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Esta semana fueron noticia varios indicadores que confirman la policrisis existente en la Isla: un decrecimiento del turismo en un 22% durante el primer trimestre del año, una baja en la producción de alimentos, y al menos 2.5 millones de personas menos en el país.
Parte de la información se conoció en la última sesión del Consejo de Ministros, reportada en TV nacional esta semana, pero celebrado en fecha desconocida, puesto que en la misma emisión se televisó la reunión, dirigida por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y luego se le vio en Rusia, como parte de su visita oficial.
Como es habitual, distintos funcionarios actualizaron sobre cómo marcha el «Programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», al cual se refiere constantemente el discurso político, pero cuyos detalles no se conocen, ni las fechas de plazos para los cumplimientos.
La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, explicó que en las últimas semanas el trabajo se concentró en el diseño de esquemas cerrados de autofinanciamiento en divisas, así como en el principio de subsidiar personas y no productos, una intención que el gobierno cubano lleva declarando hace casi 15 años, sin lograr ningún avance significativo en ese sentido.
Funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios dieron la «buena noticia» de que el presupuesto nacional presenta una ligera mejoría con un superávit de 359 millones de pesos, sin embargo, es un resultado directo de la inejecución de gastos y de un estancamiento de salarios, no necesariamente se debe a un aumento de la productividad o del valor del peso cubano.
En cuanto a los usos de presupuestos, la ministra de Trabajo y Segurida Social, Marta Elena Feitó Cabrera informó que el presupuesto de asistencia social se encuentra a un 93% de ejecución.
«Si nosotros tenemos brechas de equidad que atender, que son objetivas, no es congruente que haya territorios que tengan inejecuciones tan grandes de este presupuesto», sentenció la ministra en una autocrítica al sector que ella misma dirige.
«Un mejor empleo permitiría una mayor atención a los adultos mayores, niños, y haciendo cosas de carácter social que tienen un impacto favorable».
Marrero también criticó la inejecución de ese presupuesto y lo consideró inconcebible, teniendo en cuenta «las complejas situaciones por resolver, sobre todo las relacionadas con personas en situaciones de vulnerabilidad, que podrían beneficiarse con ese presupuesto».
Durante la reunión se confirmó que en los últimos cuatro años la población nacional descendió «significativamente», y aquí citamos el adverbio con el que se valoró el decrecimiento a 9 millones 740 mil habitantes. El reporte señala entre las causas: el bajo número de nacimientos, el incremento de las defunciones y el saldo migratorio.
Esta semana también se han dado a conocer otras malas noticias que dan cuenta de la crisis económica que vive el país. El último reporte de la ONEI sobre la producción de alimentos confirma lo que se vive en la calle: menos de casi todo y mayores precios.
Entre los números rojos está la producción de pienso mezclado (alimento animal), que descendió en un 47% con respecto al año anterior. Esto implica que los animales tienen menos que comer y por tanto la carne porcina y bovina escasea más que nunca. En 2023 se produjeron 18.100 toneladas de carne deshuesada, y un año después 14 400.
Sin embargo, el número más impresionante es el del cerdo en banda, que en un quinquenio ha bajado de 134 700 toneladas a 7200. Se produce un 90% menos, lo cual hace difícil el acceso a lo que fue antes la fuente de proteína preferida de los cubanos.
La producción de arroz sí mostró una ligera recuperación, aunque modesta, si se considera que de 27900 se pasó a 34400 toneladas, no obstante, en el 2024, el arroz de producción nacional alcanzó apenas para cubrir el 11% de la demanda.
Es evidente que las medidas que se han aplicado en la agricultura para incentivar la producción de alimentos no están dando resultados, y no se observa una mejoría en torno a lo que se pudiera cambiar y que no está relacionado con las carencias inherentes al sistema sancionatorio al que está sometida Cuba.
Si bien parece que ha quedado atrás el modelo de ponerle todo al turismo, ante la emergencia energética los esfuerzos de inversiones se han redireccionado al sector de la energía. En cambio, los renglones que garantizan la alimentación de las personas siguen ausentes de inversiones y políticas de fomento.
Mientras tanto, otro creciente e influyente sector de la economía sigue sufriendo la incertidumbre del paso para adelante y dos para atrás: después del anuncio de que los privados no podrían importar ni comercializar de manera mayorista, lo cual ocasionó pánico entre proveedores, vendedores y compradores, el gobierno ha decidido aplazar esa decisión para las empresas de manera indefinida, hasta que «culmine la evaluación económica y social de su desempeño en el ámbito territorial o nacional, alineado con las políticas del país», en lo que es otro ejemplo más de una decisión que se anuncia sin tener una idea clara del impacto que podría sufrir la gente de implementarse a cabalidad.
Por ahora sí se mantiene la prohibición de que los trabajadores por cuenta propia no pueden importar ni comercializar de manera mayorista, y sigue reservado para las mipymes que tengan esa actividad legalizada dentro de su portafolio de actividades.
La consultoría privada Auge reaccionó en Facebook a esta decisión: «Si bien es positiva la cancelación de facto de la Resolución 56 […] ha dejado consecuencias negativas en el sector empresarial cubano:
1) incertidumbre en el futuro de miles emprendedores que han construido sus modelos de negocios alrededor el comercio mayorista.
2) inseguridad jurídica, en tanto los vaivenes de la norma (anuncio, posposición y cancelación) afectan las expectativas de todos los agentes económicos y su confianza en las autoridades».
Y deja una pregunta que muchos se hacen: ¿se aprobarán nuevas empresas con la posibilidad de importar? De no aprobarse se estaría creando un monopolio de facto sobre la importación en manos de privados, lo cual hace desigual y por tanto injusto el acceso a las actividades empresariales del emergente sector privado.
«La suspensión indefinida de la Resolución 56 —aunque alivia tensiones inmediatas— no resuelve el problema de fondo: un marco regulatorio volátil que limita el desarrollo económico», concluye el post.
El sector privado también tuvo otra buena noticia esta semana: cifras oficiales indicaron que entre enero y marzo de 2025 el número de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas registradas en Cuba pasó de 9236 a 9550, un avance del 3,4 %. Paralelamente, las mipymes estatales aumentaron un 18 % (de 170 a 201), aunque sigue habiendo 50 entidades privadas de este tipo por cada pública.
Esta noticia significa que la economía cubana sigue en profunda crisis, en la que no muestran signos de recuperación eslabones frágiles del sistema: la producción de alimentos y de electricidad. Los impulsores tradicionales de la economía, el turismo por ejemplo, no se recupera y muestra números en negativo.
Significa además que hay una evidente falta consenso en el gobierno; un día se toma una decisión y ante el influjo de críticas y riesgos, se retrocede en la aplicación de esa decisión, lo cual genera incertidumbre, el peor escenario posible para emprender.
En los reportes de prensa sobre el Consejo de Ministros se afirmó que la salida a varias de las problemáticas estaba en reforzar el enfoque de «economía de guerra» en la gestión. Es un concepto repetido por el presidente, pero sobre el cual se ha explicado poco en los medios. En todo caso, de adoptarse esta lógica, sería imperdonable la improvisación y poco sustento real de varias de las políticas aplicadas, como la Resolución 56, que tuvo que aplazarse ante la eminente escasez que provocaría, algo que no hacía falta ser un experto para predecir.
Otro término enfatizado fue el «control popular», que se trata del entramado de mecanismos mediante los cuales trabajadores y comunidades participan de forma directa para fiscalizar, decidir y orientar la gestión económica y política. Según el periódico Granma «se ejerce en los centros de trabajo a través del movimiento obrero, insistió el jefe de Estado, y hay otro que se ejerce desde los grupos de trabajo comunitario, con la participación de la población».
El reporte también marca que estos mecanismos deben potenciarse «para que, de manera más directa, la población participe en la toma de decisiones». Cabría preguntarse cómo es posible entonces que se tomen medidas claramente impopulares y cómo consultaron a ese «movimiento obrero». También cómo se ejercerá este control con un sistema de prensa que se dice pública, pero es claramente triunfalista, con una manifiesta incapacidad de criticar a dirigentes y políticas, a no ser cuando el Partido lo orienta «desde arriba».
Este reporte del Consejo de Ministros muestran además que el gobierno sigue tomando decisiones con poco sentido de la urgencia y trata al sector privado desde una posición de superioridad, y dictando lo que puede o no puede hacer, en lugar de incorporarlo como un actor que —no desde los límites y la demonización, sino desde la participación y el fomento— pueda contribuir a resolver el innegable problemón en el que está la economía, y de la cual depende el proyecto de vida de tanta gente.
Nuestra opinión es que si bien el gobierno ha mejorado en cuando a informar públicamente con estadísticas precisas —aunque es imposible obviar el desfase en la fecha de publicación del reporte sobre el Consejo—, hay que tener en cuenta que la información es una herramienta para la toma de decisiones, y no parece interpretarse lo que está viviendo el país con el sentido de urgencia que sufren tantas personas.
La crisis económica trae pobreza y agotamiento, apagones que incluso superan las 20 horas, la incertidumbre de no saber cómo cocinar, la situación de un transporte inexistente, la inflación galopante… hacen de la vida de la gente un calvario, la misma gente que debe empujar la economía hacia adelante, en un ejercicio de esfuerzo colectivo.
Parecería una perogrullada: los alimentos son el punto débil más serio de la economía nacional, sin el cual no se puede pensar en la recuperación de casi nada más. Y vamos con la segunda perogrullada: la comida no crece sola, mucho menos para alimentar a grandes poblaciones. Se necesitan incentivos, condiciones en el campo, razones para trabajar en él, facilidades de pagos, disminución o eliminación de impuestos, y eliminar el control sobre los precios que se parecen a una economía basada en subsidios, pero que no subsidia al campesino.
Estamos ante un gobierno que se la pasa hablando de avances, de oportunidades, de estabilidad, de ventajas de un modelo que no son coherentes con las cifras en rojo que luego revela. La normalidad no se puede fingir, o se termina en la trampa entre lo que parece y lo que verdaderamente es.


Coincido totalmente con lo expresado en el artículo. El desgaste de la población pasa factura. No hay noción sobre la urgencia de restablecer los equilibrios macro, o al menos desatar las fuerzas productivas…mientras, se criminaliza la pobreza y se acude al código de familia como argumento de amparo legal .
Se dice,que los extremos se tocan. Entre el gobierno de Trump, y este, ya parece que se abrazan.