Se confirma que el Fondo Buitre CRF es acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba, pero no del Estado cubano

La noticia es que el Banco Nacional de Cuba (BNC) sufrió un revés en su litigio contra el fondo inversor CRF, denominado por Cuba como fondo buitre, que le reclama el pago de una porción de una deuda contraída por la Isla en los años 80, y que dicho fondo obtuvo décadas después, alegando ser el acreedor legítimo del entonces banco central, ahora Banco Nacional de Cuba.

El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso presentado por la entidad cubana que sostenía que CRF no podía demandar el pago de la deuda porque no era acreedor legítimo. Sin embargo, la corte falló, tras varias audiencias y un prolongado proceso judicial, que el fondo buitre es efectivamente el acreedor legítimo, lo que le permitiría reclamar esa deuda en otro proceso judicial.

Para CRF, esta decisión representa una victoria determinante: «Esta decisión unánime es un hito fundamental en nuestros esfuerzos por lograr justicia y hacer cumplir los derechos contractuales», declaró a EFE Jeet Gordhandas, representante del fondo de inversión.

Por otro lado, aunque quedó claro que bajo la ley inglesa el Banco Nacional de Cuba es el deudor de CRF, también se determinó que esta deuda no podrá ser reclamada al Estado cubano, sino únicamente a la institución que contrajo el préstamo. Por lo tanto, si el BNC se declarara en bancarrota, los acreedores no podrían ir contra el Estado cubano.

Tras el fallo a su favor, el fondo CRF aseguró que continuará con su litigio contra el BNC si este no accede a negociar. Hasta el momento, ni el banco ni ningún otro medio cubano han informado sobre lo sucedido ni los pasos a seguir por parte de esta institución.

CRF es un fondo inscrito en las Islas Caimán que exige a Cuba el pago de más de 72 millones de euros en deuda soberana, tras préstamos contraídos en los años 1980 en marcos alemanes, una moneda que ya no existe. Cuba contrajo esa deuda con dos bancos europeos, Credit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano, pero la deuda pasó de mano en mano, como suele ocurrir en este tipo de negocios. Los llamados fondos buitres son empresas que compran a bajo costo deudas con poca probabilidad de ser saldadas para luego litigar insistentemente; si ganan, obtienen grandes beneficios. Esa deuda fue adquirida por un banco chino en 2019 y luego comprada por CRF.

En 2023, la corte inglesa ya había dictaminado que CRF había adquirido legítimamente esa deuda impagada del BNC. En aquel momento, la jueza afirmó que el fondo había ganado contra el BNC, pero perdió contra Cuba, ya que la audiencia dictaminó que el deudor no era el Estado cubano, sino el BNC.

La deuda total asciende a 1.200 millones de euros, pero el caso actual se centra en una parte de esa deuda, una práctica habitual en la que el fondo intenta cobrar una parte, ante la imposibilidad de obtener el monto total de la deuda inicial.

Esto significa que el fondo CRF, al menos ante los tribunales ingleses, recupera su posición como litigante en este conflicto, y, por tanto, el BNC podría estar sometido a otros procesos judiciales en el futuro.

Este proceso ha tenido episodios que no han sido debidamente contados. Según la defensa cubana, el traspaso de la deuda ocurrió de forma fraudulenta por parte del exdirector de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, quien fue sancionado por dicha acción. Sin embargo, para la justicia inglesa, este elemento no invalida el proceso, ya que posteriormente el BNC respondió a cartas de los representantes legales de los nuevos acreedores.

Hasta el momento, lo que queda claro es que:

1. La jueza determinó que la cesión de la deuda del BNC era válida, de acuerdo con la ley inglesa, incluso si Olivera (el funcionario del BNC) hubiese excedido sus funciones al aceptar la cesión, por lo cual CRF podrá exigir el pago como acreedor legítimo.
2. El Estado cubano no podía ser considerado garante del BNC, ya que tras la reestructuración del sistema bancario, el BNC pasó a ser un banco comercial y las funciones de entidad estatal rectora fueron asumidas por el Banco Central de Cuba.

Por lo tanto, si el BNC se declara en bancarrota, los acreedores no pueden reclamar al Estado cubano, aunque el banco sea de propiedad estatal, ya que en derecho mercantil los demandantes no pueden levantar el velo corporativo para ir tras los accionistas de una corporación en quiebra, salvo en casos que cumplan ciertos requisitos especiales.

Aun así, lo que parece un caso jurídico interminable puede convertirse en una verdadera pesadilla. Los llamados fondos buitres tienen un historial depredador en otras economías de América Latina. En Argentina, a principios de los 2000, un fondo similar logró aislar a ese país de los mercados internacionales, limitando su acceso durante 12 años, en un caso que Argentina perdió contra el fondo de inversión Elliott Management Corporation, el cual ganó el juicio tras la quiebra de ese país en 2002, con efectos que se extendieron hasta 2012, cuando embargaron la fragata Libertad en el esquema de apropiación de activos como forma de pago de la deuda. Según la BBC, el fondo logró que el Estado argentino le pagara 1.300 millones de dólares por una deuda que había adquirido por 40 millones.

Si bien las situaciones son diferentes y, hasta el momento no parece que el Estado cubano pueda ser considerado deudor, este caso es un antecedente del poder que pueden tener estos fondos de inversión, cuyos principios éticos son cuestionables, pero su capacidad de armarse con ejércitos de abogados los fortalece frente a entidades financieras débiles, como el BNC.

Por otro lado, el proceso legal ha generado múltiples controversias. Cuba ha defendido su caso utilizando los servicios de Lourdes Dávalos, quien trabajaba en el bufete Uría Menéndez Abogados. La abogada e influencer cubana es actualmente «socia directora» de Dávalos Abogados, otro bufete inscrito en España, que se describe como «la primera firma boutique hispano-cubana de derecho mercantil especializada en asuntos internacionales complejos con Cuba». Su padre, Rodolfo Dávalos —quien aparece como «socio honorífico»— es un conocido jurista, profesor de derecho y litigante por parte de Cuba en varios conflictos internacionales. Según un reporte de prensa, la abogada ya no forma parte de Uría Menéndez Abogados, por lo que se desconoce si sigue vinculada al caso.

La falta de transparencia en el proceso ha generado múltiples alarmas sobre la gestión de estos conflictos, con cuestionamientos sobre posibles relaciones de favoritismo en la selección de quienes representan al país.

Nuestra opinión es que, aunque el fondo CRF está incurriendo en prácticas controvertidas desde el punto de vista ético, el sistema financiero internacional valida estos procedimientos. Si Cuba desea insertarse en dicho sistema, deberá hacerlo respetando estas normas, por más injustas o inequitativas que parezcan.

Estos fondos operan así: las deudas son activos que posee el acreedor y, aunque no hayan sido los acreedores originales, pueden exigir su pago.

Esta no es una buena noticia para un país que tiene una elevada deuda con el Club de París y una incapacidad de pago que lo desprestigia como socio válido o confiable. Litigar este proceso y defenderse de un fondo buitre es una obligación para el gobierno cubano, pero también lo es transparentar esta situación y poner a los profesionales y firmas más capacitados al frente, que deberían ser elegidos mediante un proceso de licitación claro, pues representan a entidades públicas financiadas con el dinero de todos.

Aunque se desconoce el próximo paso, es probable que CRF continúe con sus acciones legales, ahora con la sentencia tras la apelación que los valida como acreedor legítimo. Por lo tanto, podrían empujar al BNC al banquillo de los acusados, con alguna posibilidad de éxito, en un caso que pondría a la Isla en una situación aún más precaria frente a las instituciones financieras internacionales.