¿Cómo juzgar la mendicidad y el trabajo infantil en Cuba?

—Cuando va a caer la tarde él se llega por aquí, con un vaso de esos para la medida del arroz que traen todas las ollas arroceras, pidiendo azúcar —dijo Mirian—. Si no es para prepararse un poco de agua con azúcar, es para hacerle un té al tío, bueno, el padrastro, tú me entiendes, porque tiene fatiga. Imagínate, yo le doy las veces que puedo, otras le digo que no ha entrado a la bodega. Su madre también puede lucharla, y que grite menos, que se la pasan con unos escándalos en esa casa que si te paras en donde vive Marta, desde ahí, ya se escucha todo.

—¿Y qué edad tiene? — le pregunté.

—Trece años, eso es un hombre. El otro día le estaba preguntando a Tony que cuánto cobraba él por chapear, para ponerse a hacerlo.

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El aumento de la brecha económica y social entre las personas, la creciente desigualdad social a la que esto conlleva, y en lo psico-social, el enfrentamiento que se produce entre los estilos de vida de quienes poseen mayor capacidad de consumo y quienes viven para garantizar condiciones indispensables de subsistencia, tiene sus consecuencias dentro de Cuba. En medio de esta realidad, suele aislarse el análisis y la crítica de fenómenos como el trabajo y la mendicidad infantil, de los que no existen estudios y estadísticas al alcance sobre cómo se manifiestan hoy —aunque no se equipara con la gravedad de otros países—, pero cada vez se hace más notable su crecimiento. 

Pero más allá de datos y números, es necesaria una lectura diferente para su comprensión y tratamiento por parte del Estado y las instituciones públicas correspondientes, así como por la comunidad. No basta con la individualizada por hogar, con moralizar a determinados sujetos por la proximidad genética al menor, o de velar porque se cumplan viejas normas de conducta y convivencia social que en definitiva sabemos que muchas veces proceden del consenso clasista y sexo-genérico patriarcal – burgués, con su aparato de representaciones hegemónicas acerca de los cuidados.

La escasa intervención del Estado en la resolución de problemas puntuales de la población, la incapacidad para subsidiar bienes y servicios en condiciones socio-económicas, territoriales y climáticas extremas, la distribución desigual de los recursos y su apropiación diferenciada tanto a nivel regional como social en el país, transita a la par de una distribución desigual de las responsabilidades familiares como parte de la división sexual del trabajo. Hombres y mujeres no asumen por igual sus deberes con relación a la paternidad y la maternidad, lo cual hace más vulnerables a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se desarrollan en hogares monoparentales de un solo ingreso o trabajos irregulares.

Hombres y mujeres no asumen por igual sus deberes con relación a la paternidad y la maternidad, lo cual hace más vulnerables a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes.

Desde el punto de vista socio-político, la crisis de cuidados también resulta de la tendencia a aislar las responsabilidades, y las experiencias de sobrecarga laboral que unos individuos padecen con mayor acento que otros. Los niños que están fuera de la casa son «responsabilidad de las madres», según designio y «sugerencia popular». La maternidad «negligente o descuidada», se interpreta como resultado de un hogar «disfuncional», sin considerarse los problemas socio-económicos que afectan directamente la integridad de los cuidados y a quienes son responsables de estos.

Un ejemplo de las problemáticas que afectan directamente la calidad de vida de los cubanos y cubanas, está determinado por el acceso al gas. Este recurso es bastante limitado y todavía existen fuertes requisitos para su asignación en territorios fuera de la capital, precisamente, en regiones donde los apagones o corte eléctrico por déficit energético suelen prolongarse horas y marcar la cotidianeidad de madres que deben cumplir con las exigencias y horarios de sus trabajos en el sector público. Este resulta uno de los recursos más costosos, incluso para quienes tienen la posibilidad de adquirirlo en el mercado negro o por contrabando. Solamente con la crisis electroenergética más reciente, en determinadas regiones del país, el precio del gas ascendió a 13 000 pesos cubanos.

El aumento del costo del dólar en el mercado informal, principal espacio de adquisición, no permite a quienes disponen de un salario promedio la capacidad de llegar a productos esenciales, y si se compara con los planes de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza extrema hacia el 2030, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1, 25 dólares al día, las condiciones generadas por las políticas económicas —mediada por la devaluación de la moneda nacional— hacen insostenible la vida para la mayor parte de las familias.

El aumento del costo del dólar en el mercado informal, principal espacio de adquisición, no permite a quienes disponen de un salario promedio la capacidad de llegar a productos esenciales.

De esta forma, niños, niñas o adolescentes en bicicleta vendiendo limones, dulces, proponiendo cigarros, solicitando azúcar o dinero en las casas para la merienda del día siguiente, frecuentando centros de presencia de turismo extranjero, ofreciéndose para trabajos de limpieza o chapeo de portales en horarios de clase o en momentos que habrían de dedicar al descanso y el juego, se hace cada vez más usual.

Respecto a la locación, esta realidad se manifiesta en zonas rurales y urbanas, especialmente en los espacios que padecen los efectos de la gentrificación, ya que hoy también debe hablarse de la composición clasista de los barrios en Cuba con dinámicas bien distantes entre unos y otros. Igualmente llama la atención, como particularidad, su arraigada presencia en los espacios de confluencia turística.

No solo se trata de descuido o desprotección, sino cómo impacta la subjetividad de los menores de edad: een medio de un contexto marcado por la escasez, se siembra el sentido de la responsabilidad laboral en la conciencia del infante o adolescente, lo cual resta valor a procesos significativos como los estudios, y puede implicar que no disponga de tiempo para el juego o actividades recreativas.

Por otra parte, son significativamente vulnerables a la manipulación y el abuso, por lo que están en riesgo su salud e integridad emocional y física. El agotamiento mental, el trauma de la insostenibilidad familiar, u otros posibles problemas como el acoso sexual —dada la inseguridad de muchos lugares por los que transitan o las casas en que se les da bienvenida— pueden resultar en graves lesiones en el curso de su crecimiento y edad adulta.

Panorama de la mendicidad y el trabajo infantil

La mendicidad infantil, uno de los problemas característicos de los centros públicos de Latinoamérica, resultado de la desigualdad y desprotección social, puede ser sumamente romantizada y naturalizada por los códigos de expresión y símbolos del neoliberalismo. La imagen del niño, niña o adolescente en la calle que pide comida, dinero, chuches u ofreciéndose como fuerza laboral, en filmes y telenovelas, en ocasiones se explica como una suerte fatídica que corresponde a unos. Sin embargo, no es otra cosa que un proceso de naturalización, propio de la ceguera que se presenta dentro de las propias élites de poder al presentar su tratamiento.

A partir de la segunda mitad del siglo XX cubano, imágenes de este tipo se tornaron impensables, hasta quedar en la memoria colectiva como representación de un pasado al que no se volvería jamás. Existen historias como las de muchos de nuestros abuelos, quienes ya trabajaban con solo nueve o 12 años para contribuir a la alimentación de hogares y familias numerosas en oficios como el de limpiar botas. Sin dinero para sostener un alquiler seguro, sin medios anticonceptivos al alcance y en extrema pobreza, algunos de nuestros bisabuelos delegaron responsabilidades en sus hijos mayores para sobrevivir.

La mendicidad y el trabajo en las calles de infantes es sin dudas un apéndice angustioso de la historia, y aunque hoy, como fenómeno no es comparable con la situación en otros países de la región, su retorno y emergencia responde a determinantes estructurales —socio económicas y socio políticas— que solo pueden agudizarse con la crisis  económica y política actual.

La mendicidad y el trabajo en las calles de infantes es sin dudas un apéndice angustioso de la historia.

En países como México y Colombia, puede verse este fenómeno asociado a redes de explotación del trabajo infantil con fines sexuales, al tráfico de drogas e incluso formas de esclavitud doméstica contemporánea muy solapadas, de modo que es importante alertar sobre su condición actual para impedir un posterior proceso de naturalización. 

Si bien el país se acoge a numerosas resoluciones que protegen los derechos de NNA, y existe un marco normativo favorable —para lo cual el Código de las Familias presenta novedades que secundan la Declaración de los Derechos del Niño y la Plataforma de Acción de Beijing—, no es suficiente a la hora de relacionar las responsabilidades que en torno a los menores tienen la familia, la comunidad y la escuela, mucho menos de hacer eficiente este proceso para que desemboque en una mayor seguridad de los mismos.

Muchas políticas públicas, en el contexto actual, deben demostrar su efectividad, y para ello, es elemental en su diseño e implementación, por un lado, el enfoque integral —feminista, antirracista, popular, socialista— y por el otro, la voluntad de contribuir y dar rienda suelta a su institucionalización. 

Hasta ahora, las políticas públicas no han sido capaces de reducir de forma definitiva la pobreza, lo cual depende indudablemente del lugar de redacción y enunciación. Es cada vez más evidente que deben involucrarse a todos los sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil para definir indicadores y jerarquizar necesidades. Para ello los estudios y diagnósticos sobre las dinámicas demográficas deben ser cada vez más profundos y en consecuencia, ser socializados, no controlados, tanto para la ejecución de proyectos como para el análisis y monitoreo posteriores.

Hasta ahora, las políticas públicas no han sido capaces de reducir de forma definitiva la pobreza, lo cual depende indudablemente del lugar de redacción y enunciación.

El tratamiento diferenciado debe ser una de las premisas en el contexto de elaboración y ejecución de las políticas públicas, si realmente se pretende reducir o eliminar la desigualdad. Como tal, el tratamiento diferenciado parte de la premisa de que no todos poseen las mismas condiciones de partida en la búsqueda de la equidad, y conlleva a considerar críticamente desde el punto de vista político, las responsabilidades del Estado y las esferas de poder que dictan cómo debe organizarse la vida.

Con relación a la problemática abordada, no se persigue otorgar impunidad por negligencia a los padres, madres o abuelos que son responsables inmediatos del cuidado, sino de ofrecer pautas que contribuyan a la resolución real de un problema que no puede por mucho, aislarse. En ese trayecto, debe reconocerse, que Niño, Niña, Adolescente y Mujer, son categorías políticas según el escenario, pues pueden estar ubicados en posiciones de desventaja y expropiación.

Esta condición de inseguridad para algunos también se encuentra favorecida por las comunidades inmediatas desde donde se reproduce la vida y los espacios de poder-dominio que se constituyen a todas las escalas, desde los cuales se alimentan y difunden juicios de valor para el sostenimiento de roles sociales con apego a una conciencia de género y clase. La expropiación de los derechos de las NNA se debe también al modo en que el entorno macro —la sociedad en su conjunto— se relaciona con estos y sus familias.