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El Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial fue aprobado en noviembre de 2019 como parte de una política oficial del Gobierno cubano. La comisión encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos, de forma paradójica, está encabezada por el propio presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo cual certifica el carácter verticalista y centralizado de su puesta en marcha; a pesar de las complejidades de carácter intersectorial y transdisciplinario que caracterizan las expresiones del fenómeno en la Isla.
Según el discurso de las autoridades, esta política pública está integrada al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES), y sus directrices están comprometidas con la agenda 2030 impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). El programa abarca siete ámbitos fundamentales: educación, salud y bienestar, trabajo, hábitat y condiciones de vida, ingresos, desventajas socioeconómicas e integración, racismo y discriminación. Sin embargo, teniendo en cuenta la tan ambiciosa agenda de trabajo, es llamativo que el grupo conformado por intelectuales, académicos, activistas y estudiosos de la temática, carezca de un presupuesto declarado de forma pública para la implementación de estrategias reparativas.
Esa realidad obstaculiza las bases prácticas para la materialización de sus políticas al no contar con autonomía a planos financieros, lo cual restringe su incidencia efectiva en cada uno de los ámbitos objeto de transformación. Entre los antecedentes contemporáneos e institucionales del programa se encuentra el Proyecto Color Cubano (2001-2009), la Comisión Aponte de la Uneac (2009) y la Articulación Regional Afrodescendiente para América Latina y el Caribe (Cuba, 2012).
Del «racismo científico» a la cosmovisión nacionalista del mestizaje
Aunque la ciencia antropológica contemporánea es consciente de que no existen «razas» humanas, el recurso de racialización se utilizó por siglos durante las empresas coloniales para justificar los procesos de sometimiento hacia grupos humanos de menor desarrollo tecnológico, considerados física y mentalmente inferiores.
En Cuba, desde comienzos del siglo XIX hasta inicios del período republicano, se publicó una importante producción de pensamiento considerada científica para la época, alineada a los preceptos de criminalización hacia las personas de rasgos «no caucásicos», detrás de cuyo sustento se encontraba el propósito de fortalecer los valores del supremacismo blanco. A dicha perspectiva desde la criminología moderna contribuyeron autores como José Rafael Montalvo (1843-1901), Carlos de la Torre Huerta (1858-1950) y Luis Montané Dardé (1849-1936), entre otros.
El imaginario político de la democracia republicana reivindicó un discurso de igualdad entre todos los miembros de la nación. Sin embargo, la historiografía es consciente que dicha retórica no guarda correspondencia con las condiciones materiales de las personas negras y mestizas de la Cuba poscolonial. Por ejemplo, los sujetos de pigmentación oscura fueron excluidos del cuerpo policial y el personal diplomático, en tanto quedaron relegados del proceso de redistribución de riquezas y propiedades posterior a la abolición de la esclavitud, como demuestra la historiadora Aline Helg en su libro: Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba (1886-1912)[1].
Los sujetos de pigmentación oscura fueron excluidos del cuerpo policial y el personal diplomático, en tanto quedaron relegados del proceso de redistribución de riquezas.
Fue el Partido Independiente de Color (1908-1912) la agrupación política que se dedicó a consagrar su labor en la lucha contra el racismo sistémico republicano. Su composición, encabezada por los jefes militares de la independencia Evaristo Estenoz (1872-1912) y Pedro Ivonnet (1860-1912), estuvo integrada en gran medida por antiguos soldados y oficiales del Ejército Libertador, cuya membresía negra y mestiza constituía alrededor del 75-80 % de las filas insurrectas. Sin embargo, el brutal aniquilamiento de los alzados por los tropas de la armada nacional, precedida de una intensa campaña de desinformación y mercenarización política, demostró que el modelo republicano oligárquico no estaba dispuesto a quebrantar las bases del bipartidismo conservador y menos aún a darle cauce a las demandas provenientes de estos sectores.
La génesis histórico-conceptual del «color cubano»
La masacre en 1912 del Partido Independiente de Color (PIC) provocó un número indefinido de muertos en los campos del país. La mayoría de las/os historiadoras/es estiman por las declaraciones de sobrevivientes y testigos, que las cifras de fallecidos oscilan entre dos mil y seis mil asesinados; a pesar de la impugnación minoritaria llevada a cabo por otros autores a la distancia de los años[2]. La matanza ocurrida en el centro y oriente del país, sirvió como traumático escarmiento que desmovilizó a las personas negras, al punto de no surgir otra organización con carácter partidista similar, enfocada en combatir el flagelo de la discriminación racial entre 1912-1958.
Ese lamentable acontecimiento reestructuró la narrativa de los sectores racializados ante las estructuras de exclusión implantadas por el poder político del sistema capitalista. La desmovilización forzosa trasladó el debate público hacia los medios de prensa, sociedades culturales y espacios académicos. En este contexto se produjo la asimilación de la corriente negrista de los Estados Unidos, que en la Isla tuvo efectos notorios al potenciar hacia los años veinte los estudios sobre la vida, obra y prácticas culturales de africanas/os y sus descendientes.
Algunas personalidades de la época como Regino Boti (1878-1958), José Manuel Poveda (1888-1926), Emilio Ballagas (1908-1954), Rómulo Lachatañeré (1909-1952), Alejo Carpentier (1909-1980), Alejandro García Caturla (1906-1940), Ernesto Lecuona (1895-1963) y Amadeo Roldán (1900-1939), tuvieron marcado protagonismo en la resaltación de los elementos afrocubanos como parte de su obra. El imaginario social racista pasó entonces, de promover el anti-africanismo como política de Estado, a fomentar una visión que entendía al sujeto no blanco como otredad erotizante y exótica, cual mero recurso de mercantilización cosificable.
Ante este panorama epocal la idea del mestizaje ganó terreno en las discusiones en torno al denominado «problema negro», a partir de la visión del ajiaco propuesta por Fernando Ortiz (1881-1969) o del «color cubano» planteada por Nicolás Guillén (1902-1989), que asumía la nacionalidad como un espacio interracial armónico en el que confluían las culturas trasatlánticas. Los conflictos detrás de tales conceptos radicaban en ofrecer la propuesta de un espacio de convivencia fraternal inexistente, abstraída de las diferencias sociales. Por tanto, dicha visión «sinflictiva» invisibilizaba el pasado esclavista, colonial y discriminatorio sobre las personas negras en condiciones de relegación económico-social, tal como revelan las crónicas, censos e investigaciones durante el período nacional correspondiente.
Las diferencias del color en la Cuba posrevolucionaria
Las políticas de justicia social posterior a 1959 tuvieron como principales beneficiarios a las personas de extracción humilde, junto a aquellas que por su color de piel quedaron excluidas de espacios públicos, clubes y sociedades aristocráticas, sin importar su nivel de adquisición económica. Los avanzados indicadores que mostraba la nación en diversas áreas relacionadas con la producción, la tecnología y la cultura, constituían beneficios disfrutados por una clase selectiva de élite. Por ende, el proceso revolucionario gozó de amplia aprobación entre los sectores populares que padecían los rigores de la pobreza y la desigualdad impuesta por el régimen de capitalismo subdesarrollado.
El amplio acceso a la educación universal y salud pública, así como el cese de la segregación por motivos raciales, junto a la implementación de medidas como la reforma agraria, la reforma urbana y la nacionalización de empresas garantizaron mejores condiciones laborales, calidad de vida y bienestar para quienes durante décadas contemplaron la vulneración de sus derechos sociales. La política del Estado asumió una incuestionable condición reparativa, aunque no atendió las elementales diferencias en el punto de partida entre los ciudadanos.
Durante décadas numerosos especialistas de la ciencia económica como Carlos Rafael Rodríguez (1913-1997), Francisco López Segrera (1940), José Luis Rodríguez (1946), Humberto Pérez (1937), Juan Carlos Albizu-Campos (1963), George Carriazo (1948) entre otras/os, abordaron en sus trabajos la importancia de la obra social revolucionaria para las grandes mayorías del país. Sin embargo, las estrategias de desarrollo económico signadas por el paradigma soviético y los fundamentos del marxismo ortodoxo, no consideraron las asimetrías predominantes por razones históricas entre los distintos grupos sociales del territorio; lo que a su vez incidió en la ausencia de políticas públicas para los necesitados de focalización.
Acerca de la relación entre cultura y pobreza en el campo de la disciplina antropológica, el científico de origen estadounidense Oscar Lewis (1914-1970), reconocido por sus aportes a este ámbito de la investigación, desplegó importantes análisis de campo en distintos barrios empobrecidos de la capital, aunque sus conclusiones jamás fueron publicadas por las editoriales de la Isla, dado el imaginario impuesto en torno a la ausencia de este flagelo en el país.
Oscar Lewis desplegó importantes análisis de campo en distintos barrios empobrecidos de la capital, aunque sus conclusiones jamás fueron publicadas
En igual ámbito, los estudios de Tomás Fernández Robaina (1941-2024) sobre la prostitución habanera[3] contrastaban con el discurso oficial en torno a la abolición de esta actividad considerada execrable para la época; a través de cuya obra es posible indagar sobre las disímiles manifestaciones culturales en escenarios de pobreza, definidas por una alta representación en su membresía de personas negras y mestizas.
El antropólogo cubano Pablo Rodríguez Ruiz en su clásico libro Los marginales de las Alturas del Mirador (2011) realizó un documentado análisis sobre las condiciones de hacinamiento, precariedad y exclusión en la comunidad del municipio San Miguel del Padrón. En el recinto fue posible apreciar la alta presencia de personas negras y mestizas, migrantes internos y madres solteras con varios hijos. Además, la obra trasluce el carácter infrahumano en el que habitan las personas de la localidad, al tratarse de un territorio caracterizado por:
Callejones sin pavimentar, sin aceras, sin cunetas, sin alcantarillado, muestran caminos polvorientos y sucios bajo un intenso sol o verdaderos lodazales después de una ligera llovizna, que impiden el tránsito hacia la sobrevivencia a todos, y hacia las escuelas a los niños. Caminos sin salidas y otros que conducen al centro de la red caótica de trillos, cual si fuera el laberinto de Cnosos, albergan casuchas improvisadas de láminas de zinc, cartones, maderas corroídas, combinadas a veces con paredes de mampostería que parecieran retar la mente de Gaudí. La totalidad de las viviendas del barrio están confeccionadas, fundamentalmente, de dichos materiales. Los techos, básicamente de zinc o tejas, de fibrocemento, hacen de estas casuchas verdaderos crematorios humanos, por ser piezas que absorben todo el calor natural de nuestro clima, la mayoría de las veces asfixiante. La sombra de un árbol, proyectada sobre el techo de la casa, constituye entonces una bendición de Dios[4].
La idea anterior demuestra la persistencia de focos de pobreza extrema en el país, acentuada por el carácter «ilegal» de este tipo de locaciones, la ausencia de servicios básicos y el no acompañamiento de las autoridades en la resolución de sus problemáticas de vida; elemento que le añade un componente de criminalización a las estrategias de supervivencia, de cuyos beneficios en materia de seguridad social resultan vetados, a pesar de estar contemplados tales derechos en la legislación constitucional cubana. El antropólogo considera además que:
La existencia de este tipo de comunidades de ilegales con sus problemas sociales constituye un contrasentido y un fenómeno extraño a la orientación social del sistema, contrario a los que existieron o existen en Latinoamérica, que se hacen estructurales y funcionales al sistema, como basurero humano al que son arrojadas las personas devaluadas por el mercado[5].
En el barrio analizado por Rodríguez Ruiz se apreció el agravamiento de problemáticas sociales, como es el consumo de bebidas alcohólicas en jefes de núcleo racialmente negros para un 43.5 %, por apenas un 21.7 % en aquellos hogares donde el jefe lo constituía un hombre blanco y 34.8 % con jefes mestizos. Respecto a la situación sanitaria, el 58.8 % de las casas con más de tres personas no poseía baño interior, agravándose en los núcleos de tres y cuatro personas, que representan 44.4 %, para un total de 48.3 % entre las viviendas de la comunidad[6].
En el «llega y pon» —como también se le denomina a este tipo de asentamientos— marcados por la marginalidad y el irreconocimiento institucional, persiste el desarrollo de una «contracultura» debido al desapego de las instituciones e instancias de autoridad estatales, que imponen sobre estos espacios la privación jurídica, económica y social. A su vez, predomina la ausencia de servicios básicos (red hidráulica, alcantarillado, gas natural, electricidad, entre otros), lo cual constituye una contradicción con el deber político de un Estado con proclamada orientación socialista.
A pesar de la presencia mayoritaria de población afrodescendiente en el barrio estudiado (73.3 % entre negros y mestizos), fue posible comprobar una difuminación de las barreras raciales en el entorno, dada la identificación comunitaria ante las condiciones de precariedad existentes, lo que tiende a establecer prácticas colectivas de integración devenidas en sistema de funcionamiento protector, trasmutada en praxis de resistencia. Por último, el estudio permite concluir que tanto blancos como negros y mestizos se veían afectados por una ley impasible que les prohíbe la posibilidad de trabajar, puesto que el 48.7 % de los primeros estaban sin empleo, en relación al 40.9 % de los negros y el 39.4 % de los mestizos[7].
Los estudios sobre pobreza y desigualdad en Cuba posterior a 1990
La socióloga María del Carmen Zabala Argüelles en un estudio de caso sobre pobreza en entornos familiares publicado en 2010, en el Consejo Popular La Catedral perteneciente al municipio Habana Vieja, detectó que las personas blancas eran apenas el 21.77 % del total de residentes, en relación con el 30.64 % de negros en la comunidad; mientras el resto resultaron ser personas mestizas, cuya sumatoria de no blancos superó el 75 %. La composición «racial» del ámbito estudiado ratifica la alta representación de afrodescendientes en espacios signados por bajos niveles de escolaridad, el hacinamiento, la pobreza y la marginación[8].
La investigadora Rosa María Voghon en su documentada obra Reproducción familiar de la pobreza desde una perspectiva generacional (2019), en diálogo con las publicaciones de las últimas décadas en el campo sociológico sobre el tema, reflexiona acerca de las insuficiencias en la política estatal revolucionaria con el fin de combatir esta manifestación socioeconómica de la sociedad cubana, al plantear que:
Una constatación de estos estudios ha sido la presencia de una reproducción generacional de las desventajas sociales. La afirmación de una existencia de situaciones generacionales de empobrecimiento en el tiempo, sugiere, por una parte, que ese fenómeno no desapareció con el triunfo revolucionario. Como contexto general, esa situación evidencia los vacíos con que han operado las políticas sociales universales para el caso cubano y las fallas de un modelo de equidad con baja sensibilidad para responder a la diversidad de grupos familiares[9].
El censo efectuado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en 2012, reconoce la tendencia al blanqueamiento entre las personas entrevistadas, dado el uso de una metodología realizada por autopercepción. En consonancia, la estructura demográfica del país quedó conformada por un 64.1 % de personas blancas, 9.3 % de negras y 26.6 % de población mulata o mestiza.
En el balance de la ONEI publicado en 2016 —con datos del censo de 2012— es posible apreciar que la población negra resultaba la mayor afectada por la migración interna (12.3 %); por ende, más vulnerable a sus riesgos y conflictividades. Este componente «racial» experimentaba una baja presencia en actividades económicas altamente remuneradas, como aquellas vinculadas al turismo y la inversión extranjera, al tiempo que adolecía en comparación a sus pares, los efectos de habitar en peores casas como cuarterías, apartamentos y hogares con pisos de tierra.
El estudio nacional arrojó también que existía una sobrerrepresentación de personas negras y mestizas en profesiones elementales no calificadas, siendo trabajos que por lo general tienen baja remuneración económica y fuerte depreciación social. En dicha estructura los blancos obtuvieron un 16.2 %, mientras las personas negras registran un 18.6 %, y mulatos o mestizos un 19.0 %[10].
La vulnerabilidad de los hogares donde habitaban personas negras al momento del estudio aumentaba en dependencia de su tamaño, pues de aquellos compuestos por 10 y más personas en todo el país, resultaban ocupados por familias negras el 22.9 % de estos, cuando su población nacional era de 9.3 %. En cambio, las familias mulatas o mestizas ocupaban el 37.9 %, superior incluso al 39.2 % de blancos, cuando la estructura por color de piel entre ellas es de 26.6 % y 64.1 % respectivamente, como indica la gráfica del último censo.
En cuanto a los graduados en el nivel superior también se aprecian diferenciales significativos. Este factor le permite sostener a los especialistas que la relativamente escasa presencia de no blancos con nivel superior terminado (10.5 % contra el 11.2 % de la población total) se debe a la baja proporción de hombres en esta situación con apenas el 8.3 %. Sin embargo, entre las mujeres no blancas la proporción se eleva al 12.8 %, lo cual refleja la feminización de las universidades cubanas. No obstante, el diferencial entre hombres y mujeres negras no resulta altamente apreciable, distanciado por un margen de 0.2 % favorable a estas últimas[11].
Por otra parte, un estudio inédito del historiador Rolando Julio Rensoli Medina, parcialmente publicado[12] en 2022, describe la estructura racial en las cárceles cubanas. La investigación no especifica en qué año fueron tomados los datos, aunque es presumible que las cifras arrojadas resulten de fechas cercanas a la publicación. Los datos aportados indican que, en el sistema penitenciario constituido por un 95 % de hombres, la presencia de personas no blancas resulta elevada en relación con los otros elementos «raciales» del país.
De tal forma, la población penal está conformada por 43 % de blancos, 26 % de negros y 31 % de mulatos o mestizos. Entre los dos últimos grupos, que a nivel social pueden ser percibidos como afrodescendientes (negros y mulatos o mestizos), suman más de la mitad de la población penitenciaria (57 %), cuando entre ambas, según el censo de 2012, conformaban apenas el 35.9 % de la estructura demográfica por color de piel en el país.
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Los indicadores anteriormente reflejados ratifican que en el territorio persisten notables diferencias por color de piel entre los distintos sectores que forman parte integrante de la nación. Por ende, apelar a la consigna del «color cubano» como herramienta comunicacional que tribute al proyecto del nacionalismo racial, constituye una estrategia desacertada que tiende al enmascaramiento y obnubilación de las asimetrías que persisten entre los distintos grupos sociales.
Por otra parte, el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial carece de objetivos medibles que puedan ser evaluados por la ciudadanía en sus propuestas de reparación. El empeoramiento de la situación socioeconómica posterior a la Covid-19 marcado por la emigración masiva que significa la crisis demográfica de 2022-2024, apunta hacia una agudización de los datos revelados en las investigaciones sociológicas de los últimos años en Cuba. Ante esa realidad persiste además la criminalización de varias organizaciones antirracistas críticas, agravado por la ausencia de un marco jurídico adecuado que reconozca a las asociaciones independientes que despliegan su activismo social.
En aras del establecimiento de una sociedad «posracial» basada en preceptos de equidad y justicia, resulta necesario en primer lugar la transparentación de los diferenciales persistentes, para que la máxima de igualdad ante la sociedad no se convierta en tránsfuga consigna de discurso insustancial. Esa es una de las claves fundamentales, para que el avance de un programa nacional enfocado en combatir el racismo y la discriminación racial tenga un soporte epistemológico efectivo; cuyos objetivos exigen además el establecimiento de un régimen democrático de bienestar, participación política inclusiva y preceptos de interdisciplinariedad, con énfasis en la dimensión social reparativa.
[1] Aline Helg: Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba (1886-1912),Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2000.
[2] Cfr. María de los Ángeles Meriño Fuentes: Una vuelta necesaria a mayo de 1912, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.
[3] Tomás Fernández Robaina: Recuerdos secretos de dos mujeres públicas, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1984.
[4] Pablo Rodríguez Ruiz: Los marginales de las Alturas del Mirador. Un estudio de caso, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2011, p. 140.
[5] Ibídem, p. 420.
[6] Ibídem, p. 162 y 167.
[7] Ibídem, p. 167.
[8] María del Carmen Zabala Argüelles: Familia y pobreza en Cuba. Estudio de casos, Publicaciones Acuario, La Habana, 2010, p. 101.
[9] Rosa María Voghon: Reproducción familiar de la pobreza desde una perspectiva generacional, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2019, pp. 3-4.
[10] ONEI: El color de la piel según el censo de población y viviendas, La Habana, 2016, p. 35.
[11] ONEI: Ob. Cit., p. 28 y 29.
[12] Cfr. Fernando Rojas Gutiérrez, et al.: Revolución Cubana vs. Racismo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2022, p. 92.
