Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que mirarse por dentro

El trumpismo espera que Cuba caiga pronto. A inicios de los noventa se esperaba también y no sucedió, pero esta no es la Cuba de aquellos tiempos. Hoy, en medio de una crisis sistémica sostenida que ha incidido en el deterioro de la credibilidad del gobierno, es a este, y no a otro, al que le ha tocado asumir un conflicto de larga data. Funcionando como hasta ahora, tiene poco margen de maniobra y capital político; pero hay pasos que podría tomar para cohesionar a la mayor cantidad de cubanos posible alrededor de la bandera.

Ahora bien, la adaptabilidad no es la práctica habitual del gobierno cubano, acostumbrado a hablarle solo a sus más leales seguidores y que en contextos de hostilidad prefiere atrincherarse. Esa es una actitud que no solo impide la influencia externa, también restringe la posibilidad de atender los problemas internos, porque interpreta como peligro críticas y recomendaciones que podrían contribuir a solucionarlos. De todas formas, sin una reforma profunda será difícil generar consenso.

Ese cambio empieza por ver la soberanía como la existencia de una comunidad política que tiene voz, derecho y agencia, y no únicamente como el argumento sobre el que erigir discursos de resistencia o heroicidad; la razón de Estado frente a la injerencia extranjera. 

Es ingenuo creer que se puede preservar la soberanía nacional sin atender la soberanía individual, porque un Estado puede declararse soberano, pero el país solo lo será si sus ciudadanos sienten que tienen control sobre sus destinos, si se autoperciben parte activa del proyecto país, si tienen algo que, consideran, vale defender. Por eso, la unidad que es imprescindible para resistir presiones externas, constituye un capital político que se pierde cerrando los espacios de participación pública, y se gana abriéndolos. La unidad de una mayoría, por tanto, es una construcción lograda en el hacer política; no en la obediencia, sino en el consenso.

Dicho esto, lo cierto es que aún existen reservas de legitimidad y consenso a los que las autoridades cubanas pudieran apelar, pero hasta el momento no parecen mostrar la habilidad o voluntad para explotarlos. A eso se suma que han perdido la capacidad de iniciativa y reacción política realmente movilizadoras. Un ejemplo fue la respuesta inicial a la operación militar en Venezuela: actos públicos carentes de entusiasmo real, consignas repetidas, y una puesta en escena que, de nuevo, indica un interés más enfocado en demostrar control que en construir respaldo popular. La habilidad política leería el momento como una oportunidad para ampliar su base social o al menos unir a la ciudadanía. Eso no se logra con un acto, puño arriba, ¡abajo el imperialismo!

La cuestión aquí radica en que hay una diferencia entre apelar a gestos simbólicos y hacer política en función del interés público. El gobierno cubano podrá ser blanco de una persecución económica, pero hace tiempo debería haber comprendido que eso no lo justifica frente a la percepción ciudadana que lo juzga por las decisiones erráticas o equivocadas sobre la gestión del país, no solo en términos de economía. Decisiones, por cierto, que muchas veces se interpretan como deliberadas, en detrimento de la gente.

Antes de que Cuba existiera como nación independiente, surgiera el primer partido comunista o alguien de apellido Castro llegara al  hoy conocido como Palacio de la Revolución, grupos políticos estadounidenses proclamaban su interés en la Isla. Mucho antes de que Maduro tuviera su primera elección disputada en 2018, hubo intentos repetidos de destituir al gobierno o forzar un cambio político en Venezuela, sin importar que Chávez ganara democráticamente cuatro elecciones presidenciales y Maduro al menos una. El control de la región es una pretensión imperial histórica que supera cualquier ideología, y el trumpismo ni siquiera se esfuerza en pretender que la legitimidad democrática es la fuerza que mueve sus esfuerzos de cambio de régimen.

Aunque el gobierno de Trump ha construido una narrativa de glorificación y victoria sobre los eventos del sábado 3 de enero, podrían interpretarse no como una muestra de fortaleza de su administración sino de debilidad y repliegue. Porque significa la renuncia a una influencia global que le es difícil sostener y por tanto el retiro a su zona de influencia: América Latina. El hecho de que la administración Trump se apoye en la teatralidad y el efecto psicológico de su operación militar, por sobre el lenguaje diplomático o los «argumentos» democráticos para justificarla, indican un cambio intencionado en su política exterior, que ya no descansa sobre consensos internacionales, y por eso el explícito interés por el petróleo, el descarte de la oposición venezolana y la asunción expresa de la Doctrina Monroe.

La palabra que mejor describe esta política es imperialismo, pero llega con desgaste por su sobresaturación en manos de la propaganda oficial. Ocurre en un momento de hartazgo ante el inmovilismo y cansancio por los efectos de una policrisis prolongada. Por tanto, no pocos reciben la operación militar ilegal como «liberadora». Esa es una realidad que no puede ser ignorada, a no ser que se pretenda un suicidio político. 

Es importante decir que la Doctrina Monroe en su versión trumpista no representa el interés nacional de Estados Unidos ni la voluntad de su población. Una encuesta realizada por  Reuters/Ipsos señala que solo un tercio de los estadounidenses aprueba la captura ilegal de Maduro y al 72% le preocupa que el país se involucre demasiado en Venezuela. Además, voces del Partido Demócrata reaccionaron criticando la operación de tal  manera que mereció respuesta de la Casa Blanca, y una de sus figuras más populares en la actualidad, el alcalde de New York, Zohran Mamdani, la calificó como una violación de la ley federal e internacional.

Pero nadie con sentido común en América Latina debería sentarse a esperar que los demócratas pongan freno a una administración que desprecia y descarta, incluso, sus propias instituciones y leyes. Para responder efectivamente, los gobiernos de izquierda necesitan legitimidad democrática y resultados. Legitimidad que sale de elecciones creíbles, y una gestión que afiance la relación entre los partidos de izquierda y la ciudadanía. Claudia Sheinbaum está dictando cátedra al respecto. Tanto esa legitimidad democrática como los resultados tienen que ser evidentes ante la percepción pública, y ser verdaderamente tales, no solo parecerlo.

Pero cómo movilizar sentimientos a favor de la soberanía si para no pocos es un tema de menor importancia. Sobre todo cuando se tiene cada vez menos para comer, mientras crece la percepción de que la clase política del país vive entre privilegios. Cuando Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo) viaja con frecuencia a Panamá en jet privados y se rumorea que frecuenta restaurantes de lujo sin necesidad de pagar la cuenta, y no es el único en hacerlo. Cuando uno de los hijos de Fidel Castro es campeón de golf en Varadero. Cuando la familia del presidente se incluye en viajes oficiales sin tener un cargo público y cuando hijos de dirigentes viven acomodados en el extranjero. Y encima, cuando hay una terrible falta de franqueza y transparencia sobre todo esto. Los subsidios y las gratuidades se terminaron a finales del 2008 para la ciudadanía; no tanto así para los altos dirigentes.

Quien quiera hablar de rescatar el proyecto de país, haciendo malabares para evitar el tema de la corrupción, ¿sobre qué valores y con qué moral piensa realmente dirigirse a las mayorías? ¿Cómo identificarse con un proyecto que en parte del sentido común popular se percibe en beneficio de una clase política, en lugar de en favor del bienestar de la gente? También son demasiado frecuentes los «piñazos sobre la mesa», los abusos de autoridad, la inercia política y la gestión policial del disenso. No debería el Estado entregarse fácilmente a esas tentaciones autoritarias, tanto las que nos llegaron de la URSS como las que teníamos ya en casa.

Será cuento de camino generar capital político contra el trumpismo echando mano de la (necesaria) soberanía, cuando las vidas de privilegio están a la vista de todos. De no tomar acciones radicales contra la corrupción entre los dirigentes, contra el autoritarismo y en favor de una rendición de cuentas real, nadie sabe a ciencia cierta cuántos compartan el sentimiento de proteger intereses nacionales y que entiendan como amenaza, en lugar de esperanzador, el desprecio por la soberanía de la administración Trump.

Con demasiada frecuencia el Partido Comunista delega en el Ministerio del Interior asuntos que le competen, y que en tiempos de Fidel Castro tenían salida política, aunque no siempre fuera la más adecuada. La crisis interna actual no solo es producto de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, sino también de lagunas democráticas en el aparato político del país y deudas acumuladas en el tiempo; advertencias no han faltado. 

Con tanto peligro para la soberanía del país, la peor jugada política es el inmovilismo, la desidia y el acomodamiento; o apostar por convertir en enemigos políticos a ciudadanos críticos que quieren ayudar en el desarrollo del país. Ampliar libertades democráticas, liberar presos políticos, gestionar vías para el disenso y hacer una reforma integral de la economía con enfoque social para atender desigualdades, son de los puntos medulares pendientes que tiene hoy Cuba.

La amenaza del trumpismo para la Isla y el propio Estados Unidos no puede ser subestimada. Va contra toda la lógica interna de las autoridades cubanas asumir este cambio, pero no se trata de si los gobernantes están cómodos con el nivel de reforma necesario, sino de si responderán al reclamo público. Cuando un país está bajo agresión, la ciudadanía generalmente cierra filas con su gobierno, pero solo si siente que este representa sus intereses. Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que empezar a mirarse por dentro.