Casas de abuelos privadas y nuevas soluciones para gestionar los cuidados

La noticia es que en Cuba se ha aprobado un nuevo instrumento legal encaminado a los cuidados que incluye la gestión privada de casas de abuelos y cuidados de personas en condiciones de vulnerabilidad, reconociendo la participación estatal y no estatal.

La reconfiguración de las estructuras autorizadas al cuidado de otros fue aprobada en un nuevo Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que se propone garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados y el reconocimiento social de quienes asumen estas responsabilidades.

Según la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, este nuevo sistema publicado en la Gaceta Oficial como el Decreto Ley 109, permitirá dar respuesta a problemáticas que afrontan en mayor medida las mujeres cubanas que se ven obligadas a renunciar a sus proyectos de vida para convertirse en cuidadoras.

La miembro del Buró Político destacó la centralidad de su organización en la implementación de este sistema, que según afirmó brinda un escalón desde lo legal para reducir desigualdades en torno al tema y el reconocimiento social de la labor de los cuidadores, que en muchas ocasiones constituyen formas de trabajo no remunerado.

Otro de los elementos novedosos del decreto son los servicios de respiro, diseñados para brindar un alivio temporal a las personas cuidadoras habituales, permitiéndoles descansar de sus actividades de cuidado y atender su salud física, mental y emocional. Estos servicios se ofrecen en diversas formas, como actividades recreativas, culturales, deportivas, o a través de necesidades de salud, con el objetivo de mejorar el bienestar integral del cuidador. Con este enfoque, se busca reducir la carga que puede implicar la labor de cuidados y fomentar la sostenibilidad de estos roles dentro de la sociedad, garantizando que los cuidadores también tengan la oportunidad de su propio autocuidado y desarrollo personal.

Otros de los apoyos planeados para las personas cuidadoras son la capacitación para mejorar la calidad del cuidado que ofrecen y para fomentar su propio autocuidado y bienestar. Además, se contempla la certificación obligatoria para quienes ejercen como cuidadores remunerados, lo cual contribuye a profesionalizar la labor de cuidados y mejorar las oportunidades laborales en este ámbito. También se prevén licencias laborales con o sin retribución, que permiten a quienes cuidan dedicar tiempo a sus responsabilidades sin perder derechos laborales.

Estas medidas buscan no solo mejorar las condiciones de vida de quienes necesitan cuidados, sino también garantizar que las personas cuidadoras tengan acceso a los recursos y oportunidades necesarias para desempeñar su labor de forma digna y con el apoyo que necesitan.

Según la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), este decreto ley propone un sistema con enfoque de género, derechos e intersectorialidad. Según aclara, las fuentes de financiación serán el presupuesto del Estado y las familias que puedan pagar los servicios estatales o no estatales de cuidados.

Esta noticia contrasta con el hecho de que recientemente desapareció el Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS), que tenía el emblemático edificio en la Rampa habanera. Sus funciones serán ahora desempeñadas por las direcciones municipales y provinciales de Seguridad Social, y por un Departamento del MTSS.

Ante el influjo de preguntas y comentarios sobre el impacto que tendría la desaparición del INASS en la vida de los pensionados, Cubadebate exploró el tema en conversación con la directora general de Seguridad Social del MTSS.

Según Virginia Marlene García, la nueva medida no dejará a nadie en situación de desprotección. La funcionaria explicó que ya el proceso se probó en Artemisa y Mayabeque, provincias en las que estas funciones de la seguridad social pasaron a los gobiernos locales, como parte de una política de país de ofrecer mayor autonomía a los municipios. García Reyes afirma que esta nueva potestad de los municipios acerca estos servicios a la ciudadanía, pero la propuesta contrasta con la baja preparación y evidente crisis de personal en muchas de estas direcciones municipales.

Por un lado, se conservará una dirección a nivel nacional que atenderá a más de un millón y medio de beneficiarios de la seguridad social, y por otro, las pensiones serán pagadas, gestionadas en este nuevo sistema de descentralización por los gobiernos provinciales y municipales.

No obstante, lo más llamativo del texto es que transparentó el panorama de la precariedad de los pagos a los pensionados: casi el 40% de los beneficiarios de una jubilación obtienen pensiones mínimas, dígase 1528 pesos, 12 dólares según al cambio oficial, lo cual explica otra cifra: según la funcionaria, el presupuesto para el pago de pensiones es poco más de 40 millones de pesos. Por tanto, en un país envejecido como pocos, con altísimos niveles de migración de las personas jóvenes y con una esperanza de vida en torno a los 77 años, el Estado no emplea más que 333 mil dólares para pagar pensiones, si convertimos esa cifra de CUP a dólares, usando la tasa de cambio oficial de 1 por 120.

Estas noticias significan que el envejecimiento poblacional, las bajísimas pensiones, la factual desaparición de la red de comida subsidiada por la libreta y la emigración de las generaciones más jóvenes deja al jubilado cubano muy solo, y muy expuesto a la pobreza, problemas de salud mental, y la precariedad de la vida.

En este sentido, es un paso de avance actualizar la política de cuidados y ofrecer oportunidad al sector no estatal, ya que el Estado ha demostrado no poder con esa indispensable red —como los Sistemas de Atención a las Familias que, pese a la baja calidad de los productos ofertados, alimentan a miles de ancianos.

Se prevé que para el 2050 sean más de 3 millones 300 mil las personas con más de 60 años en Cuba —contra alrededor de 2 millones 400 mil existentes en el año 2022—, según la Oficina Nacional de Estadísticas. El flujo de personas hacia el exterior y la baja natalidad convierten a la Isla en uno de los países más envejecidos de la región, por lo que el cuidado de las personas ancianas se ha vuelto un problema social de gran envergadura que hace años el gobierno no puede enfrentar.

Sin embargo, el reconocimiento de los actores no estatales para el cuidado se ha tardado, y es ahora cuando comienzan a hacerse realidad las empresas privadas dentro del sector, con la condición de que al menos el 10% de los ancianos cuidados no paguen el costo, y sean parte del cumplimiento de la responsabilidad social.

En un reciente artículo del medio inglés The Guardian, titulado: «Miembros de la generación de la Cuba revolucionaria se sienten abandonados por la sociedad que crearon», el veterano periodista inglés Ruarid Nicoll conversó con el encargado del Departamento del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, quien le afirmó que Cuba está mejor preparada que otros países para enfrentar el problema global del envejecimiento.

En contraste, Nicoll entrevista a varios que dependen de la ayuda de sus familiares en el exterior, y a otros que piden limosnas en las calles. Además, menciona los datos de que los mayores de 60 son casi el 23 por ciento de la población, y de ellos 221 mil viven solos, la mayoría mujeres.

Nuestra opinión es que el nuevo Decreto es un documento que avanza en el sentido correcto: reconocimiento de las asimetrías de género en los cuidados, y poniendo al sector privado como parte de la solución. Valida el trabajo no remunerado, y además identifica la magnitud del problema de los cuidados en un país como Cuba, lo cual es fundamental porque problema que no se identifica, monitorea o mide, no se puede comenzar a resolver.

Asimismo, a nivel conceptual tiene muchos otros elementos que elogiar. Además del ya citado reconocimiento al cuidador, debe destacarse que el instrumento entiende a la persona cuidada como un sujeto autónomo, con capacidad de decidir sobre sí mismo. Sumado a ello, asume un enfoque interseccional del cuidado y apuesta por soluciones que involucren a diversos actores de la sociedad civil.

Sin embargo, tras una lectura de las siete páginas del decreto surgen muchas preguntas sobre la implementación de una serie de voluntades, como la preocupación de si las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social podrán llevarlo a cabo, sobre todo en aquellos municipios alejados de «zonas luminosas».

Incluso la FMC, organización cuya presidenta dice que es central a nivel local para la implementación de este sistema, tiene poco nivel de articulación a nivel barrial en un contexto donde la lucha por la supervivencia ha potenciado la apatía de la ciudadanía en su relación con las organizaciones políticas y de masas.

Estamos hablando de ancianos, personas que viven con discapacidad, jubilados que han trabajado y contribuido toda su vida al país. Identificar el problema, ponerle nombre y ofrecer autorización a más actores para enfrentarlo es el camino correcto, pero sin una adecuada financiación y gestión corre el riesgo de volverse impracticable y con más preguntas que respuestas en el camino.