Excarcelaciones reanudadas en Cuba: ¿justicia o estrategia política?

La noticia es que el gobierno cubano ha continuado las excarcelaciones de prisioneros como parte de los beneficios penitenciarios anunciados el 14 de enero de 2024.

En el comunicado publicado en ese mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se beneficiarían con otorgamiento de libertad a 553 personas, sancionadas por delitos diversos, y si bien varios de los excarcelados hasta ahora, que ya suman 223 según la plataforma opositora que monitorea estos temas Justicia 11J, han estado cumpliendo sentencia por eventos relacionados con protestas públicas, también han sido liberados presos comunes.

El gobierno cubano reiteró que la decisión de ofrecer beneficios de licencia extrapenal a este medio millar de personas era una medida soberana, y apegada a una práctica habitual. Sin embargo, la coincidencia en el tiempo con el anuncio de la administración Biden de retirar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, y la eliminación de la Lista de Entidades Restringidas, junto al anuncio de que La Habana excarcelaría personas, condujo a la interpretación de que las excarcelaciones eran una respuesta a una demanda de Washington a cambio de la cual la política de Estados Unidos se flexibilizaba, —lo cual sí dijo claramente la Casa Blanca.

Más adelante, organizaciones de la oposición dedicadas a registrar los presos por razones políticas en la Isla habían señalado que luego de la reincorporación de Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo con la llegada de la administración Trump, el gobierno cubano había detenido las excarcelaciones. Pero, a pesar de la aparente pausa de un mes, ahora empiezan a ser liberadas otras personas, como parte de un proceso que desde la declaración inicial se dijo que sería paulatino.

Según publicó la plataforma 11J en X, «luego de más de un mes de pausa en el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad por razones políticas, y de múltiples llamados a la acción a la comunidad internacional, hemos recibido información que sugiere que se han retomado las excarcelaciones producto de negociaciones». No aclaran negociaciones con quién, si con el Vaticano, como afirma el gobierno cubano, o con el gobierno estadounidense.

Según esta plataforma, desde el jueves 27 de febrero hasta esta semana se habían liberado 13 personas, varias de las cuales cumplían penas por su participación en las protestas del 11 de julio, incluyendo vandalismo y robo a tiendas estatales.

Entre los presos liberados están los también abiertamente opositores y participantes en las protestas Rolando Sardiña Fernández y Geovani Sepúlveda Martínez. Este último denunció haber sufrido la falta de medicamentos y otras violaciones a sus derechos. También reportó que era el único sustento de sus padres enfermos y de edad avanzada. La misma fuente señaló que Sardiña Fernández, conocido como El Koka, se entregó voluntariamente tras manifestarse, devolvió bienes y pagó daños, pero recibió 12 años de prisión. Su hermana anunció su excarcelación tras cumplir casi cuatro años y pidió la liberación de otros presos.

Esto pudiera significar varias cosas:

1. Que las excarcelaciones combinaran presos por razones políticas y otros comunes. Durante este período también fue liberado el Tricampeón Olímpico Félix Savón, quien cumplía condenas, presuntamente, por abusos a menores. Una posibilidad es que el gobierno, durante el período marcado como pausa, estuviera liberando a presos comunes que no constan en el registro de las organizaciones dedicadas a contar únicamente a los presos por razones políticas.

2. Que ante la imposibilidad de que fuera viable alguna otra negociación con Estados Unidos usando a esos presos como moneda de cambio para que se eliminaran sanciones, el gobierno, en un acto soberano, decidiera cumplir su palabra con el Vaticano, y de paso, en la arena internacional aliviar tensiones con partidos políticos de corte socialdemócrata —que si bien son aliados ante la lucha contra medidas coercitivas norteamericanas, son fuertes críticos de la existencia de presos por razones políticas—, y con sectores no hostiles dentro de la Isla, que por razones humanitarias también se cuestionan la permanencia de estas personas en las cárceles.

Ante las opacas explicaciones que se han dado hasta el momento, solo queda especular.

Los beneficios que se les otorgan a estas personas no son amnistías ni eliminación de las sentencias, sino una especie de libertad bajo palabra, que les permite terminar de cumplir sus condenas en libertad. Esto ha sido interpretado como una forma de control y coacción sobre dichas personas fuera de las cárceles. Sin embargo, algunos de los excarcelados han continuado su activismo opositor nada más salir de la prisión.

Por ejemplo, el activista José Daniel Ferrer afirmó en una entrevista que hubiera preferido morir en prisión a deber su liberación a una negociación que consideraba «indigna». Igualmente, a pocos días de liberado se reunió con Mike Hammer, jefe de la Embajada de EEUU en La Habana, quien ha hecho un periplo por toda la Isla parando en casa de la mayoría de los líderes y figuras visibles de la oposición.

Habría que ver si estos excarcelados mantendrán esta condición si continúan opinando públicamente contra el gobierno. Si bien algunos activistas, como Ferrer, han denunciado citaciones por parte de los organismos de seguridad, hasta el momento ninguno ha vuelto a la cárcel de forma permanente.

Nuestra opinión es que las condenas a los manifestantes 11j siempre fueron más políticas que sustentadas en razones jurídicas reales. Algunos cometieron delitos violentos, pero las penas sobrepasan con creces la gravedad de estos en casi todos los casos.

Se trata mayoritariamente de personas provenientes de familias de los estratos más vulnerabilizados de la sociedad, que se vieron en una situación límite en medio de la pandemia y la crisis económica agravada, además de la combinación de decisiones internas de mal gestión del gobierno y las medidas coercitivas de Estados Unidos.

Las altas condenas, si bien desde un realismo político amoral pudieran verse como una estrategia disuasiva funcional ante otras manifestaciones, a la larga terminan debilitando más el consenso social. Por tanto, si continúan estas excarcelaciones, sería un paso hacia la dirección correcta para iniciar un proceso de reconciliación nacional, aunque están muy lejos de ser todo lo que se necesita.

Si bien algunos cometieron actos que están claramente tipificados como delitos, la inmensa mayoría de las personas se unieron al reclamo social del momento, en un país en el que las protestas antigubernamentales no son hábito, y en la mayoría de los casos reciben represión.

Solamente una asociación no gubernamental, en la historia reciente, ha podido realizar marchas con permiso del gobierno: los animalistas. Fuera de eso, el procedimiento para poder manifestarse no es de dominio público, y es activamente ocultado. Todo ejercicio de reunión relativamente grande con fines políticos es visto con sospecha y se criminaliza de manera rápida.

El gobierno cubano debe encontrar una forma distinta de lidiar con personas que son abiertamente opositoras. Aunque es bastante frecuente que muchos opositores terminen siendo succionados por la maquinaria de programas de promoción a la democracia patrocinados por el gobierno estadounidense, no todos pueden ser tildados de «traidores», y no debe usarse esa excusa para criminalizar todo tipo de disenso político.

Si bien los espacios de crítica son cada vez más amplios y naturalizados, especialmente en las redes sociales, el escrutinio sobre aquellos voceros que ganan alguna tracción popular y que se vinculan con gobiernos extranjeros a través de sus embajadas son perseguidos, llamados a interrogatorios ilegales, y sometidos a procedimientos de acoso e intervención de su privacidad sin una cobertura legal.

Cuba es un país que ha tenido que sobrevivir durante seis décadas a una agresión en forma de terrorismo, sanciones y bloqueos económicos. El comportamiento aprendido es el de sobrevivir a una guerra, en la que toda oposición es vista como traición. La manera de conducir la diversidad de opiniones políticas no puede ser eternamente en torno a la represión, o la censura, porque es insostenible. Mientras tanto, las condiciones de vida empeoran, el gobierno es incapaz de ofrecer esperanzas o planes que se traduzcan en una mejoría en la vida de la gente, y mantiene los canales de comunicación con los ciudadanos muy pobres, reforzando la noción de que la opinión y el sufrimiento de los ciudadanos no es importante, porque no son escuchados.

Esta práctica conduce a que muchos escojan gritar más alto o ventilar sus incomodidades en redes sociales, y hacer de ese activismo combustible para llamar la atención, pero que no llega lejos porque las condiciones para promover una sociedad más participativa, con discusiones honestas y respuestas directas a las demandas del pueblo parece más un sueño, que una realidad en el corto plazo.

Suscribimos la opinión de uno de nuestros autores, quien recientemente afirmó que «no se puede enarbolar durante décadas la bandera de la justicia social y el humanismo, y pretender luego conciliar a la gente con que se use toda la violencia del Estado contra personas provenientes de los sectores más empobrecidos de la sociedad […] Reclamar la liberación incondicional de todos los presos, no de un grupo seleccionado bajo criterios imprecisos, también es un signo de coherencia».