Mayra Espina: dialogar para conservar soberanía y superar la crisis

Hay conversaciones que son un privilegio. Sucede con Mayra Espina,  mezcla de humildad con saberes profundos y anchos. Privilegio redoblado  al  dialogar con quien ha trabajado durante muchos años de manera permanente en temas, asuntos y problemas, sobre los que vierte un caudal de reflexiones y propuestas inmensos. Añade valor a este intercambio poder hacerlo con quien, además, es testimonio vivo de que la ciencia adquiere sentido con el compromiso ético, y que la ética con ciencia comprometida nos permite llegar más lejos.

Para hablar de desigualdad y pobreza en Cuba es imprescindible conocer los resultados de investigación y el cúmulo de propuestas elaboradas por la socióloga Mayra Espina. En esta ocasión, indagamos en la relación entre diálogo y desigualdad que esta reconocida intelectual cubana advierte.

¿Se puede afirmar que el diálogo político es una condición para superar el creciente proceso de desigualdad social que vivimos en cuba?

Aquí me gustaría insistir en algo obvio, la observación más sencilla del contexto muestra —a quien quiera verla, por supuesto— una dinámica acelerada y sostenida de crecimiento de desigualdades, asentada en concentración de riquezas, beneficios por privilegios (a partir de estatus asociado a la ubicación en la estructura de poder) y, simultáneamente y en articulación, expansión de pobreza, vulnerabilidades y precarización de la vida cotidiana.

Son visibles a ojo descubierto corrientes de movilidad económica, por canales muy estrechos y selectivos, pero que permiten a algunos grupos sociales, que cuentan con los activos necesarios, movilizar esos activos y llegar a una zona de capas medias con ingresos muy superiores a la media, lo que les permite estar un poco a salvo de los procesos de empobrecimiento.

Sin embargo, ese grupo también vive precarizaciones que afectan a toda la sociedad en su conjunto: déficits en los servicios de salud, carencia de medicamentos, el deterioro de la higiene comunitaria, la crisis energética, por ejemplo. Claro que su situación económica favorable le da capacidad para manejar estas circunstancias de otra manera y encontrar soluciones individuales.

En la otra cara de este panorama hay canales de movilidad que descienden y que son anchos y muy resbalosos, por los que ha ido cayendo una cantidad considerable de población. Es decir, la pobreza que ya teníamos, que nos acompañaba desde la crisis de los 90, y otras franjas que han descendido.

No hay datos públicos sobre esto, yo he hecho un estimado por interés de mi propio trabajo que, como todo estimado, su margen de error puede ser grande. Al hacer un cálculo prudente, debe haber una franja alrededor del 45 por ciento de la población que vive en situación de pobreza. Me estoy refiriendo a pobreza económica, que en este momento es decisiva porque de los ingresos depende el acceso al bienestar en una proporción muy alta. Esta franja es muy dependiente de las prestaciones de sociales, cada vez más exiguas y debilitadas, para satisfacer sus necesidades esenciales

Al hacer un cálculo prudente, debe haber una franja alrededor del 45 por ciento de la población que vive en situación de pobreza.

En el otro extremo he estimado que entre 13 y 11% de la población está ubicada en una franja de capas medias, en plural, porque dentro de esas capas también hay estratos de altos ingresos, de ingresos medios y de ingresos bajos (para la media de la capa). Lo sustantivo es que, de conjunto, estas capas están por encima de las precariedades y tienen, en diferentes proporciones, capacidad autónoma para enfrentar y solucionar los problemas de la vida cotidiana, de sobrevivencia y acceso a bienestar.

Es necesario introducir algunos matices. Afirmar que las corrientes de ascenso y descenso socioeconómico se articulan y que representan posibilidades diferentes, e injustas, de acceso al bienestar y a la riqueza de que dispone una sociedad, no quiere decir que la expansión de los nuevos agentes económicos, vinculados a la propiedad privada y no estatal en general, como MIPYMES, cooperativas, trabajadores autónomos, rentistas, entre otros, cuyos ingresos medios suelen ser muy superiores a la media nacional, sea la causa de la desigualdad y el empobrecimiento.

Su aparición como parte de la reforma que el propio PCC ha diseñado y puesto en práctica, en un concepto de «socialismo multiactoral», teóricamente debería tener el rol de permitir al Estado concentrarse en acciones económicas estratégicas fundamentales, dinamizar la economía en la pequeña escala, generar empleo, abastecer mercados, introducir innovaciones y, a través de su contribución al fisco, nutrir las arcas estatales para que estas puedan mejorar sus funciones de redistribución y protección social, frenar tendencias de empobrecimiento e incentivar oportunidades de inclusión.

Lamentablemente el potencial positivo de este proceso de reestratificación social no logra impactar en beneficios para todos y lo que se hace visible y percibido por la población es los altos precios con los que opera este sector y su enmarañamiento con la elevada inflación. Por ello se asocia fuertemente a una política que no genera los contrapesos imprescindibles a tal proceso, como reposicionar y hacer eficiente la zona estatal de la economía, captar inversiones, activar mecanismos de fomento de la economía social y solidaria, promover verdadero desarrollo local participativo, entre otros.

Dicho esto, y más allá de los aspectos éticos, y de laceración de derechos y justicia social que el empobrecimiento representa, desde el punto de vista de los enfoques contemporáneos de desarrollo, se considera que la desigualdad creciente, acompañada de la expansión de la pobreza, es un obstáculo muy serio al desarrollo y hay evidencias de que la equidad y la inclusión funcionan como factores dinamizadores de la economía y de la integración social.

Se considera que la desigualdad creciente, acompañada de la expansión de la pobreza, es un obstáculo muy serio al desarrollo.

En este escenario nacional, polarizado por la desigualdad y las vulnerabilidades, entiendo que el diálogo sobre políticas sociales emerge como una zona robusta y potencialmente fructífera de los diálogos políticos, un espacio donde ese diálogo se hace más concreto. Se trata de un tipo de debate interactores que no discurre tanto en una discusión sobre el poder político, quién lo ostenta y quién debería ostentarlo, sino sobre el poder real de decidir sobre la distribución de recursos, la justicia, las prioridades económicas y sociales, las prestaciones y la protección social.

Yo creo que esto es una zona de debate imprescindible para encontrar salidas a la policrisis que vive el país, así como para diseñar e implementar acciones que lidien, en primer lugar, con las situaciones de mayores carencias y vulnerabilidad.

¿Por qué es imprescindible dialogar?, obviamente la heterogeneidad de situaciones socioeconómicas concretas, la diversidad de las percepciones sobre causas y soluciones a las carencias y el empobrecimiento, junto al agotamiento de las instituciones públicas de protección social, y a la pérdida de confianza en lo que ellas pueden ofrecer, configura un escenario en el cual soluciones estandarizadas, centralmente decididas por un ente político y con una oferta homogenista, difícilmente puedan responder al estado de heterogeneidad real.

Las decisiones centralizadas desaprovechan el punto de vista de quienes lidian cotidianamente con los problemas y buscan soluciones en su espacio micro con sus recursos exiguos y logran salir adelante o sobrevivir de alguna manera. La cotidianidad genera saberes, aprendizajes, y puntos de vistas muy valioso que cualquier política necesita considerar. En este sentido, democratizar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas es una exigencia ética y pragmática de los tiempos que corren.

Un problema esencial es que desigualdades, polarización, empobrecimiento y agotamiento institucional indican que es necesario recomponer, reinventar un pacto social: ¿qué modelo de bienestar y equidad es el que esta sociedad quiere darse y cómo alcanzar las cuotas de inclusión necesaria, imprescindible, las protecciones más importantes que hay que recuperar? Creo que en general la sociedad está urgida de un proceso de renovación profunda y hacia adentro que solo se lograría con diálogo. Y reconstruir un proyecto colectivo mayoritario sólo puede hacerse a partir de un diálogo.

¿En el actual escenario, cómo resumiría usted el diálogo entre las ciencias sociales y los espacios de decisión política?

Sobre el vínculo entre ciencias sociales y espacios de decisión política creo que este es un momento muy relevante, con avances observables. De hecho, están próximos a salir dos libros, uno coordinado por FLACSO y otro por la Red de estudios del Trabajo que lidera el CIPS, que valoran y narran diversas experiencias de este tipo de vínculos. 

Hay una nueva oleada de políticas en Cuba, políticas de inclusión —para usar una definición que maneja CEPAL— que es un tipo de política centrada en derechos y sensible a la diversidad, estas modalidades también articulan herramientas de focalización y acciones afirmativas, orientadas a zanjar brechas de equidad que afectan a grupos sociales específicos, cuyos derechos están limitados por alguna condición, por algún factor por el cual la sociedad los ha vulnerabilizado o disminuido y ha obstaculizado su acceso al bienestar, como puede ser el origen étnico o racial, el género, la edad, entre otras.

Este enfoque, que está en pleno desarrollo y que CEPAL apoya, tiene diversas experiencias en América Latina. En Cuba, después de años de tradición de políticas universalistas homogenistas, se está intentando andar este camino. Hay ejemplos como el Programa para el Adelanto de la Mujer, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes, el programa de atención a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, el programa desarrollo integral territorial, el programa de cuidados, las estrategias de atención a la discapacidad y a la violencia de género, que se apegan al paradigma de las políticas de inclusión. Su formulación ha sido encargada a grupos multidisciplinarios que combinan la presencia de decisores, funcionarios, operadores de políticas e investigadores que se han desempeñado en el estudio de estos temas.

Cuando uno lee los textos de estos nuevos programas se percata de novedades, en términos de sensibilidad a la diversidad y las desventajas específicas, que antes no estaban presentes en las políticas sociales. Creo que tales novedades se asientan en los avances de las ciencias sociales en el país y en un trabajo colaborativo que implicaba voluntad y conciencia en los operadores de política para hacer eso. 

Son cambios muy innovadores para el tipo de política social tradicional del proyecto socialista cubano. Me refiero, por ejemplo, a la introducción del enfoque de reparación histórica, de acciones afirmativas, interseccionalidad, ciclo de vida, que están presentes en casi todos estos nuevos programas.

Una de las innovaciones fruto de esa colaboración academia-política es el uso de un concepto de vulnerabilidad muy potente, que no evade ni sustituye la noción de pobreza, sino que entiende que la vulnerabilidad incluye a la pobreza y que su utilidad consiste en permitir visibilizar las mayores carencias a escala individual, de hogar y comunitaria, a la vez que devela las potencialidades de las personas, familias y comunidades para acciones de auto transformación.

Una de las innovaciones fruto de esa colaboración academia-política es el uso de un concepto de vulnerabilidad muy potente, que no evade ni sustituye la noción de pobreza.

Esa novedad de enfoques basados en la diversidad, tiene mucho que ver con los avances de las ciencias sociales desde los 90, especialmente en los diez últimos años. En este período las ciencias sociales cubanas, ante una realidad cambiante y con expansión de las desventajas, han tomado mayor densidad crítica, mucho mayor curiosidad y cercanía a discusiones que se estaban dando en América Latina, especialmente alentadas por CEPAL y CLACSO, y en otros espacios académicos de primer nivel.

Digamos que, en la formulación de políticas ha habido un diálogo fructífero entre diferentes instituciones y la academia, un diálogo sensible de comprensión mutua y en la formulación de este tipo de programas, a mí modo de ver con potencial de cambio mucho mayor que las políticas sociales tradicionales.

¿Dónde yo creo que está el mayor desafío y los obstáculos que se presentan ante el avance de las políticas de inclusión? El esfuerzo de formulación, el esfuerzo normativo, supera por mucho los cambios reales. Si bien algunos de los programas mencionados son de aprobación reciente, otros como el de lucha contra el racismo y la discriminación racial y el de desarrollo integral territorial, llevan ya años de formulados, aprobados e intentando implementarse, pero diversas razones frenan ese pasaje de la formulación a la práctica transformadora o se aplican solo parcialmente. Entre las razones resaltan la restricción de recursos, la inercia de enfoques anteriores, la burocratización, las resistencias institucionales al cambio de modelos de gestión y asignación y uso de recursos, a la participación y transparencia inherente a este tipo de políticas y a admitir un pacto social diferente que ellas entrañan. Ese paso entre la formulación normativa y la acción es muy lento y muchas veces las acciones concretas cuando se hacen no recogen el espíritu real de lo que está formulado.

¿Dónde yo creo que está el mayor desafío y los obstáculos que se presentan ante el avance de las políticas de inclusión? El esfuerzo de formulación, el esfuerzo normativo, supera por mucho los cambios reales.

Por otra parte, en muchas ocasiones el diálogo tiene carácter bipartito, que articula academia y decisores dejando fuera al activismo social, a la ciudadanía, o este tercer actor está en una condición de menor jerarquía que los otros dos y solo se consulta intermitentemente o para un tema en específico.  Ese vínculo debe ser tripartito, área política, área academia y área ciudadana: el activismo social, la sociedad civil organizada, líderes sociales de diferentes áreas.

Como puede verse, es un ámbito de dialogo en el que quedan muchos retos de implementación real de políticas y de democratización, de involucramiento de la sociedad civil.

¿Qué relaciones usted destacaría entre pobreza y diálogo?

La relación entre pobreza y diálogo de alguna manera la comenté desde el inicio. Añadiría que es autoritario e irrespetuoso intentar solucionar situaciones de pobreza sin dialogar con quienes están en esa condición, sin crear espacios de taller para encontrar las soluciones más adecuadas, ver el punto de vista de las personas que están en las situaciones más desfavorecidas y conocer como lidian con ellas, en qué medida están en capacidad de involucrarse y comprometerse con su propia transformación. No estoy romantizando la pobreza y el poder de diálogo de esta franja de la población, digo que es un derecho y una necesidad para mejores políticas, un conocimiento de primera mano del punto de vista de las personas en situación de pobreza, sus necesidades reales, sus posibilidades de superar esa situación con apoyo e incrementar las cuotas de inclusión social en la actualidad.

Con el Programa Académico del Centro de Reflexión y Diálogo de Cárdenas coordino el proyecto «Investigación colaborativa ciudadana sobre desigualdades sociales y pobreza. Laboratorio Más Voces» y justamente esa es su intención; explorar en la escala micro, en la vida cotidiana, la manera en que la gente vive, enfrenta sus circunstancias difíciles. Que esas personas formen parte del estudio es un enfoque que se nutre de la investigación acción participativa, y que hoy día involucra a diversos actores en estudios colaborativos. No se trata solo de estudios comunitarios para la autotransformación a ese nivel, sino estudios que también intentan nutrir políticas públicas y ampliar ese espacio de producción de conocimiento donde se integren saberes académicos, saberes populares y de proyectos ciudadanos y saberes de la política.

Yo creo que es una zona especialmente potente para enfrentar retos que tiene la investigación social que hemos practicado hasta hoy y superar sus rasgos autoritarios al sustituir voces, dándole la mayor jerarquía a la interpretación técnica de las evidencias que aportan las personas concretas. En este tipo de investigación colaborativa la academia pone herramientas que otros no tienen para para visibilizar esa voz y para construir de conjunto, pero tiene que hacer un esfuerzo grande por no sustituir la mirada de los otros por su propia mirada, en todo caso crear una visión de multiplicidad.

¿Es la sociedad cubana actual un espacio propicio para el diálogo social?

Paradójicamente, sin bien la sociedad cubana está urgida de diálogo y el diálogo es prácticamente su único camino de solución para conservar soberanía, superar la crisis, encontrar soluciones, especialmente para quienes están en mayores desventajas, observo que actualmente no existen las mejores condiciones para dialogar.

Creo que las autoridades, que deberían ser quienes crearan las condiciones para el diálogo multiactores y para la generación de alianzas pro inclusión, no parecen mostrar mucha disposición para tales experiencias. Más bien su accionar, plasmado en nuevas leyes, nuevos decretos, se muestra inclinado a fortalecer mecanismos de control como fórmula para salvaguardar un punto de vista oficial, muy ortodoxo y sobreideologizado, de cuáles son las acciones de cambio que convienen a la nación y cuáles no. Al mirarlo de este modo, no es un ambiente propicio para generar diálogo. Esto es preocupante porque los caminos de cambio y salida de la crisis, sólo son viables cuando se fraguan en el debate y en el consenso. Este es un escenario que habrá que construir.

La prevalencia del control sobre la apertura se explica, en cierta medida, por las circunstancias de que la crítica situación interna, con sus propias raíces endógenas, tiene también una causalidad ligada a la fuerte y sostenida hostilidad externa del bloqueo, el embargo, las sanciones, como se quiera llamar, de Estados Unidos hacia Cuba. Es un argumento que inclina a decidir que el debate político interno debe manejarse con mucha cautela, para evitar que se produzcan acciones desestabilizadoras, que agraven la crisis.

A mi modo de ver es un tipo de manejo que juega en nuestra contra. Dada la situación crítica extrema del país, ese riesgo real no debería obstaculizar los múltiples procesos de diálogo para encausar cambios sólidos y profundos para soluciones concretas.

He estado hablando en términos abstractos, pero en realidad mis mayores preocupaciones están justo en la franja creciente de empobrecimiento y vulnerabilidad, aquejada por problemas de acceso a alimentos y medicamentos, con servicios de salud y sociales en general que han perdido capacidad de amparo, por el deterioro de la higiene comunitaria y la casi inexistencia de transporte público. Esos problemas especialmente afectan el bienestar en los extremos de la vida —la primera infancia y la vejez— con lo que se compromete el futuro del país y la justa vida digna de las generaciones mayores.

A ello podemos añadir el componente de la elevada migración real, convertida en un factor de decrecimiento poblacional impresionante, y del deseo de emigrar como una estrategia de vida muy extendida entre la juventud, y no solo en ella.

El cuadro resultante evidencia fallas que tienen un carácter estructural y sistémico, que no se trata de componer la batea, sino de cambios profundos de un modelo que no funciona y que está acumulando tensiones. De manera que, aunque hablemos de diálogo en abstracto, lo que estamos diciendo es que se requieren interacciones para un cambio basado en lazos democratizadores, solidarios y colaborativos.