¿Qué pasa con la salud en Cuba?

El caso del niño cubano trasladado a Estados Unidos por una enfermedad genética, y que falleció tras casi un mes hospitalizado, reavivó el debate sobre la situación del sistema sanitario en la Isla.

El menor había sido diagnosticado en la Isla con neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad hereditaria que afecta el sistema nervioso y puede derivar en tumores. Su madre denunció en redes la falta de condiciones para tratarlo, y pidió ayuda para trasladarlo. Luego de múltiples gestiones y demoras, incluidas exigencias de la embajada de EE.UU., entre ellas la de un documento que afirmara que las instituciones médicas nacionales no tenían condiciones para tratar la enfermedad, el niño fue ingresado en el Nicklaus Children’s Hospital de Miami. Allí falleció por una sepsis, tras 23 días de hospitalización.

Activistas y medios opositores culparon a las autoridades sanitarias cubanas de negligencia y mal diagnóstico, recalcando la presunta incapacidad del sistema de salud cubano para atender a un menor y la soberbia de no querer reconocerlo. Igualmente, propusieron crear una fundación con el supuesto objetivo de «defender y reivindicar los derechos de atención en salud de los enfermos en Cuba», y cuyos beneficiarios «deben de estar dispuestos a exponer los casos y hacerlos públicos», excluyendo a «personas con temor a defender la vida de sus hijos o la suya».

El Ministerio de Salud, por su parte, afirmó que la Isla contaba con los recursos necesarios para su atención y que los profesionales implicados actuaron con «sensibilidad», «entrega» y «amor». Luego del fallecimiento del niño, el Instituto de Hematología expresó sus condolencias y agradeció a los colegas estadounidenses por la atención brindada.

En todo momento del debate se enfrentaron las narrativas de una Cuba que pone a disposición tratamientos de última generación para todos los que los necesitan, contra la de un «Estado comunista fallido» incapaz de ofrecerle un tratamiento a un niño. Más que la vida de un menor, se discutía la legitimidad del modelo y las competencias de sus profesionales.

En medio del revuelo, el tema de las misiones médicas volvió al centro del debate, sobre todo porque durante toda la cobertura que se dio desde medios de la oposición se puso siempre en duda la capacidad, preparación y profesionalidad de los médicos cubanos.

¿Una potencia médica en el tercer mundo?

Más allá de determinar quién tiene la razón —algo que requeriría conocimientos médicos y acceso a la historia clínica—, sí creo que nos debemos una discusión sobre los problemas señalados al sistema de salud cubano.

La mayoría de los medios de oposición destacaron que la culpa de esta situación era del sistema «comunista» que impera en la Isla. Sin embargo, ¿las carencias denunciadas son exclusivas de Cuba?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «solo un 29 % de los países de ingreso bajo declara que su población tiene generalmente a su disposición medicamentos contra el cáncer, frente a un 96 % de los países de ingreso alto»; igualmente, «en los países de ingreso alto […] más del 80 % de los niños afectados de cáncer se curan. En cambio, en los países de ingreso bajo o mediano se curan menos del 30 %». En otro informe señala que «cada año se atribuyen a una atención sanitaria deficiente entre 5,7 y 8,4 millones de muertes en países de bajos y medianos ingresos».

Entonces, ¿es justo y serio comparar la disponibilidad y calidad de servicios médicos en Cuba con la de países del primer mundo?

Si vamos a ser justos, esta comparación engañosa no solo ha sido realizada por la oposición. Durante muchísimos años, el Estado cubano se vanaglorió de que el sistema nacional era mejor que el de países capitalistas del primer mundo. Y lo cierto es que hasta en la crisis de los 90 funcionaba con relativa dignidad, e incluso con una cobertura más universal que la que tenían no pocos países desarrollados en ese momento.

Durante muchísimos años el Estado cubano se vanaglorió de que el sistema nacional era mejor que el de países capitalistas del primer mundo.

Por otro lado, el acceso masivo a los servicios de salud para las capas más empobrecidas de la población es una conquista relativamente reciente en varias partes, incluso del llamado primer mundo.

Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el programa Medicaid fue establecido en 1965 para brindar cobertura médica a ciertos grupos de bajos ingresos, no fue hasta 2010, con la ley popularmente conocida como Obamacare, que se amplió la elegibilidad de quienes podían acceder a estos servicios y el alcance de estos para cubrir a la mayoría de las personas. Aun así, según una encuesta aplicada en ese país en 2021, uno de cada 12 adultos estaba pagando alguna deuda médica.

Los mismos activistas opositores que gestionaron la salida del niño cubano, aunque recalcaron que en Estados Unidos «no se dejaba morir a nadie», reconocieron que el hospital pidió un fondo de 300 000 dólares para admitir al paciente.

Sin embargo, faltaríamos a la verdad si no decimos que hoy la situación en Cuba es muy distante a la de hace algunos años. La salud pública gratuita sigue existiendo, pero su deterioro es evidente.

No se necesita ser un experto en salud para notar el deterioro de los servicios médicos en la Isla. Son elementos comunes en casi todas las instituciones: equipos rotos y carencia de reactivos para análisis. Otros factores como la limpieza de los inmuebles o la calidad de la atención, muchas veces dependen de cada administración.

La carestía de medicamentos, tanto en farmacias como en hospitales, es probablemente de lo más alarmante. En diciembre del pasado año, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que «de 651 productos que forman el cuadro básico de medicamentos, en el último mes 461 están entre falta y baja cobertura, por no contar con las divisas necesarias para financiar productos y materias primas». Esto significaría que solo un 30% aproximadamente del cuadro básico está garantizado.

La carestía de medicamentos, tanto en farmacias como en hospitales, es probablemente de lo más alarmante.

El personal es otro punto problemático. Según datos oficiales, entre 2021 y 2023 se perdieron 63,894 trabajadores del sistema de salud, específicamente 25,368 médicos. En el presente año, el salario medio en el sector de la «salud pública y asistencia social» rondaba por los 6,259, una cifra que no supera los 20 dólares al cambio informal y está muy lejos de cubrir la el costo de la vida. Esto no solo desestimula al personal médico, sino que los lleva a tener otros trabajos en el sector privado e informal de la economía que les restan tiempo y sosiego mental a su labor, y/o a depender de las ayudas de sus pacientes.

Tampoco podemos olvidar otras condiciones que funcionan para la ciudadanía como barreras al acceso a los servicios de salud. La crisis del transporte es una de ellas, que, combinada con la insuficiencia de ambulancias y el cierre de hospitales y policlínicos en zonas periféricas, obliga a los enfermos —principalmente aquellos con dificultades en el desplazamiento— a asumir los altos costos de transportación con taxis privados.

Igualmente, cada vez son más las personas con sobrecarga laboral que deben emplearse en múltiples lugares, algunos sin garantías ni derechos laborales, y que no pueden darse el lujo de «perder un día» para ir al médico.

Todos estos elementos ya tienen efectos palpables en la salud de la población, y van desde el aumento de la mortalidad infantil y materna, hasta el de las defunciones en general —aunque en estas últimas incide el envejecimiento poblacional.

Del «Estado fallido» al esclavizador

Pero la polémica no se ha quedado en la ya tan trillada como infértil comparación entre «Comunismo versus Capitalismo». El caso del niño también se ha usado como una excusa más para atacar las misiones médicas cubanas, con un nuevo argumento: los médicos cubanos no solo son esclavos, sino que carecen de confiabilidad.

Por supuesto, no es algo nuevo, ni siquiera nació con esta administración. Aunque desde que Marco Rubio asumió como secretario de Estado, la presión se ha intensificado con sanciones a funcionarios, no solo de Cuba, sino de los países receptores.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en La Habana lleva varias semanas publicando testimonios anónimos de médicos supuestamente «esclavizados» en estos programas.

Si dejamos a un lado la rimbombancia de usar un término a la ligera —tan característica de la política sobre Cuba—, y revisamos documentos normativos de Naciones Unidas, vemos que la esclavitud moderna se define como «una sujeción excesiva por la que una persona somete a otra a una obligación o trabajo». El trabajo forzoso, una de las prácticas que se reconoce como parte de la esclavitud y que también ha sido esgrimida por las autoridades norteamericanas, se entiende como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente».

Entonces, ni siquiera en la curada selección de testimonios que ha publicado la Embajada ha podido demostrarse que alguno de los profesionales haya sido coaccionado para aceptar la misión, y mucho menos que el Estado cubano tenga una política para obligarlos a participar.

Ni siquiera en la curada selección de testimonios que ha publicado la Embajada ha podido demostrarse que alguno de los profesionales haya sido coaccionado para aceptar la misión.

Y ojo, con esto no quiero decir que las misiones médicas en el exterior no tengan zonas opacas que desde la ciudadanía cubana debemos debatir.

Hay muchísimas críticas que pueden hacérsele a este programa, entre ellas: la poca participación de los profesionales en la negociación de sus contratos; el alto porcentaje que retiene el Estado como intermediario; la imposibilidad de viajar con la familia a pesar de que las misiones, a veces, se extienden por años; y, para mí, la más grave: la normativa todavía vigente de que quienes abandonen la misión no pueden regresar al país en ocho años.

Igualmente, los participantes han reportado limitaciones de movimiento, exceso de carga laboral, y también se han producido denuncias de malas condiciones de vida en algunos casos. Estos elementos sí varían en dependencia del lugar de la misión y de quien la gestione.

El gobierno cubano ha evitado debatir estos señalamientos y, en su lugar, insiste en una narrativa heroica de altruismo que invisibiliza las verdaderas motivaciones de muchos médicos para participar: mejorar su calidad de vida; algo que sí han logrado gran parte de ellos, pues, aun con los porcentajes retirados, no pocos han podido comprarse casas en la Isla, equiparlas y además importar autos.

Si analizáramos estos altos impuestos desde una «mentalidad socialista», tal vez pudiera entenderse que el Estado retenga un porcentaje importante del salario en moneda fuerte para subsidiar un sistema de salud gratuito. Pero entonces, desde esa misma óptica, debiéramos decir que luego de pagado este tributo, no puede seguir pasando que sus colegas en la Isla no tengan guantes para trabajar, ni sus familiares medicamentos.

Si analizáramos estos altos impuestos desde una «mentalidad socialista», tal vez pudiera entenderse que el Estado retenga un porcentaje importante del salario en moneda fuerte para subsidiar un sistema de salud.

Ahora bien, si mañana los deseos de Marco Rubio y compañía se cumplieran y se eliminaran las misiones médicas, ¿qué ganamos los cubanos en la Isla? ¿Tendríamos un mejor sistema de salud? ¿Los galenos ganarían más por su trabajo?

Y lo más importante: ¿Estados Unidos tiene alguna alternativa para garantizar la salud a esos territorios empobrecidos en zonas aisladas a los que van los «esclavizados»? Pues no parece, y menos en un momento donde su presidente decidió salir de la Organización Mundial de la Salud porque salía demasiado caro y no respondía a sus intereses.

No en vano muchos de los Estados que han recibido presiones para eliminar las misiones médicas han afirmado que estas son imprescindibles y han decidido mantenerlas, asumiendo las consecuencias.

Incluso asumiendo que la formación de algunos médicos cubanos pueda haber decaído debido a la carencia de maestros, la desactualización de los programas curriculares o la falta de acceso a tecnología de última generación, lo cierto es que estos profesionales llenan vacíos en comunidades donde, antes de que llegaran, no había prácticamente ningún servicio de salud; una realidad tercermundista que estos «antiesclavistas» se niegan a reconocer.

Tampoco sobra decir que quienes acusan enérgicamente a Cuba de «esclavitud moderna» deportan, sin las garantías del debido proceso, a migrantes como Kilmar Abrego García a cárceles del Salvador donde los presos permanecen hacinados y alimentándose solamente de arroz y pasta. Aunque al parecer esos no son esclavos, sino terroristas con tatuajes a los que no hay que garantizar ningún derecho humano.

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Un refrán muy criollo afirma que «mal de muchos es consuelo de tontos», por tanto, aspirar a un sistema de salud de «primer mundo» no debería dejar de estar entre nuestras metas como sociedad. Lo verdaderamente doloroso no es que Cuba salga mal parada al compararse con países desarrollados, sino que ni siquiera logre superar los estándares que ella misma alcanzó hace unos años.
Romantizar la situación hablando de «espíritu de sacrificios», de «búsqueda de soluciones creativas» o de «cariño y amor» no va a ayudar en nada a quienes hoy ven sus enfermedades agravarse.

Dolorosamente, para salvar vidas no basta con la entrega, ni siquiera con la preparación de los profesionales sanitarios. Si no cuentan con los insumos necesarios para trabajar, ni con los fármacos adecuados, no podrán hacer bien su labor, por más comprometidos que estén.

Más allá de lo acertado o errado del tratamiento y diagnóstico a un paciente puntual, la crisis del sistema de salud cubano es innegable y, por tanto, es totalmente legítima la exigencia por parte de los cubanos, de que el gobierno rinda cuentas sobre qué está haciendo con los fondos resultado de las misiones, para garantizar a todos el derecho constitucional de una salud gratuita y de calidad.

Y es que la salud es eso: un derecho. Nunca debería ser una herramienta de propaganda ni de coerción. Abogar por la transparencia, justicia y eficiencia del sistema médico cubano es un camino aplaudible, pero nunca lo será alentar sanciones y restricciones externas que solo agravarían la situación. Y esto último debe ser rechazado por cualquiera que tenga un mínimo de respeto y empatía por los millones de cubanos que dependen de nuestros hospitales para vivir, y por los que nadie hará crowdfundings para salvarlos.