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La noticia es que se ha aplazado el cumplimiento de la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior que obligaba a las empresas privadas con permiso para realizar comercio mayorista, a vender solamente a las estatales. La disposición debía implementarse en los próximos días, pero ahora se ha aplazado hasta el 30 de septiembre.
No obstante, los trabajadores por cuenta propia que estaban realizando comercio mayorista deben cerrar inventarios y detener ese tipo de actividad.
La resolución cuyo cumplimiento ahora se aplaza despertó mucho debate entre economistas y empresarios. Según el documento, el propósito es organizar el comercio mayorista y promover el encadenamiento entre el sector privado y el sector estatal.
Tras la apertura del sector privado en el país, pequeños empresarios con una licencia por cuenta propia (TCP) o con una pequeña o mediana empresa (mipyme) con la actividad de comercio mayorista aprobada, podían realizar esta actividad que logró poner suministros en mayores cantidades y cierta estabilidad en la red de tiendas privadas.
Importar un contenedor entero de un mismo producto es más barato, y su comercialización mayorista es más fácil porque puede abastecer a otras empresas —ya sea mipymes privadas, empresa estatal, cooperativas, tcp…—, para la reventa minorista de estos productos, o para su utilización como materia prima para elaborar otras mercancías.
Debe tenerse en cuenta que muchos empresarios cubanos que importan al por mayor lo hacen en consignación, lo cual significa que solo pueden recuperar el dinero en cuanto el producto se vende, por lo que la rapidez en la circulación de inventarios es fundamental. Asimismo, la falta de acceso a créditos y sumado a otras limitaciones que imponen las medidas unilaterales coercitivas norteamericanas hacen aún más vulnerable esta actividad que permite abastecer los mercados privados.
No obstante, el gobierno cubano estipuló en la Resolución 56 que las mipymes solo podían vender mayorista lo que ellas producían, y el comercio mayorista podían realizarlo solamente con el Estado cubano. Por otro lado, los TCP, que muchas veces son pequeños negocios de una o tres personas, no podían seguir realizando esa actividad, lo cual sí se aplicará ahora.
El anuncio de la medida en diciembre de 2024 trajo consecuencias inmediatas. Varios importadores detuvieron sus operaciones por miedo a no saber cómo comercializar luego sus productos, lo que ha provocado un desabastecimiento parcial de algunas mercancías básicas como el aceite de cocina.
En ese momento, tanto expertos en el tema como la ciudadanía doliente, advirtieron que de aplicarse la resolución se afectarían las cadenas de suministro, y por tanto, podría acarrear desabastecimiento y aumento de precios en el mercado minorista. Para decirlo de otro modo, la tiendita de la esquina tendría los productos incluso más caros que ahora, y otros podrían perderse porque son de mayor demanda.
Igualmente se alertó que, al entrar en la cadena de suministro empresas estatales sancionadas por las leyes norteamericanas, estas rutas serían más vulnerables a padecer los efectos de la guerra económica externa, sobre todo con una administración en la Casa Blanca que no ha escatimado en esfuerzos y justificaciones para intentar asfixiar la economía cubana.
Sin embargo, las autoridades cubanas respondieron diciendo que «el comercio mayorista con la participación de entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales, permite a los actores económicos no estatales utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial».
La pregunta de réplica fue por qué esa «experiencia» no ha permitido abastecer las tiendas estatales con productos y servicios de primera necesidad como pollo, picadillo, salchichas… que hoy solo se encuentran en el comercio privado, o su precio es mayor en las tiendas de GAESA en dólares o MLC.
La nota recientemente publicada afirma que «seis negocios conjuntos entre entidades estatales y mipymes privadas se han aprobado. De la misma manera fueron visitados los 16 municipios que ejercen la facultad de aprobar los actores económicos no estatales». Una cifra considerablemente baja y que claramente no podrá mantener los flujos de mercancías que hoy necesita la ciudadanía para reproducir la vida.
Esto pudiera tener varios significados. En el momento de publicada la resolución se sobrentendió que uno de los objetivos era devolver la vida a las empresas importadoras y mayoristas estatales que se han visto desplazadas por la importación privada. Igualmente evitar que en manos de privados se movieran grandes cantidades de dinero en moneda nacional y divisas.
Sin embargo, es posible que la medida no haya tenido el consenso necesario, que muchos empresarios hayan preferido cerrar antes que comerciar con el Estado, y que se hayan previsto los efectos nefastos de cortar las cadenas de suministro sin que estas sean sustituidas por otras.
El aplazamiento, no explicado —como ya es costumbre— pudo haber sido una forma de ganar más tiempo para evaluar el posible impacto y la manera de aplicar la regulación, porque esta no dice cómo las empresas estatales se encadenarán con los privados y cómo asegurarán el pago en tiempo y forma para que el privado pueda volver a salir al mercado internacional para reabastecerse.
La disposición tampoco esclarece cómo las empresas privadas podrán cerrar sus ciclos ante la ausencia de un mercado cambiario formal. Para el empresario privado es altamente riesgoso venderle al Estado, no solo porque los ritmos de pagos son más lentos, sino porque todo es a través de bancos, lo cual imposibilita la obtención de la divisa en efectivo que necesitan para poder importar nuevamente, o cubrir costos de lo importado.
En aquel momento el economista Omar Everleny afirmó que «Una vez más, para solucionar un problema, se crean más dificultades que las que ya existían. Una alternativa sería autorizar a las FGNE a comercializar sus productos en MLC (como ya hacen TRD y CIMEX), ingresar las ventas a sus cuentas en divisas y que los bancos cubanos transfiriesen hacia el exterior los fondos a favor de proveedores extranjeros, desde esas cuentas en divisas de las FGNE. Así sí pudiera verse una rápida bancarización de ingresos, menor compraventa de divisas en el mercado informal, mayores saldos en divisas en los bancos cubanos. Si bien esta alternativa tendría el inconveniente de que dichas transacciones tendrían que sortear las sanciones norteamericanas, al menos sería una forma más viable y transparente de establecer reglas «cumplibles» por los actores privados».
La medida ofreció 90 días para que los negocios con carga mayorista a comercializar, o con productos llegando a puerto, definieran si mantenían o no este tipo de comercio como principal actividad, considerando que las condiciones para ejecutarla habían cambiado.
El aplazamiento demuestra que no están las condiciones creadas para aplicarlas, ¿pero lo estarán en septiembre? ¿Habrá cambios que permitan cerrar estos ciclos que quedarían abiertos? Más allá de esto, es otra prueba del comportamiento del gobierno que está más inclinado a la estrategia de prueba y error, a decisiones en las que priman más las preferencias políticas de control, y no el pragmatismo económico mercantil, ni mucho menos los análisis prospectivos que puedan predecir los efectos, incluso cuando estos saltan a la vista.
Habrá que esperar qué sucede entonces, aunque no quitan de la mesa una de las condiciones fundamentales para dañar la economía de un país: la incertidumbre. Un proceso de importación dura mínimo un mes; sumado a todos los procedimientos, lidiar con aduana, puerto, cadenas logísticas y comercialización, nunca menos de 3 meses. Acá están ofreciendo 6 meses de gracia.
Sin dudas este proceso desestimulará a empresarios a seguir apostando por la inversión de su capital en territorio nacional, y generará desconfianza sobre las personas que están tomando decisiones y que luego no son capaces de aplicarlas.
Esta semana también ha sido noticia otra «concesión» por parte de las autoridades gubernamentales.
Se trata de un cambio tras años de quejas por parte de inversores extranjeros con respecto a las formas de pago a los empleados cubanos, y la imposición de que estos ganen en moneda nacional y bajo una tasa de cambio ficticia: 1 dólar por 24 pesos, cuando la tasa en la calle —que sigue rigiendo el medio elToque— es de 1 dólar por 358 pesos cubanos.
Finalmente el gobierno ha autorizado que empresas extranjeras y mixtas que operan en el Mariel puedan pagar a sus empleados con una tasa de cambio de 120 pesos por dólar estadounidense, y por cada empleado pagar un 50% menos al Estado, lo cual permitiría disminuir los gastos de esas empresas que asumen el riesgo de estar en Cuba, y de paso permitiría un aumento salarial a esos empleados, cuando muchos están yéndose a otros sectores.
Esta medida, de acuerdo a varias fuentes consultadas por La Joven Cuba, multiplica el salario actual que se ofrece en el Mariel por 2.5. La decisión ha sido largamente demorada por el gobierno cubano, que persiste en sus fines recaudatorios inmediatos, pensando menos en la sostenibilidad de la mano de obra fundamental para que el Mariel cobre vida.
El empuje final es la insatisfacción de los inversionistas y el alto precio que deben pagar por la fuerza de trabajo.
A esto se suma una deuda vieja: la obligatoriedad de que para contratar a un nacional la empresa extranjera tenga que acudir a una empleadora cubana, lo cual implica que no puede contratar de manera directa. Es así también para Embajadas, medios de prensa extranjeros acreditados, o empresas mixtas o extranjeras fuera del Mariel.
Ambas noticias dan cuenta de que la obsesión de control, recaudación, y de negar las leyes inherentes a la realidad económica ha traído consecuencias nefastas, y reaccionan tarde a cambios que fueron urgentes.
Nuestra opinión es que los grupos decisores en Cuba deben construir una conexión más directa con la realidad social, y girar el foco del control hacia soluciones que promuevan las alianzas público-privadas, pero no desde la imposición, sino desde los incentivos.
Es necesario recuperar la red de tiendas estatales, pero cabría preguntarse si el modelo de gestión actual, que ha dado múltiples señales de ineficacia, es el que debería seguirse aplicando.
Igualmente, cabría preguntarse si los actores privados están siendo capaces de importar de forma frecuente, porque les es más fácil baipasear las sanciones y tienen la capacidad de liquidez, ¿por qué destruir un camino que permite abastecer productos de primera necesidad para los cuales no hay remplazo, por otro que tiene muchas posibilidades de fracasar?
Hasta que el Estado no resuelva la distorsión que supone tener dos tasas de cambio oficialmente reconocidas —24 y 120 pesos por dólar— a las que no pueden acceder ni la ciudadanía ni los actores privados, mientras que en la tasa informal supera los 300 pesos, será muy difícil involucrar al sector estatal en estos ciclos. La bancarización no lo ha logrado —reconocido por las propias autoridades— y esta medida seguramente tampoco.
Es bienvenida entonces la demora en la aplicación de una Resolución que puede dejar los anaqueles más vacíos aún, y los precios más inflados, como también es bienvenido que el Estado cubano facilite a la empresa extranjera un camino para pagar mejor a los empleados cubanos, considerando que normalmente los gobiernos buscan atraer la inversión extranjera para generar empleo, y para promover el ingreso por el trabajo digno, y no tanto para cobrar al empleador por el uso del la fuerza de trabajo local, para luego pagar un sueldo que no es estimulante.
Ambas medidas son positivas, pero limitadas en su efecto o duración, por tímidas e incompletas. Aplazan y ponen parches, pero están muy lejos de resolver los problemas internos de fondo. Sin embargo, sí demuestran que hay un abanico de posibilidades que no dependen de los vaivenes políticos de Washington, y más de la lentitud e incapacidad interna para reaccionar con prontitud a las demandas locales, que tanto ciudadanía, empresarios y expertos exigen a diario a quienes gobiernan.
