Las muchas caras del financiamiento internacional

Esta opinión contradice el artículo 143 del Código Penal, y señala buenas y malas prácticas en el recibimiento de financiamiento internacional en Cuba. Las fuentes de fondos son tan diversas como sus intenciones, pero al respecto casi no existe una conversación en nuestra esfera pública, sino propaganda, histeria y superficialidad. Tanto los apologistas de esos fondos como sus críticos, suelen generalizar y evitar matices para utilizarlo en función de agendas e intereses.

Desde hace nueve días la administración Trump congeló los fondos de ayuda internacional de los que dependen millones de personas con VIH que necesitan retrovirales, niños desnutridos en Etiopía y el África Subsahariana, familias en Gaza, Sudan y Siria que necesitan atención de salud, personas con malaria, refugiados de zonas en conflicto y muchos más. USAID, el Departamento de Estado y el Millennium Challenge Corporation contribuyen a disminuir la pobreza y desarrollar países mediante financiamiento internacional, aunque a veces exigiendo cambios internos y selectivamente. Y esto último es el problema.

A diferencia del trabajo humanitario que hace USAID en países vecinos como Haití y República Dominicana, su mandato hacia Cuba es distinto. La organización está obligada a seguir el marco legal expresado en la Ley de Democracia Cubana (Torricelli) y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton). Al poner el foco exclusivamente en gobernanza democrática, sus actividades son parte de un programa amplio de cambio de régimen. Entonces, vamos a centrarnos en los fondos dedicados a Cuba específicamente por el gobierno federal y el financiamiento internacional que reciben.

En la práctica, la asignación de recursos de la USAID (y la NED) ocurre bajo criterios de selectividad política, reciben fondos, no las organizaciones con más solidez e impacto, sino aquellas que puedan desestabilizar más efectivamente el sistema político encabezado por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Por lo general, los sectores moderados que no tienen una militancia opositora y los que están cercanos a las instituciones reciben poco o ningún interés; se centran en quienes practican agitación política de algún tipo, a menudo los más radicales. En un mundo polarizado, nada puede desestabilizar más nuestro futuro, aunque ello no exime de responsabilidad al gobierno cubano respecto a la situación actual del país.

Podría argumentarse que, si bien es necesario fomentar valores democráticos en todo el espectro social cubano, son los actores radicales en el gobierno y la oposición quienes más lo necesitan. Sin embargo, para ese diálogo nacional, que sería un verdadero aporte a la democracia, no están destinados los fondos federales. En su lugar se dedican a empoderar la parte del espectro social cubano que les resulta favorita, y eso no es fomentar la democracia sino moldearla a sus intereses.

Por otra parte, los donantes que financian organizaciones y medios de este tipo, muchos con las mejores intenciones hacia Cuba, terminan trabajando con figuras radicales de extrema derecha que no apoyarían en su propio país. Eso habla de la falta de opciones en Cuba, pero también de que es necesario un mayor interés por explorar alternativas. Y muchos de los que aceptan tales fondos, siguen la lógica de que contra el poder represivo del gobierno cubano todo vale, mientras reclaman que contra ellos se aplican métodos ilegítimos. Todo vale tanto para la oposición como para el gobierno, y ojo por ojo, así estamos ciegos.

Si la existencia de organizaciones y medios independientes fuera voluntad del Estado cubano, no existirían en absoluto. La mentalidad de Guerra Fría y el desinterés en adoptar normas democráticas básicas rigen todavía el Palacio de la Revolución. El recibimiento de fondos se utiliza por el gobierno como una herramienta para desacreditar y perseguir a sus adversarios. Nótese que el Estado podría educar en buenas prácticas y crear un marco legal que permita opciones de financiamiento respetuosas del orden institucional, evitando así la dependencia de los fondos de cambio de régimen. Pero en el Comité Central no son muy sofisticados.

Esta tirantez también es el resultado de décadas en que la oposición ha estado marginada de participar políticamente en el país. Son comprensibles las reservas gubernamentales de no permitir la competencia política a un sector que recibe inyecciones financieras del exterior mientras se asfixia al Estado cubano por otra parte. Tampoco ha existido un plan de inserción política que pase por el reconocimiento de la soberanía nacional, incentivando a los opositores a crear una base económica propia en lugar de esperar que las crisis engrosen sus filas, y al Partido Comunista financiarse por sus seguidores y no con el erario público. Si la oposición no puede recibir dinero de quienes la apoyan en el exterior, ¿por qué el Partido puede disponer de la caja pública?

Hay otra dimensión en este debate que es humana. En condiciones de crisis económica, no es de extrañar la virulencia con que reaccionan los que se benefician de estas organizaciones, hay familias enteras que dependen de esos fondos. Se puede entender las condiciones de vulnerabilidad —no solo económica sino política— de quienes reciben apoyo de la USAID y la NED. Pero cabe preguntarse si esa empatía es recíproca, si han pensado en todos aquellos que están marginados de acceder a tales oportunidades. Desde grupos de apoyo a enfermos de cáncer, hasta quienes quieran preservar la herencia cultural del país, ninguno tiene acceso a ellos.  Si ser un activista político es el examen de pureza para tener acceso a fondos federales, se convierte en un privilegio más que un derecho.

Es grande la capacidad humana para racionalizar y justificar aquello que se necesita, más aún si se hace por necesidad. Pero toda la empatía del mundo no cambiará el hecho de que aceptar fondos de un país, cuyo único destino es cambiar el sistema político de otro, es una práctica no aceptada por el derecho internacional:

1. Viola el principio de soberanía nacional de la Carta de las Naciones Unidas, que sugiere que la interferencia extranjera en los asuntos políticos de un país puede violar el derecho internacional.
2. Viola la Declaración de la ONU sobre Relaciones de Amistad, que especifica cómo los Estados no deben interferir en el sistema político, económico o cultural de otro. El propio Estados Unidos es uno de sus signatarios.
3. Violaría la Carta de la OEA, si fuéramos miembros, porque prohíbe la interferencia externa en los procesos políticos internos de los Estados miembros.
4. Existen precedentes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que condenan tales prácticas, como Nicaragua vs. Estados Unidos (1986). En este la CIJ determinó que Estados Unidos violó el derecho internacional al financiar y armar a la «Contra» nicaragüense para desestabilizar al gobierno, y reafirmó que la asistencia financiera a grupos opositores en otro país puede constituir una intervención ilegal.
5. En el propio Estados Unidos, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (1938) obliga a las entidades que reciben fondos extranjeros para actividades políticas a registrar públicamente que trabajan al servicio de otro país.

Quienes reciban estos fondos pueden seguirlo haciendo, es una decisión individual, LJC no lo hace. Le sugiero a mis colegas en La Joven Cuba que se mantengan lejos de rastrear fondos estadounidenses y quiénes lo reciben, para no facilitar la persecución estatal que generalmente cae sobre las personas más vulnerables. Como tampoco deberíamos estar rastreando operaciones comerciales del gobierno cubano para no facilitar las medidas coercitivas que pesan sobre toda la ciudadanía. Pero señalar las normas en el terreno internacional, las buenas y malas prácticas en este sector, no debería indignar a nadie.

Vale aclarar que los fondos para ayuda al desarrollo que brindan numerosos países y organizaciones a Cuba son perfectamente legítimos, no tienen un objetivo de injerencia política ni forman parte de un programa violatorio del derecho internacional. Son fuentes de financiamiento que a menudo son atacadas por sectores extremistas de la oposición, que al parecer se consideran los únicos destinatarios posibles. También, tales fondos son capitalizados generalmente por el Estado cubano, que se comporta como si fuera el único que debe contribuir al desarrollo nacional.

Sirva la oportunidad también para recordar que ninguna organización independiente en Cuba tiene marco legal para recibir fondos internacionales, así que pedirle a La Joven Cuba que transparente sus fondos es una invitación a la persecución de sus actividades. Habitualmente quienes lo hacen no se lo exigen a ningún otro medio, ni estatal, ni independiente del PCC. Para ellos hay periodistas que merecen ser protegidos, y otros no. Como siempre, preocuparse solo por los cubanos favoritos.

Los próximos cuatro años serán reveladores en este sector. Imagino sea muy incómodo trabajar en una organización con agenda feminista o de derechos LGBTIQ+, mientas se espera apoyo de un gobierno que solo reconoce «dos sexos» y destruyó el derecho al aborto. Debe ser peculiar declarar fines democráticos para Cuba en una solicitud de fondos a la administración Trump, que no ha respetado normas democráticas ni en su propio país. Debe ser difícil para los diplomáticos estadounidenses en La Habana coordinar ayudas que deberían propiciar buena gobernanza, cuando saben que su hogar está en plena regresión democrática. Pero son preguntas que muchos prefieren no hacer.

Los preocupados específicamente con la ayuda internacional para cambio de régimen que brinda el gobierno federal estadounidense, pueden descansar tranquilos. Los dineros para alimentar niños en África podrán acabarse, Gaza se quedará sin agua potable, pero los fondos para financiar a los cubanos favoritos de la Casa Blanca estarán disponibles muy pronto. Marco Rubio se asegurará de eso.