y en las actividades de investigación; pero lo más significativo es que de este proceso se originaron los cuatro ejes estratégicos de la política institucional de género en la UNAM: Lineamientos Generales para la igualdad de género en la UNAM (7 de marzo de 2013), Acuerdo Rectoral para la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género (29 de agosto de 2016), Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM (agosto 2016), Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género de la UNAM (2019).
El énfasis de la UNAM en la violencia física, especialmente el acoso sexual, representa una coincidencia con la mayoría de las iniciativas Latinoamericanas. En el 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares anunció que el 66,1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años, habían sufrido violencia, ya fuese emocional, económica, física, sexual o discriminatoria a lo largo de su vida; de ellas, el 41,3% fue de violencia sexual. Una evidencia de que estos procesos se adaptan y responden a características y dinámicas nacionales con una extensión en el sector académico.
Como experiencia internacional y regional, es evidente que la institucionalización del género como enfoque teórico metodológico implica verlo, ya no solo como una experiencia constitutiva de la identidad de las personas y como una categoría científica que estudia la socialización de los cuerpos sexuados, sino también como mecanismo regulador de las relaciones humanas, como una perspectiva normativa y metodológica en el sector.
En Latinoamérica los niveles de institucionalización dentro del sector académico de la perspectiva de género no avanzan con el mismo grado de concreción y ni siquiera es contemplada como una necesidad en muchos lugares. A pesar de ello, se reafirman en estos afanes un grupo de instituciones, entre ellas la Universidad de Valladolid, la propia UNAM o el conjunto de políticas orientadas en dicho sentido de la Universidad de Buenos Aires, con experiencias que ameritan ser estudiadas.
En el caso de Cuba aunque no aparece corporizada en un marco normativo propio que estipule este tipo de ordenanzas en aras de la equidad, se dan pasos importantes en la extensión de la mirada de género que encuentran sus límites ante la propia ausencia de un medio legislador propio de cada institución. Debe reconocerse que universalizar la mirada violeta en centros universitarios, requiere un proceso de análisis y diagnósticos (de estamentos como el financiero o el propio cuerpo académico), para que se produzca la deseada transversalización del enfoque de género.
[1] Benavente, María Cristina y Valdés, Alejandra, Políticas Públicas para la Igualdad de Género. Un aporte a la autonomía de las mujeres, 1ra. ed., Santiago de Chile, CEPAL, 2014, p. 130.
[2] Benítez, Lucia, “La perspectiva de género en comunicación y desarrollo”, Comunicación y Desarrollo. Prácticas comunicativas y empoderamiento local. España, Gedisa, 2012, pp. 180-201.
[3] Piedra, Yoana. et al., “La Universidad de Cienfuegos y su labor por la equidad de género”, Revista Conrado, Cuba, 2019, pp. 173-179 https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1193
[4] Pastor Gonsálbez, Inma. et al., “Políticas de igualdad en la universidad: una reflexión sobre los planes de igualdad en América Latina y España”, Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género, España, 2014, pp. 639-658.
[5] El 15 de diciembre de 2016, el PUEG se transforma en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).
