La reforma constitucional del 2025: una reflexión y una propuesta adicional desde la ciudadanía

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El país sufre una grave policrisis, que tiene como una de sus causas, aunque no la única, el cúmulo de insuficiencias y errores económicos y políticos en que ha incurrido el gobierno actual durante los últimos años. No hay forma de eludir o minimizar esta valoración, cuya sombría magnitud las autoridades se niegan a reconocer.

Esta policrisis tiene insoslayables consecuencias políticas, fácilmente discernibles en la creciente falta de credibilidad del gobierno cubano. En muchos casos sus decisiones son percibidas como improvisadas y tardías. En otros, decisiones que la ciudadanía considera ineludibles son pospuestas sine die sin explicar las razones.

Así sucedió, por ejemplo, con la Tarea Ordenamiento. Se anunció originalmente que se pondría práctica en el 2016 pero se la pospuso. En el 2021 ya no se pudo posponer más y se aplicó en medio de la pandemia de COVID y con la economía en franca recesión. Según muchos especialistas cubanos, fue el peor momento posible. Aunque este error se ha reconocido de forma esquiva con la frase de que «estuvo mal diseñada», realmente no se ha reconocido toda la envergadura de la equivocación, ni se ha revelado quienes fueron los principales responsables.

Por cierto, quien, por su cargo debió hacerlo y soslayó reconocerlo entonces –el ex vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil – fue defenestrado hace más de un año. Su inculpación y errores no se han explicado completamente a la opinión pública. Otro ejemplo más de secretismo.

El resultado de los desatinos en la política económica del gobierno está a la vista: la producción de bienes y servicios está en caída libre desde hace años con el consiguiente deterioro de los indicadores socioeconómicos y evidentes consecuencias perversas para la población. En muchos casos esos daños son irreversibles, como, por ejemplo, el que resulta de la ola migratoria que ha significado la pérdida de especialistas necesarios para la recuperación económica.

El resultado de los desatinos en la política económica del gobierno está a la vista: la producción de bienes y servicios está en caída libre desde hace años con el consiguiente deterioro de los indicadores socioeconómicos y evidentes consecuencias perversas para la población.

Una de las consecuencias políticas principales es que la ciudadanía tiene cada vez menos esperanzas de que, bajo las actuales circunstancias y con el presente liderazgo, se salga del hueco en que estamos metidos.

La insatisfacción y desconfianza de la ciudadanía con el estado de cosas prevaleciente muchas veces se manifiesta en la subestimación de eventos como la recién celebrada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El argumento más común que se oye en conversaciones privadas y hasta públicas es que estas sesiones no resuelven nada. Y se tiende a señalar, no sin razón, que en las mismas los ministros van a justificar sus desaciertos y los diputados, salvo raras excepciones, no parecen inclinados ni propensos a reclamar autocríticas ni mayores rectificaciones.

Eso explica en gran medida lo sucedido con la intervención, de corte neoliberal, de la exministra del Trabajo y Seguridad Social, sobre el tema de la política del Estado hacia los llamados «deambulantes», un término que difícilmente refleje la situación de desamparo y vulnerabilidad en que viven cientos de miles de cubanos.

Para la gran sorpresa de la ciudadanía, entre los diputados asistentes a la reunión de dos comisiones parlamentarias el 14 de julio, esa presentación pasó inadvertida y fue hasta aplaudida.

Como era perfectamente previsible, aún antes de que terminara el día se produjo un estallido popular digital desde un amplio sector de la sociedad civil que sigue siendo esencialmente anticapitalista.

La presentación de la exministra, además de inadmisible, era totalmente incongruente en su condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que había tenido su Décimo Pleno unos días antes.

Uno de los aspectos más significativos de este hecho es que, al igual que sucedió con el aumento de las tarifas telefónicas de ETECSA y la subsiguiente protesta y resistencia pública, especialmente en el sector estudiantil, la reacción popular no siguió el libreto promovido por elementos opositores externos en las redes sociales. Nadie se «tiró para la calle» a protestar.

Asimismo, en ninguno de los dos casos, los habituales propagandistas del gobierno pudieron acudir a la nociva práctica de encubrir los errores cometidos con el consabido argumento de que eran acciones «enemigas» que formaban parte de una suerte de «guerra de cuarta generación», promovida en las redes sociales.

Ante ambos temas lo que se produjo fueron protestas populares progresistas o de izquierdas, expresadas mayoritariamente en redes sociales o en los marcos del entramado institucional oficial, como la Universidad y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en el caso de ETECSA.

La ciudadanía ejerció su derecho a la protesta legítima sin seguir un libreto prestablecido. En el primer caso la ministra se vio obligada a renunciar debido a la presión popular y el presidente de la República tuvo que acudir al día siguiente a participar en la reunión de las mismas comisiones para aclarar que ni el partido ni el gobierno compartían esos criterios. En el segundo el presidente, el primer ministro y otras autoridades maniobraron para evitar el enfrentamiento, aunque lo que se ha ofrecido y con lo que se «ha aplacado» al estudiantado es, en el mejor de los casos, una solución a medias.

Una ministra insensible, una política de cuadros nefasta

Respecto a la renuncia de la ministra, el resultado dejó un mal sabor porque, a pesar de que se produjo en el marco de la ANPP, los diputados no estuvieron a la altura del clamor ciudadano. No cumplieron su función fiscalizadora. O sea, no nos representaron.

En el caso de las tarifas de ETECSA, el tema no apareció en la agenda de la sesión de la ANPP. Lo que correspondía es que la comisión parlamentaria correspondiente hubiera convocado a la ministra del ramo y a la presidenta de ETECSA para que rindieran cuenta de los evidentes errores en su desempeño. Después de todo, esta es una de las empresas estatales socialistas de las que tanto se habla en el Parlamento como puntales de la economía.

El resultado neto de ambos acontecimientos fueron nuevas derrotas para el gobierno, que no demostró eficacia en su desempeño.

El contexto de la reforma constitucional

Fue en ese contexto que, en el día final de esta sesión de la ANPP tuvo lugar un acontecimiento que merece una reflexión ciudadana sobre lo que ello implica para el futuro de la nación.

El pasado sábado 19 de julio, antes del habitual discurso de clausura de Miguel Díaz Canel, máximo dirigente partidista y estatal, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, anunció que se presentaría, deliberaría y sometería a votación una propuesta de reforma constitucional que el Buró Político del Partido había aprobado someter a consideración de la ANPP a solicitud y por iniciativa del general de Ejército Raúl Castro, que no ocupa ningún cargo formal en las estructuras del Estado, del gobierno o del partido, salvo el de miembro del parlamento. Sería uno de los escasos momentos en los cuáles un diputado haga uso de la iniciativa parlamentaria que le otorga la Constitución.

Se trataba de la eliminación del requisito de una edad mínima de 60 años para ser electo presidente de la República por primera vez, previsto en el segundo párrafo del artículo 127 de la Constitución del 2019.

Paradójicamente este fue un párrafo que el propio Raúl Castro había insistido en incluir cuando se discutió el proyecto de Constitución que fue presentado a referendo hace seis años.

En esta ocasión, inmediatamente después hubo lo habitual: un dictamen aprobatorio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, leída por su presidente, José Luis Toledo Santander, diputado desde 2018; varios diputados interviniendo para apoyar la reforma, algunos de ellos exmiembros de la Comisión Constituyente creada para redactar el proyecto de Constitución sancionado en el 2019; y, finalmente, una votación unánime nominal (a viva voz), en la que cada uno de los 440 diputados presentes en el Palacio de Convenciones afirmó rotundamente que «SÍ», que la aprobaba, siguiendo el ejemplo de Raúl Castro, quien fue el primero en ser llamado por el Secretario de la Asamblea, Homero Acosta.

Ante la mirada entre atónita y aburrida de la mayor parte de la ciudadanía, la Asamblea repitió un procedimiento acostumbrado: voto unánime precedido de la práctica usual del secretismo con la que la dirección del partido y del gobierno maneja la mayor parte de los asuntos importantes, incluso aquellos que necesitan de la aprobación ciudadana.

Aunque sería absurdo oponerse a una decisión tan razonable como ésta, resulta ineludible lamentar que este sea un ejemplo más de las constantes y perniciosas prácticas de secretismo y de culto a la unanimidad que prevalecen en la cultura política nacional, pero especialmente en el Parlamento. Es tan lamentable como el grave incidente que llevó a la renuncia de la ministra del Trabajo y Seguridad Social.

Y lo paradójico es que esas prácticas han sido criticadas por el propio Raúl Castro.

Las críticas de Raúl en el 2007 y 2010

Resulta incomprensible que el secretismo y el culto a la unanimidad sigan formando parte del modus operandi de las autoridades políticas cubanas a casi 15 años de que el entonces máximo dirigente del partido y del gobierno, Raúl Castro, las criticara profundamente en un discurso del 18 de diciembre del 2010, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ese no fue, para nada, un discurso más.

Sucedió apenas 3 meses antes de que tuviera lugar el VI Congreso del PCC, cónclave que llevaba 14 años sin celebrarse.

Fue el último pronunciamiento público de Raúl Castro dentro del ciclo político iniciado con la renuncia de Fidel Castro el 30 de julio del 2006 y concluido con la celebración de ese congreso en el 2011.

En esos momentos el partido estaba volcado hacia la preparación de documentos trascendentales para el futuro de la nación, promovidos por el propio Raúl Castro. Esos documentos debían ser aprobados en el Congreso, entre ellos el programa de reforma económica conocido como Lineamientos para la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

También vale destacar que se había cumplido al menos un año de la crisis política en las altas esferas del país resultante de la renuncia a sus cargos partidistas y gubernamentales de, entre otros, Carlos Lage Dávila y Felipe Pérez Roque, quienes se habían convertido en los dos más íntimos colaboradores de Fidel Castro en la etapa final de sus 47 años al frente del país.

El trasfondo de esa crisis, según se reveló posteriormente en videos al que tuvo acceso la militancia del partido, fue lo que para algunos se entendió como —incluyendo los encartados— la imprevista designación de José Ramón Machado Ventura como Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de ministros en febrero del 2008.

A las alturas de ese año se asumía que el designado para esa alta jerarquía sería el seguro sucesor de Raúl Castro al terminar su segundo mandato en el 2018 y muchos de los cercanos colaboradores de Fidel pensaban que ese candidato seguramente sería Carlos Lage, quien, con el complicado título de secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de ministros, había operado como una especie de primer ministro de facto desde su designación en 1986.

En el desarrollo de aquel discurso al que se hizo referencia más arriba, pronunciado en diciembre del 2010, apenas un año después de la crisis política del 2009, el entonces presidente de los Consejos de Estado y de ministros, quiso resaltar la importancia del momento que se vivía con una frase que asombró a muchos por la crudeza con que calificó la situación del país y con que criticó la forma de gobernar hasta ese momento:

«O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos».

Por cierto hoy, a 15 años de pronunciarlas, no pueden ser más premonitorias, pues no se ha rectificado.

Antes, en ese texto, el general de ejército había aclarado que «en medio de las amenazas y urgencias cotidianas . . .  no fuimos suficientemente exigentes ante violaciones y errores de carácter económico cometidos por algunos dirigentes y también demoramos en rectificar decisiones que no tuvieron el efecto esperado pero supervivieron».

Puede conjeturarse que en este discurso del 2010 Raúl Castro quiso legar al partido, al gobierno y al parlamento una serie de reglas de funcionamiento, que sin llegar a ser una verdadera reforma en lo político, sí representaban advertencias de cómo se debería actuar en el futuro, cuando ya no condujera al país la generación histórica, forjadora de la Revolución. Era ineludible pasar de una gobernanza de tipo autoritario-patriarcal carismática[1], como lo fue el sistema de gobierno de Fidel Castro, a una más democrática y colectivista.  

Puede conjeturarse que en este discurso del 2010 Raúl Castro quiso legar al partido, al gobierno y al parlamento una serie de reglas de funcionamiento.

Para valorar la esencia democratizadora de esos pronunciamientos del 2010, vale la pena recordar algunos antecedentes además de los ya apuntados.

Raúl había dado pasos decisivos para eliminar algunas de las prohibiciones prevalecientes hasta julio del 2006 en materia de internet, uso de dispositivos móviles, acceso a los hoteles y libre movimiento de personas. Impulsó el lanzamiento de una reforma migratoria que terminaría con la llamada «tarjeta blanca» o permiso de salida. Raúl fue claro en este tema: los cubanos deberíamos tener el derecho a la salida y entrada del país sin ninguna limitante institucional o de seguridad. Debió vencer la oposición burocrática a este tema imponiendo su aprobación definitiva en el 2013 a pesar de la recalcitrante resistencia de algunos ministerios.

El 26 de julio del 2007, apenas un año después de asumir la máxima dirección del país y a tres del inicio de un importante proceso de transición generacional del poder, Raúl Castro había pronunciado otro discurso fundamental que el periódico Granma publicó con el significativo título de «Trabajar con sentido crítico, creador, sin anquilosamientos ni esquematismos».

Fue precisamente en ese discurso del 2007 que Raúl Castro se refirió, con inusual firmeza, a lo pernicioso del culto a la unanimidad, instando a los ciudadanos que expresaran sus opiniones ante la consulta sobre la nueva Ley de Seguridad Social, que había encontrado mucha resistencia ciudadana:

«El proceso de estudio y consulta con todos los trabajadores, que comenzará el próximo mes de septiembre, previo a la aprobación de la Ley por la Asamblea Nacional en diciembre, servirá para esclarecer todas las dudas y brindará la oportunidad de expresar cualquier criterio. Todos serán escuchados con atención, coincidan o no con la opinión de la mayoría, tal como se ha venido haciendo con los planteamientos derivados del proceso de reflexión sobre el discurso del pasado 26 de julio. No aspiramos a la unanimidad, que suele resultar ficticia, en este o en cualquier otro tema».[2]

Otro aspecto a destacar del discurso del 2007 fue su requerimiento de que «ante la necesidad de producir más y con sentido de racionalidad y eficiencia» habría que «introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios».

En ese mismo pronunciamiento, Raúl Castro criticó por primera vez el secretismo:

«Es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo. Siempre un Estado tendrá que mantener en lógico secreto algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca».[3]

Pero resulta imprescindible volver al discurso de clausura de la sesión de la Asamblea Nacional de diciembre del 2010, a pocos meses del VI Congreso del PCC.

Los párrafos criticando el secretismo fueron bien claros:

• «Y por eso soy defensor a ultranza de acabar con el secretismo,
• »Y soy un defensor de la lucha contra el secretismo, porque detrás de esa adornada alfombra es donde se ocultan las fallas que tenemos, y los interesados en que sea así y siga así.
• »Por eso, ¿secretismo?  No.  El que quiera guardar secretos de sus propias deficiencias que luche y dedique ese gran esfuerzo en evitarlas —me refiero a las deficiencias.
• »Es decir que los errores, si simplemente son analizados —como mencionábamos hace un momento— con honestidad, pueden transformarse en experiencias y lecciones para superarlos y no volver a incurrir en ellos. 
• »Si no lo hacemos así, continuamente estaremos repitiendo el mismo error.”

El culto a la unanimidad no escapó a la mirada crítica de Raúl Castro en el 2010:

«No hay que temerle a las discrepancias de criterios y esta orientación, que no es nueva, no debe interpretarse como circunscrita al debate sobre los Lineamientos; las diferencias de opiniones, expresadas preferiblemente en lugar, tiempo y forma, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es por demás un derecho del que no se debe privar a nadie. Mientras más ideas seamos capaces de provocar en el análisis de un problema, más cerca estaremos de su solución apropiada».[4]

Parece obvio que la dirección del partido y del gobierno cubanos no han aplicado estas ideas consecuentemente en los 15 años transcurridos desde entonces.

Y esto es particularmente ostensible en el caso de la política económica.

El verdadero significado de la reforma constitucional

Esta reforma constitucional puede considerarse el preámbulo del proceso político que llevará a la inauguración de un nuevo presidente de la República en abril del 2028. Es conveniente explicar este tema con cierto detenimiento ya que hay numerosas interpretaciones, muchas de ellas mal intencionadas, y hay algunos tecnicismos que es bueno clarificar.[5]

No es extraño que Raúl Castro se anticipe a los acontecimientos con un buen margen de tiempo. Por un lado, su edad le obliga a dejar las cosas lo más resueltas posibles. Por otro, no se puede olvidar que, según él mismo reconociera, la decisión de promover a Miguel Díaz Canel a los primeros planos y en definitiva a la máxima dirección del país no estuvo exenta de contratiempos. Cuando lo presentó como candidato a sucederle en el 2018, lo llamó «el sobreviviente».

En el camino quedaron al menos tres altos dirigentes políticos que en su momento parecieron tener más posibilidades que él por su mayor visibilidad en tiempos de Fidel Castro: Carlos Lage, Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque. Las aspiraciones de dos de ellos (Lage y Pérez Roque) quedaron patentizadas y suprimidas en la crisis política del 2009 cuando renunciaron después de ser acusados de prácticas corruptas.[6] Realmente, como se demostró en videos que se proyectaron para conocimiento exclusivo de la militancia del PCC, su principal error político fue haber cuestionado la elevación de José Ramón Machado Ventura a Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros en el 2008.

Como es usual entre los dirigentes cubanos, la trayectoria política de Díaz Canel antes de llegar a ser el máximo dirigente del país incluyó períodos como dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria y hasta de Segundo Secretario de la UJC Nacional, y dos mandatos como Primer Secretario del Partido en las provincias de Villa Clara y Holguín. Eso le dio la experiencia imprescindible para el manejo de las políticas organizativas al interior del entramado partidista. Se asume que lo hizo bajo la firme conducción de José Ramón Machado Ventura, quien, desde su posición de miembro del Secretariado encargado de la esfera de la organización del partido, fue y aún es la mano derecha de Raúl Castro para cualquier tema que tenga que ver con la rotación y promoción de cuadros.

La trayectoria partidista de Miguel Díaz Canel estuvo jalonada por su elección como miembro del Comité Central en 1991 y como miembro del Buró Político en el 2011.

Para complementar su formación partidista con experiencias en instituciones gubernamentales fue designado Ministro de Educación Superior en el 2009, y vicepresidente del Consejo de Ministros en el 2012. Al año siguiente se le promovió a Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, cargos que lo convirtieron en el lógico sucesor de Raúl Castro en el 2018 cuando este cumplió sus dos mandatos.

Así, en el 2028 concluirá previsiblemente su segundo mandato como presidente de la República y no podrá aspirar otra vez. Habrá que reemplazarlo con otro dirigente de primera línea.

El párrafo 3 del artículo 126 de la Constitución 2019 establece claramente lo siguiente: «El Presidente de la República puede ejercer su cargo hasta dos períodos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente».

Ese aspecto fue reiterado de manera clara y terminante tanto por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, durante su introducción a la reforma constitucional en el plenario como por los dos más importantes diputados encargados de la redacción de leyes y decretos, Homero Acosta y José Luis Toledo, en un contacto directo con la prensa tan pronto terminó la sesión.

Díaz Canel fue electo por primera vez en abril del 2018.[7] Precisamente por eso, su reelección para el segundo mandato de cinco años tuvo lugar en abril del 2023, según consignó en su momento la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por tanto, ese mandato terminará irrevocablemente en abril del 2028 y la Asamblea Nacional tendrá que elegir un nuevo presidente por el método previsto en la Constitución.

Cualquier especulación sobre otro proyecto queda por tanto cancelada, al menos esa es la intención anunciada en este momento. No hay razón para que no se cumpla, siempre que no suceda un hecho extraordinario.  

Otro aspecto que se deduce de la decisión del parlamento cubano es que Raúl Castro sigue siendo la personalidad política de la que dependen las decisiones más importantes en el país y que, si no sucediera algo antes de abril del 2028, estará estrechamente involucrado en la designación del candidato a presidente que sustituya a Miguel Díaz Canel al terminar sus dos mandatos.

El párrafo que se eliminó mediante esta reforma constitucional recién aprobada tenía el gran inconveniente que reducía la terna de posibles candidatos a solamente un cuadro dirigente, Roberto Morales Ojeda, el único integrante del Buró Político del Partido que cumplía el requisito de edad. Asumo como una regla no escrita del sistema político cubano que no se puede ser presidente de la República sin ser previamente miembro de esa instancia partidista. Por supuesto, cabe la posibilidad de que en el próximo Congreso del Partido, a celebrarse en abril del año próximo, ingresen al Buró Político algunos candidatos más jóvenes que los actuales, pero siempre tendrían el handicap de ser recién electos al BP.

El párrafo que se eliminó mediante esta reforma constitucional recién aprobada tenía el gran inconveniente que reducía la terna de posibles candidatos a solamente un cuadro dirigente, Roberto Morales Ojeda.

Entre paréntesis, no estoy aprobando ni criticando este proceder, sencillamente estoy constatando una realidad política.

Conviene aclarar que la toma de posesión de un nuevo Jefe de Estado en abril de 2028 no implicaría necesiariamente que Miguel Díaz Canel desaparezca de la esfera política cubana, pues no hay nada que impida su continuidad como Primer Secretario del PCC. Por añadidura, en los regímenes socialistas de partido único, como el cubano, se reconoce como una cuestión más que protocolar y consuetudinaria que, cuando ciertos cargos del primer nivel no coinciden en la misma persona, el rango partidista está por encima del gubernamental en la línea de mando del país. El Primer Secretario del Partido estará por encima del Presidente de la República.

Para calzar el argumento de que esta decisión constitucional puede no ser necesariamente apresurada, me permito recordar el complejo proceso previo a la elección del presidente. En este intervienen los consejos electorales a distintos niveles y sus correspondientes comisiones de candidatura, las asambleas municipales y la Asamblea Nacional. Aunque la elección del presidente de la República por lo general se realiza en un acto sencillo por cada nueva Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular un 24 de febrero o el 19-21 de abril cada cinco años, al mismo tiempo se eligen los miembros y directivos del Consejo de Estado, este proceso está precedido por actos relacionados con las elecciones a nivel de circunscripción y de asambleas municipales. Intervienen las comisiones de candidatura y los consejos electorales. Sería conveniente recapitular como ha sido el proceso y como probablemente sea si se hacen las cosas con continuidad.

No se debe olvidar que, a tenor con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución, este proceso está supervisado por las instancias correspondientes del partido.

• Abril del 2026: IX Congreso del PCC. Decisiones en materia de política de cuadros y electorales importantes: Ratificación o no de Miguel Díaz Canel como Primer Secretario para un segundo mandato como tal; renovación del Comité Central; renovación del Buró Político. Tanto los delegados al Congreso como los nuevos miembros del Comité Central tendrán su vista puesta en el ciclo electoral y en los posibles candidatos a presidente y los otros cargos electivos en el 2028. Todo esto, por supuesto, asumiendo que en el Congreso no surja una iniciativa de reforma constitucional para permitir que Miguel Díaz Canel sea renovado para servir un tercer mandato. No es probable pero no se puede descartar.
• Octubre a Diciembre del 2027: Proceso de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. El proceso incluye las asambleas a nivel de barrio. Por ley se debe nominar entre un mínimo de 2 y un máxímo de 8 candidatos por circunscripción. Son elecciones a dos vueltas. (No hay fecha fija pero en el 2022 este proceso tuvo lugar entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre).
• Noviembre-Diciembre del 2027: Elecciones a delegados de las Asambleas Municipales. En el 2022 se celebró el 27 de noviembre la primera vuelta y el 4 de diciembre la segunda.
• Diciembre del 2027: Constitución de las Asambleas Municipales del Poder Popular. En el 2022 tuvo lugar el 18 de diciembre. Debido a que antes de fin de año debe tener lugar la última sesión ordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, seguramente se celebrarán alrededor de esa fecha o antes.
• Primer Trimestre del 2028: Proceso de recogida y aprobación de propuestas para las nominaciones a candidatos para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular con la participación de los consejos electorales provinciales y municipales y de las asambleas municipales bajo la orientación del Consejo Electoral Nacional. Desde el 2019 hay una nueva Ley Electoral aprobada con el número 127 por la X Legislatura de la Asamblea Nacional en sesión del 13 de julio.
• Segunda quincena de marzo (probablemente alrededor del 18 o 25). Elecciones a diputados. Por ley deben celebrarse un domingo. Aquí vale la pena recordar que aunque son elecciones directas, es decir los ciudadanos votamos por los candidatos de nuestra circunscripción, la costumbre es que una vez concluido el proceso de búsqueda de candidatos, el Consejo Electoral Nacional nomine a sólo uno por escaño en candidatura cerrada, o sea no hay ni candidatos alternativos ni lo que en otros sistemas electorales se denomina «columna en blanco». Los ciudadanos somos conminados a votar y a votar por el único candidato o, mejor, a votar por todos. O sea, voto unido. Nuevamente, unanimidad. En caso de no estar de acuerdo con el candidato nominado, el elector puede entregar la boleta en blanco o deshabilitarla con alguna marca. Solo que en estos dos últimos casos los votos no cuentan. Solo se cuentan los votos válidos. La abstención es un recurso posible si no se está de acuerco con el o los candidatos nominados. Pero no es bien vista.
• 19 de abril. Elección de los principales dignatarios nacionales para el período 2028-2033: presidente y vicepresidente de la República; presidente, vicepresidente, secretario y demás miembros del Consejo de Estado; presidente, vicepresidente, y secretario de la Asamblea Nacional; presidentes y vicepresidentes de las comisiones parlamentarias. Estas elecciones se harán en una sesión extrarodinaria de la Asamblea Nacional convocada a tales efectos, con candidatos nominados por el Consejo Nacional Electoral. En esa sesión se organizará el trabajo de la nueva (11na. Legislatura) de la ANPP.
• 28 de mayo. Elección de los gobernadores y vicegobernadores de las 15 provincias del país. Estas elecciones las realizarán los delegados en cada Asamblea Municipal del Poder Popular a partir de los candidatos nominados por el presidente de la República. Como es usual, habrá un solo candidato. Ni los gobernadores ni los vicegoernadores son electos por vía directa.

Así debe lucir el cronograma electoral cubano 2026-2028 si se siguen haciendo las cosas como en el pasado.

Si esto es así, no se puede aspirar a ningún cambio radical ni siquiera en los dos vicios que Raúl Castro criticó en el 2007-2010: secretismo y culto a la unanimidad.

Hay pocas posibilidades de que se produzca aquello a lo que llamó el entonces Primer Secretario del PCC:

«O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos».

Repito una idea que ya apunté más arriba: «la ciudadanía tiene cada vez menos esperanzas en que, bajo las actuales circunstancias y con el presente liderazgo, se salga del hueco en que estamos metidos».

Dura realidad, pero dura realidad, al fin y al cabo.

¿Se puede hacer algo? Una propuesta desde la ciudadanía

La policrisis que vive el país requiere que el gobierno no siga posponiendo los pasos de reforma económica que la ciudadanía pide a gritos y nuestros mejores expertos recomiendan. Los colegas economistas cubanos se han cansado de hacer propuestas de cambios, ajustes y transformaciones, argumentándolos prolíficamente. Por otra parte, existe el ejemplo de los procesos de reforma económica en China y Vietnam que han tenido sobresalientes resultados.

Los politólogos y sociólogos no hemos sido tan propositivos a la hora de abordar la grave situación del país, a pesar de que cada vez se hace más evidente que los problemas en el terreno social y económico tienen una causa política evidente: el régimen gubernamental cubano actual no fomenta ni la creatividad ni la adopción de medidas audaces para resolver los problemas. No acomete con decisión un punto: hay que desencadenar las fuerzas productivas a fin de fomentar el desarrollo. Solo así se llegará al bienestar y a la prosperidad prometidas desde el 2011.

Los politólogos y sociólogos no hemos sido tan propositivos a la hora de abordar la grave situación del país.

Paradójicamente, so pretexto de defender la continuidad, ni los altos dirigentes ni la burocaracia son proclives a «cambiar todo lo que deba ser cambiado», como reclamó en su momento Fidel Castro, ni al cambio de conceptos y estructuras, como urgió Raúl Castro.

Por tanto, mi argumento como ciudadano preocupado por el futuro del país y por el bienestar de la mayoría de los cubanos, es que ya ha llegado el momento de considerar como prioritarias reformas políticas que rompan con la inercia, el anquilosamiento, y el inmovilismo que prevalecen como modus operandi preferido de los que gobiernan.

Por esta razón me atrevo a proponer una reforma electoral. Lo que explico no es nada nuevo. De alguna manera ya desde la Constitución de 1976 y de su reforma en el 1992 se introdujeron cambios que se justificaron por hacer el sistema cada vez más democrático.

Esta es una propuesta que tiene el mismo objetivo en la esperanza de que resulten en una mejor manera de gobernar el país.

Adicionalmente, muchos ciudadanos lo propusimos ya en el 2018 durante la consulta popular sobre el anteproyecto de Constitución.

La propuesta está basada en un principio ya reconocido en la Constitución y en leyes del país adoptadas desde 1976 cuando se estableció que para las elecciones de delegados municipales los ciudadanos propondríamos los candidatos en asambleas de barrio o de circunscripción y que teníamos derecho a proponer un mínimo de dos y un máximo de 8. Es más, para ser válida una elección municipal debía contar al menos con dos candidatos. Y los ciudadanos realmente hemos estado ejerciendo todos estos años nuestro derecho a nominar y elegir directamente.

Se trata de establecer en todo el sistema electoral el principio de la elección directa y no indirecta como ha prevalecido hasta ahora.

No puede ser una elección realmente democrática si al ciudadano se le propone un solo candidato por cargo a cubrir. Sea el cargo que sea.

Por eso propongo que se establezca este principio electoral (comicios competitivos entre al menos dos candidatos nominados y votados directamente por los electores) para todos los cargos electivos del país, a saber:

• Presidente de la República.
• Vicepresidente de la República.
• Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
• Gobernadores.
• Vicegobernadores.
• Delegados municipales.

Los Consejos Electorales actuarían como una especie de electores primarios que tendrían que proponer al menos dos candidatos y no menos de ocho por cada cargo electivo después de consultar directamente al electorado. Por supuesto, habría que tener una segunda vuelta.

También debería aprobarse que las boletas incluyan una columna en blanco para que los votantes puedan incluir a cualquier otro nombre que consideren capaz.

Aclaro, no estoy proponiendo elecciones multipartidistas. En Cuba la Constitución prevee la existencia de un solo partido hegemónico. Se trata de elecciones competitivas.

Con esta fórmula podríamos tener una Asamblea Nacional más representativa del pueblo y más dispuesta a ejercer su función de supervisar al Ejecutivo Nacional en la conducción del gobierno, pues respondería solo ante sus electores. Así lo establece la Constitución y así debe ser. Tendríamos menos secretismo y menos culto a la unanimidad.

Finalmente, propongo que en el próximo Congreso del PCC se estudie esta alternativa y se apruebe para que se pase a la Asamblea Nacional que la estudiaría y pondría en vigor las leyes y reformas que garanticen este nuevo procedimiento para ponerlo en marcha durante el proceso electoral que se inicie a fines del 2027.

Con esta reforma podríamos lograr que el gobierno cubano funcione mejor y responda a las necesidades populares.

Lo que propongo no es otra cosa que seguir avanzando y llevar a sus lógicas consecuencias el proceso de ampliación de la democracia previsto en todas nuestras constituciones y proclamado como meta por los actuales dirigentes políticos.

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[1] Soy consciente del carácter controversial de aplicar este concepto para definir el régimen político cubano. Pero me niego a aceptar las dos narrativas extremas que prevalecen en el debate nacional: el de la «democracia perfecta» que defienden los partidarios acérrimos del gobierno y el de «la dictadura» que los adversarios, especialmente en el exterior, tratan de imponer como dogma. Baso esta y otras apreciaciones propias en el estudio de la extensa bibliografía sobre el autoritarismo, entre las que se destacan los textos escritos por Juan José Linz, Guillermo O’Donnell y Steven Levitsky, entre otros. En todo caso, cuestiono el posible valor científico y político del dogma típico de algunos especialistas cubanos asociados al liberalismo que dividen el mundo entre democracias y dictaduras, sin ningún espacio gris entre ambas.

[2] Itálicas del autor de este texto.

[3] He abundado en estos temas y en la importancia de lo acaecido en esos años hasta el 2009 en varios artículos, pero especialmente en un texto que recibió mención en el Concurso de ensayo de la revista Temas del 2008, y que fue publicado posteriormente por la misma en una versión actualizada: «Cuba cincuenta años después: Continuidad y Cambio Político», TEMAS No. 60, octubre-diciembre de 2009, páginas 37 a 47. Varias versiones de este artículo han sido publicadas dentro y fuera de Cuba, incluso en inglés, y se puede encontrar en formato PDF en https://temas.cult.cu/revista/mostra_articulo/1156 o en la plataforma digital Rebelión (https://rebelion.org/docs/99236.pdf).

[4] Itálicas del autor.

[5] No se me escapa que lo que voy a describir a continuación no es un procedimiento democrático. Es totalmente autoritario. No es el de mi preferencia, como quedará claro al final de este texto.

[6] Ya Roberto Robaina había sido destituido antes.

[7] Si bien en aquel momento regía la Constitución de 1976 modificada en 1992 y el cargo para el que fue electo tenía otra designación (Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros) en octubre del 2019 esa designación se transformó en presidente de la República a tenor con lo dispuesto en la nueva Constitución.