Algunos apuntes sobre empleo y protección laboral en Cuba

Los recursos humanos de un país son sumamente importantes. Sobre todo, si ese país es Cuba, que no cuenta con grandes riquezas naturales para desarrollar su economía. En este escenario, lo que puedan producir con sus manos e inteligencia las personas que formen parte de la nación es un asunto crucial.

La Isla no ha podido construir, en ninguna de sus etapas históricas, una economía autosuficiente. Siempre dependió de la potencia económica de turno o de aliados estratégicos para satisfacer, de forma general, las necesidades del país. A partir de 1959, la revolución cubana ofreció un empleo a cada persona que quisiera trabajar. Muchos sectores de los menos favorecidos en la república liberal, como las personas negras y las mujeres fueron, poco a poco, ganando en representación en el acceso a los estudios profesionales y empleos de mayor calidad. Aunque también es cierto que siguieron existiendo grandes brechas en la desigualdad. No obstante, de forma general, el gobierno aseguró siempre trabajo a quien lo necesitara durante casi tres décadas.

Muchos sectores de los menos favorecidos en la república liberal, como las personas negras y las mujeres fueron, poco a poco, ganando en representación en el acceso a los estudios profesionales.

A partir de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del Campo Socialista, la Isla entró en una nueva etapa socioeconómica llamada Período Especial en Tiempos de Paz, de la cual no se ha salido aún.

En esos años se autorizó, por primera vez desde 1968, a que algunas personas trabajaran de manera autónoma sin pertenecer al Estado. No obstante, fue una cifra muy pequeña con respecto al porciento de la población que trabajaba para la maquinaria estatal. Incluso en condiciones sumamente difíciles para la economía, se aseguró también el empleo a los trabajadores. Sin embargo, entre otros efectos negativos, esto determinó que en muchos de los casos las empresas fueran ineficientes, debido a no poder contratar ni disponer de forma dinámica de los recursos humanos.

A fines de la primera década del siglo XXI y a partir de la llegada al poder de Raúl Castro hasta hoy, se impulsó una serie de cambios significativos en materia de políticas y se sucedieron varios eventos que impactaron el empleo en el país. Se enunciaron los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, la fallida apertura con la administración Obama en los Estados Unidos, la llegada de Donald Trump al poder, la nueva Constitución de la República, los efectos de la devastadora pandemia de covid-19, la Tarea Ordenamiento, la autorización de empresas privadas y el extraordinario éxodo de población. Estas son algunas de las transformaciones donde el análisis de los recursos humanos se vuelve esencial.

Si durante años casi la totalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) laboraba solo para el Estado, ya esa no es la realidad hoy. La Encuesta Nacional de Ocupación de 2022, publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) muestra que la PEA en ese año fue de 4 765 628 y decreció respecto al 2020 en 4, 28% (212 860 personas), dado que crece la desocupación.

Los economistas llevan años aconsejando una reforma integral en pos de que las fuerzas productivas se desaten y aumente la riqueza producida y distribuida en la sociedad. Por muchas razones esto no ha ocurrido.

¿Todo el mundo cuenta?

Para administrar una economía de manera eficiente hay que tener acceso a información estadística de calidad sobre la población y sus características.

En las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desarrollada en julio del 2024, se reveló que más de un millón de personas había emigrado fuera del país en menos de tres años. Eso quiere decir que en territorio nacional quedan algo más de 10 millones de habitantes, e incluso, un investigador muy reputado calcula que la cifra es mucho menor y está sobre los 9 millones. Dentro de esos datos, se conoce que la gran mayoría de las personas que emigraron formaban parte de la PEA. O sea, ciudadanos que podían aportar al desarrollo económico nacional con su trabajo porque están en edad laboral.

se conoce que la gran mayoría de las personas que emigraron formaban parte de la Población Económicamente Activa.

Sea como fuere, es una cantidad lo suficientemente considerable como para trastocar todos los planes de economía desde un municipio hasta a nivel de país. Y no por menos visible, también debe tenerse en cuenta el desplazamiento acelerado de personas del campo a la ciudad y de Oriente a Occidente. 

A este nebuloso escenario hay que agregar que hace varios años el país tiene uno de los índices más altos de envejecimiento poblacional del continente y uno de los más bajos índices de natalidad. Esto quiere decir que llegan muchas más personas a la vejez y nacen cada vez menos niños; un fenómeno que se da casi siempre en países de alto nivel de desarrollo y que en Cuba ha tenido lugar por el efecto de aplicación de políticas públicas a todos los niveles. Sin embargo, abre una serie de complejidades: si disminuyen las personas para producir, la economía se resiente aún más y existen menos recursos para los cuidados de un creciente número de ancianos.

La cuenta no da

La economía cubana tiene graves problemas estructurales. En La Joven Cuba varios expertos han disertado sobre el tema. La Isla importa cerca del 70% de los alimentos, cifra que se traduce en 2 000 millones de dólares anuales, como consecuencia de las trabas que persisten en la agricultura y la falta de incentivos para la producción. Las falencias en las exportaciones de los principales rubros impiden que se recupere el gasto generado por la importación. Asimismo, la caída del número de visitantes en el turismo y la reducción del envío de remesas por parte de la comunidad en el exterior afectan también la entrada de divisas al país, por lo que lo recaudado no alcanza.

Por otro lado, hasta hace unos años, Cuba había graduado casi un millón de universitarios, lo que representaba el 10% de su población total. Sin embargo, los bajos salarios, la inflación galopante, la casi nula competitividad de las empresas estatales, las trabas a las formas de gestión no estatales, la falta de créditos, las diversas tasas de cambio de divisas, la ausencia de mercados mayoristas, el arrecio de las medidas unilaterales desde Trump hasta el día de hoy y un rosario más de dificultades, han determinado que gran parte de los mejores graduados de universidades cubanas, incluso, la mayoría de los jóvenes, no tenga un proyecto de vida en la Cuba de los próximos años.

Tampoco quienes no ostentan estudios superiores u oficios de alta calificación, quieren trabajar para el Estado, en muchos casos. Y menos si es aportando en los sectores más necesitados, como la agricultura y la industria.

En palabras del director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja Díaz: «tenemos una elevada proporción de empleados en el sector terciario de la economía, unido a la decreciente participación en la industria y el estancamiento de la agricultura». A lo que añade, «si tenemos un campo despoblado y envejecido es muy difícil plantear una estrategia que dé como resultado producir más alimentos, lo cual tiene que ver con la movilidad de la población, la migración y el desarrollo…».

Trabajar ¿Para qué?

Uno de los temas que actualmente discuten los expertos es la necesidad de los incentivos para que las personas trabajen. Algunos tienen aproximaciones más punitivas y otros, más persuasivas. En una emisión del programa televisivo Hacemos Cuba, se debatió acerca de la situación del trabajo. Ante la pregunta del presentador y miembro del Comité Central, Humberto López, acerca de si era una obligación o no trabajar en Cuba, Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y uno de los invitados al programa, respondió que «no es una obligación; pudiera decirse que es una obligación moral, pero no legal».

Por su parte, Iliana Gómez Guerra, magistrada y presidenta de Sala del Tribunal Supremo Popular, afirmó que si las personas que no trabajan ni estudian tienen «ciertas conductas que infringen las normas de convivencia social, pueden ser objeto de control por parte de la policía y otros órganos competentes». Estas y otras proyecciones similares en medios de comunicación estatales podrían indicar que hay una probable intencionalidad de los medios del aparato ideológico de crear una matriz de opinión en la que se tomen acciones legales que obliguen a la ciudadanía a trabajar.

Hay una probable intencionalidad de los medios del aparato ideológico de crear una matriz de opinión en la que se tomen acciones legales que obliguen a la ciudadanía a trabajar.

La percepción extendida en la sociedad cubana de que no es necesario trabajar para vivir, es altamente preocupante y para revertirla se debe, en primer lugar, promover una cultura laboral que incentive a los ciudadanos a involucrarse en las transformaciones socioeconómicas del país y que ello se refleje de forma material y espiritual en su calidad de vida.

Por su parte, en entrevista en el programa Cuadrando la caja, la máster en Sociología e investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas Mirlena Rojas Piedrahita, dijo que la crisis económica que atraviesa Cuba provoca un aumento de la informalidad laboral, «debido a la insuficiencia de los salarios para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias».

Dicha práctica pone en riesgo a los ciudadanos al no establecer contrato de trabajo ni protecciones legales básicas como la seguridad social, pero muchos prefieren exponerse o no les queda otro remedio para asegurar el día a día, ante el encarecimiento del costo de la vida y la pérdida de valor del dinero.  

La experta subrayó que la informalidad abarca también prácticas relacionadas con representaciones sociales, elementos sociopsicológicos y la cultura del trabajo. «Es fundamental considerar las condiciones laborales, los salarios y el sentido de pertenencia de los trabajadores para comprender por qué optan por prácticas informales».

La informalidad abarca también prácticas relacionadas con representaciones sociales, elementos sociopsicológicos y la cultura del trabajo.

Fonseca Quesada aseguró que no existe legislación específica en Cuba sobre el tema de la informalidad, sin embargo «se está trabajando en una reforma legislativa que incluirá un nuevo Código de Trabajo, el cual debe regir durante los próximos años». Dicho documento posibilitará un «enfoque más inclusivo que reconozca y proteja los derechos de los trabajadores tanto en el sector estatal como en el no estatal, incluyendo el empleo informal». También reveló que en la próxima Encuesta Nacional de Ocupación de la Onei deben incluirse las estadísticas de los índices de trabajo informal en Cuba.   

La tasa de actividad económica de los hombres es de 77% y la de mujeres de 55%, añadió el funcionario del MTSS. Esto indica que las principales reservas para incorporarse al empleo están en el sexo femenino. Las brechas existentes entre hombres y mujeres están relacionadas con el machismo, el embarazo adolescente, la educación, y las diferencias en el desarrollo de las distintas zonas (urbanas y rurales) y regiones en el país. Hay una cifra significativa de mujeres que cumplen un rol como cuidadoras de niños, ancianos o enfermos y no reciben una remuneración económica por esta labor. Tampoco existe una infraestructura generalizada que les permita incorporarse al trabajo de manera eficiente.

El Estado cubano continúa siendo la principal fuente de trabajo. En el 2022 la ocupación estatal representó el 72.3% de la ocupación total y la no estatal el 27.7%. Estas son cifras extraídas de la Encuesta Nacional de Ocupación que seguramente se han modificado atendiendo a la drástica emigración en los últimos años.

Para la economista y doctorante en Políticas Públicas Tamarys L. Bahamonde, «el salario medio del sector estatal no resulta suficiente para garantizar el consumo de bienes y servicios básicos para un individuo, ya no una familia. El salario en el sector no estatal, aunque superior, viene acompañado de otros elementos de precariedad: jornadas laborales que duran más allá de 40 horas semanales, descansos no retribuidos, desprotecciones laborales para trabajadores vulnerables —madres solteras, personas con enfermedades crónica—, y no tan velados elementos de discriminación de género y racial, que por ser sutiles resultan difíciles de combatir».

Se requiere, por tanto, una política laboral integrada con la política económica a diferentes niveles, atendiendo a las particularidades de los indicadores demográficos. Cuba tiene programas y políticas sociales que precisan de voluntad para su puesta en práctica, pero, sobre todo, debe aplicar con urgencia una reforma integral de la economía para garantizar que el trabajo se convierta en la principal motivación del ciudadano. Si realmente se pretende salir de la grave crisis actual, estos son asuntos insoslayables.