Cronograma legislativo cubano: lo que se aprobó en 2023 y lo que se aprobará 2024

Cuba cerró el 2023 con el Segundo Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo que aprobó tres leyes, referentes, respectivamente, a Salud Pública, Fiscalía Militar y Atención a Quejas y Peticiones. En el pasado año los trabajadores cubanos lograron tener por primera vez una ley que los proteja de la violencia en el ámbito laboral. Por demás, se avanzó en normativas sobre los roles de la Contraloría General de la República y una proyección presupuestaria que en 2024 dedica un amplio margen a sectores sociales e intenta reanimar una economía en crisis.

No obstante, en mi revisión de las leyes aprobadas en este año saltaron a la vista decretos de suma importancia para la ciudadanía que han sido pobremente abordados por la prensa oficial. En especial en lo relacionado con la seguridad nacional, la protección de la información clasificada del Estado y el enfrentamiento a la corrupción.

En el presente año se deberán aprobar también instrumentos jurídicos de vital significación para el país, algunos pospuestos de 2023 y otros que se mantienen en el plan de 2024. En este trabajo comentaré los más notables.

Lo relativo a la economía y el trabajo

En el cronograma 2023-2027 está prevista la aprobación de 52 leyes; de ellas, 16 que pertenecían a 2022, 35 propuestas por las instituciones, así como el Decreto-Ley «De la Administración Financiera del Estado», pendiente desde el año anterior, informan medios oficiales.

En febrero de 2023 entró en vigor la modificación de la Ley 107 «De la Contraloría General de la República de Cuba», aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1ro de agosto de 2009. La nueva Ley, de número 158, había sido aprobada en 2022 y regula el control de los fondos públicos y de la gestión administrativa del Estado, a través del ejercicio de la Contraloría General. Responde a la recomendación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en ese sentido busca garantizar la independencia funcional de dicho órgano fiscalizador superior, así como regular sus funciones.

En adición, el 25 de octubre de 2023 entró en vigor el Decreto-Ley «De las cooperativas agropecuarias», que establece el marco jurídico que regula la «organización, constitución, funcionamiento, integración, escisión, fusión, disolución y extinción» de esa forma de propiedad que ha adquirido protagonismo en la economía cubana como alternativa a la crisis.

El 17 de julio fue aprobado el Decreto-Ley «Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Ciudadanos Cubanos Designados como Representantes de las Representaciones Comerciales Extranjeras en la República de Cuba». Presentado por Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, es una respuesta al «establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba», propuesto el 22 de febrero de 2021 en el Decreto 32. La novedad en julio de 2023 es que los cubanos designados como representantes comerciales extranjeros estarán protegidos por un régimen especial de seguridad social, con excepción de quienes ya estén afiliados al régimen general.

El 28 de septiembre de 2023 entró en vigor el Decreto 96 referente al «Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y situaciones de acoso en el ámbito laboral»: por primera vez la ley en Cuba protege a los trabajadores de la violencia laboral y aboga por un ambiente de trabajo inclusivo. Dicha normativa recoge el accionar en caso de discriminación, violencia y acoso en el trabajo, como una violación de los derechos humanos y del principio de igualdad laboral. Igualmente, vela por la salud sicológica, física y sexual de las personas.

Por otro lado, también en noviembre de este año entraron en vigor los Decretos «Del Régimen Especial de Seguridad Social del Sector Agropecuario y Forestal» y «Del Régimen Laboral Especial de las Personas Privadas de Libertad que trabajan dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios».

El primero amplía la cobertura de la seguridad social a todos los trabajadores cubanos, y según señala la ministra Feitó: «Tiene el objetivo de agrupar en un solo cuerpo legal, a todos los sujetos del sector agropecuario y forestal, protegiendo a aquellos que no reciben los beneficios del régimen especial de la seguridad social, ampliando la cobertura de los riesgos y homologando el tratamiento con el sector estatal».

El segundo se encarga de quienes cumplen sanciones penales en Cuba y «regula la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de libertad apta y en disposición de trabajar y la autoridad penitenciaria para el desarrollo de una prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada; se aplica también a los que cumplen medida cautelar de prisión provisional en el sistema penitenciario cubano, y se excluyen las actividades que forman parte del proceso educativo en el establecimiento penitenciario».

Dos leyes ocultas

En octubre de 2023, el Consejo de Estado aprobó los decretos leyes «Sobre la Seguridad y Protección de la Información Clasificada y Limitada» y «Sobre el Desarrollo, la Aplicación y Uso de los Dispositivos de Protección Criptográfica y Servicios en la Esfera de la Criptografía en la República de Cuba». En ninguno de los dos casos se encuentra la información publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y la que brindan los medios oficiales de comunicación no contempla siquiera el número de los decretos en cuestión.

Referente a la información clasificada, la nueva legislación representa una novedad respecto al Decreto-Ley por el que se regula la Seguridad y Protección de la Información Oficial, del 25 de noviembre de 1999.

En esta normativa, según explican medios oficiales, se establecen «las reglas para garantizar la seguridad y protección de información y datos en cualquier soporte que reflejen la actividad del Estado o información emitida por otra persona jurídica o natural, siempre que sea reconocida legalmente por el Estado cubano, cuando su divulgación o conocimiento no autorizado, alteración o no disponibilidad, le represente un riesgo, amenaza o daño».

Ya en agosto de 2021, como consecuencia del estallido social del 11J, vio la luz el Decreto-Ley 35 que estipula el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, así como el uso del espacio radioeléctrico. Dicho decreto va orientado al uso por parte de la ciudadanía de esas tecnologías y sanciona su empleo para «acciones contra la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público», categorías tan amplias como imprecisas que permiten al Estado castigar el disenso o el uso de las redes sociales para la acción colectiva.

Por ende, la nueva normativa que protege la información oficial forma parte del blindaje en materia de telecomunicaciones y seguridad que desarrolla el Estado cubano. Estas leyes y la oscuridad en torno a ellas, lejos de favorecer una transparencia que facilite un gobierno abierto, fortalecen a un Estado cada vez más encriptado, receloso con la información para con su sociedad civil.

En tanto, el segundo Decreto Ley en cuestión se refiere al uso de los dispositivos de protección criptográfica. Según informa el Ministerio del Interior, dicha regulación explicita «el ordenamiento del desarrollo científico y técnico, la aplicación y el uso de los dispositivos de protección criptográfica, la organización y funcionamiento de los servicios en la esfera de la criptografía, y el funcionamiento del sistema de trabajo nacional para asegurar integralmente la calidad de los citados productos y servicios».

Lo relativo a la justicia penal

El 17 de julio de este año fue aprobado el Reglamento de la Ley de Ejecución Penal que responde a la Ley 152, de Ejecución Penal, aprobada el 15 de mayo de 2022. Según consigna en su artículo 1, tiene como objetivo reglamentar el proceso de ejecución de sanciones penales, «medidas de seguridad posdelictiva terapéuticas, cautelar de prisión provisional y sobreseimiento condicionado, en lo relacionado con el modo y tiempo de actuación de los sujetos implicados».

Por otro lado, en noviembre de 2023 la Gaceta Oficial cubana publicó un nuevo «Código Penal Militar» que según su texto, regula «los derechos fundamentales en el ámbito de la prestación del servicio militar» y busca «fortalecer el principio del mando único, la disciplina militar y preservar la defensa y seguridad nacionales».

Otras leyes aprobadas

Finalmente, en el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en su X Legislatura, el Parlamento cubano aprobó tres leyes fundamentales: la ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas; la nueva Ley de Salud Pública y la Ley de Fiscalía Militar.

La normativa referente a las quejas y peticiones obliga a los directivos y funcionarios del Estado a atender los requerimientos de la ciudadanía conforme a lo establecido en las disposiciones normativas. Estas quejas incluirían la insatisfacción de las personas jurídicas con actuaciones o circunstancias relacionadas con los órganos, organismos, entidades, directivos, funcionarios y empleados del Estado. Las diligencias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita, de manera presencial o mediante un canal que permita verificar su autenticidad, y el procedimiento debe contener: nombre y apellidos de quien formula, nacionalidad, número de carné de identidad, identificación de la entidad, órgano o autoridad a la que se dirige y lugar o vía elegida para la práctica de notificaciones.

La Ley de Fiscalía Militar, por su parte, define la organización, funciones y estructura de este órgano de la Fiscalía General de la República. Según informan medios oficiales, dicho instrumento jurídico incorpora la  experiencia del «proceso de perfeccionamiento de estructuras y funciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint) que tienen un impacto en la Fiscalía Militar», como resultado de la proclamación de la Constitución de 2019.

Finalmente, la ley de Salud Pública trae novedades respecto a la anteriormente vigente Ley 41, del 13 de julio de 1983, tales como el derecho de las personas a tener una muerte digna, con lo cual se legaliza la eutanasia en Cuba. En el instrumento jurídico se conciben principios como el acceso a la salud universal y gratuita. Se reconoce, asimismo, como un derecho de la ciudadanía, la no discriminación y la no violencia al recibir atención médica, lo cual aplicaría como garantía en casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, aunque esta categoría no esté tipificada explícitamente. La ley reconoce de manera abierta el aborto, al consignar en el inciso h del artículo 16.1, que: «es un derecho acceder a métodos para la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo, con las excepciones que se establezcan». 

Qué viene en el presente año

Casi finalizando 2023, el Consejo de Estado acordó modificar de manera excepcional el resultado presupuestario mediante el Decreto Ley 82, modificativo de la Ley 157 «Del Presupuesto del Estado para el año 2023». En ese sentido se aprobó un déficit fiscal de 98 363 800 000 pesos, por lo que la deuda pública contraída en el año 2023 asciende a 151 104 900 000 pesos.

El presupuesto del Estado en 2024 se enfocará entonces en sectores estratégicos. La proyección de los gastos totales máximos es de 480 707 millones de pesos (un 37% de crecimiento), según informa el Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios. En ese sentido, el 63% de los gastos totales se destinará a sectores y programas sociales (educación, salud, deporte, cultura y seguridad social).

Regueiro Ale señaló la necesidad de consolidación del sistema tributario para enfrentar la crisis económica en Cuba, y para ello el Plan Integral de Control Tributario proyectado por la ONAT considera el incremento de la efectividad de las acciones de fiscalización y vigila especialmente los delitos en este orden. Por ende, aumentará el rigor en el procesamiento de las denuncias por delitos de evasión fiscal.

La proyección presupuestaria de 2024 busca favorecer la autonomía de las provincias y municipios. El ministro llama a la participación directa de la población, a través de las rendiciones de cuenta de los delegados del Poder Popular, para construir propuestas de ejecución del presupuesto en los municipios que tributen al desarrollo barrial. 

Leyes pendientes

Respecto a las leyes pendientes de 2023, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, dijo que en el cronograma legislativo para el periodo 2024 – 2027, se mantienen 17 leyes para el próximo año, y se redistribuyen las pendientes del 2023 entre los próximos dos; por lo que se incrementa a 14 leyes la planificación para 2025 y se mantienen las cifras programadas inicialmente para 2026 y 2027.

Las leyes aplazadas del 2023 para 2024 son: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (abril de 2024), las Leyes de Migración, de Extranjería y de Empresas (julio de 2024) y la Ley de Posesión y Uso de la Tierra (diciembre de 2024).

Para 2025 quedarán la Ley de Ordenamiento de la Migración Interna (diciembre de 2025), las de Identidad, de Seguridad Social y de la Vivienda (julio de 2025), la de los Servicios Policiales y la de Patrimonio Estatal (diciembre de 2025). Al parecer, las personas trans deberán esperar un año más para que se reconozca su identidad en documentos y procedimientos legales; lo relativo a cómo el Estado garantiza jurídicamente el derecho a una vivienda digna quedará, asimismo, pendiente.

En 2024 se espera una álgida discusión en torno a la Ley de Empresas, un instrumento que ha generado grandes expectativas entre los estudiosos e interesados en la economía cubana, porque deberá regular la relación de las empresas estatales con las privadas. Concita atención cómo el instrumento incidirá en el papel de las empresas asociadas al grupo militar GAESA, las cuales siempre han operado en condiciones de privilegios, que implican una autonomía en su gestión negada a sus homólogas y una oscuridad en cuanto a la rendición de cuentas de sus ingresos.

También se espera con ansias la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Con ella hay aspiraciones a que puedan ser públicos, datos esenciales para la rendición de cuentas desde la opinión pública, como las ganancias de las empresas estatales, y un mejor desglose de los presupuestos públicos a escala nacional y local.

Según el diario Granma, el instrumento «plantea entre sus objetivos garantizar el ejercicio del derecho de acceso y facilitar una mayor cantidad de información disponible, así como tributar al cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones de los sujetos obligados, con respecto a la transparencia y el acceso a la información pública, y a la protección de los derechos ciudadanos previstos en la Constitución de la República». Además, afirma que «toda persona, sin ningún tipo de discriminación, tiene derecho a acceder y consultar la información pública, que incluye el derecho de recibirla y divulgarla, siempre que no se encuentre entre las excepciones establecidas en la presente ley».

Ojalá las excepciones no sean tantas que terminen arrojando en saco roto el objetivo principal del instrumento. En múltiples ocasiones, periodistas, incluso de medios estatales, han afirmado que funcionarios se han negado a darles información sobre temas polémicos; la nueva ley debe suplir esto, y digo «debe», porque no es la única forma en que se limita en la Isla el acceso a la información pública, ni sería la primera ley que encuentra tantas trabas en su aplicación que termina siendo inoperante. No obstante, de aprobarse, sería un paso de avance significativo.

El resto del cronograma legislativo

Unido a las leyes pospuestas, el cronograma del presente año traerá otras leyes de las que poco se sabe y regularán procesos de vital importancia para el país. Entre ellas se puede destacar la Ley del Procedimiento Administrativo que normará «el proceder administrativo para una mejor gestión de la Administración Pública ante la población»; la Ley de Aduanas, que deberá actualizar qué artículos podrán entrar al país, algo sumamente importante si se tiene en cuenta que esta vía es una de las formas de abastecimiento al mercado informal de productos de primera necesidad —como los medicamentos—; la Ley Tributaria que actualizará la política tributaria; y el Código de Contravenciones, que establecerá «las distintas sanciones en materia contravencional», o sea, pautará las sanciones para aquellas violaciones de otras leyes que no constituyan delitos punibles por la justicia penal. 

El Código del Trabajo será otro de los instrumentos previstos, el cual, además de complementar el mencionado Decreto 96 aprobado en el presente año, deberá regular todo lo referente a «las relaciones laborales, sus principios, derechos y deberes». Habrá que ver cómo el nuevo Código logra hacer valer los derechos de muchos trabajadores que hoy se encuentran en situación de explotación laboral y con muy pocas garantías para demandar a sus empleadores. Veremos si abordará efectivamente los sectores menos regulados en materia de derechos laborales como las empresas privadas y extranjeras, donde en varios casos operan, en la práctica relaciones, muy parecidas a las del capitalismo más brutal.

Por último, el Código de la Niñez, Infancia y Juventud deberá actualizar una legislación que data del año 1978, para atemperarla a los derechos proclamados en la Constitución de 2019. El instrumento anterior regulaba «la participación de los niños y jóvenes menores de 30 años en la constitución de la nueva sociedad y establece las obligaciones de las personas, organismos e instituciones que intervienen en su educación».

De mantener su objetivo, el nuevo Código deberá complementar y hacer efectivos otros derechos recogidos en el Código de las Familias de 2022 y dar respuesta a varios de los señalamientos que se le han hecho al país en materia de derechos humanos, como los derechos de los menores de edad privados de libertad. Asimismo, deberá encontrar incentivos para que los jóvenes decidan permanecer en su país en un momento en el que este segmento poblacional encabeza las cifras migratorias más altas que ha tenido la Isla en toda su historia.

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Las leyes promulgadas durante 2023 reafirman las tendencias del Estado cubano en los últimos años: una apertura positiva en materia de derechos civiles, el constante devenir de emergencia de una economía en quiebra que intenta mantenerse a flote, abriéndose cada vez más a las soluciones del capital para poder insertarse en un mercado mundial, donde ya no hay un «bloque socialista» salvador.

Al unísono, se mantiene un poder que se blinda para sostenerse aplicando soluciones autoritarias y que no parece dar su brazo a torcer en materia de derechos políticos. Habrá que ver cuánto tiempo es sostenible esta fórmula, más si las reformas prometidas no logran aumentar el bienestar social de una ciudadanía que ya viene dando muestras de agotamiento.

Anexo: Cronograma legislativo actualizado según modificaciones anunciadas 2024-2025

Fuentes: cronograma legislativo aprobado e información de medios estatales