Sin disenso no hay salida a la crisis

En cualquier sociedad el disenso cumple la función de señalar problemas, cuestionar decisiones políticas y hacer rendir cuentas a quienes están en el poder. En el caso de Cuba, donde la gestión de una crisis económica y social prolongada exige revisar decisiones, corregir errores y abrir canales de participación, tratar la crítica como una amenaza en lugar de asumirla como un derecho ciudadano legítimo solo puede agravar las tensiones existentes.

La Constitución de 2019 establece que «el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Asimismo, afirma que «toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso», y por tanto no puede «ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido». Igualmente, admite que «las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional».

Sin embargo, la distancia entre ese marco constitucional y el ejercicio cotidiano  es considerable. En la práctica, se ha desarrollado un uso expansivo y discrecional de determinadas figuras penales y administrativas —como la «desobediencia» y las regulaciones vinculadas al supuesto interés de seguridad nacional— que habilitan la sanción de conductas que, en sí mismas, forman parte del ejercicio legítimo de derechos. Los casos del emprendedor William Sosa, recientemente detenido, o del historiador Alexander Hall, impedido de salir del país, confirman estas afirmaciones. 

Igualmente ha sido sumamente cuestionable la manera en que se ha abordado el trabajo del medio no estatal elToque y su vínculo con colaboradores y emprendedores en la Isla. Desde un punto de vista democrático, tanto un medio de comunicación tiene derecho a cuestionar la gestión de un gobierno, como un gobierno a señalar los elementos de la agenda de un medio que le resulten injerencistas o manipuladores. 

Ahora bien, las acciones legales contra un medio de comunicación proceden únicamente cuando la publicación incurre en conductas tipificadas en la ley, como la difusión de información falsa que cause un daño verificable, actos de difamación, o la vulneración de otros derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente. En algunos países, también puede considerarse ilegal la recepción o utilización de fondos provenientes de gobiernos extranjeros enemigos destinados a influir en procesos políticos internos, incluidos programas de cambio de régimen.

No obstante, para que dichos mecanismos operen con legitimidad y eficacia, es imprescindible la existencia de un Estado de derecho con un marco legal claro, coherente y garantista que proteja la libertad de expresión y de prensa, incluyendo el ejercicio del periodismo independiente y no solo el de los medios estatales o públicos. La ausencia de ese marco —que el Estado cubano ha evitado establecer— limita la posibilidad de que los ciudadanos y los propios medios accedan a recursos legales efectivos y a un entorno de libertad informativa real.

Por tanto, criminalizar públicamente a todo un equipo bajo figuras como «terrorismo mediático», con nula sustentación en tratados internacionales, resulta más una respuesta policial a una situación política, y un intento de asesinato de reputación, que un cuestionamiento legítimo a la agenda de un medio. 

Por otro lado, resulta clave distinguir entre criticar al gobierno y criticar al país, una diferencia que con frecuencia se ha desdibujado en el discurso político cubano. Cuestionar decisiones concretas, señalar errores de gestión o exigir cambios en políticas públicas no equivale a atacar a la nación ni a desearle un mal a Cuba; por el contrario, muchas de esas críticas parten precisamente de la preocupación por el bienestar colectivo y la defensa del interés nacional. 

El problema no es la existencia de tipos penales dirigidos a conductas realmente dañinas, sino la elasticidad con que pueden interpretarse cuando lo que está en juego es la expresión de inconformidad frente a decisiones de gobierno, críticas a dirigentes u organización ciudadana con fines pacíficos. 

Es importante subrayar que las limitaciones a la libertad de expresión por razones de interés público no son un fenómeno exclusivo de Cuba. En diversos ordenamientos jurídicos se sanciona, por ejemplo, la revelación de secretos de Estado que puedan poner en riesgo operaciones de seguridad, o la incitación al odio y a la violencia contra determinados grupos. 

Sin embargo, estas restricciones deben estar reguladas con reglas claras, y su aplicación debe estar regida por un debido proceso. En cambio, cuando de manera recurrente se invocan razones de «seguridad nacional» para restringir o castigar expresiones de descontento ciudadano que no llaman a la violencia ni encubren actividades delictivas, se evidencian varias problemáticas asociadas a esta distorsión. 

Por una parte, se limita un derecho ciudadano legítimo y esencial para la fiscalización del poder público. Por otra, se banaliza y vulgariza el propio concepto de seguridad nacional, que pasa a asociarse menos con la protección de la soberanía y la integridad del país, y más con la protección política de determinadas decisiones o figuras del aparato burocrático. Dejar que la categoría de «seguridad nacional» se convierta en un comodín para deslegitimar cualquier crítica termina erosionando la confianza de la ciudadanía en la seriedad de las instituciones que deben velar por esta.

La política de hostilidad y agresión de un gobierno extranjero tampoco puede utilizarse como un cheque en blanco eterno para castigar el disenso interno. Que exista un contexto externo adverso no elimina la responsabilidad de la dirigencia nacional en la gestión de la economía, los servicios públicos, la protección social o la transparencia. 

Hoy Cuba atraviesa una crisis multidimensional, con efectos visibles en la escasez de alimentos y medicamentos, la recurrencia de apagones, la inestabilidad de los servicios públicos y un deterioro perceptible de la calidad de vida. Ante esta realidad, no se le puede pedir a un pueblo que sufre cotidianamente dichas carencias que no confronte a quienes tienen el mandato legal y político de buscar soluciones. Pretender silenciar esa confrontación no elimina las causas del malestar, ni hace que quienes las padecen se olviden de ellas.

La criminalización del disenso tiene además consecuencias profundas sobre la dinámica política y social. Una de ellas es el aumento del extremismo reactivo y de la polarización. Cuando las vías moderadas de expresión y participación están bloqueadas, cobra fuerza la percepción de que solo las posiciones más radicalizadas son capaces de romper el cerco. 

Otra consecuencia es la deslegitimación gradual de las propias instituciones: si se percibe que estas responden con castigo ante los señalamientos, pero no con correcciones o rendición de cuentas, se debilita la idea de que el cambio y las reformas son posibles dentro del marco existente. 

Por otro lado, eliminar la función política del disenso público como mecanismo para hacer rendir cuentas a los decisores es caldo de cultivo para que estos tomen medidas sin pensar en el efecto ciudadano de estas, o que quienes ostentan el poder lo utilicen impunemente a su favor. 

Un ejemplo claro puede verse en el exministro de economía Alejandro Gil. Durante años, distintos actores —economistas, periodistas, ciudadanos— advirtieron en redes sociales y medios no estatales sobre los riesgos y efectos de determinadas decisiones económicas tomadas bajo su mandato, que incidían en el deterioro de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, esas críticas eran desestimadas o tachadas de estar alineadas a «agendas enemigas». Solo cuando las propias instancias oficiales hicieron públicas investigaciones y acusaciones por presuntos delitos y errores de gestión se reconoció que existían problemas graves en la conducción económica. 

Por tanto, incluso desde una perspectiva de preservación de hegemonía, la clausura del disenso es contraproducente. Ningún proyecto político puede sostenerse eternamente solo mediante la coerción y la disciplina, especialmente en contextos de crisis prolongada. La legitimidad se renueva en la capacidad de incorporar críticas, corregir decisiones fallidas y abrir espacios donde las personas sientan que pueden hablar sin temor a represalias. Cuando, en lugar de eso, las contradicciones naturales de cualquier sociedad se responden con criminalización o castigo, no solo se daña a quienes disienten, sino se mina la base de consenso que requiere cualquier Estado para reproducirse.

Por tanto, resulta esencial que sean abiertos y seguros los espacios ciudadanos para señalar lo mal hecho, proponer soluciones y confrontar —de forma pacífica y respetuosa— a quienes desde posiciones de poder obstaculizan esas soluciones. Ello implica revisar el uso expansivo de figuras penales y administrativas sobre conductas que deberían estar protegidas por la libertad de expresión y de manifestación; asegurar que las limitaciones a las libertades  respondan a criterios de necesidad y proporcionalidad, y no a la voluntad de castigar el disenso; y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para que la crítica no sea percibida como amenaza, sino como un componente normal de la vida pública.

El disenso es un elemento básico en cualquier proyecto que aspire a ser democrático, inclusivo y sostenible. Permite controlar la burocracia, visibilizar errores, corregir rumbos y evitar que decisiones adoptadas desde el poder se alejen por completo del bienestar ciudadano. La criminalización de este derecho no solo vulnera lo reconocido en la propia Constitución, sino que también agrava la crisis al cerrar vías de diálogo y de reforma. Que las personas no puedan expresar el descontento no hará que dejen de sentirlo. 

La solución no es punitivista, es política, y pasa por reconocer el papel imprescindible de la crítica, y garantizar mecanismos seguros para que la ciudadanía pueda ejercerla sin miedo ni castigo. Por tanto, solo en un contexto de garantías reales para el disenso será posible que las distintas voces de la sociedad aporten a la salida de la crisis. Por el contrario, seguir por el camino de la criminalización se aleja de cualquier solución pacífica al conflicto, que lejos de mermar, crece con cada persona impedida de su legítimo derecho a no estar de acuerdo.