El diálogo como recurso político para la democracia

Cuando de democracia se trata, los problemas parecen ser los mismos en los cuatro puntos cardinales: la influencia de las élites políticas, económicas, religiosas sobre los procesos de decisión; los poderes ejecutivos que prescinden de todo tipo de control popular, los representantes distantes de sus representados, la corrupción, la profesionalización (¿mercantilización?) de la política.

En el afán de superar esta realidad, un primer paso es abrir en toda su anchura los debates acerca de la democracia, sus contenidos, su historicidad. Paso seguido, evidenciar cambios que concreten ese afán. En ese proceso se debe asumir el vínculo entre democracia (¿tipo de relación?), poder (¿para qué?), participación (¿cómo?) y diálogo (¿entre quiénes?).  

Durante el siglo XX y lo que va de XXI, ha predominado en buena parte de las izquierdas una comprensión socialista cuya inconformidad respecto al capitalismo se limita, esencialmente, al rechazo a una distribución desigual e injusta de la riqueza producida. La noción de democracia quedó reducida a la distribución más o menos justas de las riquezas. Concepción que, al decir de Jorge Luis Acanda, entiende al capitalismo y al socialismo en términos «chatamente economicistas».

Ha predominado en buena parte de las izquierdas una comprensión socialista cuya inconformidad respecto al capitalismo se limita al rechazo a una distribución desigual.

Otra interpretación apunta la esencia del capitalismo en términos de mercantilización creciente de todas las relaciones sociales, expropiación continua y ampliada de las relaciones del individuo con su entorno, privatización constante de lo público, enajenación del trabajo. Por tanto, un constreñido sentido de la democracia.

De lo que se trata el socialismo, asumido desde esta otra comprensión, afirma Acanda, es de algo mucho más profundo y complejo: la socialización de las relaciones de propiedad y de las relaciones de poder, dos caras del proceso de superación del sistema de relaciones sociales capitalista. La democracia adquiere, así, una mayor anchura en su sentido de socialización del poder.

La experiencia el socialismo realmente existente no superó los límites democráticos del capitalismo, incluso marcó ciertos puntos de retroceso respecto a los avances que este representó. El sentido histórico de crear otra democracia, no del capital sino del trabajo, quedó trunco al ser erigido un modelo político que consolidó un Estado con fuertes deformaciones burocráticas, lo cual limitó enormemente el control directo de la clase trabajadora y de la sociedad en general sobre la toma de decisiones.

La experiencia del socialismo realmente existente no superó los límites democráticos del capitalismo, incluso marcó ciertos puntos de retroceso.

Como esencia, la experiencia conocida develó que la actividad práctica de los sectores populares desaparece casi por completo, no solo de la considerada gran política, sino de la regulación en su vida cotidiana.

El tema de la democracia devele, al menos, dos preguntas centrales: ¿la superación de los términos opresivos de la sociedad solo tiene ante sí como alternativas el capitalismo y el socialismo existente?, ¿desde qué horizonte corregir los regímenes políticos nominalmente socialistas, el capitalista o el socialista de contenido democratizador?

Para garantizar la desprofesionalización de la política, la desburocratización de los aparatos de control y toma de decisiones, para evitar la autonomización de la clase política con respecto a las clases populares (carácter del liberalismo) es preciso convertir el ideal democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo ni se reduzca a la hechura burocrática que ha predominado como modelo socialista conocido hasta hoy.

Asistimos a una saturación liberal del mundo. La angosta pluralidad redunda en corrientes de los mismos fundamentos liberales. En este escenario, recolocar el socialismo en los debates y propuestas políticas respecto a la democracia implica, de un lado, la polémica permanente con los postulados liberales, de otro, la reconstrucción de sus propios preceptos teóricos. Perspectiva que demanda una revisión crítica de la experiencia del llamado «socialismo real» —que influenció el modelo cubano—, a partir de un enfoque de socialismo democratizador.   

El horizonte de una democracia posliberal sería incompleto sin la superación de la mercantilización creciente de las relaciones sociales. En este camino se ha de recuperar, en tanto emancipación social (politización de lo social), la superación del Estado político vs sociedad civil, la dicotomía entre las elites (burguesía o burocracia) y el soberano, tensión entre una producción cada vez más social e internacionalizada y una apropiación cada vez más privada.

El horizonte de una democracia posliberal sería incompleto sin la superación de la mercantilización creciente de las relaciones sociales.

La democracia como eje de un sistema de relaciones socializadoras recupera, actualiza y expande la noción de República, cuya base constitutiva es la soberanía popular (producción y control de la política). El republicanismo difiere del liberalismo, y este es un foco imprescindible del análisis, en el lugar que otorga en su diseño y práctica política al soberano.  

Durante la mayor parte de su historia, el liberalismo rechazó el principio de la soberanía popular, y cuando lo asumió como resultado de las luchas sociales, lo hizo a través del elitismo democrático (base de la representación).

Distintos mecanismos para achicar la brecha entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, hacen parte de añejos debates y ensayos históricos, con especial énfasis en los mandatos revocables. En su conjunto, la intención esencial es que el Estado no sea concebido como un cuerpo separado y extraño, que somete a las personas, sino como un órgano realmente sometido al control soberano.

El mandato imperativo, por ejemplo, es un modo de representación en el que los funcionarios electos tienen la obligación de respetar las directivas de sus votantes. Así, los ciudadanos tienen una influencia directa en el proceso legislativo y se reduce la posibilidad de que los funcionarios electos incumplan sus promesas de campaña.

Para toda política democrática, el poder legislativo (no solo parlamentario) resulta fundamental, en lugar de la figura de un presidente y un gabinete separados de la legislatura. El poder ejecutivo excesivo incrementa la fragilidad democrática. Los ejecutivos poderosos (en instituciones, organizaciones y empresas) escapan con mayor facilidad al control, la supervisión y el escrutinio populares (base social, ciudadanía, productores).

Para toda política democrática, el poder legislativo (no solo parlamentario) resulta fundamental, en lugar de la figura de un presidente y un gabinete separados de la legislatura.

Abrir la burocracia estatal a elecciones competitivas y sujetarla a la misma posibilidad de revocación que otros representantes, es una propuesta democratizadora que ha tenido muchos «accidentes» históricos.

Cierto que estas ideas y prácticas enfrentan problemas complejos, como la falta de saber técnico, la seducción corporativa y, de manera más amplia, límites de la cultura política y jurídica. Al mismo tiempo, es difícil imaginar una burocracia realmente democrática sin una esfera económica que acompañe el proceso y garantice más tiempo libre para que las personas participen de la administración pública.

Llegamos al nudo gordiano del liberalismo. El gobierno representativo implicó un progreso enorme frente a los regímenes absolutistas, pero develó los límites de su equivalencia con la «democracia total», aun y cuando argumenta que sus diseños institucionales generan un sistema político realmente democráticos.

¿Qué alternativas tenemos?

Frente a las contradicciones de la democracia liberal burguesa y sus alternativas llevadas a cabo por expereincias socialistas, derivadas en autoritarismo burocrático se presenta una de las ideas políticas y constituyente más importantes de Marx: la transformación de una política radical debe ir de la mano de una transformación económica radical. Olvidar la última debilita la primera.

En término más ancho, se trata de impulsar, en la afirmación de Juarez Guimarães, un sector público democráticamente gestionado y socialmente controlado, de expandir los derechos de la mayoría sobre el capital.

Traspasar el límite fundamental del liberalismo, la democracia económica, implica alterar las correlaciones de poder entre capital y trabajo en el seno de las empresas y de las economías nacionales. La democratización de las empresas y de la economía, afirma el sociólogo Armando Fernández Steinko, es, a largo plazo, la fórmula más realista para asegurar incluso las conquistas de democracia política alcanzadas por el liberalismo y para implicar a los ciudadanos en la gestión de la sociedad en su conjunto.

Desde la Revolución francesa quedó planteado de manera radical un desafío que adquirió varias formas, entre ellas, la de una «economía política popular» opuesta a una «economía política tiránica». La primera, base del programa de la república democrática y social de los derechos del hombre y del ciudadano. La segunda, organizadora de la sociedad «para la desdicha común y la felicidad solo de un grupo» que urgía la Ley Marcial frente a las rebeliones populares contra las manifestaciones de ese orden.

La soberanía popular efectiva plantó cara al inquietante «peligro democrático» alegado por la «aristocracia de la riqueza». La noción de pueblo en tanto los excluidos de la política fue interpelada por la noción de pueblo en su sentido constitutivo de esta.

Asumida desde la perspectiva de esa disputa histórica, la economía se traduce en preguntas claves: ¿para qué y para quiénes funciona?; y ¿quiénes y cómo se resuelven los problemas económicos? Mientras estas últimas atienden la dimensión técnica de la economía (en términos de un conjunto de herramientas), las primeras develan el carácter ético que tiene toda actividad económica.

La economía se traduce en preguntas claves: ¿para qué y para quiénes funciona?; y ¿quiénes y cómo se resuelven los problemas económicos?

El diálogo como recurso político para la democracia, es decir, para la socialización del poder, adquiere condiciones y sentidos específicos. No se restringe a las maneras en que la sociedad interpela al Estado. Tiene que ver, sobre todo, con la manera en que la sociedad, sus organizaciones, sus estructuras de producción de bienes, servicio y política, sus grupos y clases sociales se relacionan entre sí y con las instancias públicas. Por ello, el diálogo político es condición para la producción de conciencia individual, gremial, clasista y social.

Es importante remarcar que el diálogo, en tanto condición para conectar las diferencias entre actores, sectores o grupos que comparten visiones afines, encuentra límites estructurales frente a proyectos cuyos contenidos resultan antagónicos.

Advirtamos el diálogo como anclaje político de la soberanía. Este encamina la política entendida en términos de bien común, es instrumento para remover las asimetrías de poder, e impulso para desmontar las desigualdades históricamente creadas: diálogo como práctica política que nutre la conciencia cotidiana de la soberanía.

Como subraya José Ramón Vidal, el propósito del diálogo no es convencer al otro, sino construir una visión compartida. Requiere la humildad de no creerse dueño de la verdad. Implica un ejercicio de empatía. Implica identificar y centrarse en aquello que se tiene en común con el interlocutor y no quedarse atrapados en lo que los diferencia.

El propósito del diálogo no es convencer al otro, sino construir una visión compartida. Requiere la humildad de no creerse dueño de la verdad.

Al mismo tiempo, el diálogo político, añade Mylai Burgos, requiere condiciones materiales, más allá de reglas, voluntad política de las partes, condiciones de igualdad en la práctica y normas jurídicas que lo potencien, incluso para la propia definición de la ley. No puede haber creación de leyes sin contradicciones, pero tampoco sin diálogo, deliberación, disensos, consensos.

Las ideas antes presentadas redundan en que el diálogo, como insiste Mayra Espina, es prácticamente el único camino de solución para conservar soberanía, superar la crisis, encontrar soluciones, especialmente para quienes están en mayores desventajas. Dicho de otro modo, reconstruir un proyecto colectivo mayoritario y sostenibles sólo puede hacerse a partir del diálogo.

Es necesario, sin pretender abarcar todos sus ámbitos, esbozar puntos concretos sobre el diálogo como medio democratizador para el ejercicio de la soberanía en general, y de su correlato económico en particular, a saber:

• Asumir el diálogo como estrategia y contenido para el desarrollo, como potenciación de las capacidades internas, como impulso material y espiritual a las fuerzas productivas (en sentido amplio) del país.
• Facilitar el acceso a visiones distintas sobre un mismo asunto como fragua de la capacidad soberana. La información y formación son imprescindibles para sostener un diálogo cualificado.
• Añadir en el currículo docente, a todos los niveles, la cultura del diálogo como materia de estudio, incluyendo pedagogías dialógicas. Todo cambio social requiere su reforma educativa. Este sería un buen punto para hacer sostenible un orden político dialogante.
• Conectar el enfoque pedagógico-político del diálogo con un sentido más amplio que trascienda los sistemas educativos institucionalizados hacia otras estructuras, instituciones y organizaciones sociales.
• Desarrollar en los ámbitos institucionales una cultura de diálogo que redunde en la definición y control de las normativas.
• Fomentar el diálogo que implique a trabajadores/as, empresarios/as y funcionarios públicos en la definición de las políticas económicas, y como viabilidad para los convenios colectivos de trabajo, pactado entre empresas y sindicatos.
• Promover el diálogo social, como espíritu de cooperación para tener en cuenta los intereses de todos para buscar consensos cuestiones cruciales para la colectividad, más allá de las empresas: formas cooperativas, de autogestión y cogestión en los procesos productivos en las que la propiedad, la gestión y los excedentes son compartidos.

La democratización, como proceso en la totalidad social, alcanza el conjunto de la vida: la vida cotidiana y la actividad económica, las instituciones y el mecanismo político para las decisiones. El énfasis no se reduce a «mejorar» la esfera política o el sistema de instituciones, debe democratizarse el conjunto de la vida. Se trata de democratizar la cotidianidad, crear un sentido común democrático para lo cual es el diálogo un recurso permanente y holístico.

Debemos insistir en la idea de que la democracia es medio para un proyecto político sustentado en la práctica participativa del sujeto popular en todos los ámbitos; lo que implica que democratizar una parte no tiene sentido de no democratizarse la totalidad. Democratizar el Estado y democratizar la sociedad son procesos concomitantes que concreta el entendido de que el socialismo ha de ser la superación de los límites democráticos liberales.