Reclamos estudiantiles y docentes ante el «paquetazo» de Etecsa

La noticia es que estudiantes y profesores de varios centros docentes del país se han pronunciado rechazando las más recientes medidas de la empresa telefónica cubana Etecsa, que limitan y encarecen drásticamente el acceso a Internet en la Isla.

Luego de anunciadas las medidas, el 31 de mayo se publicó un comunicado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de cinco facultades de la Universidad de La Habana (Facultad de Comunicación, Facultad de Química, Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, Facultad de Matemática y Computación y Facultad de Filosofía, Historia y Sociología).

La misiva expresaba la «inconformidad con el modo en que fueron implementadas las medidas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) las cuales limitan de manera significativa el acceso a internet para la población estudiantil y el conjunto de la ciudadanía». Además, agregaba que «estas medidas restringen el derecho fundamental a la información, la educación y la comunicación, pilares esenciales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes».

El comunicado finalmente proponía «a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) y a las autoridades competentes la revisión de estas medidas, que resultan perjudiciales para el desarrollo integral de la juventud y la sociedad en general; así como la búsqueda de alternativas con el objetivo de solucionar los inconvenientes para grupos específicos como las juventudes universitarias».

Por otro lado, el Consejo de la FEU de la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) del ISA denunció el 31 de mayo que las nuevas tarifas de Etecsa «vulneran directamente el desarrollo artístico y académico» de los estudiantes, al «ignorar las necesidades específicas de creación e investigación». La declaración destaca que los proyectos audiovisuales dependen de plataformas digitales como YouTube y otras redes sociales para su difusión, así como de herramientas en línea para la producción, postproducción y formación continua. En este contexto, limitar el acceso a Internet compromete tanto la dimensión creativa como la educativa del arte joven cubano.

La carta alerta que las medidas «nos excluyen de oportunidades profesionales», como residencias, festivales de cine y talleres internacionales, cuyo acceso hoy depende casi exclusivamente de plataformas digitales. Además, advierte que «mutilan el derecho al conocimiento que sustenta un arte cubano contemporáneo». Por ello, el consejo exige que Etecsa revise «inmediatamente el precio de los nuevos paquetes», y afirma con claridad: «el acceso a Internet hoy no es un lujo sino una necesidad para los artistas y realizadores audiovisuales: sin luz ni internet se condena el arte joven al ostracismo».

Luego de estas y otras publicaciones tuvieron lugar varios diálogos entre autoridades nacionales, directivos de la empresa y representantes de la FEU. En este espacio, Ricardo Rodríguez González, actual presidente nacional de la Federación, además de relatar los encuentros, señaló la preocupación de los universitarios, especialmente de las carreras científicas y tecnológicas, por el alto consumo de datos que requieren sus estudios.

El joven hizo hincapié en que «los enemigos de la revolución con muy mala intención han tergiversado esa postura, esa posición también de inquietud que se ha suscitado en la comunidad estudiantil universitaria y han tratado de manipular esa visión para buscar una confrontación». Sin embargo, no mostró rechazo a las propuestas que la empresa presentó, ni confrontó a sus directivos.

En ese mismo espacio se anunciaron varias medidas «paliativas»: la posibilidad de que los universitarios adquieran un segundo paquete de 6 GB por 360 CUP (12 GB totales por 720 CUP); la habilitación de sitios educativos exentos de consumo de datos; el impulso a plataformas nacionales como Todus con tarifas diferenciadas; el refuerzo de zonas Wi‑Fi en universidades y escuelas; y facilidades de acceso para estudiantes menores de 18 años con autorización paterna.

Asimismo, se propuso la extensión a 35 días de la vigencia de todos los planes, con acumulación de megas si se recarga antes de vencer, y la introducción de un plan de datos extra intermedio por debajo de 3 360 CUP, que no ha sido anunciado hasta el momento.

Sin embargo, varios estudiantes y profesores no estuvieron conformes con los acuerdos negociados, lo cual suscitó otra oleada de comunicados.

La primera carta visible en respuesta a las «contrapropuestas» fue la de la Facultad de Matemática y Computación (Matcom), que convoca abiertamente a un parón de clases desde el miércoles 4 de junio hasta que se diera: la revocación de las nuevas medidas impuestas por Etecsa, la realización de un encuentro abierto a todo el estudiantado y la participación conjunta en «la propuesta de solución de todos los sectores de la sociedad afectados por esta medida».

La comunicación se difundió a través de un canal de Telegram llamado MatCom‑FEU que dejó de ser público muy poco después de publicado el post. El texto también sostiene que las explicaciones de Etecsa «no han dado soluciones factibles al pueblo» y convida «a la dirección de nuestra Universidad de La Habana a reconocer legítima esta protesta en función de ser una institución pública que se debe a representar a su estudiantado, como ha demostrado con total entereza y convicción hasta el momento, para de esta manera evitar la tergiversación en nuestras revolucionarias y honestas intenciones que no se contentan con privilegios para los universitarios sino en soluciones claras para el pueblo».

En paralelo, la FEU y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), en otro comunicado, reprocharon la poca transparencia del proceso de toma de decisiones para las medidas y el escaso rigor técnico con que se justificó el límite de 6 GB, al tiempo que rechazaron la acción de «beneficiar solo a estudiantes universitarios» mientras se excluye «docentes, investigadores, trabajadores de la salud y parte importante del pueblo, además de crear desigualdades inadmisibles en un sistema socialista».

El texto subraya que «ampliar a 12 GB para universitarios es un parche burocrático» cuya lógica y datos de respaldo deben explicarse; asimismo, indica que la medida «fomenta un nuevo mercado informal» de reventa de saldo. Para despejar estos problemas, la CUJAE propone revisar la restricción de recarga nacional, introducir bonos nocturnos y paquetes económicos, y abrir un diálogo periódico con Etecsa que involucre a otros sectores vulnerables, de modo que cualquier ajuste beneficie a toda la sociedad y no recaiga, otra vez, sobre los usuarios.

Punto aparte merece la carta de la FEU de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social, en la cual se afirma que los estudiantes «no se movilizan por privilegios sectoriales, sino por la justicia social», mientras insisten en que «la posición del estudiantado de nuestra facultad ha sido el diálogo y la construcción colectiva». A esa vocación propositiva añade que «contamos con la madurez política y la capacidad de pensamiento crítico suficiente para organizarnos, movilizarnos y mantenernos firmes en nuestros principios sin sucumbir a la influencia de entes externos».

La carta desmiente la narrativa oficial sobre «problemas de comunicación» al marcar: «la profunda impopularidad de las nuevas ofertas de ETECSA no se debe en absoluto a una comunicación deficiente, como aseguran sus directivos, sino a la adopción de medidas desde la racionalidad económica y técnica ignorando por completo su impacto social sobre amplios sectores de nuestra ciudadanía». Advierte, además, que «las nuevas medidas no combaten el fraude, como han expresado directivos de ETECSA en varios espacios, sino que generan nuevas dinámicas de informalidad, ilegalidad e inequidad».

La misiva agrega que «ante la ambigüedad, la constante justificación, inacción e incapacidad de dar respuestas demostrada por los directivos de ETECSA, exigimos un intercambio horizontal y transparente con las máximas autoridades del país para articular colectivamente, a partir de comisiones multidisciplinarias, soluciones a la aguda crisis política que enfrenta el país y rebasa los marcos de la rentabilidad de esa empresa».

Sobre la actitud tomada por compañeros de otras facultades, si bien no llaman al parón de clases, reconocen que la acción adoptada por Matcom es «legítima». Igualmente incorporan un reclamo directo sobre la FEU: «la renuncia inmediata del Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Ricardo Rodríguez González, ante su clara incapacidad para representar los intereses del estudiantado, al cual debe su responsabilidad actual».

No fueron únicamente los estudiantes de esta facultad quienes rechazaron públicamente las medidas y posteriores modificaciones de Etecsa. Los profesores del Departamento de Sociología y Trabajo Social, además de reiterar su oposición a las tarifas y las soluciones propuestas hasta el momento, sitúan el aumento de marras en «un contexto de policrisis prolongada» y advierten que «el aumento de tarifas excluye a amplios sectores de la población, olvidando el principio de equidad y el carácter social que debe tener un servicio público esencial en nuestro país».

El texto subraya que «no se han tenido lo suficientemente en cuenta las condiciones actuales de la sociedad cubana: digitalización, bancarización, teletrabajo, migración de servicios hacia plataformas digitales, una educación cada vez más digital, familias transnacionales que se sostienen a través de la tecnología, entre otros procesos cotidianos».

Los docentes alertan que «la imposibilidad de acceder a plataformas digitales, bases de datos académicos o simplemente mantener comunicación con colegas internacionales fragmenta el debilitado sistema de educación superior, destinando a Cuba a un mayor aislamiento intelectual y al rezago tecnológico». Por ello, reiteran que «esta medida no representa al pueblo cubano, al que se debe toda política pública, sino que responde a una lógica economicista ajena a la realidad social y con marcado carácter instrumental».

Tras recordar que «tenemos un estudiantado valiente, comprometido con los procesos sociales y que hemos formado en nuestras aulas con un pensamiento crítico, alerta a las injusticias y abusos del poder», el documento exige suspender de inmediato la resolución de Etecsa; abrir un proceso de consulta transparente y participativo con la ciudadanía; activar mecanismos institucionales de participación para que, más allá de la representación formal, cualquier decisión y comunicado parta del consenso de la mayoría; y un pronunciamiento público de la alta dirección del país.

Otras cartas han circulado por el ciberespacio. Una provino de estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma; en ella también se expresa un rechazo tajante a las medidas de Etecsa, y se amplía el espectro de preocupaciones hacia temas estructurales que afectan la vida académica: alimentación, acceso a bibliografía, conectividad deficiente, inseguridad en residencias y falta de respuesta institucional.

El documento no lleva la firma de ninguna estructura reconocida; fue suscrito colectivamente como «Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma», lo cual revela una acción autónoma del estudiantado, fuera de los canales organizativos tradicionales, aunque también dificulta conocer cuántas personas lo apoyan.

Una de las críticas más contundentes se dirige precisamente a esos canales. El texto solicita «mayor actuar por los dirigentes de la FEU de nuestra universidad a favor del estudiantado. Ustedes son nuestros máximos representantes a cualquier nivel, son los encargados de hacer que nuestras voces se sientan». Reclaman no solo ser escuchados, sino que haya respuestas concretas a sus demandas: «más que escucharnos y escribir lo que decimos, se le dé solución a lo que planteamos».

En contraste, varias organizaciones oficiales y dirigentes han reaccionado. La Universidad de La Habana, en su perfil oficial, afirmó que «la dirección universitaria ha estado en permanente análisis con estudiantes y trabajadores sobre insatisfacciones y propuestas a presentar a la empresa. En este proceso, la participación activa del Partido, la UJC, la FEU y el Sindicato ha sido decisiva».

No obstante, más adelante aclara que «nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes con convocatorias totalmente alejadas del espíritu que ha animado los intercambios con las organizaciones estudiantiles y juveniles» y que «La Universidad de La Habana no claudica en su esencia revolucionaria y en su misión de acompañar al Partido Comunista de Cuba y al Gobierno para trabajar en favor de la unidad del pueblo y la estabilidad de la nación».

Asimismo, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, mediante un comunicado publicado en los canales oficiales del PCC, afirmó que «vivimos otra hora de cerrar filas», pues «no son pocas las manipulaciones mediáticas ni las tergiversaciones oportunistas que nuestros adversarios han intentado imponer a lo largo de estos años de Revolución […] hoy, como tantas otras veces, vuelven a intentarlo, aprovechando incluso las legítimas preocupaciones de nuestro pueblo ante medidas necesarias, como las recientemente anunciadas por Etecsa».

Meyvis Estévez, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), se centró en denunciar supuestos comunicados falsos con la etiqueta de «Fake News», entre los que figuran los presuntamente emitidos por la Universidad de Ciencias Informáticas, la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, la Universidad de Matanzas y la Universidad Agraria de La Habana.

A esto se sumó el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, con los mismos ejemplos. Este último afirmó que se trataba de «laboratorios de guerra mediática» que buscan «revertir ahora sus inercias de los primeros días» y «hacer fracasar el curso positivo y constructivo de los diálogos abiertos y honestos que ocurren en casi todo el país».

Resulta difícil comprobar la autenticidad de estas cartas acusadas de falsas por ambos directivos, ya que no provienen de perfiles de organizaciones y están firmadas de forma ambigua por «estudiantes», lo que complica constatar su procedencia y cuántos estudiantes las apoyaron. Sin embargo, ninguno de los dos cuadros se refirió a las otras misivas que sí provienen de perfiles de la FEU o del profesorado y cuentan con evidencias de veracidad.

Al mismo tiempo, varias figuras de la oposición o adversarias del Estado cubano reaccionaron de manera «positiva» a la polémica. La congresista María Elvira Salazar grabó un video en el que mandó sus felicitaciones a los estudiantes que protestaban contra «otra barbaridad del régimen castrista». Más adelante afirma que «no se puede esperar nada bueno de los socialistas».

«Nosotros desde aquí, desde el capitolio, desde Washington estamos con ustedes», añadió Salazar sin decir cómo podrían apoyar estas demandas desde una administración que no solo ha entorpecido cualquier acceso tecnológico para la Isla, sino que acaba de restringir los viajes de intercambio académico para los cubanos.

Luego de varios días de polémica el presidente Miguel Díaz Canel, acompañado por el viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, y a la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, abordó las críticas de la población en su podcast «Desde la Presidencia».

En el espacio se afirmó que si no se aplicaban las nuevas tarifas la red corría riesgo de colapso técnico porque la empresa no tenía liquidez para pagar a los proveedores ni hacer inversiones que garantizaran la reparación de los equipos rotos. Marcaron que más del 80 % de los ingresos en divisas de Etecsa provienen de las recargas internacionales, sin emitir ninguna crítica hacia este modelo de negocios.

La titular de Etecsa denunció el desvío fraudulento de esas recargas hacia el mercado informal, aprovechando la disparidad entre las divisas y la moneda nacional, a lo que el presidente añadió que la tasa de cambio paralela es uno de los problemas más acuciantes de la economía.

Díaz Canel marcó que «no hablar del bloqueo sería irresponsable», al tiempo que reconoció que la subida de precios supone un retroceso «temporal» en la informatización del país y amplían las brechas sociales. Asimismo, enfatizó que la comunicación oficial sobre los cambios fue deficiente.

Igualmente, Velázquez admitió fallos de diseño e implementación de las medidas y que el límite de 6 GB o 6.5 GB resulta insuficiente para muchos usuarios. Mientras, el viceministro adelantó que se estudian «transformaciones en curso» de estas ofertas sin dar detalles. El mandatario concluyó enumerando criterios recogidos de la población en contra de las medidas.

Esto significa que el «tarifazo» de Etecsa ha detonado una crisis de carácter político que desborda la mera incomodidad por las nuevas tarifas: ha puesto sobre la mesa el modo en que las empresas estatales adoptan decisiones, el crecimiento acelerado de las desigualdades y la capacidad real de los secretariados estudiantiles nacionales para representar a sus electores.

El epicentro de la crítica se ubica en las universidades, donde la brecha entre el Secretariado Nacional de la FEU y algunos secretariados facultativos resulta evidente. La lógica de filtrado que impera en las organizaciones estudiantiles —como en muchas otras gremiales y de masas— provoca que a las cúpulas lleguen representantes menos críticos, depurados por la burocracia durante su ascenso, y en consecuencia, más desconectados con los sentires de las bases.

Sobre estas cuestiones el intelectual cubano Julio Cesar Guanche apuntó: «Ante la oferta corporativa de ETECSA al gremio de estudiantes, esas zonas de la FEU están respondiendo en defensa del sujeto político de la república: el pueblo. Ante las amenazas, están defendiendo el derecho a la protesta —el primero de los derechos—; ante el “paternalismo” de Estado (el paternalismo es siempre una forma de autoritarismo), que los llama, como siempre, “confundidos” e “incitados desde el exterior”, han producido algunos de los documentos políticos más importantes de Cuba en las últimas décadas».

Mientras que el destacado profesor Reinaldo Manuel Sánchez Porro relató: «SE ESTA VIVIENDO HISTORIA EN LA COLINA UNIVERSITARIA. HOY el profesorado de Sociología afirmó que se sentía orgulloso de sus alumnos y de su espíritu crítico, al presentarles una resolución que trata de aunar voluntades, y de evitar que la semana termine con su ausencia de las aulas. En la amplia aula 1, con vista a la escalinata y el Alma Máter, los estudiantes sostuvieron sus criterios, aclararon bien que hablan por todos los sectores y no solo por el propio, que no les satisfacen las respuestas de ETECSA a sus demandas e insistieron en que, como en otras facultades, quieren ser oídos y dialogar con la máxima autoridad del país.

»Las palabras de la decana, del Jefe del departamento de Sociología, de la profesora que leyó el texto propuesto y de todos los participantes fueron medidas, respetuosas, y constructivas. La decena de intervenciones estudiantiles fueron firmes y concretas e incluso extendieron sus preocupaciones a los demás problemas presentes en la actual crisis nacional».

La controversia también deja al descubierto la contradicción entre el modelo de ingresos de Etecsa —centrado en las recargas internacionales— y un consumo nacional que debe costearse con salarios en pesos cubanos, problema para el que la empresa, y el sistema económico del país, aún no ofrecen solución.

Nuestra opinión es que la crisis y la ola de protestas superan con creces un simple «problema de comunicación». Son el resultado de tensiones acumuladas que, al posponerse indefinidamente, chocan ahora con una ciudadanía cada vez más indignada.

Las nuevas tarifas golpean a la mayoría de los cubanos y profundizan la dolarización y la brecha social entre quienes reciben remesas y quienes no. Mientras Etecsa y la economía del país no se inserten en una matriz productiva no dependiente de las remesas —lo que exige resolver de una vez el mercado cambiario—, esta desigualdad solo crecerá.

La población está cansada de pagar los déficits de las empresas estatales y del Estado. Ciertamente las medidas coercitivas de EE. UU. influyen en cuanto a la incapacidad de adquirir tecnología o el bloqueo de transacciones financieras que pudieran oxigenar la economía, pero no son la única causa. El miedo al cambio que ha pospuesto varias de las reformas, la incapacidad de algunos directivos, y la falta de transparencia no están decretadas desde la Casa Blanca.

Por otro lado, la respuesta universitaria demuestra la existencia de un estudiantado y profesorado críticos e inconformes, no solo con las tarifas de Etecsa, sino con la forma en que se toman decisiones a escala nacional y en las propias organizaciones estudiantiles. Las preocupaciones expuestas en las cartas trascienden ampliamente el precio de Internet.

El presidente intentó hablar desde la empatía, reconociendo los efectos que tendrá esta medida en varios sectores sociales. Sin embargo, fue incapaz de dar una «buena noticia» significativa.

Si bien Etecsa y las otras organizaciones interpeladas han estado abiertas a escuchar las críticas de la población tampoco han sido capaces de ofrecer una alternativa que resuelva las problemáticas señaladas o mitigue significativamente sus efectos.

Cuba atraviesa un momento decisivo: su modelo económico y político muestra claros signos de agotamiento. Postergar una reforma integral de la economía, las instituciones y las organizaciones sociales ya no es opcional; es una cuestión de supervivencia nacional. Reformarse o perecer: no hay alternativa.