Políticos cubanoamericanos sazonados por la prensa, y más

María Elvira Salazar y Francis Suárez: sazonados por la prensa

La noticia es que dos políticos de origen cubano enfrentan escándalos por corrupción y por su actuar ético ante el escrutinio de la prensa.

En una entrevista en CBS News Miami, María Elvira Salazar tuvo que evadir el cuestionamiento de un periodista que la acusó de llevarse el crédito por el dinero que llega a su distrito, a través de leyes contra las que ella votó en el Congreso.

«Usted votó en contra de la ley que permitió obtener ese dinero, pero vino, lo entregó y se tiró la foto», le dijo con indignación Jim DeFede, periodista de dicha estación televisiva.

Salazar es una congresista de origen cubano que mantiene el discurso de extrema derecha que exige más sanciones contra Cuba, y el cumplimento a ultranza de las medidas unilaterales coercitivas codificadas en leyes ya escritas. Hace pocos días presidió una audiencia en el Senado, en la que acusó a las más de 9 000 empresas privadas de la Isla de ser un «mito».

Ante el cuestionamiento, dijo que tenía que preguntarle a su staff porque ella firmaba muchas leyes, y que lo importante era el dinero que había traído al distrito.

El periodista se refirió a la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2023, que ofrece fondos por un valor de 1.7 trillones de dólares para financiar funciones del gobierno federal, y también mencionó el CHIPS and Science Act, una ley que ofrece más de 52 mil millones a la investigación y producción de semiconductores en Estados Unidos. Ambas normas, que solo han pasado gracias a acuerdos bipartidistas, han permitido otorgar dinero para estos fines al distrito 27, el que Salazar representa en el Congreso, y ella votó en contra de las dos.

Aun así, la experiodista devenida política, como respuesta, le preguntó a DeFede si no se sentía orgulloso de ella por el dinero que estaba trayendo al distrito.

«Usted se alegra de las inversiones en el aeropuerto [de Miami] pero se opuso a la ley de infraestructura», le espetó DeFede, y Salazar cerró el diálogo diciendo: «Realmente no me acuerdo».

Frente a fuego periodístico ha estado también Francis Suárez, conocido en Cuba por sus llamados a la intervención militar en la Isla, tras las protestas del 11 de julio de 2021.

El alcalde de Miami está bajo investigación federal por sus vínculos con una docena de empresas que le pagan salarios mientras varias de esas compañías, o sus subsidiarias, reciben contratos para prestarle servicios a la ciudad que dirige Suárez.

El político había mantenido sus finanzas a oscuras, hasta que se lanzó infructuosamente a la carrera presidencial y tuvo que publicar sus ingresos. Ahí se supo que comenzó en ese trabajo endeudado pero se ha convertido en un multimillonario del 2017 a la fecha, y hoy está en la nómina de 12 compañías; algunas con salarios de 20 mil dólares mensuales.

Además, el alcalde ha promovido que se le dé un contrato público a varias de dichas empresas u otras más pequeñas vinculadas con ellas, para obtener contratos muy lucrativos que paga el gobierno de la ciudad, dígase los constituyentes.

El Miami Herald reveló una serie de correos que ponen en evidencia que Suárez, o personas trabajando para él, han empujado, violando procedimientos de licitación pública, para que empresas que pagan al alcalde obtengan contratos con el gobierno local por prestación de servicios, lo cual es considerado en Estados Unidos un crimen federal.

Recientemente, tras su discurso del Estado de la Ciudad, Suárez fue conducido por la seguridad, sus movimientos fueron controlados para evitar a los periodistas, y solo dio entrevistas a algunos, pero de manera individual. En  diálogo con el canal Local 10 de televisión, el republicano puso fin a la entrevista abruptamente diciendo «terminé, terminé» mientras caminaba, y rehusando responderle a la periodista que le preguntó si él estaría en la nómina de esas 12 empresas si no estuviese en el cargo.

No es la única causa que mantiene a Suárez en el ojo público. El político que pidió bombardeos aéreos a Cuba hace par de años, ha sido llamado a renunciar por sus inexplicables vínculos con Arabia Saudita, y sus continuas ausencias en la oficina. En el año 2022, estuvo 85 días fuera de Miami y la mitad de esos días en Medio Oriente. Nadie sabe haciendo qué, ni quién paga esos viajes.

Dichas noticias significan que estos políticos de origen cubano rechazan los principios de la democracia que ellos mismos piden con tal vehemencia para Cuba, y ante el escrutinio de la prensa, son evasivos o escurridizos. Además, demuestran que utilizan sus cargos públicos para beneficio personal.

Nuestra opinión es que ellos, muchos de los cuales ocupan esas posiciones usando la catapulta de la industria del «cambio de régimen», violan la transparencia y los principios del servicio público que exigen a rajatablas para el gobierno cubano. La democracia para aquellos, pero no para mí.

En este caso, ambos —Salazar y Suárez— mantienen la política de línea dura hacia Cuba, de cara a los votantes que tienen en común, o sea, los que pertenecen a las zonas de Miami que están incluidas en el distrito 27 de la Florida.

Esto muestra además, que los elegidos llegan más alto por alimentar la industria divisionista y extremista que quiere más sanciones y presión para el gobierno de la Isla, una causa vieja y de ningún resultado, que ha fertilizado en el sur de la Florida por décadas, pero que a su vez resulta una efectiva nube de humo que oculta prácticas corruptas de enriquecimiento personal a través de cargos públicos.

Medallas y saludos para el amigo del amigo

La noticia es que el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin, visita Cuba y estrecha los vínculos con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

La visita del titular de Defensa bielorruso ha sido poco o escasamente cubierta por los medios oficiales cubanos, aunque la agenda ha incluido varias actividades en la Isla.

En una ceremonia militar en el Cacahual, donde descansan los restos del héroe cubano Antonio Maceo, Jrenin afirmó que «nos une la voluntad de defender nuestra independencia» y agradeció la hospitalidad con que fue recibido.

La noticia ha despertado especulaciones sobre el supuesto interés de Cuba en la compra de los misiles llamados Polonez, que tienen un alcance de 300 kilómetros, de producción china y bielorrusa, pero sin que haya confirmación por parte de ningún medio. Hasta el momento, nada indica que pueda tratarse de una realidad.

La visita significa que las relaciones entre Minsk y La Habana se estrechan en muchas áreas, incluyendo la defensiva, aunque los resultados no han sido los esperados.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, lo escuchó del mismísimo Alexander Lukashenko, el presidente de ese país, durante una visita en noviembre de 2023, en la que probablemente no esperaba ser cuestionado: «Tenemos las relaciones más cálidas. A nivel político no tenemos absolutamente ninguna diferencia. Pero usted, como una persona práctica que lidera el gobierno, entiende perfectamente que la base, la fundación de todo esto, es la economía», dijo frente a cámara. 

De acuerdo a publicaciones en Facebook del embajador cubano en Minsk, Santiago Pérez Benítez, ambos países mantienen un intercambio fluido de reuniones y visitas relacionadas a áreas como la agricultura y la industria láctea.

La información sobre la cooperación militar proveída por el diplomático cubano solo cubre las visitas reiteradas de la coronel Mónica Millán, agregada militar de Cuba con residencia en Moscú, que visita Minsk con cierta frecuencia.

En términos económicos, durante 2023, el intercambio comercial entre ambos países tuvo un crecimiento de un 300%, ascendiendo a la aún modesta cifra de 10,5 millones de dólares.

Nuestra opinión es que las potencialidades en esta área son amplias, pero no importa cuánto los diplomáticos y políticos empujen, si las condiciones concretas de Cuba no son propicias, será difícil que el sector privado bielorruso se anime a participar en un país que no puede ni asegurar la convertibilidad de la moneda que se ingresa.

No obstante, las cercanas relaciones políticas entre Minsk, Moscú y La Habana, acompañadas de las hasta ahora especulaciones de que Cuba podría comprar misiles de largo alcance, deberían impulsar a La Habana a desmentir o reafirmar esta afirmación, debido a las implicaciones que pudiera tener dicha decisión de tipo defensivo-militar, en sus relaciones con Europa y Estados Unidos.

Euskadi-Cuba y Manzaneda: el que desafine en el coro, se va

La noticia es que la asociación Euskadi-Cuba y José Manzaneda, periodista coordinador del sitio web vinculado a ella, Cubainformación, irán a juicio en Madrid a mediados de febrero, debido a la querella impuesta por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), por un artículo publicado en la web cubainformacion.tv, que aborda la cooperación médica cubana en el exterior. El querellante pide seis años de cárcel para Manzaneda y una indemnización de 50 mil euros.

Según explica Manzaneda en una entrevista en ese medio, la querella por «injurias, calumnias y delito de odio» se debe a una frase luego retirada, del texto «Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica»:

«… es una frase en la que yo digo que esta persona, el querellante, es un criminal de guerra como Marco Rubio y Donald Trump; es una frase que en una revisión habitual de la redacción de los trabajos, como muchas veces hacemos, lo suprimimos».

Prisoners Defenders es una ONG española que tiene una agenda abiertamente confrontacional al gobierno cubano. En su misión declaran «promover los derechos humanos en países gobernados por tiranías» y asumen al Estado cubano como una de estas. Habitualmente recopilan informaciones y fundamentan denuncias sobre la supuesta falta de libertad religiosa o el trabajo esclavo de médicos cubanos enviados a misiones en otros países, entre otras temáticas.

El artículo de Cubainformación, de octubre de 2020, acusa a Prisoners Defenders de difundir información falsa o no confirmada sobre la colaboración médica en el exterior, y de servir a los intereses del gobierno de Estados Unidos. En dicho texto, y utilizando información pública tanto del gobierno cubano como la existente sobre PD, Manzaneda defiende la idea de por qué las supuestas denuncias de la ONG forman parte de un intento de desacreditar a Cuba en el área internacional y destruir su cooperación médica.

Euskadi-Cuba es una organización vasca no gubernamental de desarrollo, que destina fondos a programas de agricultura en Cuba, entre otros sectores. Además, colabora con expertos cubanos en diferentes temas, que viajan a España e imparten conferencias sobre la vida en la Isla.

Durante años, fue la propietaria del sitio web cubainformación.tv, que difunde contenidos explicando y apoyando la línea oficial del gobierno cubano. Ambas iniciativas están vinculadas también al Movimiento Español de Solidaridad con Cuba, que tiene redes en toda España y que aúna a cubanos y españoles.

Larrondo (el presidente de Prisoners Defenders) por su parte, es un asiduo colaborador de la oposición al gobierno cubano, por ejemplo, ayudó a fundar la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) lidereada por José Daniel Ferrer. Asimismo estuvo vinculado con el conocido opositor Oswaldo Payá. Por tanto, ambas organizaciones (Euskadi-Cuba y Prisoners Defenders) se encuentran en las antípodas del espectro político en relación a Cuba.

Esta noticia significa que Prisoners Defenders ha aprovechado la publicación de una frase luego retirada, para hacer frente a una organización pequeña en tamaño, recursos y alcance, y está utilizando el fuerte aparato jurídico con el que cuenta para anular el trabajo que desarrolla Euskadi-Cuba de solidaridad.

Para José Manzaneda, el proceso es una acción de lawfare contra Cubainformación, por su labor relacionada con informar sobre Cuba, pero también es una forma de hacer desaparecer tanto a Euskadi-Cuba, como al medio de prensa conexo, por la imposibilidad de cumplir con los costos de la querella judicial.

Nuestra opinión es que Cubainformación es un medio de prensa legal en un país con medios de diferentes signos políticos. La publicación de artículos sobre Cuba —más allá del sesgo que puedan tener— no debería ser razón de cuestionamiento.

Otros medios de ese país publican también sobre la Isla protegidos bajo la supuesta libertad de medios, empleando un discurso marcadamente opositor que también rehúye de la imparcialidad periodística o los contrastes. En estos espacios también han predominado discursos agresivos contra personas aliadas el gobierno cubano, sin embargo, no se conoce de alguna demanda que haya prosperado por estos motivos.

Por el contrario, Cubainformación, muchísimo más pequeño en audiencia y recursos, por una frase retirada, es demandado con una petición de cárcel, cuando su trabajo puede leerse también como el uso del derecho a la libertad de expresión. El juicio es, por tanto, una acción jurídica excesiva cuando el enunciado que sirve de base a la querella, ni siquiera existe ya dentro del texto en cuestión.

Si bien es cierto que todo ejercicio periodístico demanda una revisión rigurosa de las afirmaciones hechas, sobre todo cuando se señala a un culpable, opinamos que el proceso judicial no solo intenta silenciar una postura distinta a la del querellante, sino propicia la desaparición de una organización que no la iguala en poder ni recursos. La disputa por la difamación parece solo una justificación para pretender unificar un solo discurso y acción en relación a la Isla.  

Esta práctica autoritaria de intentar destruir a las voces discrepantes en vez de convivir con ellas y confrontarlas desde el respeto impide obtener una visión balanceada, con diversas fuentes, del complejo escenario cubano; donde lo que es considerado «la verdad» se mantiene en franca disputa desde ambas esquinas de la polarización política. Una ONG como PD, que dice apostar por la promoción de valores democráticos, debería estar bien alejada del autoritarismo que tanto cuestiona.