Elecciones en Venezuela: los retos de un nuevo momento político.

Las elecciones del 28 de julio en Venezuela marcarán un nuevo rumbo político para el país. El desgaste del movimiento chavista-bolivariano junto al cambio de estrategia de la oposición política al gobierno, que concurre en esta ocasión desde una plataforma de unidad y consenso de cambio a través de la vía electoral, sin grandes fracturas entre sus actores, son los factores fundamentales que inauguran un nuevo escenario político.

Después de 25 años en el poder del partido bolivariano, los errores de gobernanza política junto al efecto de las sanciones económicas internacionales capitaneadas por los Estados Unidos han deprimido los principales indicadores de bienestar para la mayoría de la población.

El éxodo de más de 7 millones de nacionales según cifras de la ACNUR-ONU, la contracción del crecimiento económico desde 2013, la disminución de la producción y los ingresos petroleros en casi un 70%, las variabilidades en los sistemas de cambio, las distorsiones en los indicadores de inflación y la incautación de una parte importante de los activos del estado a partir de la crisis política provocada por la decisión opositora de no reconocer los resultados electorales de 2018, impactaron profundamente la vida cotidiana del país sudamericano.

La persistencia de los elementos multidimensionales de la pobreza y la regresión de indicadores del índice de desarrollo humano, el retroceso de las políticas sociales que privilegiaban los accesos a la justica social a favor de la salud pública, el empleo, la vivienda y la atenuación de las desigualdades, que en su momento implicó una alternativa para los problemas estructurales de América Latina —Venezuela logró una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en más de 25 puntos porcentuales[1] en la primera década del siglo—, afectaron la percepción de progreso social y sacudieron la memoria de un proceso que dejó como pendientes los problemas de inseguridad pública y la corrupción institucional.

La persistencia de los elementos multidimensionales de la pobreza y la regresión de indicadores del índice de desarrollo humano afectaron la percepción de progreso social.

La crisis política interna terminó polarizando el país en dos grandes bloques, sobre todo  desde 2018: el chavismo, legitimado en un proyecto de sustancia popular, anti oligárquico, que contaba con resultados comprobables a pesar de variados pendientes y complejos problemas;  y el antichavismo, que por diversas vías incluyendo la violencia, adversaba las nuevas estrategias de distribución social, las restricciones a los actores del empresariado privado y el consumo, además de la oposición ideológica al intento de instrumentar un régimen de tipo socialista formalizado desde 2007 en el programa político del movimiento cívico-militar.

Las transformaciones y las evoluciones políticas no son lineales. El chavismo pese a su permanencia en el poder y los más de 30 procesos electorales transitados, ha apelado a la confrontación y la represión política directa como mecanismo de control del poder en medio de coyunturas desfavorables. Ello ha implicado un costo y un desgaste frente a la ciudadanía que, junto a los fenómenos de corrupción de algunos de sus liderazgos, la implementación burocrática de los procesos de conducción política, el alejamiento de las bases sociales del proceso y la constitución de «Otra» élite, posibilitó la aparición de errores de sectarización socavando algunos de los mecanismos constituyentes de la diversidad y la unidad del movimiento político de las izquierdas. La urgencia de una recomposición política de la relación entre su liderazgo y sus bases, así como la necesidad de atenuar los costos antes mencionados, confluyen en una táctica que supone la negociación como el centro que respalda, no solo el proyecto, sino también su garantía de participación en el poder.

Por su parte, la oposición ha comprobado que su falta de unidad, la defensa a ultranza de prebendas de facciones, la subordinación a intereses que se presentan en conflicto con las estrategias de consenso mínimo, la negación de mecanismos cívicos de naturaleza electoral y el uso de estrategias violentas para ganar el poder político, la aleja de sus objetivos fundamentales y socaba su competitividad y legitimidad política. Esta comprobación fáctica estableció una evolución política hacia la aceptación de la competencia electoral diseñada por una institucionalidad controlada por el partido en el poder. Evolución que también responde las presiones de aliados internacionales que han acompañado en «especias» y acciones la disputa política interna.

Estas dos tramas conforman un nuevo escenario político donde ambos contendientes se estarán jugando su sobrevivencia en los próximos diez años. El chavismo deberá observar con prudencia y sagacidad la capacidad de gobernar con un importante sector poblacional que lo adversa o no lo comprende y, al mismo tiempo. recuperar sus banderas democráticas del inicio que permitan una construcción política posible y estable, para avanzar en la recuperación de los programas y políticas de acceso a la justicia social que logró para los estamentos más desfavorecidos de su población. Esta estrategia permitiría cambiar y trascender las presiones internacionales que se han convertido en un elemento de peso en la crisis interna.

El chavismo deberá observar con prudencia y sagacidad la capacidad de gobernar con un importante sector poblacional que lo adversa o no lo comprende.

La oposición, en el mismo sentido, deberá reconstituir sus fundamentos más belicosos y sus doctrinas rupturistas, que implicarían un golpe más a la disminuida condición económica social de sus ciudadanos, lo que le ofrece al chavismo, como en el pasado, el control mayoritario de la arena y el espacio público.

Ambas estrategias consolidarían el camino que el gobierno y la oposición emprendieron con la firma de los compromisos del acuerdo de Barbados en octubre de 2023, las cuales establecieron un acuerdo provisional sobre el respeto a los derechos políticos y las garantías electorales conjuntados con la protección de los intereses vitales de la Nación. Una especie de ruta y acuerdo mínimo que permitió, sin obviar sus escollos y pendientes, el desarrollo del actual proceso electoral.

Venezuela posee para la región latinoamericana un valor de estabilidad política y fortalecimiento de la cooperación regional frente a las pretensiones hegemónicas de las potencias mundiales, incluyendo a los Estados Unidos. La capacidad de apoyar el camino del diálogo, alejando las posibilidades del conflicto civil, es una buena estrategia para asegurar el equilibrio en el ámbito internacional.  El camino y el compromiso con la paz es un nuevo momento en la contienda para las fuerzas que compiten políticamente.

Los resultados electorales expresan una tendencia que parece fortalecer la reelección de Nicolas Maduro, según el órgano de poder electoral. La transparencia de la elección, la discusión de su legitimidad deberá observarse desde el compromiso democrático que ambas fuerzas han pactado. No obstante, vuelve a resurgir la amenaza del conflicto prolongado entre adversarios que impide la solución definitiva de los problemas y las demandas sociales. La responsabilidad política pasa por la superación del antagonismo a priori y la construcción de un espacio político donde las visiones y los proyectos, a pesar de sus distancias, permitan priorizar el interés nacional y común.

[1] Álvarez Arce, Mauricio (2009). El proyecto político Bolivariano de Venezuela. Doctorado de Investigación en Ciencia Sociales con Mención en Ciencia Política; FLACSO – Sede Académica de México. México. 221 p. [20] h.