POTUS: del horno al sartén

Esta semana fueron noticia varios acontecimientos que parecen confirmar que la normalización de relaciones con Cuba no parece estar en la agenda de la Casa Blanca, ni en la actual administración demócrata de Biden —conocido como POTUS en Estados Unidos—, ni en la venidera republicana encabezada por Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmó este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que no se esperan cambios en la política hacia Cuba antes de que el presidente Biden deje el cargo el 20 de enero de 2025, como respuesta a una pregunta de la congresista Maria Elvira Salazar.

Además, reiteró esa posición al ser consultado sobre la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, señalando que no hay una revisión en curso sobre ese tema en los últimos días de la presidencia actual.

Esto fue confirmado horas después con la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en dicha lista por otro año más, junto con Corea del Norte, Irán y Siria, a partir del informe de 2023 sobre terrorismo global, publicado por el Departamento de Estado este jueves, una designación que implica sanciones económicas, restricciones en la ayuda exterior y limitaciones comerciales.

Esta semana también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba respondió a la aprobación de la ley «No Marcas Robadas Reconocidas», firmada por el presidente Biden, calificándola como una medida “coercitiva unilateral” que refuerza el «bloqueo» contra la Isla. El instrumento legal prohíbe el uso en Estados Unidos de marcas comerciales que fueron confiscadas por el Gobierno cubano tras 1959, si se demuestra que quienes las utilizan conocían su origen expropiado. Su aprobación revive una disputa histórica sobre marcas confiscadas tras 1959, y fue señalada por la cancillería cubana como un nuevo golpe a los derechos internacionales, mientras Cuba destacó que protege legalmente 6,448 marcas estadounidenses en su territorio.

Pero las noticias que empañan un posible camino de normalización de relaciones entre los dos países no quedan ahí. Esta semana el llamado «síndrome de La Habana» vuelve a generar controversia tras la publicación de un informe del subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes —de mayoría republicana—, el cual sugiere que un adversario extranjero podría estar detrás de los presuntos ataques sónicos que afectaron a diplomáticos de Estados Unidos y Canadá. Este documento también cuestiona el manejo de la investigación por parte de las agencias de inteligencia, acusándolas de ocultar información y obstaculizar los esfuerzos para esclarecer el origen de los incidentes.

La Oficina del director de Inteligencia Nacional respondió al informe a través del Miami Herald, rechazando las conclusiones del Congreso. Según esta entidad, su investigación fue transparente y exhaustiva, y no consideran que un adversario extranjero sea responsable del síndrome, una posición que contrasta con investigaciones previas.

«La mayoría de las agencias de inteligencia evalúan que es muy poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los [incidentes] reportados y la afirmación de que estamos reteniendo información que contradice este análisis o que de otra manera iluminaría este tema complejo es infundada», afirmó la portavoz contactada por el Miami Herald.

Cuba en varias ocasiones ha negado cualquier responsabilidad, acusando a Estados Unidos de utilizar este tema como pretexto para justificar sanciones y el cierre de los servicios consulares durante la administración Trump.

Estas noticias significan una escalada de tensiones en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La actual administración demócrata, si bien ha reanudado algunos servicios consulares y aplicado algunas leves flexibilizaciones a las sanciones —como el descongelamiento de las remesas— ha mantenido el núcleo duro de las medidas coercitivas aprobadas por Trump, entre ellas, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Dicha medida fue inicialmente adoptada en enero de 2021 por el expresidente Donald Trump, justificándola con la presencia de líderes del ELN en Cuba que participaron en negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Sin embargo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha pedido en reiteradas ocasiones que Cuba sea retirada de esta lista.

«La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega […] El gobierno de los EEUU debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina. Sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común», afirmó Petro en 2023.

Asimismo, la reinclusión de Cuba en esta lista contradice la retirada del Estado cubano de la lista de países que no cooperan plenamente en esfuerzos contra el terrorismo, acción que ocurrió en mayo de este año. Si bien esa lista no tiene prácticamente ningún efecto práctico sobre las relaciones económicas entre ambos países, en aquel momento se especuló que podría ser una antesala para la retirada de la lista de patrocinadores…, que sí tienen un efecto directo porque entorpece transacciones bancarias, entre otras medidas restrictivas.

Por otro lado, la reavivación de la polémica del llamado «síndrome de La Habana» podría ser el inicio de una estrategia retomada durante una eventual administración de Donald Trump para provocar, nuevamente, el cierre parcial de la embajada de Estados Unidos en la capital cubana, una acción que imposibilitó los viajes entre ambos países, la reunificación familiar y catapultó la emigración informal a través de la popularmente llamada «ruta de los volcanes» por Nicaragua.

Nuestra opinión es que la Casa Blanca una vez más opta por mantener la política arcaica de guerra fría, en vez de retomar el acercamiento iniciado por Raúl Castro y Barack Obama en 2014. 

Esto constituye una estrategia fallida que lejos de promover valores democráticos en la Isla, ha provocado carencias económicas, desatado el extremismo político en ambas orillas, e incluso ha sido la justificación ideal usada por el aparato burocrático cubano para ocultar ineficiencias internas.

Si bien la administración demócrata actual se diferencia de la republicana precedente y sucesora en haber flexibilizado varias restricciones, ambas han preferido escuchar a los representantes de origen cubano que han hecho carrera política a costa de las hostilidades, por encima de las múltiples voces de intelectuales, empresarios y políticos que han llamado la atención sobre las potencialidades que tiene el camino de la normalización, tanto para promover un desarrollo democrático en la Isla, como para proteger los intereses norteamericanos.

En el medio siguen quedando familias separadas, negocios truncados, fondos públicos para promover «la democracia» que terminan en los bolsillos de actores antidemocráticos, y, sobre todo, los millones de cubanos que hoy sufren los efectos de las sanciones en la Isla y que probablemente deberán volver a arriesgar sus vidas para intentar conseguir un futuro mejor.