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La noticia es que las conversaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos se encuentran suspendidas, en un contexto de tensión diplomática y endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump.
Johana Tablada, subdirectora general para Asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó esta semana que la relación bilateral está actualmente «en cero» y que «el Departamento de Estado no está interesado en mantener conversaciones con Cuba que han existido», a pesar de todo, en el pasado. También señaló que, bajo la presidencia estadounidense actual, tanto ella como el viceministro Carlos Fernández de Cossío «fueron ignorados por el Departamento de Estado durante visitas a Washington», a diferencia de administraciones anteriores que al menos accedían a reuniones bilaterales.
Según la diplomática, se ha emprendido una campaña sistemática para presentar a Cuba como una amenaza, utilizando argumentos como la presunta presencia de bases chinas o la criminalización de las misiones médicas.
Esta ofensiva coincide con el regreso de Cuba a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, la reinstauración de sanciones previamente levantadas y nuevas restricciones a funcionarios cubanos, remesas, comercio y viajes.
La Isla, en cambio, ha seguido recibiendo vuelos de deportación desde Estados Unidos en cumplimiento con los acuerdos migratorios bilaterales, gesto que no solo no ha sido correspondido por la administración estadounidense, sino que las tensiones han escalado hasta el punto de que la alta funcionaria cubana advirtió en rueda de prensa en la embajada de Cuba en Washington sobre una posible estrategia para justificar una «confrontación militar». «Empujar a ambos países hacia escenarios de confrontación y choque no es una buena idea», agregó.
Por su parte, el Departamento de Estado insiste en que no percibe señales de que Cuba esté abierta a un «diálogo significativo».
En este contexto de creciente fricción, la embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, fue convocada por el Departamento de Estado para responder por las declaraciones del gobierno cubano contra el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer.
Mientras La Habana acusa al diplomático de adoptar una actitud «injerencista e irrespetuosa», el gobierno norteamericano ha expresado que sus diplomáticos en Cuba realizan actividades equivalentes a las que llevan a cabo los representantes cubanos en EE.UU., amparadas por la Convención de Viena. No obstante, las acciones emprendidas por Hammer —quien ha recorrido la Isla reuniéndose con activistas, religiosos, emprendedores y familiares de presos políticos— rebasan los límites diplomáticos y son percibidas como provocaciones.
Fueron noticia también esta semana que la administración Trump evalúa una nueva medida que impediría a la mayoría de los solicitantes de asilo obtener permisos de trabajo mientras se resuelven sus casos, en un promedio de 180 días, cuando en la práctica la mayoría demora más que eso.
Y por otro lado, que ese gobierno firmó una nueva proclamación presidencial que prohíbe o limita el ingreso a EE.UU. de ciudadanos de una veintena de países, entre ellos Cuba y Venezuela. «No los queremos», afirmó categóricamente el mandatario norteamericano. En el caso cubano, se trata de una restricción parcial, pero con implicaciones directas para miles de migrantes y solicitantes de visas.
Entre las visas afectadas están las B-1 y B-2, utilizadas para viajes de negocios y turismo respectivamente; la visa F-1, destinada a estudiantes y académicos; la M-1, para estudiantes de formación vocacional; y la J-1, para participantes en programas de intercambio cultural y educativo.
El ministro de Exteriores afirmó que esta medida «perjudica el contacto entre las familias cubanas. Daña los intercambios personales, profesionales, académicos y culturales entre ambos países».
Ambas noticias evidencian que se apuesta por políticas cada vez más restrictivas en la Casa Blanca.
Aunque se anunciaron excepciones para residentes permanentes y titulares de visas vigentes, las limitaciones de entrada refuerzan la narrativa de «seguridad nacional» usada para justificar el cierre de vías legales para ingresar al país. La decisión, presentada como un acto de protección frente a «actores extranjeros peligrosos», amplía aún más la ofensiva migratoria que ha caracterizado el segundo mandato del magnate, y coloca a los ciudadanos cubanos —anteriormente favorecidos por políticas especiales— en el mismo grupo de países considerados de «alto riesgo» por el gobierno estadounidense.
Esto significa que la administración Trump ha suspendido las conversaciones migratorias que solían ser rutinarias entre ambos países y reafirma su línea de máxima presión, incluso frente a señales de cooperación en estos temas por parte de La Habana.
Cuba aceptó reanudar los vuelos de deportación desde EE.UU. a finales de abril de 2023, tras una pausa de tres años y ha recibido cinco vuelos de deportación provenientes de ese país en lo que va de año, con más de 500 personas devueltas a la Isla.
Históricamente, ambos países han desarrollado un encuentro bilateral para revisar los acuerdos alcanzados en 1984, en virtud de los cuales se comprometen a garantizar una migración «regular, segura y ordenada». Estos incluyen reuniones (generalmente semestrales) para monitorear la implementación de compromisos como la entrega de visas anuales por parte de Washington y la aceptación por Cuba de migrantes devueltos, especialmente los interceptados en el mar.
Johana Tablada enfatizó en la conversación este martes con los periodistas que Cuba ha cumplido su parte de los acuerdos migratorios, a pesar de la falta de diálogo. Detalló que desde 2017 «casi 50.000 cubanos han sido devueltos a la Isla» por distintas vías y Cuba los ha aceptado.
A pesar de que el gobierno cubano ha trazado líneas rojas en materia de deportaciones: se niega a recibir a migrantes con residencia prolongada en EE.UU. o antecedentes penales anteriores a 2017, alegando que cada caso debe evaluarse individualmente. Esta postura no ha dejado de ser polémica y ha provocado situaciones como la deportación de dos cubanos con antecedentes penales a un tercer país, Sudán del Sur.
No obstante, el control de la emigración irregular se mantiene como prioridad cubana, incluso sin la contraparte del diálogo formal con EE.UU.
En este escenario, la política migratoria estadounidense no solo ha restringido las vías legales de entrada, sino que ha comenzado a perseguir de forma más directa a los migrantes cubanos, expuestos hoy a mayores riesgos de deportación, al igual que el resto de la comunidad latina.
Aunque muchos de los 2,4 millones de cubanoamericanos que apoyaron con fuerza al republicano comienzan a sentir los efectos de estas políticas, una parte considerable de ese electorado mantiene su respaldo al actual presidente, como lo demuestra el viraje del condado de Miami-Dade hacia el Partido Republicano en 2024 —aunque figuras demócratas como la alcaldesa Daniella Levine-Cava continúan en posiciones relevantes, lo que mantiene abierto el panorama electoral futuro—.
Nuestra opinión es que el hecho de que esté suspendida la cooperación migratoria, lograda incluso en los peores momentos entre ambos países, hace que el diálogo político parezca más distante que nunca.
La administración Trump ha optado por avivar una narrativa de amenaza que no se sostiene en hechos, y en este punto, la política exterior de EE.UU. hacia Cuba se aleja de cualquier noción de interés común o estabilidad regional, apostando a la presión máxima como única herramienta.
La falta de canales de diálogo formal convierte la gestión migratoria en un campo minado, sin mecanismos confiables para atender flujos crecientes y situaciones humanitarias en el marco de un éxodo de cubanos sin precedentes. Incluso las visas académicas, que en algún momento sirvieron para darle espacio a estudiantes e intelectuales críticos censurados en Cuba, acaban de restringirse.
La consecuencia de las políticas restrictivas de la administración Trump recae con mayor fuerza sobre las familias, por un lado, por el daño que provocan las separaciones y la no existencia de vías formales para reencontrarse o reunirse. Por otro, porque muchos de los migrantes que sostienen hogares o a familiares en Cuba y que se beneficiaban de las políticas diferenciadas para cubanos, están hoy en un limbo legal que puede repercutir en la pérdida de las condiciones que habían alcanzado, ya sea permisos de trabajo, procesos judiciales para regularizar su situación, o capacidad de ayuda a madres, padres, abuelos, etc.
Y Trump parece muy decidido a cada vez más empeorarles la situación.
