No han sido pocos los expertos cubanos que han advertido sobre la necesidad de desmontar la verticalidad de procesos de decisión como una de los pasos impostergables para salir, o al menos aliviar, la crisis en Cuba. Sin embargo, pese a la recurrencia del discurso sobre la descentralización, implementarla requiere algo más que voluntad y convocatorias. Las acciones concretas y un marco jurídico que la impulse y la sostenga en el tiempo son imprescindibles.
Por esa razón, merece examen el nuevo Decreto de 140/2025 del Consejo de Ministros, «De la Descentralización de Competencias y Transferencia de Recursos hacia los Territorios», publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.99. El documento está dirigido a alcanzar la tan llevada y traída autonomía municipal, de ahí que su objetivo declarado sea establecer las bases generales para un proceso gradual de descentralización de competencias, funciones, atribuciones y recursos desde los organismos de la Administración Central del Estado hacia los municipios.
El proceso se guía por cinco principios fundamentales:
1. Gradualidad: se ejecutará por etapas progresivas en el tiempo.
2. Flexibilidad y heterogeneidad: se adaptará a las características y necesidades específicas de cada territorio.
3. Subsidiaridad: las decisiones deben tomarse en el nivel de gobierno más cercano al ciudadano (municipal) siempre que sea posible.
4. Equidad y desarrollo humano integral: debe priorizar el impacto en el bienestar y la calidad de vida de la población.
5. Carácter definitivo y vinculante: una vez completada la transferencia, es irrevocable y obligatoria para todas las partes.
No se descentralizan las competencias conferidas directamente por la Constitución a la Administración Central, ni las relativas a sectores estratégicos definidos en el Artículo 9, como la defensa, las relaciones exteriores, la política monetaria, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el agua, entre otros.
Para su implementación se establece que el Consejo de Ministros tiene la máxima autoridad y aprueba las competencias a descentralizar, y los plazos. Para ello, se creará una Comisión Temporal Nacional de Descentralización, presidida por un vice primer ministro, que será la encargada de proponer al Consejo de Ministros el plan de descentralización, dirigir, monitorear y evaluar todo el proceso, conciliar entre los organismos centrales y los territorios, y garantizar la transparencia y el acceso a la información.
Los Organismos de la Administración Central del Estado deberán capacitar a los territorios, responsabilidad compartida entre los ministerios de Educación y Ciencia, y los Órganos Locales del Poder Popular con la creación de comisiones locales que viabilicen implementar el proceso, participar en la conciliación, ejercer las nuevas competencias, e informar a la población.
Desafíos potenciales o áreas de ambigüedad
El decreto, como es común en algunas de las leyes cubanas, no es específico en conceptos claves como «gradualidad», «etapas», «excepcionalidad», «recursos suficientes», etc. Además, no define los criterios objetivos para determinar el orden, el ritmo o las condiciones para que un municipio avance en el proceso, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad a la Comisión Nacional y al Consejo de Ministros.
Aunque se ordena que la transferencia vaya acompañada de recursos, no se establecen indicadores claros para definir qué recursos serían descentralizados y en qué cuantía. Tampoco se especifican criterios para definir por qué y en qué condiciones se haría una excepción para transferir competencias al nivel provincial en lugar del municipal, delimitación que podría usarse para mantener poder en un nivel intermedio. Por lo que se supone que todas estas decisiones quedarán también en manos de la mencionada comisión, encargada de trazar la verdadera política de descentralización, dictando las disposiciones normativas necesarias.
Resulta contradictorio que la norma, concebida para guiar un proceso de descentralización, replica un enfoque «de arriba hacia abajo», donde los territorios tienen más un rol de consulta que de codiseño; las funciones y competencias de los órganos locales administrativos del Poder Popular son más mandatorias que propositivas (Art. 15). El hecho de que descanse sobre el Consejo de Ministros la posibilidad final de aprobar todo (Art. 10), así como la capacidad de añadir más exclusiones a la descentralización (Art. 9, inciso m), concentra el poder de veto y de redefinición del proceso en el nivel central.
En el Decreto, por tanto, hay una concepción constreñida de la descentralización, centrada en la relación Estado Central – Órganos Locales, y aunque es fundamental atender a esa dinámica entre distintos niveles de gobierno, la participación ciudadana que contempla el documento es solo de informar a las organizaciones sociales y de masas, así como a la población en general, sobre las acciones vinculadas con el proceso de descentralización (Art. 15, inciso e). No se establecen canales obligatorios de consulta pública, audiencias o veeduría ciudadana en el diseño o monitoreo de las transferencias. Tampoco concibe la creación de una instancia de apelación o arbitraje independiente para resolver conflictos sobre la suficiencia de recursos o el alcance de las competencias. La conciliación es interna a la Comisión, lo cual implica que también en esta área hay un margen sustancial de discrecionalidad sin que hayan contrapesos
Si bien con el Capítulo IV se incluye la «Formación de Capacidades», su éxito depende de la voluntad y recursos de los ministerios y organismos centrales (Art. 17), los mismos que están cediendo poder, lo que puede dar al traste con la falta de incentivos para una capacitación robusta.
Por otro lado, aunque no es un problema directamente de la mencionado decreto, es sabido que las administraciones municipales tienden a ser espacios precarizados donde se evidencian múltiples problemas, como falta de preparación de los cuadros, salarios insuficientes, poca motivación, burocratismo, etc., caldo de cultivo para que ocurran hechos de corrupción, favoritismo, mal empleo de recursos, entre otros. La frecuencia de las remociones de directivos a escala local por estas cuestiones es muestra de ello.
No menos importante es apuntar que una descentralización a nivel presupuestario, sin los debidos cálculos y apoyos, podría aumentar la desigualdad territorial, condicionando el funcionamiento de los servicios públicos (como salud y educación) a la capacidad productiva de cada municipio.
Vale entonces advertir que aumentar la capacidad de decisión de los gobiernos locales sin una política para corregir las problemáticas y distorsiones que los atraviesan, ni un fortalecimiento de mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas, es altamente riesgoso y pudiera ser una puerta abierta a mayores contratiempos.
En conclusión, el Decreto 140/2025 es más una declaración de intenciones que una verdadera política pública descentralizadora. El rumbo a seguir quedará dictado por la Comisión Nacional y el Consejo de Ministros, por lo se hace necesario esperar a que estas entidades publiquen las directrices para poder evaluar aciertos y desaciertos.
El éxito o el fracaso del proceso de descentralización en Cuba no se juzgará por decretos, reglamentos, leyes, o discursos, y sí por decisiones políticas que conviertan la transferencia de recursos y decisiones en algo palpable, en tanto se creen mecanismos de participación y control ciudadano reales para que esta responda a los intereses de las bases, y no a las conveniencias del aparato burocrático.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados forzosamente a Estados Unidos en una operación militar que, aunque fue calificada por la Casa Blanca como quirúrgica, cobró la vida de varias personas, entre ellas 32 cubanos que formaban parte del equipo de seguridad del presidente venezolano.
Las reacciones no se han hecho esperar, desde celebraciones por la captura de un mandatario con múltiples acusaciones de fraude, autoritarismo y corrupción, hasta preocupaciones muy serias por el precedente que se sienta cuando un país puede actuar sin consecuencias fuera de los márgenes del derecho internacional.
Para Cuba las implicaciones también son directas. No solo porque el chavismo ha sido uno de los principales aliados del gobierno cubano en la región, sino porque, si a Trump “le sale bien” este libreto, la tentación de intentar algo similar con la Isla —si se dieran incentivos y condiciones— deja de ser un delirio de redes para convertirse en un riesgo que hay que atender.
Por ahora solo quedan algunas certezas. Esta acción no va, ni de lucha contra el narcotráfico, ni de restablecimiento de la democracia. Trump intentó vender la operación como “antidrogas”, pero casi de inmediato reveló el verdadero interés: el petróleo. Basta con ver la conferencia de prensa que le siguió a la intervención.
No solo dejó claro todos los objetivos económicos que tiene con Venezuela, sino que además desempolvó algo que en el discurso norteamericano parecía un cadáver, la Doctrina Monroe, aquella declaración de 1823 que, bajo la consigna de “América para los americanos”, prometió proteger el continente de la colonización europea, pero que, en la práctica, funcionó como un intento de cambio de metrópoli.
Así, tan fácil se sacó de la manga una política que entre sus nefastos resultados tuvo ocupaciones militares en Haití, Nicaragua yRepública Dominicana, y posteriormente la normalización de un clima hemisférico que impulsó dictaduras como la de Pinochet en Chile, lajunta militar argentina y elsomocismo en Nicaragua.
Mientras tanto, la gran incógnita es cómo se recompone el chavismo sin su figura principal. Las miradas están sobre Delcy Rodríguez que asumió como presidenta interina, y que parece tener una proyección en dos direcciones: por un lado ha exigido el regreso de Maduro, y por otro ha apostado por diálogo, cooperación y negociación con Estados Unidos. Da qué pensar, luego de todo lo ocurrido.
Una de varias formas de interpretar esto es que están ganando tiempo. El hecho de que se decidiera liberar a un grupo importante de presos políticos como gesto de “buena voluntad” y desescalada, parece ser un movimiento para generar legitimidad internacional y ante la oposición interna, en un momento de máxima fragilidad.
Sobre que a Trump le importó poco Maria Corina y que ella, de tanto que quiere entregar, entrega hasta el Nobel, creo que hay poco que decir. Habrá que ver qué tanto afecta su capital político ante una zona de la población venezolana, que está harta del chavismo, pero que tiene también claras las consecuencias de dejar la política interna a una potencia extranjera.
Con todo, es un buen momento para mirar a los que creían que Rusia y China iban a salvarnos de algo. Sí, han dado respaldo político y diplomático, pero no ni una señal creíble de que vayan a implicarse militarmente para “rescatar” a Maduro o proteger a Venezuela de futuras invasiones. Debería entonces estar claro que, cuando se arma la guerra, los países periféricos tenemos que protegernos nosotros mismos, sin depender del apoyo de otras potencias.
Por cierto, esa es una lección que debería aprender Cuba, la próxima en la lista según muchos entusiastas. Yo les diría que se calmen un poco, a no ser que descubran petróleo o algún mineral raro que le interesa a Elon Musk, la Isla tiene poco que ofrecer para compensar una operación militar tan costosa y riesgosa. Trump y Rubio están apostando a que, si se corta el sostén externo, Cuba quedaría expuesta a una dinámica de deterioro acelerado que sería el fin del gobierno.
Igualmente, no es sabio confiar tan rápido en ese tipo de predicciones, sobre todo porque si bien es innegable la fuerte crisis que vive el país, lo cierto es que el Estado cubano sobrevivido en otros momentos de aislamiento. Además, aunque el gobierno de Díaz Canel no ha sido transparente en este sentido, varias informaciones de medios de prensa desde hace meses han llamado la atención sobre la disminución de los envíos de petróleo venezolano a la Isla, mucho antes de la captura de Maduro.
De hecho, supongamos por un momento que el chavismo desaparezca, o decida plegarse a las órdenes de la Casa Blanca, Cuba aún tiene varias cartas que jugar con otros aliados que pueden ayudarle a mantenerse a flote, más aún si el gobierno cubano decidiera, de una vez, reformar su economía para que fuera atractiva a la inversión extranjera.
Volviendo al país bolivariano, todos hemos visto las varias escenas de venezolanos celebrando la captura de Maduro que se viralizaron en redes sociales, incluso con enfrentamientos a quienes rechazaban la intervención. Paralelamente, desde medios y plataformas de la oposición se ha repetido el mensaje de orden: “si no eres venezolano, no opines”.
Y acá creo que es importante detenerse un momento: es legítima la molestia cuando, quien no conoce las complejidades de tu país, viene a dar cátedra sobre tus problemas. Los cubanos sabemos mucho de eso. Pero el precedente que genera Estados Unidos al secuestrar al jefe de un Estado soberano —más allá de si fue elegido democráticamente o no—, no es un asunto solo de Venezuela, sino de todo el mundo.
He leído mucho estos días que “debemos dejar a los venezolanos celebrar”, y no me opongo a eso. La felicidad es un sentimiento, no una razón. Nadie debería ser juzgado por sentir felicidad. Lo que sí hay que sentarse a analizar es por qué una acción claramente peligrosa e injerencista genera felicidad en una parte de un pueblo.
Asimismo, la polémica, se ha movido a otra discusión: la utilidad —o no— de mantener el derecho internacional tal y como lo conocemos hoy. Algunos dicen “no ha servido para evitar violaciones de derechos humanos” dentro de países como Venezuela; otros alegan que “es un derecho acomodado a los intereses de los poderosos”.
Y hay algo de cierto en ambas ideas. Pero la pregunta práctica que sigue es: ¿cuál sería la alternativa? ¿El planeta estaría más estable y seguro si no existieran normas mínimas que rijan la relación entre países? ¿Eliminar o desconocer estas normas garantizaría los derechos humanos o una relación más horizontal entre los Estados, o convertiría el mundo en una gran selva donde, con menos pudor o reparos que ahora, imperaría abiertamente la ley del más fuerte?
Quienes han estudiado un poco de historia saben qué pasó cuando el mundo se entregó a esa lógica durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó decenas de millones de muertos, desplazamientos masivos, exterminio industrializado, ciudades arrasadas… entre otras atrocidades. Justamente por eso después se reforzaron organismos internacionales y marcos jurídicos para contener —al menos en teoría— el uso arbitrario de la fuerza y poner límites, aunque fueran imperfectos, a la “solución militar” como método de gobernanza global.
Si bien esas barreras nunca fueron un candado definitivo, funcionaron mientras existió cierto costo político por violarlas, y mientras las grandes potencias, al menos fingieron que se movían dentro de reglas comunes. Cuando ese freno se pierde, y la fuerza vuelve a presentarse como herramienta “normal” de política exterior, se abre la puerta a que cualquier conflicto se resuelva por imposición y no por negociación.
Sobre el futuro de esta operación, hasta ahora tenemos muy pocas certezas, pero lo cierto es que Venezuela sigue gobernada por el chavismo, que Trump le dio a la espalda a la líder de la oposición, y al parecer las empresas petroleras norteamericanas regresarán al país bolivariano aun sin restablecer la “democracia”. ¿Cuánto estará dispuesto a ceder el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Podrá mantenerse cohesionado ante estos nuevos acontecimientos? ¿Qué alternativas tienen para mantener la soberanía del país? Son preguntas que probablemente sabremos en los próximos meses.
Por lo pronto, parece que a la mayoría de los venezolanos les preocupa más el futuro económico del país. No han sido visibles los rechazos a las “concesiones” por parte de Delcy Rodríguez. Por lo tanto, si ella puede lograr un respiro económico para la gente mediante acuerdos con el vecino del norte, lo más probable es que la mayoría se olvide tanto de Maduro como de María Corina.
Y es que Venezuela se encuentra ante dos caminos: enfrascarse, sola, en una guerra con la potencia militar más poderosa del mundo, o ceder su soberanía a los deseos de un país extranjero gobernado por un imperialista autoritario que cada vez esconde menos su verdadera cara. Ninguno de los dos vaticina resultados halagüeños.
En cualquier escenario, la soberanía definitivamente ha sido la gran perdedora. Pero la soberanía no es un valor en abstracto, tiene que servir para generar bienestar y desarrollo democrático. Nadie mejor que los ciudadanos de un país para velar por sus intereses. Por eso, que un gobierno extranjero dicte leyes en tu territorio nunca será una buena estrategia a largo plazo. Pero cuando una parte de la ciudadanía siente que su gobierno, el que dice representarlos, lo está haciendo todo tan mal, la soberanía (para ellos) pasa a un segundo plano y la prioridad se vuelve “que las cosas cambien”, sea como sea.
Es una enseñanza para Cuba, también. Para quienes romantizan lo que había antes de 1959, donde la falta de soberanía agudizó las contradicciones al punto de hacer estallar una revolución; pero también para quienes idealizan la pobreza actual pintándola de resistencia, sin trazar un camino para salir de ella.
Ante los rumbos que están tomando las relaciones internacionales en el mundo, tener un país próspero y democrático no es garantía de que las bombas no caigan, pero sí sigue siendo la manera más eficaz de que la población sienta que tiene que hacer todo lo posible por evitarlo, y no vea nunca en la bomba extranjera la salida de los problemas internos.
Definitivamente, las acciones emprendidas por Trump son una muy mala noticia para cualquiera que tenga un pensamiento progresista o simplemente valore el derecho de autodeterminación de los pueblos. Decir otra cosa es intentar vestir de triunfalismo un camino que, en cualquiera de sus variantes, aumenta el sufrimiento de quienes siempre pagan primero el precio de las guerras —convencionales o no—: los pobres de la tierra. Cuando la fuerza se normaliza como herramienta de política, lo que se expande no es la libertad, sino la impunidad.
Sin embargo, a Cuba y Venezuela solo les queda intentar convertir el golpe en una oportunidad. Levantar las bases progresistas y patrióticas en su población —incluidas las que critican o se oponen al gobierno—, bajar el volumen a la polarización interna, y abrir un ciclo de reformas económicas y políticas que devuelvan horizonte, estabilidad y capacidad de respuesta. No para plegarse a los designios de Washington, sino para reconstruir legitimidad y cohesión desde dentro, que permitan resistir posibles agresiones.
En última instancia, esa es la defensa más realista, que la gente vuelva a sentir que su futuro se juega en casa. Que el cambio deje de parecer una mercancía importada que llega en uniforme extranjero, y vuelva a ser una tarea nacional, plural, imperfecta, pero propia. Si este episodio deja una advertencia, es que ningún proyecto se sostiene solo con soberanía declamada; la verdadera soberanía solo es posible cuando sirve para vivir mejor.
Desde una perspectiva histórica y política, el diplomático Carlos Alzugaray examina en esta conversación hasta qué punto es real el riesgo de una confrontación entre Cuba y Estados Unidos, además del impacto del escenario venezolano para la región y el orden jurídico internacional. Las estrategias de presión y el intervencionismo de la administración Trump ocupan un lugar céntrico en el álgido debate de los últimos días, marcados por el retorno de una lógica de fuerza en la política y por las tensiones que ello genera sobre la estabilidad regional.
¿Cuáles son las posibilidades de un conflicto directo de Cuba con Estados Unidos?
Siempre han existido posibilidades de un conflicto directo entre Cuba y Estados Unidos. Es una realidad con la que muchos cubanos hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Ha habido momentos donde la posibilidad de conflicto ha estado ahí. Durante la invasión de Playa Girón, durante la Crisis de Octubre…
Yo recuerdo que estábamos muy convencidos de que podía haber una agresión norteamericana cuando Ronald Reagan asumió el poder y, de hecho, después nos enteramos que Alexander Haig, el primer secretario de Estado de Reagan, estuvo empujando para ver si lo autorizaban a invadir Cuba.
Este no es el momento más peligroso, pero es peligroso y, por supuesto, se ha convertido en más peligroso a partir de lo sucedido en Venezuela, sobre todo porque estamos ante una administración como la de Donald Trump, que tiene una vocación de usar la fuerza contra enemigos pequeños. Algo interesante con Trump es que este tipo de posiciones que ha tenido con Venezuela no las tiene ni con Rusia ni con China; menos con Irán, aunque Irán lo bombardeó. Pero ese es un factor.
Y el otro factor, por supuesto, es la presencia de Marco Rubio como un actor importante de la administración. Marco Rubio, evidentemente, quiere ver, antes de que termine este primer mandato, una caída del gobierno cubano. Pero parece ser que la idea de Marco Rubio siempre fue y es actualmente que no hacía falta una invasión militar, sino que el gobierno cubano iba a caerse por su propio peso, producto de sus contradicciones y de su vulnerabilidad, sobre todo con la caída del régimen del gobierno venezolano. Marco Rubio ha insistido en que sin la ayuda del gobierno venezolano, el gobierno cubano no puede resistir.
No deja de tener razón en cuanto a que Cuba es muy vulnerable en este momento, muy vulnerable a aquella estrategia que alguna vez elaboró un secretario de Estado adjunto de Estados Unidos en la década del 60, de que si se aplicaban sanciones y se provocaba el hambre y la desesperación, el pueblo derrocaría al gobierno.
Esto se ha ensayado; para mucha gente estuvo a punto de suceder el 11 de julio de 2021, pero lo cierto es que no ha pasado. El gobierno cubano ha podido sobrevivir la crisis de la guerra económica que Estados Unidos le declaró a Cuba desde el año 62. Es una guerra económica perversa, persistente, brutal. Pero, además, en los últimos años se ve, digamos, apoyada o sostenida por los propios errores del gobierno cubano, que hoy en día está en una crisis política. Una crisis política que tiene que ver con la falta de credibilidad que han producido sus constantes errores en materia económica y su negación a aceptar que esos errores se cometieron, y a rectificarlos adecuadamente.
Eso da una impresión de vulnerabilidad del gobierno cubano, que indudablemente permite a Marco Rubio decir algo que muchos cubanos sostienen, muchos cubanos de los que viven en Cuba y que alguna vez apoyaron al gobierno: Marco Rubio ha dicho que este es un gobierno muy inepto, y yo conozco cubanos, entre ellos yo, que piensa que hay un nivel de ineptitud bastante grande por parte del gobierno y eso lo hace muy vulnerable al tipo de presión que Estados Unidos está prefiriendo usar en este momento, que es la presión económica, la presión de cortarle los suministros de petróleo, habida cuenta de la crisis del sistema electroenergético nacional y de la acción subversiva que se realiza en las redes sociales.
Yo no quiero decirle guerra cognitiva o guerra de tercera generación o la guerra del algoritmo. Me parece que son cosas que a veces tienen más de propaganda que de análisis real. Pero lo cierto es que hay mucha desconfianza. Y hay lo que yo en algún momento he dicho: que la mayor parte de los ciudadanos cubanos no vemos la luz al final del túnel; le echamos la culpa al gobierno de los problemas, incluso cuando algunos de nosotros sabemos que el bloqueo es parte del problema.
Entonces es obvio y es lógico que personas como Marco Rubio piensen que está al alcance de su mano derrocar al gobierno cubano por la vía de una sublevación, de una estampida social que haga al país ingobernable. Claro, hay que decir algo: esto no se ve claramente cómo puede pasar. El gobierno cubano tiene recursos, sobre todo en materia de seguridad. Tiene una fuerza armada organizada, tiene un Ministerio del Interior organizado, que son capaces de neutralizar cualquier acción de este tipo. Y realmente no ha habido, es decir, no hay líderes en la oposición cubana que parezcan dispuestos a inmolarse y a estar listos a encabezar un movimiento de masas contra el gobierno cubano.
Pero (aquí muy importante un «pero»), en una situación X en que haya una sublevación popular, como la del 11 de julio, el gobierno norteamericano puede verse estimulado a intervenir. Pero, atención, hay varios factores que una intervención militar norteamericana tiene que considerar. Primero, sí, Cuba y Estados Unidos están muy cerca y eso facilita una agresión, pero también facilita acciones de defensa cubana.
Yo leía alguna vez una novela donde se discutía por militares norteamericanos que tenían información sobre Cuba, que se estaba preparando a un avión cubano, a un caza, para entrar en territorio norteamericano a ras de mar evadiendo el radar y que golpeara algún blanco dentro de Estados Unidos. La otra cuestión que cualquier militar tendría que considerar es que hay una gran cantidad de emigrados cubanos en la zona de Miami y que no se puede estar seguro de que no haya entre esas personas, activos cubanos esperando a ser puestos en acción en una situación como esta. Y, finalmente, está el problema de la base naval de Guantánamo, que se puede usar para agredir a Cuba, pero hay que reconocer que está en un lugar donde la correlación de fuerzas es muy fuerte a favor de las fuerzas armadas cubanas. La base está rodeada por la famosa Brigada de la Frontera, y ante una agresión puede ser atacada por fuerzas cubanas y hasta tomada.
Todos estos son factores técnicos, pero repito, en este momento todo parece indicar que en el corto plazo Estados Unidos está apostando a que el gobierno cubano se va a caer por su propio peso. Por supuesto, nadie sabe cómo eso pasaría y en una situación como esa, la posibilidad de que Estados Unidos entre militarmente en Cuba en apoyo de los sublevados es una posibilidad difícil, compleja, pero que puede pasar. Así que yo diría que sin estar en los momentos anteriores, donde estuvimos más cerca de una agresión militar, creo que en los años 60 y después los años 80, cuando la agresión norteamericana a Granada, o a Panamá, se corría el riesgo de una agresión militar norteamericana a Cuba. Hubo ejercicios militares del ejército norteamericano en 1991 que contemplaban entrar, ocupar militarmente una isla en manos de un dictador llamado Ortsac. Ortsac es Castro al revés. Pero no estamos en ese momento. Todo parecería indicar que no hay ese peligro inminente, aunque es algo que no se puede descartar.
¿Con qué alianzas a nivel regional podría contar Cuba en caso de una transición en Venezuela?
Bueno, obviamente las alianzas no son muchas. Está México bajo mucha presión norteamericana. Está Colombia también bajo mucha presión norteamericana. Y está Brasil también bajo esa presión, no al nivel de México y de Colombia. Hay también algunos pequeños países europeos y del Caribe que todavía mantienen una posición de solidaridad con Cuba y son aliados importantes regionales. Ahora, salvo México, que puede suministrar petróleo, hay pocos que pueden suministrar a Cuba lo que recibía de Venezuela.
Claro, en tu pregunta hablas de una transición en Venezuela, esa es una pregunta abierta. Lo que está pasando en Venezuela no lo sabemos bien. Puede estarse dando una rendición incondicional del gobierno chavista que ha aceptado la imposición de Trump. Pero puede estarse dando otra cosa, que es que el gobierno bolivariano esté tratando de ganar tiempo para ver si logran zafarse de esa situación y pueden mantener su política hacia Cuba. Hay algo interesante, y es que Cuba no ha comenzado a retirar a su personal médico de Venezuela. Hasta donde sabemos, el personal médico sigue trabajando. Tampoco, por otra parte, el gobierno cubano está manteniendo su actitud de solidaridad con Venezuela.
Entonces, esa transición en Venezuela yo la condicionaría a ver qué pasa. No estoy seguro de qué va a pasar en Venezuela. Hay un último factor que puede tener mucho que ver con Venezuela. A mí me llama la atención que desde el primer momento lo que estaba pidiendo Delcy Rodríguez era que dieran fe de vida de Maduro. Y ahora lo que se está planteando con mucha fuerza es la exigencia del regreso de Maduro. Por otra parte, el caso contra Maduro puede no ser tan sólido. Ya, por ejemplo, se ha dicho que no hay un Cartel de los Soles, que es una cosa más ambigua, una conspiración.
Por cierto, esto se parece a aquello que había con Al Capone cuando fue acusado. Con la diferencia, por supuesto, que en el caso de Al Capone sí se sabía que había cometido una serie de crímenes, pero para el fiscal del caso, en aquellos años era muy difícil probar los crímenes de Al Capone. En el caso de Maduro es todavía más difícil porque no hay elementos claros de que sea un narcoterrorista. Sobre que encabezaba el Cartel de los Soles, todo el mundo ha dicho que eso no existe. Ahora el Departamento de Justicia retiró la acusación de ser jefe del Cartel de los Soles.
Evidentemente, puede pasar cualquier cosa. Por otra parte, Maduro y su esposa han buscado muy buenos abogados. Entonces, ¿qué pasará en el juicio? Es un factor más que puede afectar la transición venezolana. Claro, en buenas cuentas, lo que debería pasar, y seguramente es lo que está buscando Marco Rubio, es meterle presión a la presidenta Delcy y a todo el entorno bolivariano para que sigan haciendo concesiones y después, en un momento determinado, decirle: «bueno, ustedes ahora tienen que convocar elecciones», y habría que ver qué pasa en esas elecciones. ¿Cómo serían? Yo creo que hay un paso que dio Trump que pone la situación muy difícil. Desestimó a María Corina Machado y prácticamente limpió el piso con ella. Y ella no ha reaccionado fuertemente, como alguien pudiera esperar. Entonces, si hay un nuevo proceso electoral, habría que ver si todavía María Corina Machado mantiene este apoyo.
Y esas elecciones serían luego de resuelto el problema Maduro, que tiene que resolverse de alguna manera. O lo sancionan y lo condenan, y lo meten en prisión, o lo absuelven. Si lo absuelven, borrón y cuenta nueva, vamos a otro proceso. Pero si no lo absuelven, hay que ver qué impacto tiene eso en el movimiento bolivariano.
Yo siempre he manejado la hipótesis de que el movimiento podría ser para Venezuela algo similar al peronismo en Argentina. Perón fue derrocado en 1955, se tuvo que ir al exilio, pero volvió en el año 73, 20 años después. Recuerda un poco el tango de «20 años no es nada», pero aún volvió con esa coalición tan extraña donde hay gente de izquierda, gente de derecha. ¿Puede pasar eso en Venezuela con el chavismo? ¿Puede el chavismo convertirse en un movimiento político como Perón, y Maduro convertirse en el mártir que todo movimiento siempre tiene? Bueno, es algo que habría que ver qué pasa. Y, por supuesto, se daría al traste con las ambiciones de Marco Rubio y de Donald Trump.
Hay muchos expertos que han diagnosticado que esto marca un cambio en la configuración de las relaciones internacionales y una vuelta a la ley del más fuerte, por un lado, por la asunción explícita a la Doctrina Monroe, y por otro, por la violación del derecho internacional ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué implica para la región?
No hay duda de que Donald Trump está tomando posiciones unilateralmente por parte de Estados Unidos que transforman el sistema de relaciones internacionales. Hay que ver si eso es permanente, si eso tiene continuidad. Yo pienso que es dudoso. El derecho internacional se necesita, lo necesita todo el mundo, incluyendo los más fuertes.
Por otra parte, Estados Unidos enfrenta al menos a dos poderosas potencias que tienen intereses internacionales y que pueden reaccionar de una forma o de otra. Yo creo que Trump está llevando las cosas demasiado lejos. Estados Unidos siempre actuó en el sistema internacional con aliados, inclusive creó un sistema de alianzas y un sistema de organizaciones para llevar a cabo su política imperialista en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Por ejemplo, en toda esta jugada que ha pasado en Venezuela, el gobierno de Trump no ha hecho lo que normalmente hubiera hecho cualquier otro gobierno anterior, que es llevar el caso de Venezuela a la OEA. Y no lo llevó a la OEA, no pidió apoyo. Es decir, le impuso apoyo a algunos países, pequeños países caribeños, que siguieron su posición. Pero no hubo una búsqueda de aliados. Por otra parte, inmediatamente después de lo de Maduro, de la agresión a Venezuela, Trump vuelve a plantear el problema de Groenlandia, que es grave, porque ahí también hay una violación del derecho internacional, un irrespeto por la voluntad del pueblo de Groenlandia.
Es decir, a Trump no le importa qué es lo que piensa el pueblo de Groenlandia, como por ejemplo no le importa lo que piensa el pueblo canadiense, que es el otro país que Trump ha amenazado con anexarse. Entonces hay que ver cuál va a ser la reacción internacional ante este unilateralismo que aparentemente tiene su base en un poderío militar grande incuestionable. Y eso es verdad, no hay duda. De hecho, Trump pidió un nuevo presupuesto de defensa mucho mayor, 50% mayor que el anterior y esto es grave. Hay que ver cuál es la reacción internacional.
En primer lugar, va a haber una reacción de los pueblos. En América Latina va a haber resistencia a esta Doctrina Monroe que muchos ciudadanos consideraban algo ya del pasado y que Estados Unidos había renunciado a ella. Tratar de imponerla a la fuerza puede ser costoso si hay resistencia, y ya ha habido hechos de resistencia.
Aquí vale la pena recordar que hubo una época de invasiones continuadas de Estados Unidos en el Caribe a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta que Estados Unidos en la década del 20 tuvo que enfrentar la insurrección del pequeño ejército de Sandino en Nicaragua. Y aunque al final Estados Unidos logró imponer la dictadura de Somoza, la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt adoptó la política del Buen Vecino, con lo cual empezó a renunciar a las invasiones. Inclusive, en el año 1933, cuando se produjo la revolución en Cuba, las instrucciones que recibió el embajador Sumner Welles en La Habana eran buscar en quién apoyarse para coartar la revolución porque Estados Unidos no iba a invadir a Cuba para aplastar la revolución del 33 y ahí empezó la política del no intervencionismo. Política que entre otros países Cuba promovió, y se aprobaron leyes y documentos que vienen hasta la Carta de la OEA, que es legalmente antiintervencionista. Entonces hay que ver hasta dónde va a llegar Trump.
Yo creo que la región está en peligro, sin duda está en peligro, pero no subestimemos ni por un minuto la capacidad de resistencia de la región. Hay países tradicionalmente antiintervencionistas, como es el caso de México o de Brasil. Muchos de los gobiernos de derecha que hoy aplauden y siguen a Trump con entusiasmo, pueden tener una existencia digamos perentoria, puede ser que a la vuelta de algunos años esos gobiernos sean expulsados por su pueblo. Pero la realidad es que muchos gobiernos en América Latina y el Caribe, aunque son de derecha y quisieran apoyar a Trump, tienen la preocupación de cuál es la reacción que va a haber en los pueblos de la región ante una violación tan clara del derecho internacional y ante un giro de las relaciones internacionales.
Por otra parte, y ya saliéndonos de la región, es obvio que hay otros focos de poder, que está la República Popular China, con sus intereses, que está silenciosa. Al silencio chino en este momento yo le llamo un silencio ominoso. La República Popular China debe tener medidas antídoto para la política de Trump porque no están de acuerdo con ella. No creo que vayan a responder ocupando Taiwán. Creo que van a responder tratando de hacer lo que siguen haciendo, creando un sistema internacional basado en el respeto y la cooperación. Tienen en eso el apoyo de Rusia.
Yo todavía abriría un espacio de preguntas. ¿Qué va a pasar? Es difícil. Sí, se le ha dado un golpe muy duro al derecho internacional, pero yo diría que la última palabra no se ha dicho. Todavía hay que esperar a ver primero qué va a hacer Venezuela, cómo se va a comportar, y cómo van a responder otros países. Todavía esa respuesta no está clara.
En estos días tanto perfiles en redes sociales, como influencers y medios han celebrado las acciones militares realizadas por Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro, en las cuáles perdieron la vida 32 cubanos del equipo de seguridad de la presidencia venezolana. Estas celebraciones han estado acompañadas de peticiones de invasión para la Isla, sin importar las consecuencias humanas que podrían provocar.
Amén de la posición que se tenga en el conflicto político de Estados Unidos, Cuba y Venezuela, esta posición compartida por varios cubanos da alarma de un problema base que desde La Joven Cuba hemos venido alertando.
La deshumanización del «otro» es una manifestación de extremismo político, y una de sus consecuencias más nefastas. Este último, cuya esencia es la aniquilación del contrario desde presupuestos ajenos a la razón práctica, sigue escribiendo algunos de los capítulos más tristes de la historia humana. Y su expresión en el ámbito político local coloca tensiones a la conformación de un proyecto nacional de justicia, igualdad y derechos.
Para el extremismo existen condiciones psicológicas, culturales, históricas y políticas que lo amplifican, al tiempo que se relaciona con otros procesos como como la desdemocratización, el dogmatismo, y el fundamentalismo. La polarización afectiva, que genera hostilidad, desconfianza y odio basado en emociones, no en ideas, es el caldo de cultivo para la deshumanización.
Aunque a simple vista pudiera parecerlo, la deshumanización no es un fenómeno espontáneo, sino un proceso gradual —muchas veces promovido desde plataformas comunicacionales extremistas y anexas a intereses coloniales o de dominación— que prepara el terreno psicológico, social y político para la violencia masiva. Se trata de negar la humanidad completa de un grupo de personas, despojándolas de cualquier derecho, para convertirlas en algo inferior, peligroso, que debe ser aniquilado.
La deshumanización rara vez es el primer paso, sino parte de una escalada, a veces se queda solo en insultos o actos de repudio, pero sus últimos peldaños pueden llegar a holocaustos y genocidios.
Primero, ocurre una deshumanización lingüística y simbólica. Se emplea un lenguaje tóxico que animaliza o patologiza. En el caso cubano «gusanos», «carneros», «clarias», que deben ser «erradicadas» para «sanear» el cuerpo social. Ocurre también una desensibilización. La repetición del lenguaje deshumanizante en medios, discursos políticos y propaganda banaliza o justifica el odio. Al final, la violencia verbal termina normalizando la violencia física.
El «nosotros» vs. «ellos», que separa la sociedad en grupos homogéneos, niega las individualidades de cada uno de los integrantes de ese grupo, y los convierte en números, daños colaterales, pasos para alcanzar un objetivo. Así se borra el sufrimiento, las historias personales que pueden llevar a cada uno a donde está.
Es más fácil torturar, deportar o matar a un «gusano» o a una «claria» que a un vecino con nombre, historia y familia. Las normas que protegen la vida humana no aplican a lo «no humano», por eso la deshumanización sirve para superar inhibiciones morales y sociales. Por ejemplo, cuando se culpa a la víctima de ser una «amenaza», su aniquilación se enmarca como legítima defensa o una medida necesaria, no como un crimen.
Este mecanismo, no solo despoja a la víctima de humanidad, sino también corrompe al perpetrador y a la sociedad. Permite que funcionarios, soldados y ciudadanos comunes participen en el proceso (haciendo listas, administrando cuerpos de represión) sin sentir culpa por eso, sino como «técnicos» que administran o eliminan un «problema».
La solución a esta problemática no sólo es ética, de conciencia individual y colectiva, sino estructural y cívica. La respuesta al extremismo, que incluye la deshumanización, es construir instituciones y hábitos democráticos. Cultura cívica, información veraz, redes humanas cooperativas, participación, inclusión, equilibrio mediático, estado de derecho, diálogo, reconocimiento del otro, desarrollo democrático, reconciliación. Es un camino colectivo e institucional para (re)construir estructuras de convivencia y defender la humanidad, incluso del adversario.
Nuestra investigación «¿Cómo contrarestar el extremismo político en Cuba? Guía ciudadana para el cambio y autocuidado» ofrece una visión sobre el asunto, que contribuye a aunar fuerzas en la búsqueda de alternativas para poner límites a las manifestaciones y potencialidades del extremismo, fenómeno que atenta contra la posibilidad de encontrar un orden social que viabilice un proyecto de justicia, derecho y soberanía. Igualmente da herramientas para empoderar al ciudadano de a pie y fomentar una cultura política más sana y democrática.
El extremismo es un asunto más complejo y multifactorial de lo que habitualmente parece. No debe verse sólo como interpretación de y conducta ante la realidad, sino como ropaje de proyectos políticos que, en esencia, discriminan, excluyen, y niegan derechos.
La defensa de la humanidad compartida, incluso y especialmente, de aquellos con quienes discrepamos, es la primera trinchera contra la barbarie.
El trumpismo espera que Cuba caiga pronto. A inicios de los noventa se esperaba también y no sucedió, pero esta no es la Cuba de aquellos tiempos. Hoy, en medio de una crisis sistémica sostenida que ha incidido en el deterioro de la credibilidad del gobierno, es a este, y no a otro, al que le ha tocado asumir un conflicto de larga data. Funcionando como hasta ahora, tiene poco margen de maniobra y capital político; pero hay pasos que podría tomar para cohesionar a la mayor cantidad de cubanos posible alrededor de la bandera.
Ahora bien, la adaptabilidad no es la práctica habitual del gobierno cubano, acostumbrado a hablarle solo a sus más leales seguidores y que en contextos de hostilidad prefiere atrincherarse. Esa es una actitud que no solo impide la influencia externa, también restringe la posibilidad de atender los problemas internos, porque interpreta como peligro críticas y recomendaciones que podrían contribuir a solucionarlos. De todas formas, sin una reforma profunda será difícil generar consenso.
Ese cambio empieza por ver la soberanía como la existencia de una comunidad política que tiene voz, derecho y agencia, y no únicamente como el argumento sobre el que erigir discursos de resistencia o heroicidad; la razón de Estado frente a la injerencia extranjera.
Es ingenuo creer que se puede preservar la soberanía nacional sin atender la soberanía individual, porque un Estado puede declararse soberano, pero el país solo lo será si sus ciudadanos sienten que tienen control sobre sus destinos, si se autoperciben parte activa del proyecto país, si tienen algo que, consideran, vale defender. Por eso, la unidad que es imprescindible para resistir presiones externas, constituye un capital político que se pierde cerrando los espacios de participación pública, y se gana abriéndolos. La unidad de una mayoría, por tanto, es una construcción lograda en el hacer política; no en la obediencia, sino en el consenso.
Dicho esto, lo cierto es que aún existen reservas de legitimidad y consenso a los que las autoridades cubanas pudieran apelar, pero hasta el momento no parecen mostrar la habilidad o voluntad para explotarlos. A eso se suma que han perdido la capacidad de iniciativa y reacción política realmente movilizadoras. Un ejemplo fue la respuesta inicial a la operación militar en Venezuela: actos públicos carentes de entusiasmo real, consignas repetidas, y una puesta en escena que, de nuevo, indica un interés más enfocado en demostrar control que en construir respaldo popular. La habilidad política leería el momento como una oportunidad para ampliar su base social o al menos unir a la ciudadanía. Eso no se logra con un acto, puño arriba, ¡abajo el imperialismo!
La cuestión aquí radica en que hay una diferencia entre apelar a gestos simbólicos y hacer política en función del interés público. El gobierno cubano podrá ser blanco de una persecución económica, pero hace tiempo debería haber comprendido que eso no lo justifica frente a la percepción ciudadana que lo juzga por las decisiones erráticas o equivocadas sobre la gestión del país, no solo en términos de economía. Decisiones, por cierto, que muchas veces se interpretan como deliberadas, en detrimento de la gente.
Antes de que Cuba existiera como nación independiente, surgiera el primer partido comunista o alguien de apellido Castro llegara al hoy conocido como Palacio de la Revolución, grupos políticos estadounidenses proclamaban su interés en la Isla. Mucho antes de que Maduro tuviera su primera elección disputada en 2018, hubo intentos repetidos de destituir al gobierno o forzar un cambio político en Venezuela, sin importar que Chávez ganara democráticamente cuatro elecciones presidenciales y Maduro al menos una. El control de la región es una pretensión imperial histórica que supera cualquier ideología, y el trumpismo ni siquiera se esfuerza en pretender que la legitimidad democrática es la fuerza que mueve sus esfuerzos de cambio de régimen.
Aunque el gobierno de Trump ha construido una narrativa de glorificación y victoria sobre los eventos del sábado 3 de enero, podrían interpretarse no como una muestra de fortaleza de su administración sino de debilidad y repliegue. Porque significa la renuncia a una influencia global que le es difícil sostener y por tanto el retiro a su zona de influencia: América Latina. El hecho de que la administración Trump se apoye en la teatralidad y el efecto psicológico de su operación militar, por sobre el lenguaje diplomático o los «argumentos» democráticos para justificarla, indican un cambio intencionado en su política exterior, que ya no descansa sobre consensos internacionales, y por eso el explícito interés por el petróleo, el descarte de la oposición venezolana y la asunción expresa de la Doctrina Monroe.
La palabra que mejor describe esta política es imperialismo, pero llega con desgaste por su sobresaturación en manos de la propaganda oficial. Ocurre en un momento de hartazgo ante el inmovilismo y cansancio por los efectos de una policrisis prolongada. Por tanto, no pocos reciben la operación militar ilegal como «liberadora». Esa es una realidad que no puede ser ignorada, a no ser que se pretenda un suicidio político.
Es importante decir que la Doctrina Monroe en su versión trumpista no representa el interés nacional de Estados Unidos ni la voluntad de su población. Una encuesta realizada por Reuters/Ipsos señala que solo un tercio de los estadounidenses aprueba la captura ilegal de Maduro y al 72% le preocupa que el país se involucre demasiado en Venezuela. Además, voces del Partido Demócrata reaccionaron criticando la operación de tal manera que mereció respuesta de la Casa Blanca, y una de sus figuras más populares en la actualidad, el alcalde de New York, Zohran Mamdani, la calificó como una violación de la ley federal e internacional.
Pero nadie con sentido común en América Latina debería sentarse a esperar que los demócratas pongan freno a una administración que desprecia y descarta, incluso, sus propias instituciones y leyes. Para responder efectivamente, los gobiernos de izquierda necesitan legitimidad democrática y resultados. Legitimidad que sale de elecciones creíbles, y una gestión que afiance la relación entre los partidos de izquierda y la ciudadanía. Claudia Sheinbaum está dictando cátedra al respecto. Tanto esa legitimidad democrática como los resultados tienen que ser evidentes ante la percepción pública, y ser verdaderamente tales, no solo parecerlo.
Pero cómo movilizar sentimientos a favor de la soberanía si para no pocos es un tema de menor importancia. Sobre todo cuando se tiene cada vez menos para comer, mientras crece la percepción de que la clase política del país vive entre privilegios. Cuando Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo) viaja con frecuencia a Panamá en jet privados y se rumorea que frecuenta restaurantes de lujo sin necesidad de pagar la cuenta, y no es el único en hacerlo. Cuando uno de los hijos de Fidel Castro es campeón de golf en Varadero. Cuando la familia del presidente se incluye en viajes oficiales sin tener un cargo público y cuando hijos de dirigentes viven acomodados en el extranjero. Y encima, cuando hay una terrible falta de franqueza y transparencia sobre todo esto. Los subsidios y las gratuidades se terminaron a finales del 2008 para la ciudadanía; no tanto así para los altos dirigentes.
Quien quiera hablar de rescatar el proyecto de país, haciendo malabares para evitar el tema de la corrupción, ¿sobre qué valores y con qué moral piensa realmente dirigirse a las mayorías? ¿Cómo identificarse con un proyecto que en parte del sentido común popular se percibe en beneficio de una clase política, en lugar de en favor del bienestar de la gente? También son demasiado frecuentes los «piñazos sobre la mesa», los abusos de autoridad, la inercia política y la gestión policial del disenso. No debería el Estado entregarse fácilmente a esas tentaciones autoritarias, tanto las que nos llegaron de la URSS como las que teníamos ya en casa.
Será cuento de camino generar capital político contra el trumpismo echando mano de la (necesaria) soberanía, cuando las vidas de privilegio están a la vista de todos. De no tomar acciones radicales contra la corrupción entre los dirigentes, contra el autoritarismo y en favor de una rendición de cuentas real, nadie sabe a ciencia cierta cuántos compartan el sentimiento de proteger intereses nacionales y que entiendan como amenaza, en lugar de esperanzador, el desprecio por la soberanía de la administración Trump.
Con demasiada frecuencia el Partido Comunista delega en el Ministerio del Interior asuntos que le competen, y que en tiempos de Fidel Castro tenían salida política, aunque no siempre fuera la más adecuada. La crisis interna actual no solo es producto de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, sino también de lagunas democráticas en el aparato político del país y deudas acumuladas en el tiempo; advertencias no han faltado.
Con tanto peligro para la soberanía del país, la peor jugada política es el inmovilismo, la desidia y el acomodamiento; o apostar por convertir en enemigos políticos a ciudadanos críticos que quieren ayudar en el desarrollo del país. Ampliar libertades democráticas, liberar presos políticos, gestionar vías para el disenso y hacer una reforma integral de la economía con enfoque social para atender desigualdades, son de los puntos medulares pendientes que tiene hoy Cuba.
La amenaza del trumpismo para la Isla y el propio Estados Unidos no puede ser subestimada. Va contra toda la lógica interna de las autoridades cubanas asumir este cambio, pero no se trata de si los gobernantes están cómodos con el nivel de reforma necesario, sino de si responderán al reclamo público. Cuando un país está bajo agresión, la ciudadanía generalmente cierra filas con su gobierno, pero solo si siente que este representa sus intereses. Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que empezar a mirarse por dentro.
Luego de la publicación de este texto, y la narración de acontecimientos difíciles, la familia ha hecho la solicitud de retirar el texto. Accedemos a la petición en solidaridad con el dolor de familiares y allegados.
En la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron bombardeos en Caracas y en otras zonas del país, y fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.
En reciente conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Maduro y Flores se dirigían rumbo a Nueva York para enfrentar «cargos por narcotráfico». Agregó, además, que EE.UU «gobernará Venezuela de forma temporal hasta que se pueda realizar una transición segura, adecuada y justa».
Trump hizo un reconocimiento explícito de la Doctrina Monroe, al presentar la acción como parte de la histórica pretensión de definir el destino político del continente. Con respecto a Cuba, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo que es un país colapsado, gobernado por ineficientes y que si fuera parte del gobierno cubano estaría mínimamente preocupado.
Reportes periodísticos y testimonios aseguran que hubo ataques y daños en infraestructura cercana a la población, aunque aún no se tienen cifras sobre heridos y muertos. Toda operación armada en zonas urbanas expone directamente a familias, trabajadores, niños, ancianos, y la historia reciente en escenarios similares demuestra que los costos humanos suelen ser muy altos. Tampoco se justifica el bombardeo contra personal militar en una operación ilegal según el derecho internacional y la propia ley estadounidense.
Más allá de la opinión política que pueda tenerse sobre la gestión y legitimidad de Maduro, un ataque militar norteamericano para detener a un jefe de Estado (y a su cónyuge) tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que marca un cambio en la política exterior estadounidense, que ya no incluía intervención militar directa, por tanto, constituye un precedente particularmente grave en América Latina, puesto que puede ser el primero de otros casos.
La lógica del orden internacional contemporáneo descansa en la idea de que los Estados no deben usar la fuerza en el territorio de otro, un principio asociado a la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención como reglas básicas, para evitar que la relación entre países se convierta en una disputa de operaciones militares y «cambios de régimen» por la vía armada.
Pero cuando una potencia decide que puede capturar a un mandatario extranjero en su propia capital, el mensaje que se envía a la región es que la seguridad colectiva y la diplomacia quedan subordinadas a la lógica del más fuerte.
Incluso si Washington intenta justificar la acción con acusaciones penales, como las mencionadas imputaciones por narcotráfico o «narcoterrorismo», el estándar internacional no es la «extracción» militar, sino mecanismos como cooperación judicial, extradición (si procede), negociación diplomática, o decisiones multilaterales bajo marcos legales reconocidos.
De lo contrario, ningún país queda a salvo de que se vuelva a aplicar el mismo razonamiento con otro gobierno, otra coyuntura y otra narrativa. Vale cuestionarse las credenciales democráticas de quienes, en nombre de la democracia, apoyan hechos como estos.
Para Cuba, el precedente es doblemente peligroso, porque si el resultado final de estas acciones es positivo políticamente para Donald Trump, podría esperarse alguna acción contra la Isla, sobre todo porque podrá usar el argumento de haber «resuelto» un conflicto político en la región mediante la fuerza externa; no mediante negociación, instituciones y garantías. Teniendo en cuenta que América Latina es un continente con historia de intervenciones, este tipo de operación reintroduce el libreto conocido de sanciones, asfixia económica, escalada, y finalmente intervención militar.
Aunque aún es pronto para hacer diagnósticos, esto podría suponer también que se puede remover a un líder por la fuerza e intimidar a quien lo sustituya para que se pliegue a los intereses norteamericanos, sin un plan político claro para el país ni para su población, conectado con los intereses nacionales. No sería la primera vez que terminan así las intervenciones norteamericanas, Irak y Afganistán son ejemplos más recientes.
Basado en el derecho internacional, América Latina ha construido, con enormes dificultades y contradicciones, una tradición diplomática sustentada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía, principios que no interesan a la administración Trump
Aceptar como normal que los problemas políticos internos de un país puedan resolverse mediante operaciones militares externas implica redefinir el equilibrio regional desde la lógica de la fuerza. Se trata de un desplazamiento que aniquilaría los mecanismos multilaterales existentes y reduciría el margen de autonomía de los Estados latinoamericanos. En ese escenario, el resultado es un entorno más inestable y profundamente vulnerable a presiones externas.
Si la región tolera la expansión de respuestas militares cada vez más agresivas, lo previsible —como lo demuestra la historia de las intervenciones estadounidenses— no es la construcción de países más democráticos o más justos, y sí un aumento de la inestabilidad, la violencia, el debilitamiento institucional y el riesgo permanente de nuevas crisis.
Desde La Joven Cuba rechazamos esta violación del derecho internacional y el uso unilateral de la fuerza. La estabilidad regional solo puede construirse desde el respeto a la soberanía, la protección de la ciudadanía y las soluciones políticas, no militares.
2025 no fue un año mejor. Cuba cierra estos 12 meses, una vez más, con indicadores nada alentadores. Los precios siguieron subiendo, el producto interno bruto volvió a decrecer, las horas de apagón no se redujeron y los jóvenes siguieron emigrando en busca de una vida mejor. Con el país a este ritmo de deterioro, se hace muy difícil fabricar esperanzas.
Quizá algo de la escasez se hubiera compensado si la política hubiera podido sostenernos, pero tampoco. Más allá de las frecuentes ineficiencias y esas decisiones que no pocos juzgamos mal tomadas, el caso del exministro de economía Alejandro Gil, una figura sumamente cercana al presidente, condenado por corrupción y espionaje sin mayores explicaciones, puso sobre la mesa la falta de transparencia que opera tanto en la política cubana —como en las recientes renuncias—. Al menos que sepamos, este episodio no ha servido para corregir, ni siquiera, la política de cuadros del Partido Comunista de Cuba, que, por cierto, ha ganado tiempo antes de la rendición de cuentas quinquenal, con la posposición del próximo Congreso. Y considerando cómo se está viviendo, era lo más decente, a no ser que asumiera un papel realmente transformador de la política.
Si fueran a marcarse los hitos de este año, o la lista negativa de políticos protagonizando escándalos, imposible eludir a la exministra de Trabajo y Seguridad Social que desató una polémica sobre pobreza y desamparo en el país, fenómenos en sostenido crecimiento y reproducción sin que sean visibles medidas mitigantes de dichas situaciones.
Tampoco parece que vaya a resolverse con el Programa de gobierno, aplicadodurante un año sin que fuera público, y presentado tardíamente como objeto de debate.
Cuando más hace falta que la política cubana sostenga y acompañe, es cuando menos lo está haciendo. Sobre todo porque la distancia entre discurso y acción es cada vez más amplia. Ante cifras de mortalidad infantil más altas, un sistema de salud colapsado y una epidemia mal manejada, en lugar de generar una estrategia o algún plan para rescatar el sector, lo que se transmite en horario estelar son reportes de lo bien que marcha la informatización en hospitales cubanos. Con tantos hogares sin medicamentos donde se ha instalado el chikungunya, es difícil seguirle el paso a ese optimismo.
Pero algo político sí nos ha sostenido en gran medida: qué más político que las personas autoorganizadas para distribuir ayuda tras el paso de Melissa. Cuba entera movilizada es la evidencia de que todavía hay una capacidad de articulación para cooperar(nos), lo cual entraña una belleza particular porque significa que a pesar de todo, hay un sentimiento de colaboración susceptible de ser gestionado y convertido en accionar.
Ya dijimos antes que no se podía esperar más para hacer una reforma integral de la economía y para que emerja la voluntad política real de hacer cambios profundos. Volvemos a decirlo porque la vida no es, ni puede ser, resistencia constante. Llamar a la lucha perenne es muy falto de empatía. Si quienes hoy están frenando los cambios necesarios lo hacen en nombre de «salvar el socialismo», sepan que si las cosas continúan como van, habrá muy poco que salvar. Los que aún disfrutan del tiempo para darse el lujo de esperar, gozan de un privilegio que la mayoría no tiene. Pero es el estado de la mayoría el que debería estar dictando el sentido de la urgencia. La espera no puede seguir siendo una opción. El país merece más.
