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La noticia es que el Banco Central de Cuba (BCC) ha concedido una licencia a la empresa lituana EBIORO UAB para operar como proveedor de servicios de activos virtuales en el país. La Resolución 8/2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, establece que la compañía podrá realizar operaciones de cobro, pago y cambio de activos virtuales y monedas de curso legal, además de ofrecer servicios de custodia y administración de estos activos a través de plataformas digitales.
Como requisito, la empresa deberá informar a sus clientes sobre los riesgos asociados a estos activos, entre ellos su volatilidad, la imposibilidad de revertir transacciones y la ausencia de respaldo por parte del BCC. Además, deberá inscribirse en el Registro de Sujetos Obligados a la estrategia nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
EBIORO UAB es una pasarela de pago que promete facilitar transacciones en divisas y la compra de criptomonedas. Sin embargo, su actividad pública ha sido limitada: sus redes sociales no se actualizan desde 2023, y desde Cuba los usuarios reportaron problemas al intentar registrarse en la aplicación que permite hacer efectiva estas operaciones.
Según datos de la plataforma Okredo, el director es el cubano Yulexi Matienzo Carcasés. En la información pública en su perfil de Facebook se dice que es un ingeniero graduado del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) en La Habana y que continuó sus estudios en la Delft University of Technology con un Máster en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, Análisis de Políticas y Gestión.
En 2019 el emprendedor había anunciado la creación de Ebioro, un proyecto supuestamente nacido de su «total frustración con el sistema bancario internacional» al enviar dinero a su familia en Cuba. Según explicó, la plataforma, basada en tecnología blockchain —un sistema de registro distribuido que permite almacenar datos en bloques enlazados de forma cronológica—, busca «ofrecerle a toda la comunidad cubana en el exterior una plataforma global y unificada para TODO tipo de pagos a Cuba». Prometía solucionar problemas comunes en el envío de remesas, recargas y pagos en la Isla, permitiendo a los cubanos en el exterior «comprar criptomonedas directamente con su tarjeta de crédito en más de 35 países», transferir fondos en «aproximadamente 3 SEGUNDOS» y hacer recargas de Cubacel con saldo en criptoactivos. Sin embargo, reconocía que «el uso de criptomonedas para pagos directos a Cuba es algo que aún tiene que madurar» y planteaba un despliegue en fases para educar a la comunidad y mejorar el producto con su retroalimentación.
Esto significa que el gobierno cubano sigue avanzando en la regulación y adopción de criptomonedas, un fenómeno creciente en la región, aunque sus principales abanderados han sido administraciones de derechas.
Aunque el BCC actúa como mediador de estos servicios, la autorización de una empresa extranjera para operar con activos virtuales marca un paso importante en la apertura del sistema financiero digital en la Isla.
Las criptomonedas son representaciones digitales de valor que pueden usarse para intercambios y pagos sin necesidad de intermediarios bancarios. Su principal atractivo radica en la descentralización y la rapidez de las transacciones, aunque también presentan riesgos significativos, como la volatilidad extrema y la posibilidad de fraude.
El marco regulador cubano sobre estos activos se estableció en 2021 con la Resolución 215 del BCC, que determinó las condiciones para el uso de criptomonedas y el otorgamiento de licencias a proveedores de estos servicios. El instrumento jurídico define los activos virtuales como representaciones digitales de valor que pueden ser comercializadas o transferidas digitalmente y utilizadas para pagos o inversiones. Además, establece que las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden utilizar activos virtuales entre ellas y con personas naturales para operaciones monetario-mercantiles, de canje y recanje, y para pagar servicios o deudas, siempre que cuenten con la autorización previa del BCC. Se enfatiza que las personas naturales que realicen transacciones con activos virtuales asumen los riesgos y responsabilidades civiles y penales derivadas de dichas operaciones, especialmente si se realizan al margen del sistema bancario y financiero establecido.
Posteriormente, en 2022, la Resolución 89 del BCC complementó y amplió lo dispuesto en la Resolución 215, detallando los requisitos específicos para la autorización, funcionamiento, regulación, supervisión y cancelación de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales que operen en y desde el territorio nacional.
Entre los principales requisitos para obtener una licencia del BCC se incluyen presentar el objeto social y los estatutos de la entidad, incluyendo una descripción detallada del modelo de negocio y los activos virtuales a utilizar; describir la infraestructura disponible y los controles internos implementados, incluyendo sistemas operativos, contables, de seguridad cibernética, protección al cliente y procedimientos para la debida diligencia y gestión de riesgos; demostrar la disponibilidad de capital inicial suficiente para el desarrollo de las actividades autorizadas; establecer políticas claras para informar a los clientes sobre los riesgos asociados al uso de activos virtuales; e implementar procedimientos robustos para prevenir y enfrentar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales
En el discurso oficial cubano, el tema ha ido cobrando relevancia. El 31 de enero de 2025, el programa Mesa Redonda dedicó un espacio a analizar el fenómeno de las criptomonedas y su influencia en la economía cubana. En este se destacó el potencial de las criptomonedas para facilitar transacciones internacionales y atraer inversiones, especialmente en un contexto de restricciones financieras, no obstante, también se enfatizó en los riesgos asociados, como la volatilidad de los mercados, la posibilidad de actividades ilícitas y la necesidad de establecer marcos regulatorios sólidos para proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad financiera del país.
Nuestra opinión es que la autorización del Banco Central de Cuba a EBIORO UAB es un paso hacia la modernización del sistema financiero del país, aunque no exento de riesgos. El uso de criptomonedas ha ganado relevancia global, con países como El Salvador abogando por ellas y políticos influyentes en Estados Unidos planteando propuestas en su favor. Sin embargo, su adopción sigue generando dudas por la volatilidad del mercado, la falta de regulación internacional clara y la posibilidad de fraudes o usos indebidos, como el recientemente cometido en Argentina por la empresa Kelsier Ventures con su criptomoneda $LIBRA, que contó con el apoyo del presidente Javier Milei.
Para Cuba el uso de criptomonedas pudiera ser una oportunidad importante para evadir las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos, muchas de ellas encaminadas a torpedear y perseguir las transacciones económicas con bancos cubanos, lo cual, además de disuadir a varios inversores, encarece enormemente transacciones tan sencillas como pagos y cobros de productos y servicios.
Si esta iniciativa facilita pequeñas transacciones y mejora el acceso a servicios financieros para los cubanos, representa una buena noticia. No obstante, en un país con poca experiencia en estos temas y con un sistema bancario debilitado, es clave actuar con prudencia. La transparencia y la educación financiera serán esenciales para evitar que esta alternativa se convierta en otro canal de incertidumbre o de prácticas dudosas.
Si la licencia a EBIORO UAB permite acceso real a dólares, facilita remesas y ofrece una solución segura para las finanzas personales, es una oportunidad bienvenida. No obstante, debe ir acompañada de una debida transparencia y fiscalización pública de por qué se eligió a esta empresa y quiénes están detrás de ella, algo que hasta ahora no ha quedado claro.
Cuba necesita modernización financiera, pero con reglas claras y mecanismos de protección para evitar que lo que pudiera ser una novedosa opción, se convierta en otro factor de inestabilidad económica.
